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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el traslado de 37 personas privadas de la libertad a Estados Unidos, señaladas por su vinculación con organizaciones criminales, fue una decisión soberana del Estado mexicano y negó que la medida haya sido acordada durante la llamada telefónica que sostuvo la semana pasada con el presidente estadounidense, Donald Trump. La mandataria rechazó que la entrega respondiera a presiones externas o a un intento de favorecer la relación con Washington.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum explicó que el traslado se realizó a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pero subrayó que la determinación final se tomó tras un análisis interno en el Consejo Nacional de Seguridad. Señaló que, en este tipo de decisiones, el criterio principal es la conveniencia para México y la protección de la seguridad nacional y pública.

“Fue a solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Es muy importante aclarar que la decisión se toma en el Consejo Nacional de Seguridad, se analiza, y es una decisión que es, lo primero, conveniencia para México”,expresó la presidenta. Añadió que, aunque existan solicitudes del gobierno estadounidense, la evaluación se realiza con base en los intereses del país.

El anuncio del traslado se dio a conocer el martes por parte del gobierno federal, que informó que los 37 reos provenían de distintos centros penitenciarios del país y eran considerados una “amenaza real para la seguridad”. De acuerdo con la información oficial, las personas entregadas eran requeridas por las autoridades estadounidenses debido a sus vínculos con organizaciones criminales de alto impacto.

Entre los trasladados se encontraban presuntos líderes regionales del Cártel del Noroeste, del grupo de los Beltrán Leyva y del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sheinbaum indicó que la medida respondió a criterios estrictos de seguridad nacional y seguridad pública, con el objetivo de reducir riesgos y fortalecer la protección del país.

La presidenta insistió en que la entrega no obedeció a presiones ni a una intención de “quedar bien” con Estados Unidos. “Es una decisión soberana. Y se analiza a partir de las consideraciones de la política de seguridad, de la política de seguridad nacional, de protección de la soberanía”, afirmó ante los medios.

Sheinbaum detalló que cada uno de los 37 casos fue revisado de manera individual antes de autorizar el traslado. Explicó que, una vez concluido el análisis y tomada la decisión correspondiente, se procedió al envío a territorio estadounidense. Precisó además que la mayoría de las personas trasladadas eran consideradas extraditables conforme a los marcos legales vigentes.

Esta acción representó la tercera entrega de este tipo durante la actual administración, que inició en octubre de 2024. Las dos anteriores se realizaron en 2025, en un contexto marcado por señalamientos del presidente Donald Trump, quien ha sostenido que México no hace lo suficiente para combatir a los cárteles del narcotráfico. El gobierno mexicano reiteró que estas decisiones se toman bajo criterios propios y con base en evaluaciones de seguridad nacional.

Las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena continuarán congeladas luego de que una jueza federal rechazó conceder la suspensión provisional solicitada por el ex funcionario, quien buscaba que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) liberara sus recursos. La resolución fue emitida por Sandra Adriana Carbajal Díaz, jueza Primero de Distrito con sede en Villahermosa, Tabasco.

La juzgadora dio trámite a la demanda de garantías promovida por Bermúdez, conocido como El Abuelo, en cumplimiento de una determinación previa de un Tribunal Colegiado. No obstante, resolvió negar la medida cautelar solicitada, por lo que el bloqueo financiero impuesto por la UIF permanece vigente.

En el escrito presentado ante el juzgado, Bermúdez Requena expuso que se desempeñó como secretario de Seguridad Pública del estado de Tabasco y aseguró que ha sido vinculado de manera injusta con el grupo criminal conocido como La Barredora. En el mismo documento señaló que existe una orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro, la cual calificó como ilegal. También afirmó que tanto él como su familia enfrentan una persecución política derivada de estas acusaciones.

El ex funcionario indicó que tuvo conocimiento del bloqueo de sus cuentas bancarias y de su inclusión en la lista de personas bloqueadas del Sistema Financiero Mexicano el 25 de julio de 2025, medida ordenada por la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Será el próximo 2 de enero cuando se lleve a cabo la audiencia en la que la jueza definirá si procede o no otorgar la suspensión definitiva solicitada por Bermúdez Requena.

El 18 de septiembre, el ex servidor público fue entregado a autoridades mexicanas por el gobierno de Paraguay, país en el que había sido detenido. En el ámbito del fuero común enfrenta un proceso penal por los delitos antes mencionados. A nivel federal, existe una orden de aprehensión concedida a la Fiscalía General de la República por los probables delitos de delincuencia organizada y secuestro, la cual aún no ha sido ejecutada.

De acuerdo con investigaciones del Gabinete de Seguridad del gobierno federal, Bermúdez Requena es señalado como fundador de La Hermandad o Cártel Policiaco, organizaciones vinculadas con actividades como tráfico de migrantes, distribución de droga, trata de personas y control de centros nocturnos en Tabasco.

Tras una disputa con el Cártel del Golfo y una posterior alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación, en 2023 se produjo una ruptura interna que derivó en la conformación de La Barredora, grupo que actualmente disputa el control territorial para diversas actividades delictivas.

Hernán ‘N’, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco y señalado como presunto líder del grupo criminal La Barredora, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), rechazó someterse a un proceso de extradición simplificada hacia México. Permanecerá bajo custodia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en Paraguay mientras avanza el trámite ordinario de extradición.

La decisión se tomó tras una audiencia telemática celebrada este sábado con el juez Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado de Asunción, Osmar Legal. Durante la comparecencia, el magistrado le informó al detenido que podía optar por una “extradición abreviada”, la cual habría permitido resolver su entrega a México en cuestión de días. Sin embargo, el ex funcionario rechazó esa alternativa, lo que abre paso a un proceso más largo y con mayor carga burocrática, que implica la presentación formal de documentación por parte de las autoridades mexicanas.

“El juez ordenó que guarde prisión preventiva en la Senad durante este proceso de extradición y él, entonces, seguirá en la Senad por una cuestión de seguridad”, señaló un funcionario de la dependencia a la agencia EFE.

Alias El Abuelo o Comandante H fue detenido la madrugada del sábado en una lujosa residencia de la ciudad paraguaya de Mariano Roque Alonso, en el centro del país sudamericano. El operativo fue realizado en coordinación con las autoridades mexicanas, después de que el ex servidor público permaneciera varios meses prófugo.

La Fiscalía paraguaya informó que la captura respondió a una solicitud formal de México, presentada a través de la vía diplomática, en la que se pedía la “detención preventiva con fines de extradición”. El trámite se llevó a cabo conforme al tratado bilateral vigente entre ambas naciones.

En México, Hernán ‘N’ enfrenta cargos por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en Tabasco. Además, es señalado como uno de los principales operadores de La Barredora, célula dedicada al narcomenudeo y la extorsión, presuntamente vinculada al CJNG. Este cártel figura entre los seis grupos del crimen organizado que el gobierno de Estados Unidos designó como organizaciones terroristas en febrero de este año.

La trayectoria política del detenido estuvo ligada a Tabasco. Se desempeñó como secretario de Seguridad Pública del estado entre 2018 y 2021, durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández, actual senador y ex titular de la Secretaría de Gobernación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El pasado 22 de julio, el Gobierno de México confirmó la existencia de una orden de aprehensión y de una ficha roja de Interpol en contra de Hernán ‘N’, lo que permitió su localización e identificación internacional. Desde 2024 era investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Con su detención en Paraguay, se abre un proceso judicial que podría extenderse en el tiempo debido a la negativa del acusado de acogerse a la extradición abreviada. Mientras tanto, permanecerá bajo custodia en instalaciones de la Senad, en espera de que las autoridades mexicanas completen los trámites legales para su eventual entrega.

El senador y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, aseguró estar dispuesto a comparecer tras la captura de Hernán Bermúdez Requena, quien fuera su secretario de Seguridad durante su administración estatal y que es señalado como presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un comunicado difundido en redes sociales, López Hernández manifestó su “disposición plena para comparecer ante las autoridades cuando así se lo requiera”. Además, subrayó que fue él mismo quien solicitó “que se investigue a fondo este caso”, tras las acusaciones que rodean a su excolaborador.

Bermúdez Requena, conocido con los alias de “Comandante H” o “El Abuelo”, fue detenido el viernes en Paraguay en una operación conjunta entre autoridades de ambos países. Se espera su próxima extradición a México, donde enfrenta cargos por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en Tabasco.

El legislador de Morena se desmarcó públicamente de su exfuncionario y reiteró el compromiso de su partido con la “justicia, cero encubrimiento y cero complicidades”, destacando que esta es “la diferencia con el pasado”. En su mensaje, también apuntó contra gobiernos anteriores del PAN y mencionó al senador Ricardo Anaya, a quien acusó de haber guardado “silencio cómplice cuando no se investigaron los sospechosos accidentes en los que perdieron la vida el exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño (2005), y Ramón Martín Huerta (2008)”.

Durante el gobierno de López Hernández en Tabasco (2019-2021), Bermúdez Requena ocupó el cargo de secretario de Seguridad. Según el propio senador, su nombramiento ocurrió en diciembre de 2019 en medio de una crisis de violencia, y aclaró que el funcionario no formó parte de su gabinete desde el inicio de su mandato. “Nunca, durante el ejercicio de gobierno, tuve algún indicio o alguna sospecha”, señaló en declaraciones previas.

Las investigaciones apuntan a que Bermúdez Requena mantenía vínculos con organizaciones criminales desde 1999. De acuerdo con reportes de inteligencia, incluso habría sido detenido en 2006 por la ejecución de un ganadero.

El 22 de julio, el gobierno mexicano confirmó que existía una orden de aprehensión y una ficha roja de la Interpol contra el exfuncionario tabasqueño, quien estaba prófugo desde que se le vinculó con “La Barredora”, célula criminal dedicada al narcomenudeo y la extorsión, con nexos directos al CJNG. Estados Unidos incluyó a este cartel entre los seis grupos criminales mexicanos designados como organizaciones terroristas desde febrero.

El exsecretario de Seguridad de Tabasco enfrenta ahora un proceso judicial que podría traer nuevas repercusiones políticas, mientras las autoridades mexicanas esperan concretar su extradición desde Paraguay para responder por los delitos que se le imputan.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acordaron fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad con el fin de combatir a los cárteles de la droga, frenar el robo de combustible, enfrentar el narcotráfico y reforzar la seguridad en la frontera común.

A través de un comunicado conjunto difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ambos gobiernos subrayaron que esta coordinación se basa en principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial. 

El documento enfatiza que “el objetivo es trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado transnacional mediante una cooperación reforzada entre nuestras respectivas instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales”. 

Entre las acciones destacadas, se planteó atender de forma inmediata el movimiento irregular en la frontera, con medidas enfocadas en detener el tráfico de fentanilo y otras drogas, además del trasiego ilegal de armas.

Con este propósito, Sheinbaum y Rubio acordaron la creación de un grupo de alto nivel que se reunirá periódicamente para dar seguimiento a los compromisos asumidos y evaluar las acciones que cada país implementa en su territorio.

El listado de medidas incluye contrarrestar a los cárteles del narcotráfico, reforzar la seguridad fronteriza, eliminar túneles clandestinos, prevenir el robo de combustibles o “huachicol” y atacar los flujos financieros ilícitos que sostienen a las organizaciones criminales.

El comunicado oficial fue leído por el canciller Juan Ramón de la Fuente al concluir la conferencia de prensa conjunta, realizada después del encuentro privado entre Sheinbaum y Rubio en Palacio Nacional.

La visita del secretario de Estado ocurre en un contexto en el que Washington refuerza su ofensiva contra grupos criminales con operaciones internacionales. Estados Unidos ha puesto particular atención en organizaciones con alcance transnacional como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, además de estructuras criminales como el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles.

La reunión entre ambos funcionarios representa la primera visita oficial de Marco Rubio a México en calidad de secretario de Estado y forma parte de la agenda bilateral enfocada en seguridad, migración y desarrollo económico. El acuerdo de crear un mecanismo de alto nivel busca garantizar que los compromisos asumidos no queden en declaraciones, sino que se traduzcan en acciones concretas de combate al crimen organizado.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que desde 2024 el gobierno federal tenía indicios sobre los presuntos vínculos de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, con organizaciones criminales. La información se basaba en notas periodísticas e informes recabados a nivel local.

Fue hasta noviembre de ese mismo año cuando la Fiscalía General de Tabasco inició una carpeta de investigación formal y, en febrero de 2025, se obtuvo una orden de aprehensión en contra del exfuncionario. Bermúdez Requena, también identificado como “El Comandante H”, está acusado de liderar una célula criminal conocida como “La Barredora”, con presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su nombramiento como secretario de Seguridad en Tabasco en 2019 fue realizado por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, en representación del partido Morena. De acuerdo con información de inteligencia, los presuntos vínculos del exfuncionario con actividades criminales se remontan a 1999. Incluso, habría sido arrestado en 2006 en relación con la ejecución de un ganadero, aunque no se proporcionaron detalles adicionales sobre ese episodio.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, desde octubre de 2024, el gobierno federal ha mantenido una colaboración activa con las autoridades del estado para avanzar en las investigaciones en torno a Bermúdez. Subrayó que cualquier procedimiento judicial debe sustentarse en pruebas sólidas. “Tiene que haber pruebas fehacientes de que alguien esté involucrado para poder abrir una carpeta de investigación”, expresó.

Sheinbaum enfatizó el compromiso de su administración con la legalidad y la transparencia: “No se va a cubrir a nadie, las investigaciones, en cualquier caso, para cualquier persona deben hacerse, pero de antemano no se puede culpar a nadie hasta que no se demuestre lo contrario”.

 En contraste, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla, desestimó los informes divulgados en el marco del hackeo conocido como Guacamaya Leaks, ocurrido en octubre de 2022. Los documentos filtrados incluían menciones sobre la presunta relación de Bermúdez con el crimen organizado. No obstante, Trevilla subrayó que esta información no puede considerarse oficial. “No se puede informar algo que no está comprobado”, aclaró, en respuesta a si dichos datos llegaron al conocimiento del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La investigación continúa en curso, mientras los vínculos del exjefe policiaco con organizaciones criminales mantienen bajo la lupa la operación de las instituciones de seguridad en el estado y reavivan el debate sobre el acceso y uso de la inteligencia en procesos judiciales.

La verdad sobre el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, ha salido a la luz con una crudeza que no deja espacio para dudas. Desde 2021, autoridades locales tenían conocimiento de las actividades ilícitas que ahí se realizaban, según reveló Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República. La Comisión de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) había alertado a las instancias municipales sobre los hechos, pero las advertencias fueron ignoradas.

Durante una conferencia de prensa, Gertz Manero fue contundente: el rancho operaba como un centro de reclutamiento, adiestramiento y operaciones para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las pruebas son sólidas y datan de hace casi cuatro años. A pesar de las evidencias, ninguna autoridad municipal presentó una denuncia federal ante el Ministerio Público, omisión que retrasó cualquier intervención por parte de instancias superiores.

La respuesta llegó tarde. No fue sino hasta septiembre de 2024 cuando un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales terminó en un violento enfrentamiento con individuos armados, ligados directamente al CJNG. La acción dejó como saldo la detención de diez personas, la liberación de dos víctimas y el hallazgo de un hombre asesinado, cuya identidad permanece sin confirmar.

Apenas 35 días antes de la conferencia, la FGR logró atraer la investigación. La tardanza en el proceso expuso una cadena de negligencias locales que, según el fiscal, facilitaron que el rancho operara con absoluta impunidad durante años.

En medio del escándalo, surgieron versiones que señalaban al rancho como un posible “campo de exterminio”. Colectivos de búsqueda, como Guerreros Buscadores de Jalisco, encontraron más de 400 pares de zapatos en el lugar, incrementando la sospecha de atrocidades cometidas ahí. Sin embargo, Gertz Manero negó categóricamente esta versión.

“Tenemos estudios periciales que demuestran que en el sitio no hubo cremaciones. No se hallaron restos calcinados, ni temperaturas superiores a 200 grados en la tierra o materiales analizados”, explicó el fiscal. Además, aseguró que fuera del cadáver encontrado el día del operativo, no se han localizado más restos humanos, ni osamentas completas o parciales.

El rancho Izaguirre, que en apariencia era solo una propiedad rural, escondía en su interior una maquinaria de violencia organizada, enraizada en la inacción de quienes debieron actuar desde un inicio. La gravedad del caso obligó a las autoridades federales a abrir nuevas líneas de investigación que ahora apuntan a descubrir si existen otros centros de adiestramiento similares en el estado de Jalisco.

Cada dato confirmado, cada detalle expuesto, dibuja un panorama de alarmante omisión que permitió que un grupo criminal fortaleciera su estructura operativa a plena vista. Lo que parecía un terreno olvidado era, en realidad, una pieza fundamental para una de las organizaciones más peligrosas del país.

El mensaje de Gertz Manero resuena claro: la falta de acción tiene consecuencias. Y ahora, más que nunca, la vigilancia sobre otros puntos del estado será crucial para evitar que la historia se repita.

La Fiscalía del Estado de Jalisco dio un paso firme en la lucha contra el crimen organizado al vincular a proceso a 10 personas detenidas por su presunta participación en desapariciones forzadas relacionadas con el rancho Izaguirre, un sitio señalado como centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Teuchitlán.

Los imputados, identificados como Erick “N”, Kevin “N” o Lenin, David Alejandro “N”, Gustavo Ángel “N”, Christopher “N”, Juan Manuel “N”, Óscar Iván “N”, Luis Alberto “N” y Ricardo Augusto “N”, enfrentan cargos serios luego de ser señalados directamente por víctimas que sobrevivieron a los hechos ocurridos en dicho lugar.

La información oficial indica que el primero de los procesos judiciales se concretó el 1 de abril, cuando las declaraciones de tres víctimas permitieron iniciar acciones legales contra Erick “N” y Kevin “N”. Posteriormente, el 2 de abril, cinco de los detenidos fueron acusados tras el testimonio de dos personas más, y fueron procesados el 8 del mismo mes. Un tercer grupo fue vinculado el 4 de abril, luego de ser plenamente identificado por otra víctima, completando así el avance legal contra todos los implicados.

El caso ha generado atención a nivel nacional. Durante una conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, destacó los resultados obtenidos tras poco más de 15 días desde que las autoridades tomaron control del rancho Izaguirre. Calificó el operativo como un “avance sustancial”, confirmando que, además de estos procesamientos, existen 15 personas detenidas por delitos previos relacionados con delincuencia organizada.

Uno de los arrestos más relevantes es el de José Gregorio, alias “El Lastra”, presunto reclutador del CJNG, considerado una figura clave dentro del rancho. Su aprehensión representa un golpe estratégico para la estructura operativa del cártel en esa región.

Este avance forma parte de una ofensiva coordinada entre instancias estatales y federales para desarticular zonas controladas por el crimen organizado. El caso del rancho Izaguirre resalta la violencia ejercida contra víctimas y el uso de instalaciones clandestinas como centros de adiestramiento, hechos que mantienen la atención de las autoridades y de la sociedad.

Las investigaciones continúan, y con ellas, el compromiso de llevar ante la justicia a todos los responsables. La prioridad se centra en asegurar la reparación del daño a las víctimas y reforzar las acciones que garanticen la seguridad en Jalisco.

El cerco contra el crimen organizado se estrecha en Tabasco. Este viernes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó la detención de Edson Aldair Zavala Alcocer, alias “Zavala”, y Jorge Luis López Torres, dos figuras clave dentro del grupo delictivo “La Barredora”. La captura se llevó a cabo en el municipio de Cárdenas como parte de un operativo de seguimiento tras la reciente aprehensión de Francisco Javier Custodio Luna, alias “El Guasón”, líder de la organización criminal.

Las autoridades identificaron a Zavala Alcocer como el sucesor de “El Guasón”, mientras que López Torres fungía como su segundo al mando. Ambos eran responsables de coordinar actividades ilícitas que incluían extorsión a comerciantes, venta y distribución de drogas, así como la eliminación de integrantes de grupos rivales en la entidad.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que ambos sujetos “se les relaciona con hechos violentos en la entidad”. En particular, Zavala Alcocer era conocido por su alto nivel de violencia y su rol como encargado de plaza en la colonia INDECO y el Ejido José María Pino Suárez, en el municipio Centro. Su función dentro de “La Barredora” incluía la coordinación de sicarios, la identificación y neutralización de células antagónicas y la cooptación de autoridades para facilitar las actividades del grupo.

Por su parte, López Torres no solo participaba en la distribución de drogas en Tabasco, sino que también se encargaba de alertar a la organización sobre operativos de seguridad en las zonas donde operaban. Su colaboración fue clave para el funcionamiento del grupo delictivo.

Estas detenciones marcan un nuevo golpe contra “La Barredora”, que recientemente perdió a su líder. Custodio Luna, alias “El Guasón”, además de ser uno de los principales generadores de violencia en el estado, había sido identificado como un expolicía estatal de Tabasco. Durante su tiempo en las fuerzas de seguridad, cooptó a diversos elementos en activo y a integrantes de otros cuerpos policiales para expandir su control. También se le señala como el responsable de coordinar ataques contra otros grupos criminales, particularmente en su disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con el objetivo de consolidar el dominio en la zona centro del estado.

Las recientes acciones de las autoridades buscan debilitar la estructura de “La Barredora” y frenar la ola de violencia que ha azotado la región. Con la captura de estos importantes operadores, el panorama del crimen organizado en Tabasco se reconfigura, mientras las fuerzas de seguridad continúan con los operativos para desmantelar por completo la organización.

La reciente revelación de un presunto campo de exterminio en un rancho de Teuchitlán, Jalisco, atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha generado indignación y movilizaciones en todo el país. En el sitio se encontraron al menos 400 pares de zapatos y restos humanos, lo que ha intensificado el reclamo por justicia y acción gubernamental frente a la crisis de desapariciones en México.

En la Ciudad de México, manifestantes se congregaron en el Zócalo, donde realizaron un conteo de 400 en memoria de las víctimas y trazaron con velas un mapa simbólico del rancho. En otras ciudades, como Monterrey y Cancún, se llevaron a cabo vigilias y protestas. En esta última, madres buscadoras denunciaron la existencia de al menos siete cementerios clandestinos vinculados al crimen organizado, donde las lluvias han dejado expuestos restos humanos.

María Dolores Patrón Pat, presidenta del Colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo, señaló que estos cementerios han sido identificados en Chetumal, Bacalar, Tulum, Bonfil, Villas Otoch, Leona Vicario y Kantunilkín. “Solo de dos fosas sabemos la cantidad exacta de personas encontradas: son 24”, afirmó.

Los colectivos de búsqueda han denunciado la omisión de las autoridades en la investigación de estos crímenes. La Red TDT exigió la apertura de expedientes para identificar los restos hallados en Teuchitlán y en otras fosas a nivel nacional. “No podemos seguir normalizando estos crímenes de lesa humanidad”,afirmaron. También alertaron que, desde 2011, al menos 24 familiares de personas desaparecidas han sido asesinados en México por su labor de búsqueda.

En las manifestaciones, familiares de desaparecidos expresaron su desesperación y exigieron respuestas. Aurora Corona Rodríguez, madre de un joven desaparecido en Nuevo León, declaró: “Vivimos en un país de horror. Sufrimos su ausencia y nadie nos escucha”. Por su parte, Patricia de la Cruz, madre de otro desaparecido en Tamaulipas, criticó la postura gubernamental: “La presidenta dice que no han encontrado muchas cosas, pero no ha ido a ver la realidad”.

Según Amnistía Internacional, en México desaparecen alrededor de 30 personas diariamente. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha acusado a la oposición de magnificar el hecho y ha prometido que la Fiscalía General de la República (FGR) proporcionará información sobre el caso en los próximos días.