La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen en materia de igualdad sustantiva y perspectiva de género, con 333 votos a favor, 70 en contra —principalmente del PAN— y 22 abstenciones, casi todas del PRI. El documento plantea una reconfiguración legal de gran alcance con cambios en 17 leyes para fortalecer las bases institucionales y garantizar que la igualdad entre mujeres y hombres tenga carácter obligatorio.
Durante la presentación del dictamen, la diputada Anais Miriam Burgos Hernández, presidenta de la Comisión de Igualdad y Género, destacó que esta reforma “no solo modifica leyes, repara silencios, abre caminos y devuelve la esperanza a generaciones enteras que lucharon sin ser escuchadas”. Añadió que estos ajustes legales responden a una realidad persistente en el país: la desigualdad de género que, de acuerdo con la legisladora, no puede seguir siendo una promesa, sino convertirse en una realidad verificable en todos los ámbitos de la vida social y pública.
Burgos explicó que la iniciativa, presentada por la presidenta el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, marca un parteaguas en la defensa de los derechos de las mujeres en México. Señaló que la reforma a la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres transforma el principio de igualdad en una obligación explícita del Estado y establece medidas inéditas para su cumplimiento.
Entre los puntos destacados mencionó el fortalecimiento de las órdenes de protección, la diferenciación entre violencia vicaria y violencia familiar, la armonización de protocolos estatales y nacionales y la ampliación de facultades para la Secretaría de las Mujeres, que podrá emitir y supervisar la alerta de violencia de género. En materia de seguridad social, afirmó que el IMSS y el ISSSTE deberán eliminar prácticas discriminatorias, capacitar a su personal en perspectiva de género y generar estadísticas para identificar brechas que afectan a las mujeres.
La discusión también incluyó posturas críticas. La diputada del PAN, Ana María Balderas, advirtió que el dictamen “no es una reforma técnica”, sino una “recentralización de poder” que podría abrir espacios para usos políticos. Señaló que el diseño propuesto otorga a una sola dependencia federal la rectoría de la política de igualdad y concentra funciones clave como la definición de políticas nacionales, el monitoreo, la implementación de programas estratégicos y la operación de alertas de violencia de género.
Balderas planteó que esta estructura limita el margen de decisión de estados y municipios, lo que, a su juicio, vuelve vulnerable la política pública. Añadió que la reforma implica mandatos de gasto sin techo financiero claro y podría poner en riesgo principios como la presunción de inocencia y el debido proceso.
Por parte del PRI, la diputada Marcela Guerra resaltó que el dictamen mantiene avances para las mujeres e incorpora el principio de igualdad sustantiva como eje transversal para diseñar políticas públicas y asignar presupuestos. Explicó que el reto principal será garantizar que estas disposiciones se reflejen en acciones concretas.
En la misma línea, Anayeli Muñoz, de Movimiento Ciudadano, subrayó que el financiamiento sigue siendo una preocupación central, pues consideró necesario asegurar recursos suficientes para operar mecanismos como el Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección y fortalecer refugios para mujeres víctimas de violencia.
