La adjudicación del contrato para producir 95 millones de credenciales para votar entre 2026 y 2031 generó advertencias dentro del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que tres consejeros señalaran posibles riesgos en el manejo de datos del padrón electoral tras la participación de Talleres Gráficos de México junto con empresas privadas en el proceso de fabricación.
Durante una sesión del Consejo General, los consejeros Dania Ravel, Claudia Zavala y Arturo Castillo pidieron revisar la contratación realizada por la Dirección Ejecutiva de Administración, área que depende de la consejera presidenta Guadalupe Taddei, luego de que se adjudicara el contrato al consorcio integrado por Cosmocolor, Icards Solutions y Talleres Gráficos de México.
Los consejeros plantearon que para la elaboración de las credenciales es necesario utilizar datos personales de los ciudadanos contenidos en el padrón electoral y la lista nominal, por lo que solicitaron mayor claridad sobre el flujo de esa información y sobre las funciones específicas que tendrá cada empresa en el proceso de impresión y personalización.
El consejero Arturo Castillo señaló que el informe presentado por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores no detalla de forma suficiente los mecanismos de transmisión y resguardo de la información que será utilizada durante la fabricación de las credenciales. Indicó que se requiere una descripción precisa de los tramos de transferencia de datos hacia las empresas participantes y de los controles que garantizarán su uso exclusivo para este proceso.
Por su parte, Dania Ravel destacó que Talleres Gráficos de México es un organismo descentralizado dependiente del Ejecutivo federal, lo que, señaló, puede generar tensiones con la autonomía constitucional del INE y con la percepción de independencia que exige la ciudadanía respecto a la autoridad electoral.
La consejera también aclaró que los consejeros no participan en la definición de las licitaciones ni en los procesos de contratación, ya que esas responsabilidades corresponden a las áreas administrativas del instituto.
En la misma discusión, Claudia Zavala expresó inquietud sobre el alcance de las actividades que realizará cada empresa dentro del proceso de impresión y personalización de las credenciales, debido a que esas tareas implican el uso de información personal de los ciudadanos.
Ante los señalamientos, la consejera presidenta Guadalupe Taddei rechazó que exista conflicto de interés o riesgo de vulneración del padrón electoral. Señaló que ninguna empresa contratada por el INE ha tenido acceso directo al padrón o a la lista nominal y afirmó que las áreas técnicas mantienen controles sobre el manejo de los datos personales.
El contrato fue adjudicado en diciembre pasado por un monto de hasta mil 75 millones de pesos para la producción de 95 millones de credenciales, con un costo unitario estimado de 0.66 dólares, equivalente a aproximadamente 11.99 pesos mexicanos por identificación.
