BBVA alerta presión sobre finanzas públicas ante proyecciones optimistas del gobierno para 2027

Las metas fiscales del gobierno mexicano para los próximos años enfrentan un escenario complejo si el crecimiento económico resulta menor al previsto, advirtió BBVA Research al analizar los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2027. El banco señaló que los supuestos oficiales se sustentan en estimaciones más optimistas que las del mercado, lo que incrementa la posibilidad de que los objetivos presupuestarios no se cumplan.

De acuerdo con el análisis, la Secretaría de Hacienda proyecta que la economía mexicana crecerá entre 1.8% y 2.8% en 2026, y entre 1.9% y 2.9% en 2027. Estas previsiones superan las estimaciones del propio BBVA, que calcula un avance de 1.8% para 2026 y de 2.0% para 2027. Por su parte, el consenso del mercado anticipa incrementos de 1.5% y 2.4% para esos años, mientras que el Banco de México prevé un crecimiento de 1.6% y 2%, respectivamente.

A estas diferencias se suman las expectativas sobre inflación y tasas de interés. El gobierno plantea que la inflación se ubique en 3% en 2027 y que la tasa de referencia cierre en 5.5%. Sin embargo, el banco español proyecta niveles más elevados, con una inflación de 3.5% y una tasa de interés de 6.5%.

El reporte advierte que, en un escenario de menor dinamismo económico, lograr el superávit primario de 1.1% del PIB planteado para 2027 sería más complicado y obligaría a realizar ajustes adicionales en el gasto programable. Además, el banco señaló que las previsiones sobre el precio del petróleo también añaden presión, ya que el menor nivel esperado para 2027 respecto a 2026 implicaría una caída real de 23.8% en los ingresos petroleros y de 1.4% en los ingresos presupuestarios.

Otro factor de riesgo identificado es la posibilidad de que un conflicto bélico prolongado en Medio Oriente mantenga elevadas las tasas de interés de largo plazo, lo que incrementaría el costo del servicio de la deuda. A pesar de estos riesgos, el análisis destacó como positiva la intención del gobierno de mantener una política fiscal responsable y prudente.

El estudio también subrayó la reducción del margen fiscal disponible. Tras cubrir participaciones, aportaciones, pensiones y el pago de la deuda, únicamente queda 32% de los ingresos presupuestarios para gasto discrecional, equivalente a 8% del PIB, cifra que disminuye aún más al descontar programas sociales obligatorios por ley.

En este contexto, BBVA consideró complicado reducir el déficit fiscal desde el 4.1% del PIB estimado para 2026 hasta 3.5% en 2027. Asimismo, anticipó que el nivel de deuda podría ubicarse por encima del 55% previsto oficialmente.

El banco respaldó la decisión de no aumentar impuestos en un entorno económico débil, aunque advirtió que el país requerirá una reforma fiscal de mediano plazo ante el crecimiento de las presiones derivadas de programas sociales y pensiones. Finalmente, calificó como “muy positivo” el impulso a proyectos mixtos de infraestructura, al señalar que la participación de capital privado se perfila como la vía más viable para desarrollar obras en un contexto de espacio fiscal limitado.

Golpe al Sabor: Tomate mexicano bajo fuego comercial en EE. UU.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció la imposición de un arancel del 20.91% a la mayoría de las importaciones de tomate mexicano, con entrada en vigor programada para el 14 de julio. Esta medida surge tras el retiro del gobierno estadounidense de un acuerdo que, según argumenta, no brindó protección suficiente a los productores nacionales. 

Durante 2024, Estados Unidos importó tomates provenientes de México por un valor de aduana de 3,243 millones de dólares, registrando un incremento interanual del 15%. México se mantuvo como el principal proveedor de esta hortaliza, con una participación del 86% en las importaciones totales, porcentaje que se ha mantenido constante en los últimos años.

 

El Departamento de Comercio declaró que esta acción “permitirá a los productores estadounidenses de tomates competir de forma justa en el mercado”, dando por terminado un esquema de cooperación comercial que ha estado vigente, en distintas versiones, desde 1996.

 

La decisión ha generado inquietud en el sector agrícola binacional. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) expresó su preocupación al considerar que la imposición unilateral de aranceles distorsiona el comercio bilateral y pone en riesgo el abasto continuo de tomate mexicano, que representa el 55% del consumo total en Estados Unidos.

 

Para el GCMA, el tomate mexicano ha sido pieza clave en la estabilidad de precios y disponibilidad del producto en supermercados estadounidenses durante todo el año. Su competitividad ha sido impulsada por ventajas logísticas, bajos costos y alta calidad.

 

El comunicado también sostiene que la presión ejercida por productores de Florida ha sido determinante en esta decisión. De acuerdo con el GCMA, estos actores han insistido en acusaciones de dumping sin fundamentos sólidos, mientras evitan confrontar desafíos propios en materia de productividad.

 

Actualmente, el 98% de las exportaciones mexicanas de tomate se destinan a Estados Unidos. Por tanto, esta medida podría provocar consecuencias significativas tanto para los productores como para los consumidores norteamericanos, que dependen de un suministro constante y de precios accesibles.

 

El origen de esta disputa se remonta a 2019, cuando se logró el Acuerdo de Suspensión de Tomate (TSA), el cual estableció precios de referencia para distintas variedades del producto mexicano, desde el tipo round hasta los orgánicos, con un diferencial de hasta 40% por encima del convencional.

 

Desde 1996, los tomates mexicanos han sido regulados por acuerdos de suspensión que buscaron evitar investigaciones antidumping mediante compromisos de precios mínimos. Con este nuevo arancel, se marca una ruptura con casi tres décadas de entendimientos bilaterales, encendiendo las alarmas en ambos lados de la frontera.