Golpe al narco al decomisar 62 Kilos de fentanilo en Mexicali y desmantelar una fábrica

En una operación quirúrgica y certera, la Fiscalía General de la República (FGR), en colaboración con elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ha logrado un decomiso de alto impacto en la lucha contra el narcotráfico. La incautación de 62 kilogramos de probable fentanilo y 77 kilogramos de otras sustancias, además de maquinaria para la producción de narcóticos, dejó al descubierto un sofisticado centro de fabricación de drogas sintéticas.

 

Este operativo es uno de los más importantes en la región, y su éxito se suma a una serie de acciones estratégicas del gobierno para combatir el tráfico de estupefacientes. El fentanilo decomisado, una droga que es hasta 50 veces más potente que la heroína, representa una amenaza letal no solo para México, sino también para Estados Unidos, donde la crisis de sobredosis ha alcanzado niveles alarmantes.

 

La redada reveló un laboratorio clandestino equipado con maquinaria especializada: una mezcladora metálica y una tableteadora. Estas herramientas son capaces de producir miles de pastillas en cuestión de horas, facilitando la distribución masiva de narcóticos en el mercado negro. Según expertos en seguridad, estos centros de producción se han multiplicado en los últimos años, adaptándose a nuevas tecnologías y métodos para evadir a las autoridades.

 

El inmueble y los materiales confiscados han sido puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien continuará con las investigaciones para identificar y detener a los responsables detrás de esta operación criminal. “Este es un paso decisivo, pero no el final del camino. Seguiremos golpeando a los cárteles donde más les duele: en sus centros de producción”, afirmaron fuentes cercanas a la investigación.

 

El decomiso en Mexicali se produce en un contexto de intensificación de esfuerzos a nivel nacional. Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la incautación más grande de pastillas de fentanilo registrada en México, llevada a cabo en Sinaloa. En esa operación del 3 de diciembre, se lograron confiscar 300 kilogramos de fentanilo en un domicilio y otros 800 kilogramos en un vehículo.

 

Estos golpes sincronizados reflejan una estrategia clara: asfixiar la producción y distribución del fentanilo, una droga que no solo enriquece a los cárteles, sino que alimenta una espiral de violencia y destrucción social.

 

Mientras México intensifica sus operativos contra el narcotráfico, las tensiones con Estados Unidos por el tráfico de armas siguen latentes. Las autoridades mexicanas han señalado en repetidas ocasiones que el flujo de armas ilegales desde el norte fortalece a los grupos criminales, aumentando la letalidad de la violencia en el país.

 

La reciente incautación en Mexicali es una pieza más en este complicado tablero. La lucha contra el fentanilo es una batalla que no se libra solo en laboratorios clandestinos o en decomisos espectaculares; es una guerra que involucra cooperación internacional, inteligencia y, sobre todo, una firme voluntad política.

 

Este decomiso es un recordatorio de que la vigilancia y la acción coordinada son esenciales para frenar la producción de fentanilo y otras drogas sintéticas. “Cada gramo que se incauta salva potencialmente cientos de vidas”, afirmó un oficial de la SSPC. La expectativa es clara: que estos operativos continúen debilitando las estructuras criminales y protejan a las comunidades más vulnerables.

Eduardo Ramírez promete paz y progreso a Chiapas ante el desafío monumental que se enfrenta

Con una ceremonia solemne y rodeado de las máximas figuras de su partido, Eduardo Ramírez Aguilar asumió el pasado domingo la gubernatura de Chiapas para el periodo 2024-2030. Consciente del panorama de inseguridad y desigualdad que enfrenta su estado, el morenista trazó una hoja de ruta ambiciosa, con promesas que podrían marcar un punto de inflexión en el futuro de la entidad.


En el recinto del Congreso estatal, acompañado por representantes del Gobierno Federal y por la plana mayor de Morena, Ramírez Aguilar pronunció un discurso donde la palabra clave fue “reconciliación”. “Esta es la nueva era de Chiapas”, afirmó con firmeza. “De unidad, de no confrontación, de reconciliación. No podemos ser indiferentes ante las necesidades de los más pobres”.


La violencia ha teñido de incertidumbre a Chiapas en los últimos años. Con 577 homicidios registrados en lo que va del 2024, el reto de devolver la paz es urgente. Eduardo Ramírez prometió aplicar los cuatro ejes de seguridad impulsados por Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México. Además, anunció un incremento salarial para los policías y el desarrollo de una fuerza de reacción inmediata para combatir la delincuencia de manera eficaz.


No habrá transformación sin seguridad”, enfatizó. También se comprometió a ofrecer viviendas dignas para los elementos de seguridad como parte de su estrategia integral para recuperar la tranquilidad de los chiapanecos.


El desarrollo económico también fue parte central de su mensaje. Ramírez Aguilar reveló su compromiso de construir la autopista Palenque-San Cristóbal de las Casas, una obra esperada que conectará dos de las regiones más importantes del estado y potenciará el turismo y comercio local. Asimismo, declaró su intención de establecer una frontera sur libre de impuestos, buscando incentivar el comercio y facilitar el tránsito de mercancías.


El sur de Chiapas, particularmente Tapachula, también recibirá atención prioritaria. El gobernador anunció planes para desarrollar la industria en esta región clave. “Tapachula puede y debe ser el motor económico del sur del país”, afirmó con determinación.


Ramírez Aguilar no pasó por alto la riqueza cultural y la fuerza histórica del estado. Hizo un homenaje a los pueblos indígenas y destacó la resistencia de sus habitantes a lo largo de los siglos. Además, resaltó la incorporación de las mujeres al sistema político local, una deuda histórica que finalmente se está saldando.


El nuevo gobernador agradeció al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien ahora reside en Chiapas. “Su presencia aquí es una inspiración para seguir luchando por el bienestar de nuestro pueblo”, expresó.


La toma de protesta de Eduardo Ramírez simboliza el inicio de una administración que se enfrenta a retos complejos: desde la violencia hasta el rezago educativo. Sus palabras dejan una promesa clara: unidad, desarrollo y seguridad para todos los chiapanecos.

García Harfuch lidera estrategia tras emboscada a policías y pone en la mira a Culiacán

La violencia vuelve a estremecer a Sinaloa, dejando a su paso no solo víctimas, sino también profundas heridas económicas y sociales. En esta ocasión, un ataque armado contra policías estatales cerca del aeropuerto de Culiacán dejó un saldo de un agente muerto y cuatro lesionados. La emboscada, ocurrida la mañana del viernes, ha movilizado a las más altas autoridades de seguridad del país.

 

La presidenta Claudia Sheinbaum, desde Chiapas, confirmó que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, se encuentra en Sinaloa para atender la crisis de seguridad. “El mejor apoyo que podemos dar es el que estamos haciendo ahora: que el titular de la SSPC esté en Sinaloa para fortalecer la estrategia de seguridad. Está coordinando las tareas de todas las fuerzas y va a dar resultados”, afirmó Sheinbaum.

 

Aunque la presidenta evitó entrar en detalles sobre los responsables del ataque, medios locales señalan que el objetivo habría sido un policía estatal apodado “El Caimán”, presuntamente vinculado con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

 

Mientras la seguridad está en el centro de la atención pública, la economía de Sinaloa también sufre las secuelas de esta ola de violencia. Según datos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), las pérdidas económicas en sectores como el turismo y la restaurantería ascienden a 80 mil millones de pesos desde el inicio de esta crisis en septiembre de 2024.

 

Por su parte, el Colegio de Economistas de Sinaloa reporta la pérdida de más de 25 mil empleos en los últimos tres meses, lo que agrava aún más la situación para las familias sinaloenses.

 

Martha Reyes, presidenta de la Coparmex Sinaloa, expresó su preocupación: “No solo son cifras. Son negocios que cierran, familias que pierden su sustento y un futuro que se ve más incierto cada día”.

 

En entrevista, García Harfuch destacó que su presencia en Sinaloa será constante pero temporal, ya que su responsabilidad abarca todo el país. “Voy a ir y venir de manera permanente porque la responsabilidad que tengo es nacional. Si la presidenta lo ordena, permaneceré más tiempo, pero lo que hacemos ya es un trabajo constante”, explicó.

 

Además, el secretario se reunirá con empresarios locales para abordar sus preocupaciones y coordinar esfuerzos que permitan reactivar la economía.

 

Mientras tanto, en Chiapas, Sheinbaum inauguró la ampliación y modernización de la autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas, un evento que busca generar un impacto positivo en la conectividad y desarrollo de la región.

 

El panorama en Sinaloa sigue siendo crítico, pero el gobierno federal apuesta por la presencia de García Harfuch y una estrategia coordinada como clave para devolver la paz al estado.

Caos en Tacubaya tras ataque con cuchillo en el metro de la CDMX provoca llamado urgente

La mañana del martes 19 de noviembre, el caos se apoderó de la estación Tacubaya de la Línea 7 del Metro de la Ciudad de México, cuando un hombre armado con un cuchillo atacó a cuatro usuarios, dejando una estela de miedo y conmoción entre los presentes. El incidente, que fue captado en video por testigos, ha reavivado el debate sobre la seguridad en el transporte público de la capital.

 

El agresor, un hombre de 26 años cuya identidad no ha sido revelada, irrumpió en la estación con un arma punzocortante escondida entre sus pertenencias. Según testigos, el atacante mostraba signos de alteración y agresividad. En cuestión de segundos, comenzó a perseguir y apuñalar a las personas que aguardaban la llegada del tren.

 

Las víctimas fueron identificadas como Plácido Martín, de 63 años; Roberto Ruiz, de 32 años; José Hernández, de 60 años; y Carlos Limón, de 59 años. Los lesionados fueron atendidos de inmediato por elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y trasladados a hospitales cercanos. Afortunadamente, todos se encuentran fuera de peligro.

 

Un video de apenas 20 segundos, difundido en redes sociales, muestra el momento exacto del ataque. En las imágenes se observa al hombre persiguiendo a los usuarios mientras los gritos de los testigos llenan el andén. Algunos intentaron alertar a las autoridades, pero su respuesta tardó en llegar.

 

El pánico aumentó cuando el atacante, tras apuñalar a sus víctimas, intentó quitarse la vida arrojándose a las vías del tren. Sin embargo, sobrevivió al impacto y fue detenido por la policía capitalina, que lo encontró con una herida en la cabeza y síntomas de intoxicación por sustancias desconocidas.

 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el detenido fue trasladado al búnker de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde se determinará su situación legal. Este incidente ha generado fuertes críticas hacia la seguridad en el Metro, un tema que ha sido recurrente en los últimos años.

 

“Es inadmisible que algo así ocurra en uno de los sistemas de transporte más concurridos del mundo. Exigimos mayor vigilancia y protocolos más estrictos para garantizar la seguridad de los usuarios”, señaló uno de los testigos tras el ataque.

 

El ataque en Tacubaya es un recordatorio alarmante de los riesgos que enfrentan diariamente millones de usuarios del Metro. Las autoridades ahora enfrentan la presión de reforzar la seguridad en las instalaciones para prevenir que episodios similares vuelvan a ocurrir. Mientras tanto, la ciudad permanece en vilo, buscando respuestas y soluciones ante esta nueva tragedia urbana.

Luz verde en el Senado para García Harfuch para estar al mando de la nueva estrategia de seguridad nacional

En un paso crucial para la reestructuración de la seguridad en México, las comisiones del Senado han aprobado una reforma que dará a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dirigida por Omar García Harfuch, la responsabilidad de coordinar y dirigir la estrategia de seguridad pública en todo el país. La propuesta, respaldada tanto por la oposición como por el oficialismo, fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y plantea una modificación del artículo 21 de la Constitución.

 

La votación de esta reforma en las comisiones de Puntos Constitucionales, Seguridad y Estudios Legislativos dejó un resultado positivo de 31 votos a favor, lo que subraya el consenso en torno a la necesidad de un cambio contundente en la estructura de seguridad nacional. Esta aprobación permitirá que la SSPC no solo dirija la estrategia de seguridad, sino que también coordine el Sistema Nacional de Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, una medida que busca robustecer la capacidad del gobierno federal para investigar y combatir el crimen organizado de manera más eficiente.

 

En palabras de la senadora priista Claudia Anaya, la reforma representa “un avance significativo, ya que coloca a la Secretaría de Seguridad al nivel de la Defensa Nacional, permitiendo una intervención directa y con un mando civil en las operaciones de seguridad en el país”. La aprobación inicial se traduce en una señal de confianza en la SSPC, encabezada por Harfuch, quien en el pasado ha liderado operativos clave contra el crimen organizado en la Ciudad de México.

 

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas (MC) también se mostró optimista ante esta reforma. “La confianza que hoy estamos depositando en esta dependencia no es un cheque en blanco. Esta secretaría tiene la responsabilidad de transformar para siempre la forma en que investigamos y perseguimos el delito en México,” mencionó Colosio, enfatizando la expectativa de una mejora profunda en la inteligencia y en la coordinación con entidades estatales y municipales.

 

Sin embargo, el apoyo a la reforma no ha sido absoluto. Legisladores como el senador Ricardo Anaya (PAN) han manifestado su preocupación sobre posibles abusos en el uso de inteligencia para espiar a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos. “Vamos a votar a favor porque creemos en la investigación para desmantelar a las organizaciones criminales, no solo en descabezarlas. Sin embargo, es indispensable incluir salvaguardas para proteger la privacidad y la libertad de aquellos que disienten,” declaró Anaya.

 

La aprobación de esta reforma llega en un contexto de escalada de violencia en distintas zonas del país. Los recientes crímenes en el Estado de México, Querétaro, Guerrero y Sinaloa, así como los frecuentes asaltos en el transporte público, fueron recordados por el senador morenista Higinio Martínez, quien hizo un llamado urgente para detener la ola de violencia que “se ha convertido en un horror para la ciudadanía”.

 

Con esta reforma, la SSPC se convierte en el eje central de la seguridad nacional, contando con nuevas facultades para desarrollar investigaciones estratégicas en coordinación con las fiscalías y otros organismos de seguridad a nivel federal y local. Además, la dependencia podrá solicitar información a corporaciones de los tres niveles de gobierno para identificar y esclarecer delitos de manera más ágil y efectiva.

 

Se espera que el proyecto sea discutido en el pleno del Senado en los próximos días, donde los senadores analizarán las reservas propuestas por Ricardo Anaya y Clemente Castañeda, entre ellas, la inclusión de protecciones adicionales para evitar el mal uso de la inteligencia en actividades de vigilancia y monitoreo de la ciudadanía.

Representantes de la Iglesia católica piden apoyo a Gobernación para combatir la violencia en México

Como parte de la iniciativa Diálogo Nacional por la Paz (DNP), líderes de la Iglesia católica en México se reunieron este viernes con la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para expresar su inquietud ante el aumento de la violencia en el país. La reunión, realizada en las instalaciones de Gobernación, se centró en fortalecer la colaboración para construir la paz en las zonas más afectadas por la inseguridad, según señaló el DNP en un comunicado.

Durante el encuentro, se compartieron los objetivos y la trayectoria del Diálogo Nacional por la Paz, destacando la preocupación de sus representantes por el impacto de la violencia en adolescentes y jóvenes de distintas regiones. Además, los miembros del DNP entregaron una propuesta que busca atender de manera integral a los municipios más violentos del país, enfocándose en la asistencia a víctimas, la reestructuración institucional y el refuerzo de las comunidades afectadas. Esta propuesta fue recibida por las autoridades para su revisión y seguimiento.

Uno de los acuerdos alcanzados en la reunión fue el establecimiento de un canal de comunicación constante entre la Secretaría de Gobernación y el DNP. Este diálogo permitirá dar respuesta rápida a situaciones de urgencia y diseñar estrategias de colaboración en temas de seguridad, justicia y reconstrucción social en el país.

A la reunión asistieron el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Rogelio Cabrera López; el secretario ejecutivo del Episcopado, Eduardo Aguilar; y el director del Diálogo Nacional por la Paz, Jorge Atilano González Candia.

Cabe recordar que el pasado 1 de octubre, la Iglesia católica envió una carta a Claudia Sheinbaum, el mismo día que asumió como presidenta de México, en la que propuso siete acciones clave para la pacificación del país. Entre las recomendaciones se incluyeron el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, la implementación de políticas de derechos humanos, la reforma del sistema de justicia y del sistema penitenciario, y la atención a la crisis de derechos humanos en México.

 

México cambia el rumbo en su estrategia de seguridad con Sheinbaum en el poder

Durante seis años, la estrategia de “abrazos, no balazos” fue el emblema de México en su combate al crimen organizado. Este enfoque evitó enfrentar directamente a los cárteles, apostando en su lugar por programas sociales para reducir su influencia. Sin embargo, a un mes de haber asumido el poder, la presidenta Claudia Sheinbaum parece dar un giro a esta política, mostrando mayor disposición a emplear la fuerza militar y a la Guardia Nacional en la lucha contra el narcotráfico.

A diferencia de la guerra contra el narco que marcó la administración entre 2006 y 2012, hoy el desafío es más complejo. Los cárteles están profundamente diversificados, incursionando en el contrabando de migrantes y empleando cada vez más a adolescentes y extranjeros en sus filas. En este contexto, recientes enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y presuntos delincuentes han dejado víctimas civiles, principalmente migrantes, y se han registrado casos en los que los soldados salen ilesos mientras que la mayoría de los sospechosos fallecen.

Sheinbaum, aunque se ha cuidado de utilizar el lema de su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha defendido que los “abrazos” están dirigidos a los jóvenes vulnerables para evitar que se integren a las filas de los cárteles. Sin embargo, analistas de seguridad, como Falko Ernst, sugieren que este cambio en el tono de Sheinbaum podría ser una señal de una estrategia más firme contra las expresiones más violentas del crimen organizado.

A diferencia de López Obrador, quien llegó a alabar a algunos capos de la droga y evitar confrontaciones directas para disminuir el “índice de letalidad”, Sheinbaum ha mostrado menos tolerancia ante secuestros de policías y militares. Durante sus primeras semanas en el cargo, se registraron incidentes en los que la Guardia Nacional y el Ejército dispararon contra presuntos delincuentes, resultando en la muerte de migrantes y civiles inocentes.

El cambio de postura es notorio en la respuesta de las fuerzas armadas ante la creciente violencia. En un enfrentamiento reciente en Sinaloa, los soldados abatieron a 19 presuntos integrantes de un cártel sin bajas en sus filas, algo que López Obrador solía criticar en administraciones pasadas. Además, la presidenta enfrenta el desafío de contener un negocio en auge: el contrabando de migrantes. Hoy en día, los cárteles obtienen grandes ganancias por ayudar a personas de países lejanos a cruzar México, usando incluso a los migrantes como escudos humanos en sus enfrentamientos.

Según David Saucedo, analista de seguridad, los cárteles se fortalecieron durante el sexenio de López Obrador debido a la falta de enfrentamientos directos. Ahora, el gobierno de Sheinbaum enfrenta el reto de revertir esa situación, aunque los conflictos armados podrían intensificarse.

Finalmente, Sheinbaum debe lidiar con las consecuencias de la creciente militarización de la seguridad pública, un legado de la administración anterior que asignó a soldados una tarea para la cual no están entrenados. Esto, sumado a la creciente mezcla de migrantes y cárteles, sugiere un futuro con más riesgos para los civiles, en un escenario donde la Guardia Nacional y el Ejército aún enfrentan dificultades para aplicar adecuadamente las reglas de enfrentamiento.

Diputados amplían catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa

 

La Cámara de Diputados anunció la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXV Legislatura, que amplía la lista de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa. Este catálogo ahora incluye delitos relacionados con temas de seguridad y control fiscal, además de los previamente establecidos.

El dictamen sostiene que la prisión preventiva oficiosa es una herramienta que, al limitar de manera cautelar la libertad de los posibles infractores, contribuye al control de la criminalidad, a la investigación de delitos y al fortalecimiento de la paz y el orden social.

Delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa

  • Extorsión: Obtener beneficios mediante amenazas o coerción a personas o grupos.
  • Narcomenudeo: Venta y distribución de drogas a pequeña escala.
  • Fentanilo y drogas sintéticas: Producción, distribución y comercialización de estas sustancias peligrosas.
  • Defraudación fiscal: Engaños u omisiones para evitar el pago de impuestos.
  • Contrabando: Importación o exportación de mercancías fuera de la normativa legal.
  • Emisión de comprobantes fiscales falsos: Actividades fraudulentas con facturas o comprobantes para evasión fiscal.

Jueces con facultad para aplicar prisión preventiva oficiosa

El dictamen, resultado de una iniciativa del Ejecutivo Federal presentada el 5 de febrero de 2024, estipula que a partir de su entrada en vigor, todas las disposiciones en leyes secundarias y reglamentos que se opongan a este decreto serán derogadas. El Congreso de la Unión tendrá un plazo de 80 días para armonizar el marco legal con esta reforma.

Esta modificación busca dotar a los jueces de autoridad para imponer prisión preventiva de manera obligatoria en estos delitos, limitando interpretaciones que reduzcan la aplicación de esta medida cautelar.

 

La Sedena justifica la muerte de 19 miembros del cártel de Sinaloa en operativo tras escalada de violencia

La captura de Edwin Antonio “N”, alias “El Max” o “El Oso”, en un operativo militar en Sinaloa dejó una marca violenta esta semana con el abatimiento de 19 miembros del Cártel de Sinaloa. Este suceso, sin bajas militares, fue explicado en una conferencia de prensa por el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), quien detalló las razones detrás de la feroz respuesta de las fuerzas armadas. “La violencia y el armamento que ahora exhiben estos grupos criminales son una amenaza latente; están dispuestos a arriesgarlo todo para proteger a sus líderes”, sostuvo el general.

 

Trevilla indicó que tras la captura de figuras clave como Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y la ofensiva contra Ismael “El Mayo” Zambada, la estructura del Cártel de Sinaloa ha endurecido sus filas con escoltas y sicarios cada vez más agresivos y bien equipados. “Los delincuentes aumentaron mucho sus escoltas. Estos son sicarios muy violentos, dispuestos a dar la vida por sus protegidos”, señaló Trevilla, al tiempo que defendió la actuación del Ejército en este último operativo.

 

Para el general, el incremento en la capacidad de fuego y la voluntad de los criminales para enfrentar a las autoridades no dejan margen de error. “El personal militar que participa en estos operativos está adiestrado, capacitado y equipado para hacer frente a un nivel de violencia que ha escalado”, añadió, explicando que los soldados emplean equipo de protección como chalecos antibalas y cascos, aspectos que fueron determinantes para evitar bajas en las filas militares.

 

En medio de cuestionamientos por la crudeza de los enfrentamientos, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Justicia Militar ya han abierto investigaciones para esclarecer si hubo alguna violación a los derechos humanos en el operativo. Trevilla confirmó que ambas instituciones “tomaron cartas de inmediato”, y destacó que cualquier irregularidad se informará una vez concluida la investigación.

 

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la actuación de los soldados, reiterando su postura de cero tolerancia a ejecuciones extrajudiciales. “En este gobierno, no se tolerará ninguna acción fuera de la ley”, enfatizó Sheinbaum, subrayando que la respuesta de los militares fue consecuencia de una agresión directa por parte de los sicarios.

 

La declaración de Sheinbaum marca un contraste con la postura que en su momento mantuvo su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien aseguraba que en México las masacres en operativos de seguridad habían llegado a su fin. Sin embargo, el recrudecimiento de la violencia y el cambio en la estructura delictiva obligan a una revisión de las estrategias de seguridad, que ahora parecen centrarse en contener la fuerza de estos grupos con una respuesta igualmente contundente.

México y Haití, entre los países con mayor inseguridad y corrupción según el World Justice Project

El más reciente informe del World Justice Project (WJP) 2023-2024 ha puesto en evidencia la grave situación de México y Haití en materia de seguridad y justicia. De un total de 142 países evaluados, México ocupa el lugar 133 y Haití el 137, lo que los sitúa entre los peores calificados a nivel global y los más rezagados de América Latina.

El informe subraya el creciente deterioro de la seguridad y el estado de derecho en ambos países, donde la violencia, la corrupción y la impunidad siguen siendo problemáticas arraigadas. A pesar de los esfuerzos realizados por los gobiernos, las cifras reflejan que no ha habido avances significativos y las problemáticas estructurales persisten sin solución.

México, con una calificación de 0.52 en “Orden y Seguridad”, se encuentra entre las naciones más peligrosas del mundo. Estados como Sinaloa, Chiapas, Guanajuato, Baja California y Tabasco se ven gravemente afectados por la violencia del crimen organizado, generando una creciente inseguridad en la población.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, México vivió el periodo más violento de su historia reciente, acumulando 199 mil 621 homicidios dolosos. La falta de resultados efectivos en el combate al crimen y la seguridad pública ha sido una de las grandes deudas de la administración, lo que ha impactado negativamente la imagen del país a nivel internacional.

Además, el informe revela que México se ubica en el puesto 135 en “Ausencia de Corrupción”, con una baja calificación de 0.27. A pesar de las promesas de López Obrador de erradicar la corrupción, esta sigue siendo un obstáculo importante que afecta tanto a las instituciones públicas como a la ciudadanía. Casos de corrupción en altos mandos policiales y militares han minado la confianza en el gobierno.

En cuanto a Haití, con una calificación de 0.43 en seguridad, la situación es aún más crítica. La violencia ejercida por bandas criminales, junto con la inestabilidad política y la pobreza extrema, han convertido al país en uno de los más inseguros de la región. El débil sistema judicial haitiano contribuye a un ambiente de impunidad, agravando los problemas de gobernabilidad.

El WJP señala varios factores que han provocado el deterioro de la seguridad y el Estado de Derecho en ambos países: la inseguridad generalizada, la corrupción estructural en altos niveles, la ineficacia para resolver crímenes y el debilitamiento institucional son algunos de los principales problemas que enfrentan tanto México como Haití.

En México, ninguno de los 32 estados alcanza una calificación ideal en Estado de Derecho. Estados como Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes son los mejor evaluados, mientras que el Estado de México, Morelos y Quintana Roo se encuentran entre los peores. Esta crisis demanda una intervención urgente para revertir la tendencia negativa.

Por su parte, en Haití, la situación es más grave debido a la falta de infraestructura gubernamental y al control de las bandas criminales sobre gran parte del país, lo que dificulta cualquier intento de mejora.