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El Senado de la República aprobó reformas clave a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Las modificaciones normativas, surgidas de una iniciativa presentada por Claudia Sheinbaum el 31 de marzo, fueron avaladas con 89 votos a favor de legisladores de Morena, PT, PVEM, PAN y Movimiento Ciudadano, y 13 votos en contra por parte del PRI.

El dictamen elimina el plazo de espera de 72 horas para iniciar una búsqueda. A partir de su aprobación, las autoridades deben actuar desde el primer momento en que se presenta una denuncia de desaparición. La medida fue impulsada por colectivos de madres buscadoras y se convierte en uno de los ejes fundamentales del nuevo marco legal.

El documento establece que la CURP será utilizada como el identificador oficial en procesos de búsqueda, lo que permitirá articular una Plataforma Única de Identidad, sistema que estará enlazado con diversas bases de datos: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y otros registros administrativos.

La Secretaría de Gobernación estará a cargo de un programa de recolección y gestión de datos biométricos, con énfasis en niñas, niños y adolescentes. Esta dependencia será responsable de integrar dicha información a la CURP, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales. La finalidad será consolidar un registro de identidad más robusto y facilitar la localización de personas.

El nuevo modelo también incluye la monitoreación en tiempo real de la CURP, así como el acceso de la Fiscalía General de la República, fiscalías locales, instituciones de seguridad pública y el Centro Nacional de Inteligencia a bases de datos que contengan datos biométricos y otros elementos de identificación.

Además de acelerar la apertura de carpetas de investigación y generar una búsqueda inmediata, la reforma contempla la creación de una base única forense, el fortalecimiento de registros estatales y la homologación del delito de desaparición con el de secuestro.

Durante la sesión, se aceptó una reserva presentada por la senadora Margarita Valdéz para que gobiernos estatales y municipales, en un plazo de 180 días, regulen cementerios, panteones, servicios funerarios, crematorios y fosas comunes.

Por otro lado, no fue aprobada la propuesta de la senadora Maki Ortiz para integrar una sección permanente de denuncia ciudadana en la Plataforma Única de Identidad. Tampoco se aceptó la reserva del senador Erick Jaimes, que buscaba reconocer a madres y familiares de personas desaparecidas como coadyuvantes oficiales en las investigaciones. La mayoría de Morena se opuso a ambas propuestas. El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados para su revisión.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley del Sistema de Seguridad Pública con 445 votos a favor y 37 en contra, en una sesión decisiva que consolidó el respaldo mayoritario de Morena, PAN, PVEM, PT y MC. El dictamen fue avalado con múltiples cambios respecto a su versión original y generó reacciones diversas dentro del recinto legislativo.

Uno de los cambios más significativos fue la eliminación de la definición expresa sobre el carácter civil de las instituciones de seguridad pública. La versión anterior establecía que estas serían disciplinadas, profesionales y civiles, y que su actuación debía regirse bajo principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos. Ese fragmento fue suprimido en la nueva redacción, mientras se ratificó a la Guardia Nacional como la principal institución de seguridad federal, bajo adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque con formación basada en doctrina policial civil.

Además, el dictamen retiró la creación de una plataforma digital de usuarios de telefonía móvil, que estaría a cargo de la Agencia de Transformación Digital, lo cual fue señalado por legisladores como una concesión menor. A pesar de esa eliminación, continúa la preocupación entre diputados por la posibilidad de acceso irrestricto a bases de datos públicas y privadas, sin requerimiento de orden judicial, prevista en el proyecto paralelo de Ley del Sistema Nacional de Inteligencia, que se debatirá próximamente.

La nueva legislación otorga al Consejo Nacional de Seguridad Pública facultades adicionales, entre ellas, la capacidad de suspender recursos en materia de seguridad a estados y municipios que incumplan los acuerdos de coordinación. Esta medida fue calificada por algunos legisladores como una centralización excesiva del poder y como un instrumento que podría someter a las entidades a decisiones federales de manera unilateral.

Durante la sesión, representantes de diversas bancadas fijaron postura. El diputado César Damián, del PAN, expresó que su grupo parlamentario votaría a favor de la Ley del Sistema de Seguridad Pública, pero rechazaría la del Sistema de Inteligencia, debido a preocupaciones por posibles mecanismos de vigilancia sin control judicial. Advirtió sobre el fortalecimiento de lo que denominó “el monstruo del espionaje”.

Desde Movimiento Ciudadano, la diputada Claudia Ruiz Massieu cuestionó la aparente eliminación del registro de usuarios de líneas telefónicas, señalando que la Agencia de Transformación Digital mantiene el control de la información. También subrayó que el acceso sin restricciones a datos sigue contemplado en la ley de inteligencia próxima a discutirse.

Por parte del PRI, el legislador Alejandro Domínguez fundamentó el voto en contra de su bancada, señalando como grave la eliminación del carácter civil en la definición de seguridad pública, así como las modificaciones de última hora al dictamen. Consideró que el Consejo Nacional de Seguridad Pública fue dotado de un poder que va más allá de su función articuladora, al poder incluso condicionar los recursos a gobiernos locales.

En la misma sesión se anticipó que la discusión sobre la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia tendría lugar ese mismo día. Las implicaciones de ambos proyectos continúan generando análisis entre legisladores, especialistas y organizaciones civiles, por su posible impacto en derechos ciudadanos y equilibrios institucionales.

La aprobación se da en un contexto político clave, marcado por la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y podría reconfigurar la estructura y funciones de seguridad en el país de forma profunda.

La nueva Ley de Telecomunicaciones avanza con rapidez por el Senado, respaldada por las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, Comunicaciones y Estudios Legislativos. Con 29 votos a favor y 9 en contra, el dictamen fue aprobado en menos de dos horas y media y está en ruta hacia el pleno senatorial, antes de su eventual llegada a la Cámara de Diputados.

Morena, PT y Partido Verde cerraron filas para dar el sí a una ley que prohíbe expresamente la propaganda política de gobiernos extranjeros a través de medios digitales y radioeléctricos. Desde la bancada oficialista, el senador morenista José Antonio Álvarez Lima defendió el documento de 311 páginas. Aseguró que se trata de una legislación para garantizar el uso democrático y equitativo del espectro radioeléctrico, sin importar las barreras socioeconómicas, y donde el Estado se posicione como garante de las comunicaciones.

Pero mientras la mayoría celebraba este paso como un avance soberano, en la trinchera opositora la alarma no tardó en sonar. Desde el PAN, Ricardo Anaya lanzó una advertencia: “No es cierto que urgía sacar esto por la emergencia de que nos invadieron con los spots de Trump”. A su juicio, esta reforma representa una “ley censura” que permite a la Agencia de Transformación Digital controlar redes sociales y plataformas digitales sin límites claros. Su preocupación se centra en el artículo 109, que establece facultades de bloqueo en plataformas digitales.

El coordinador del PRI, Manuel Añorve, fue más allá: “Esto no es soberanía. Es control político, total, autoritario, con fachada digital”. Aseguró que la ley se presenta disfrazada de salvación y comparó sus implicaciones con regímenes autoritarios. La censura, señaló, no entra gritando, entra disfrazada de protección.

Movimiento Ciudadano también rechazó la iniciativa. Alejandro Barrales cuestionó la rapidez con la que se aprobó el dictamen, que regula todo el espacio radioeléctrico y las redes sociales. Alertó que se pretende otorgar atribuciones a la Agencia de Transformación Digital para que esta determine qué contenidos pueden ser bloqueados, lo que calificó como “un claro asalto a la libertad de expresión”.

Aunque la narrativa oficial subraya que esta ley busca proteger a la población del contenido político extranjero, las críticas sobre su trasfondo no se detienen. Señalamientos por concentración de poder, censura encubierta y control total de la narrativa digital circulan con fuerza entre la oposición.

El Senado se prepara para una votación definitiva que podría redefinir el futuro de las telecomunicaciones en el país. El reloj legislativo corre, y la atención nacional ya está puesta sobre el próximo paso de esta polémica reforma.

El ambiente político en México se encendió tras la reciente difusión de mensajes considerados discriminatorios hacia la comunidad migrante, contratados por el gobierno de Estados Unidos para su transmisión en medios mexicanos. Las reacciones no se hicieron esperar, y desde el Congreso surgió un pronunciamiento claro y contundente.

Las bancadas de Morena, el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC) expresaron su rechazo absoluto a la intervención extranjera en territorio nacional mediante propaganda. En un comunicado conjunto, calificaron la acción como “inaceptable” y señalaron que constituye tanto una injerencia política como una falta de respeto hacia la población migrante y hacia México como país soberano.

“Es inaceptable que el gobierno de Estados Unidos contrate propaganda en nuestro territorio para discriminar a los connacionales”, sentenció Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, al encabezar el pronunciamiento.

La controversia se intensificó luego de que un mensaje emitido por la secretaria de Seguridad de Estados Unidos fuera difundido en medios nacionales. En el contenido, se hizo referencia a personas migrantes como “criminales”, lo que desató una ola de indignación entre los legisladores y diversos sectores sociales.

“Rechazo esta injerencia y esta discriminación a nuestros paisanos”, puntualizó Gutiérrez Luna. El llamado desde el Legislativo fue directo: evitar la difusión de cualquier contenido que fomente el odio o la estigmatización, especialmente cuando proviene de actores extranjeros.

El exhorto se dirigió específicamente a televisoras y plataformas digitales mexicanas, instándolas a no servir como canal para transmitir mensajes que atenten contra los derechos y la dignidad de las personas migrantes. “Quienes tenemos conciencia social y entendemos las dificultades que día a día viven las personas migrantes, nos manifestamos profundamente indignados”, señalaron los legisladores.

En contraste, las bancadas del PAN y PRI optaron por deslindarse del manifiesto. Sin embargo, Rubén Moreira, coordinador del PRI, también ofreció una postura crítica. Subrayó que la diplomacia mexicana ha sido insuficiente para responder a este tipo de provocaciones y lamentó que la reacción del gobierno federal se centrara en atacar a los medios nacionales en lugar de emitir una nota de protesta formal hacia el gobierno estadounidense.

“Otro gobierno viene acá y hace lo que quiere”, dijo Moreira al cuestionar la aparente pasividad de la Cancillería. Las tensiones políticas continúan escalando mientras se exige una respuesta más firme y clara desde el Ejecutivo mexicano. La controversia no solo revela un conflicto diplomático en potencia, sino que también enciende el debate sobre los límites de la soberanía mediática en tiempos de migración y campañas transfronterizas.

En una jornada intensa en el Senado de la República, la bancada de Morena y sus aliados no consiguieron la mayoría calificada necesaria para aprobar el nombramiento de 56 magistrados electorales estatales. El intento se frenó en seco, pese al respaldo de sus aliados del PVEM y el PT. La votación final arrojó 72 votos a favor, 38 en contra y dos abstenciones, sin alcanzar las dos terceras partes requeridas.

“Sí se pudo, sí se pudo”, fue el coro que resonó en el pleno, encabezado por senadores de oposición, tras conocerse el resultado. El conteo también dejó entrever divisiones dentro del oficialismo: seis votos en contra y dos abstenciones provinieron de su propia bancada, aunque los nombres de los disidentes permanecen en el anonimato debido al método de votación por cédula.

La secretaria de la Mesa Directiva, Verónica Camino, confirmó que la mayoría calificada no se alcanzó. En respuesta, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que este miércoles 9 de abril se volverá a discutir la lista de candidatos a magistrados. El listado podría mantenerse, aunque con al menos una modificación, antes de su nueva presentación ante el pleno.

El proceso de selección fue duramente criticado por la oposición, especialmente por el PAN. Señalamientos apuntaron directamente al coordinador morenista Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por incluir en la lista a personas que, según denunciaron, no cumplían con los requisitos de experiencia profesional ni presentaron la documentación correspondiente.

El senador panista Mario Vázquez fue más allá, al denunciar afinidad política entre algunos aspirantes y Morena. Durante su intervención, expuso un audio de una conversación entre el exgobernador Javier Corral y Adela Alicia Jiménez Carrasco, una de las candidatas a magistrada. En el fragmento, ambos parecen coordinar una resolución judicial.

Javier Corral respondió tajante, calificando a Vázquez como un “instrumento de consigna” y “mandadero” de la gobernadora María Eugenia Campos. Aunque no negó la autenticidad del audio ni su relación con Jiménez Carrasco, aclaró que no intervino en su inclusión en la lista.

Desde antes de la sesión, el líder panista Ricardo Anaya ya había lanzado fuertes críticas al proceso, tachándolo de “cochinero”. Su declaración encendió aún más el ambiente político, al advertir que Morena busca dominar los tribunales electorales y con ello debilitar la democracia del país.

Por su parte, Movimiento Ciudadano también se sumó a los cuestionamientos. El senador Clemente Castañeda reveló que la lista fue presentada por Morena sin consulta ni apertura para evaluaciones externas, acusando una imposición que recordó prácticas del viejo régimen.

El debate sigue, la tensión aumenta y el reloj corre. La discusión se reactiva en las próximas horas, en un escenario político que no da tregua.

El Senado de la República aprobó la “Ley de Transparencia para el Pueblo”, con el respaldo mayoritario de Morena, PT y PVEM. La iniciativa establece nuevas reglas de acceso a la información pública y protección de datos personales, eliminando al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y transfiriendo sus funciones a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Con 71 votos a favor y 20 en contra, los legisladores de Morena lograron la aprobación del dictamen en lo general. Sin embargo, los senadores del PAN y Movimiento Ciudadano votaron en contra, mientras que la mayoría del PRI no asistió a la sesión por estar en los festejos del 96 aniversario de su partido. En lo particular, la votación cerró con 67 votos a favor.

El dictamen contempla la creación del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, que sustituirá al actual Sistema Nacional de Transparencia. Además, se establece el nuevo órgano “Transparencia para el Pueblo”, que dependerá de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y se encargará del acceso a la información del Poder Ejecutivo. Otros organismos autónomos continuarán gestionando su propia información.

Para impugnar respuestas a solicitudes de información, se establece que los ciudadanos podrán recurrir al juicio de amparo, el cual será atendido por jueces y tribunales especializados designados por el Poder Judicial de la Federación.

Un punto de controversia es la exclusión de diversas entidades de seguridad de los comités de transparencia. La atribución de acceso a la información de organismos como el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Guardia Nacional quedará bajo la autoridad directa de sus titulares.

En el debate, el senador Daniel Barreda, presidente de la Comisión Anticorrupción, criticó que el dictamen no fuera remitido a su comisión para su estudio. Por su parte, el senador priista Rolando Zapata expresó su preocupación sobre la desaparición del INAI y la concentración de sus facultades en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, argumentando que esto genera un conflicto de interés, al ser el fiscalizador y el fiscalizado el mismo ente.

El dictamen ha sido turnado a la Cámara de Diputados, donde continuará su proceso legislativo para su eventual aprobación o modificación.