El aseguramiento de cinco pericos cachetes amarillos en Zacatecas volvió a colocar en el centro del debate una reforma que busca endurecer las sanciones contra los delitos ambientales en México y que aún no concluye su proceso legislativo en el Congreso.

Los ejemplares, catalogados como una especie protegida por la legislación mexicana, fueron rescatados este domingo durante un operativo encabezado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de las acciones contra el tráfico ilegal de vida silvestre.

La intervención se llevó a cabo después de varias semanas de trabajo de vigilancia e inteligencia. Las autoridades contaron además con reportes ciudadanos y avisos emitidos por Comités de Vigilancia Ambiental Participativa, que señalaron la posible comercialización ilícita de especies protegidas.

A partir de este caso, el Partido Verde reiteró la necesidad de fortalecer las herramientas legales para sancionar con mayor rigor a quienes participan en actividades que afectan la biodiversidad y los ecosistemas nacionales.

La propuesta impulsada por la bancada ecologista plantea modificaciones al Código Penal Federal para incrementar las penas de prisión y las multas económicas relacionadas con diversos delitos ambientales. 

Entre las conductas contempladas se encuentran el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre, la tala clandestina, los incendios forestales provocados, la destrucción de ecosistemas y la contaminación de suelos, ríos, lagos y otros cuerpos de agua. El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados el 25 de noviembre del año pasado. 

Además del aumento de castigos, incorpora agravantes para los casos cometidos dentro de áreas naturales protegidas o cuando las afectaciones recaigan de manera grave sobre especies en riesgo. De acuerdo con el Partido Verde, estas medidas buscan desalentar actividades que generan beneficios económicos mediante el deterioro del patrimonio natural del país.

Pese al avance legislativo alcanzado en San Lázaro, la reforma todavía no entra en vigor. “la iniciativa aún se encuentra en proceso legislativo, ya que el Senado de la República realizó modificaciones a la minuta y la devolvió a la Cámara de Diputados, donde permanece pendiente de su dictaminación final”, acusó el Partido Verde en una nota de prensa.

Las acciones de respuesta por el derrame de hidrocarburos en la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, avanzan con la recolección de aproximadamente 240 kilogramos de residuos contaminados, de acuerdo con información difundida por el gobierno mexicano durante el fin de semana. El operativo se desarrolla mientras distintas dependencias federales y estatales coordinan labores para contener, limpiar y evaluar los efectos del incidente.

Como parte de las medidas inmediatas, personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) instaló barreras de contención con el objetivo de impedir que el crudo alcance la laguna de Mecoacán. Paralelamente, continúan los trabajos en el río Seco, ubicado en el municipio de Paraíso, una de las zonas impactadas por la fuga.

El gobierno federal detalló que se han realizado reuniones interinstitucionales para definir la estrategia de atención al derrame. Entre las decisiones adoptadas se encuentra la contratación de una empresa especializada que se encargará de intervenir en las tareas técnicas relacionadas con la contingencia ambiental.

Además, se prevé la intervención de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), que llevará a cabo una inspección en el sitio afectado. Este organismo también solicitó a Pemex una investigación para determinar las causas del derrame ocurrido en Dos Bocas, lo que permitirá esclarecer el origen del incidente y orientar acciones futuras.

En el despliegue operativo participan diversas instancias: la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Tabasco (Sedames). Estas instituciones trabajan de manera coordinada en la implementación de medidas de contención, limpieza y monitoreo.

Las autoridades federales indicaron que se mantendrá una vigilancia permanente en la zona con el fin de proteger los ecosistemas marinos, así como a las comunidades locales y al sector pesquero. Las acciones incluyen seguimiento continuo del comportamiento del hidrocarburo y evaluación de posibles afectaciones ambientales.

El incidente se produce en un contexto de alerta previa. El viernes pasado, la Secretaría de Marina emitió un aviso sobre los riesgos derivados de la contaminación en el río Seco, ocasionada por la fuga de hidrocarburos en la refinería. Ese mismo evento estuvo vinculado a un incendio que dejó un saldo de cinco personas fallecidas. Las labores continúan mientras se desarrollan las investigaciones y se refuerzan las medidas para evitar la propagación del crudo en la región.