La muerte de “Vito”, mascota del político Gabriel Quadri, tras un ataque ocurrido en calles de la Ciudad de México, colocó nuevamente en la agenda pública la legislación que regula el paseo de perros en la vía pública y las sanciones por incumplirla. El hecho se registró cuando el animal fue atacado por otro perro mientras caminaban por la colonia Romero de Terreros, en la alcaldía Coyoacán, y derivó en la difusión de información sobre las obligaciones legales de los tutores de mascotas.
La normativa vigente en la capital establece de manera expresa la obligación de llevar a los perros con correa al transitar por espacios públicos. Esta disposición se encuentra en el artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, así como en los artículos 4 y 30 de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales. Ambas leyes señalan que los tutores o responsables deben asumir las consecuencias de los daños que sus animales puedan causar a terceros.
El texto legal indica: “Toda persona tutora responsable o encargada de un perro está obligada a colocarle una correa al transitar con él en la vía pública”. El incumplimiento de esta medida puede derivar en distintas sanciones, que van desde multas económicas hasta arrestos administrativos o trabajo comunitario.
Gabriel Quadri informó a través de redes sociales que el ataque ocurrió en la esquina de las calles Cerro del Tesoro y Cerro Dios del Hacha. De acuerdo con su relato, “Vito” fue agredido por un perro de raza Pastor Belga Malinois. Posteriormente, el político compartió un video en el que se observa al perro agresor correr directamente hacia su mascota sin que se aprecie el uso de correa, para luego atacarla. Quadri también señaló que el dueño del animal no asumió responsabilidad por lo ocurrido.
Según la Ley de Cultura Cívica, las personas que no adopten medidas de seguridad para prevenir agresiones pueden ser sancionadas con multas que van de 11 a 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Con el valor de la UMA para 2026, esto representa montos que oscilan entre mil 290 y 4 mil 692 pesos.
Además de la sanción económica, la legislación contempla la posibilidad de un arresto de entre 13 y 24 horas, o la imposición de trabajo comunitario por un periodo de seis a 12 horas. Estas medidas buscan reforzar la responsabilidad de los dueños de mascotas y prevenir incidentes similares en espacios públicos de la capital.
