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La iniciativa de reforma electoral que será presentada el próximo martes por la presidenta Claudia Sheinbaum fue precedida por cuatro meses de audiencias públicas encabezadas por Pablo Gómez, quien aseguró que el proyecto no sería definido por élites partidistas, sino construido con participación ciudadana. Sin embargo, el documento final fue elaborado únicamente por el propio Gómez y, hasta ahora, no cuenta con respaldo explícito ni de los partidos aliados ni de la oposición.

Entre septiembre y diciembre de 2025, la comisión presidencial para la reforma electoral realizó 65 audiencias públicas con la participación de 5 mil 294 ciudadanos, especialistas, jóvenes, migrantes y funcionarios. En ese periodo se recibieron 392 propuestas. El 1 de octubre, Gómez afirmó que la intención era abrir el debate en un país donde, según señaló, las reformas previas habían sido pactadas por “pequeños grupos” de las cúpulas políticas. El 4 de noviembre reiteró que sería “una cosa abierta, no una cosa vinculada sólo a los líderes de los partidos y a los gobernantes como fue hasta ahora”.

No obstante, desde inicios de enero, la Secretaría de Gobernación y Gómez instalaron mesas privadas en un inmueble de la calle Barcelona, en la colonia Juárez de la Ciudad de México, para discutir el contenido con dirigentes del PT y del PVEM, partidos aliados al oficialismo. A esas reuniones acudieron principalmente Arturo Escobar por el PVEM y Alberto Anaya por el PT. Los líderes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano no fueron convocados. Las negociaciones concluyeron sin acuerdos.

El proyecto preliminar presentado a legisladores aliados contempla reducir en 25% el financiamiento público a los partidos políticos, disminuir de 11 a 9 el número de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y aumentar a 508 el total de diputaciones mediante una nueva fórmula de asignación de representación proporcional. De acuerdo con legisladores aliados, esa fórmula podría beneficiar a Morena. El documento aún puede modificarse antes de su presentación formal.

El senador del Partido Verde, Manuel Velasco, señaló que ni la Secretaría de Gobernación ni la comisión compartieron previamente el contenido con su partido, por lo que definirán postura una vez conocido oficialmente el texto.

Durante las audiencias públicas se expresaron posturas a favor y críticas. Entre las propuestas planteadas estuvieron medidas para impedir el ingreso de dinero del narcotráfico en campañas, garantizar la pluralidad en el Congreso, retirar el triunfo a candidatos que rebasen topes de gasto y sancionar a partidos que postulen mujeres en distritos sin posibilidades reales de victoria.

En una de las sesiones, el ciudadano Salvador Navarro advirtió: “No seamos ingenuos. Sabemos que ustedes, Morena, pretenden utilizar su aplanadora en el Congreso para impulsar una reforma (…) sin diálogos, solo monólogos; sin discusión, solo imposición”.

La iniciativa será presentada formalmente el martes, tras un proceso que combinó consultas públicas masivas y negociaciones políticas en privado.

La discusión sobre la reforma electoral sigue abierta en el Senado. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la próxima semana presentará su iniciativa, el coordinador del Partido Verde en la Cámara Alta, Manuel Velasco, informó que aún no existe consenso y que el proceso de análisis continúa.

Durante la sesión del pleno, Velasco explicó que su bancada está a la espera del documento oficial para definir postura. Señaló que, si la propuesta fortalece la democracia y beneficia al país, contará con su respaldo. Mientras tanto, confirmó que el PVEM ha sostenido planteamientos específicos ante la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y ante el presidente de la comisión presidencial encargada del tema, Pablo Gómez.

Entre los puntos impulsados por el Partido Verde destacan la implementación del voto electrónico y la posibilidad de que jóvenes de 16 años participen en elecciones. También proponen mayores controles para impedir la infiltración del crimen organizado en candidaturas, así como restricciones más estrictas y mecanismos de supervisión adicionales. Otro eje planteado es la reducción de prerrogativas a partidos políticos, siempre bajo un esquema equitativo.

Respecto a la integración de la Cámara de Diputados, Velasco reconoció que existen diversas alternativas para modificar el sistema de legisladores plurinominales; sin embargo, ninguna ha logrado respaldo generalizado hasta ahora.

En paralelo, el Partido Acción Nacional (PAN) anunció que presentará su propia iniciativa de reforma electoral. Los senadores Marko Cortés y Raymundo Bolaños detallaron que su propuesta busca sancionar con mayor severidad la intervención del crimen organizado en procesos electorales.

El planteamiento central establece que, si se comprueba financiamiento ilícito en una contienda, la elección deberá anularse sin importar la diferencia de votos. Además, el partido y el candidato involucrados quedarían impedidos para competir en una eventual elección extraordinaria. En casos donde la injerencia criminal sea generalizada, incluso se contempla la cancelación del registro del partido político implicado.

En materia de representación proporcional, los legisladores panistas proponen un modelo híbrido: 100 curules asignadas a primeras minorías en distritos federales y otras 100 mediante listas de partido, integradas de forma alternada.

Con la presentación de la iniciativa presidencial en puerta y propuestas ya sobre la mesa, el Senado mantiene el debate activo sin acuerdos definitivos hasta el momento.

En el marco de las negociaciones para la reforma electoral, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) definió una postura clara sobre los principales ejes de discusión. Su coordinador en el Senado, Manuel Velasco, adelantó que su partido no respaldará la elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) mediante voto popular y, en contraste, se mostró dispuesto a debatir un ajuste a la fórmula de financiamiento público de los partidos políticos con el objetivo de reducir los recursos que reciben.

Velasco informó que dirigentes del PVEM han sostenido al menos tres reuniones con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como con el presidente de la comisión presidencial para la reforma electoral, Pablo Gómez. En estos encuentros, explicó, se han analizado anteproyectos de iniciativa que forman parte del proceso de construcción de la propuesta de reforma.

Durante estas conversaciones, el senador subrayó que uno de los principios centrales para el PVEM es la defensa de la autonomía del INE. De acuerdo con Velasco, el instituto ha sido un factor clave para garantizar la estabilidad política del país en los procesos electorales recientes, además de haber operado bajo las reglas que permitieron el triunfo electoral de 2024, en el que resultó electa la presidenta de México con una votación histórica.

En cuanto al financiamiento a los partidos políticos, el coordinador del Verde señaló que existe apertura para revisar el esquema vigente, que actualmente distribuye el presupuesto en una proporción de 30 por ciento de manera igualitaria y 70 por ciento con base en el porcentaje de votos obtenidos en la elección anterior. Según explicó, una de las propuestas sobre la mesa es modificar esa fórmula para establecer un reparto de 60 por ciento de forma paritaria y 40 por ciento conforme a los resultados electorales más recientes.

Velasco precisó que uno de los puntos donde se ha intensificado el diálogo es precisamente la reducción de los recursos destinados a los partidos, así como la búsqueda de mecanismos que permitan abaratar los procesos electorales. No obstante, aclaró que cualquier ajuste debe considerar cuidadosamente el impacto del cambio en la asignación de la fórmula de financiamiento.

Otro de los temas abordados en las discusiones es el de los legisladores plurinominales. El senador indicó que existe una propuesta para que estos ya no sean electos mediante listas nacionales, sino a través de votaciones en cada entidad federativa. En este contexto, destacó la importancia de conservar la cláusula de gobernabilidad, con el fin de evitar que algún partido político supere el límite de 8 por ciento de sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.

Finalmente, Manuel Velasco afirmó que en los planteamientos presentados por el PVEM ante la Secretaría de Gobernación se ha dejado en claro que el objetivo es impulsar una reforma electoral que contribuya al fortalecimiento de la democracia y represente un beneficio para México.

El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco, afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum no tuvo participación en la salida de Adán Augusto López como coordinador del grupo parlamentario de Morena, y precisó que dicha determinación fue tomada de manera interna por la propia bancada. Las declaraciones se realizaron en entrevista con medios de comunicación, en el contexto del arranque del nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el cual concluirá el próximo 30 de abril.

Velasco subrayó que la decisión sobre la coordinación parlamentaria de Morena respondió a un acuerdo entre los integrantes del grupo legislativo y no a una instrucción del Poder Ejecutivo. Al abordar el ambiente legislativo para los próximos meses, el senador destacó que el diálogo entre las distintas fuerzas políticas se ha mantenido como una práctica constante dentro de la Cámara Alta.

“Siempre hemos estado abiertos a generar acuerdos con la oposición y los demás grupos parlamentarios”, expresó el legislador, al tiempo que aseguró que el Senado de la República continuará funcionando bajo un esquema de comunicación plural. “Siempre en el Senado ha habido un diálogo abierto y plural y eso va a continuar”, añadió.

En relación con la iniciativa presidencial de reforma electoral, Manuel Velasco informó que el proceso de análisis se encuentra en una etapa de conversaciones formales. Detalló que se han realizado al menos tres reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum, así como encuentros con el presidente de la comisión correspondiente y con Pablo Gómez, como parte del intercambio de puntos de vista en torno a la propuesta.

El coordinador del PVEM enfatizó que su grupo parlamentario no ha cerrado la puerta a respaldar la iniciativa, al señalar que el diálogo permanece activo. “Nosotros nunca hemos dicho que no vamos a dar los votos desde el momento que estamos dialogando”, puntualizó, al referirse a la disposición del Partido Verde para continuar en la mesa de negociación.

Asimismo, Velasco reiteró que la apertura al diálogo incluye a todas las fuerzas políticas representadas en el Senado, entre ellas Movimiento Ciudadano. Indicó que el objetivo de estas mesas es construir un proceso incluyente, en el que se puedan presentar planteamientos y propuestas por parte de los distintos grupos parlamentarios.

Finalmente, el senador hizo un llamado a que las bancadas interesadas participen de manera activa en el proceso de discusión, con el propósito de enriquecer el debate legislativo en torno a la reforma electoral y otros temas relevantes que serán abordados durante el periodo ordinario de sesiones que acaba de iniciar.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anticipó que la reforma electoral impulsada por el actual gobierno será aprobada con la participación de todos los partidos que integran el bloque mayoritario en el Congreso, incluidos el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). La funcionaria subrayó que el proceso se desarrollará con apertura, diálogo y coordinación, descartando cualquier imposición en la construcción de la iniciativa.

Durante su intervención en la Reunión Plenaria del grupo parlamentario de Morena, realizada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Rodríguez afirmó que existe claridad en los tiempos legislativos y que el Congreso contará con el espacio necesario para analizar, debatir y votar la reforma. En ese contexto, destacó que el proyecto no será elaborado únicamente desde el ámbito técnico, sino que incorporará la participación de distintos sectores, con el objetivo de que la propuesta que llegue a la Cámara cuente con un respaldo social amplio.

La titular de la Secretaría de Gobernación también hizo un llamado directo a la militancia de Morena para mantener una lealtad total al proyecto de gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Señaló que quienes forman parte del movimiento tienen un compromiso con las iniciativas presidenciales y que no “tienen derecho a fallar” en su respaldo a las transformaciones planteadas.

Rodríguez explicó que los encuentros previos y el trabajo conjunto permitirán garantizar que la reforma electoral refleje un consenso político y social. “Los encuentros garantizan que la iniciativa que llegue a la Cámara no será solo de escritorio, sino que tendrá el respaldo del pueblo”, afirmó ante los legisladores.

Al concluir su participación y antes de retirarse de San Lázaro, la secretaria fue cuestionada por representantes de los medios sobre el alcance del apoyo a la reforma y la relación con los partidos aliados de Morena. En ese marco, descartó que el llamado a la lealtad represente una advertencia o presión hacia los integrantes de la coalición, y reiteró que el objetivo es mantener la cohesión del bloque mayoritario en torno a un proyecto común.

En el mismo evento, Rosa Icela Rodríguez dedicó un mensaje de reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien atribuyó la conducción del rumbo del país y la viabilidad de los cambios propuestos. Destacó su profesionalismo, entrega y compromiso con el país, así como el respaldo ciudadano que, dijo, supera el 77%. De acuerdo con la funcionaria, ese apoyo es resultado de gobernar con apego a la ley, conciencia social y cercanía con la población.

Con este posicionamiento, el gobierno federal y la mayoría legislativa perfilan el avance de la reforma electoral como una de las prioridades del periodo, bajo un esquema de coordinación política y respaldo parlamentario.

Las dirigencias nacionales de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) formalizaron un acuerdo público de unidad con miras a los procesos electorales de 2027 y 2030, luego de varios meses marcados por diferencias políticas derivadas de la propuesta de reforma electoral impulsada desde el Ejecutivo federal.

El pacto fue presentado en un acto protocolario encabezado por Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, quien dio lectura al documento que establece las bases del entendimiento entre las tres fuerzas políticas. El evento tuvo una duración aproximada de 20 minutos y se realizó frente a medios de comunicación, aunque no se abrió espacio para preguntas.

Durante su intervención, Alcalde afirmó que el acuerdo refrenda la cohesión de la alianza con el objetivo de dar continuidad al proyecto de transformación del país. Señaló que las fuerzas firmantes priorizan una agenda orientada a un México más justo, democrático, igualitario, incluyente e independiente, sustentado en la voluntad libre y soberana de la ciudadanía. También destacó que el compromiso incluye respaldo político a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a las políticas asociadas a su administración.

En el mismo acto, los dirigentes del PT y del PVEM expresaron su adhesión al acuerdo. Karen Castrejón, presidenta del Partido Verde, subrayó que el respaldo de su instituto político es de carácter institucional y responsable, enfocado en el interés nacional. Añadió que su partido mantiene disposición permanente al diálogo para encontrar coincidencias y construir soluciones que prioricen el bienestar social y la estabilidad política del país.

Por su parte, Alberto Anaya, dirigente nacional del Partido del Trabajo, precisó que el compromiso firmado abarca los procesos electorales de 2027 y se extiende hasta 2030, consolidando una ruta compartida entre los tres partidos.

Las fricciones entre Morena, PT y PVEM se hicieron visibles desde el 5 de febrero, cuando se presentó la iniciativa de reforma electoral propuesta originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y retomada por la administración de Claudia Sheinbaum. La iniciativa contemplaba, entre otros puntos, la eliminación de 200 diputaciones plurinominales y 32 senadurías de representación proporcional, así como una reducción del 50 por ciento en las prerrogativas a los partidos políticos.

Estas propuestas fueron consideradas inaceptables por el PT y el PVEM en su planteamiento original, al argumentar que la reforma no era necesaria en un contexto donde Morena ya tenía control de los tres poderes de la Unión. Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados, había cuestionado previamente la urgencia de modificar las reglas electorales. No obstante, tras la firma del acuerdo, señaló que el pacto de unidad no estuvo vinculado con la reforma electoral.

En el contexto de la preparación de la reforma electoral, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, sostuvo una reunión de trabajo con Pablo Gómez Álvarez, presidente de la comisión encargada de ese proceso, en la que subrayó la necesidad de un esfuerzo institucional y una visión de Estado desde la Presidencia de la República. El llamado estuvo dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien instó a encabezar un ejercicio que fortalezca las bases democráticas del país.

El encuentro se llevó a cabo este jueves y se prolongó por aproximadamente tres horas. A su salida, Bátiz García explicó que la conversación se desarrolló en un ambiente cordial y de carácter institucional. “Sí, estuvimos los dos reunidos, tomamos mucho café y platicamos sobre la historia de nuestras instituciones”, señaló. De acuerdo con el magistrado, el diálogo no se centró en puntos específicos de la reforma electoral, sino en una reflexión más amplia sobre la solidez de las instituciones democráticas.

Durante la reunión, el presidente del TEPJF precisó que, a diferencia del Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral no presentará propuestas técnicas para el contenido de la reforma. En ese sentido, aclaró que el papel del órgano jurisdiccional será de acompañamiento institucional. “Tuvimos una plática muy cordial, institucional con el presidente, y lo que nosotros podemos brindar es el acompañamiento técnico necesario para que sea la menor de las reformas”, afirmó.

Bátiz García destacó que existe coincidencia entre las autoridades electorales y los responsables de impulsar la reforma en torno a la importancia de preservar instituciones democráticas sólidas. “No abordamos temas específicos de la reforma electoral, pero sí la necesidad de tener instituciones democráticas sólidas; ese es el empeño, tanto de nosotros como de ellos, y hacia allá vamos a continuar”, puntualizó.

El magistrado presidente consideró prudente que desde la Presidencia de la República se impulse un esfuerzo institucional que permita delimitar un programa de país, con el compromiso de las distintas instancias del Estado. Señaló que esa visión no debe recaer en una sola dependencia, sino involucrar a los diferentes componentes institucionales, incluida la Sala Superior del TEPJF, que mantiene, dijo, un compromiso con una visión de Estado y una perspectiva institucional orientada a lograr “la mejor de las reformas para todo el país”.

Este diálogo se enmarca en la decisión tomada a inicios de mes por la presidenta Sheinbaum, quien acordó con los coordinadores de Morena en el Congreso de la Unión, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, pausar la presentación de la reforma electoral. Como parte de ese ajuste, Pablo Gómez fue designado para sostener encuentros con los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), así como con autoridades electorales, con el objetivo de construir consensos sobre los temas que integrarán la iniciativa.

Hasta el momento, Gómez Álvarez se ha reunido con dirigentes del PT, del PVEM y con el presidente del TEPJF. No se ha informado de convocatorias para escuchar a los líderes de los partidos de oposición.

El Instituto Nacional Electoral (INE) aclaró que no respalda ni evalúa el contenido de la iniciativa ciudadana de reforma electoral promovida por la organización “Salvemos la Democracia”, la cual reunió las firmas necesarias para avanzar en el proceso legislativo. El organismo subrayó que su participación se limitó exclusivamente a verificar que los apoyos ciudadanos cumplieran con los requisitos legales de validez.

En un comunicado, el INE precisó que la revisión de firmas no implica pronunciamiento alguno sobre el fondo de la propuesta. Destacó que su labor no incluye la evaluación, aval, rechazo ni análisis de la constitucionalidad, mérito o viabilidad política de las iniciativas ciudadanas. Esa responsabilidad, señaló, corresponde de manera exclusiva al Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados y, en su caso, del Senado de la República, como parte del procedimiento legislativo ordinario.

Como resultado de esta verificación, el instituto envió un oficio a la Cámara de Diputados para notificar que las 136 mil 875 firmas presentadas por “Salvemos la Democracia” cumplen con los criterios de validez establecidos en la ley. Con ello, el INE dio por concluida su intervención en esta etapa del proceso.

La iniciativa ciudadana propone reformas a los artículos 41, 54, 63, 116 y 134 de la Constitución. Entre los planteamientos centrales se encuentra el fortalecimiento del Instituto Nacional Electoral mediante la conservación de una estructura nacional y territorial con presencia en los 300 distritos electorales del país, integrada por un servicio profesional electoral.

En materia de financiamiento político, la propuesta plantea modificar el esquema actual para que la distribución de recursos públicos a los partidos no dependa del porcentaje de votación obtenido, sino que se realice de manera igualitaria entre todas las fuerzas políticas con registro. El mismo criterio se propone para el acceso a los tiempos oficiales en radio y televisión.

Otro de los ejes de la iniciativa es la transparencia en la fiscalización, al establecer que los gastos de precampaña y campaña revisados por el INE sean públicos. Asimismo, se plantea que las candidaturas independientes cuenten con un financiamiento mínimo equivalente al 20 por ciento del tope de gastos autorizado.

La propuesta también busca garantizar la libertad de expresión de la ciudadanía durante los procesos electorales y evitar la intervención de autoridades, al prohibir que se utilicen los instrumentos de comunicación del Estado para hacer referencia a elecciones. De igual forma, se establece la prohibición de actos anticipados de precampaña y campaña, definidos como expresiones sistemáticas fuera de los periodos legales que soliciten apoyo electoral o manifiesten la intención de contender por un cargo público. La Cámara de Diputados será la encargada de definir el trámite legislativo que se dará a esta iniciativa ciudadana.

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó a la comisión presidencial para la reforma electoral un amplio paquete de propuestas técnicas que serán consideradas en la iniciativa que la presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso de la Unión. El documento fue entregado por la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala y contiene un total de 316 planteamientos, de los cuales 241 cuentan con consenso del Consejo General y 75 fueron formulados a título personal por distintos consejeros.

La reunión se llevó a cabo con la asistencia de nueve de los once integrantes del Consejo General del INE, encabezados por Taddei Zavala. No acudieron las consejeras Dania Ravel ni Claudia Zavala. El texto presentado lleva por nombre “Propuesta de mejora en materia electoral” y busca incidir en diversos aspectos operativos, normativos y estructurales del sistema electoral mexicano.

Las consejeras y consejeros Carla Humphrey y Arturo Castillo señalaron que hubiera sido deseable un proceso de discusión interna más amplio antes de la entrega final del documento. Humphrey explicó que, aunque se formularon 316 propuestas, únicamente 241 lograron consenso, mientras que el resto refleja posiciones individuales. Subrayó que cada consejería incorporó los temas que consideró prioritarios.

Entre los planteamientos destacados se encuentra la propuesta de garantizar al INE un presupuesto anual vinculado al Producto Interno Bruto (PIB), como respuesta a los cuatro recortes presupuestales aplicados por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados. Esta idea fue rechazada de inmediato por Pablo Gómez, presidente de la comisión presidencial para la reforma electoral, quien la calificó como inviable al considerar que una disminución del PIB podría traducirse en una reducción automática de recursos para el organismo electoral.

Humphrey defendió la necesidad de asegurar un presupuesto suficiente para que el INE pueda cumplir con sus funciones constitucionales. En el ámbito técnico, el documento también plantea fortalecer los procesos de fiscalización, incluyendo la eliminación del secreto fiscal para el instituto, con el objetivo de permitir investigaciones más eficaces. Asimismo, propone reforzar las medidas de equidad en la contienda y el combate a la violencia política contra las mujeres en razón de género.

El consejero Jaime Rivera expuso que las propuestas buscan preservar los principios y valores democráticos. Señaló cuatro ejes centrales: fortalecer la pluralidad política sin favorecer a una sola fuerza; proteger la equidad de la contienda evitando la intervención gubernamental; salvaguardar la independencia del INE; y respetar los procedimientos colegiados para el nombramiento de funcionarios. En este contexto, pidió revertir la reforma al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que otorgó mayores facultades a la presidencia del INE para designaciones internas.

Al término del encuentro, Pablo Gómez confirmó que el miércoles entregará a la presidenta Sheinbaum un anteproyecto de reforma electoral. Reconoció que persisten diferencias al interior de la comisión, integrada también por Rosa Icela Rodríguez y Arturo Zaldívar, pero aseguró que se encuentran en fase de deliberación. Aclaró que la iniciativa no modificará las fechas de la segunda elección judicial prevista para 2027 y señaló que la propuesta de elegir consejeros del INE mediante voto popular “está en la mesa”.

En el marco de una conferencia de prensa realizada en la Cámara de Diputados, el ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, fijó una postura crítica frente a la posibilidad de impulsar una reforma electoral que concentre la vida política del país en un solo partido. De manera directa, afirmó que un esquema en el que México “quepa bajo el manto de una sola sigla” constituye “simple y sencillamente un planteamiento autoritario”.

Tras sostener una reunión privada con la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, Córdova subrayó que cualquier modificación al sistema electoral debe partir del reconocimiento de que México es “un país plural y diverso” y que las instituciones democráticas deben ser “la casa de todas y todos”. En ese sentido, sostuvo que una reforma construida bajo esos principios representa la principal garantía para que la democracia continúe desarrollándose.

El ex titular del INE precisó que, aunque forma parte de una comisión impulsada por la organización Somos México, no milita ni ha militado en partido político alguno. Aclaró que su participación se da desde una posición independiente y reiteró que, como expresidente del órgano electoral, considera que no debe integrarse a ninguna fuerza partidista.

Durante su intervención, Córdova volvió a señalar que la asignación de diputaciones plurinominales realizada el año pasado derivó en una mayoría que calificó como artificial. Recordó que, desde la reforma electoral de 1996, se estableció que las modificaciones constitucionales debían ser producto del consenso entre distintas fuerzas políticas y no de una sola.

En contraste, afirmó que por primera vez en tres décadas se configuró una mayoría calificada que permite a las fuerzas oficialistas modificar la Constitución sin acuerdos amplios, situación que atribuyó a cambios en los criterios de asignación de legisladores de representación proporcional.

En el mismo espacio, el exdirigente del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, planteó la necesidad de revisar el modelo de representación en el Congreso de la Unión bajo el principio de proporcionalidad directa: “tantos votos, tantos lugares en la Cámara”. Como ejemplo, expuso que una coalición que obtuvo alrededor del 54 por ciento de los votos terminó ocupando cerca del 75 por ciento de las curules, mientras que el bloque opositor, con aproximadamente 44 por ciento de la votación, quedó reducido a una cuarta parte de la representación legislativa.

Acosta Naranjo también se refirió a la propuesta de reforma electoral impulsada por la llamada Cuarta Transformación y expresó su preocupación por la intención de contar con un árbitro electoral identificado con una sola fuerza política. Recalcó que el árbitro debe ser imparcial y ajeno a ideologías partidistas, guiado únicamente por valores democráticos universales.

Finalmente, criticó que la discusión sobre temas electorales se haya planteado desde la Secretaría de Gobernación y no desde el Poder Legislativo. Reafirmó que la Cámara de Diputados es el espacio natural para ese debate y adelantó que la próxima semana entregarán formalmente un documento con su propuesta de reforma electoral a la presidencia de la Cámara.