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En una reciente conferencia de prensa, la comisionada Julieta del Río, parte del pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), criticó la iniciativa de reforma que busca eliminar los organismos autónomos, señalando que el Ejecutivo federal ha convertido al instituto en una pieza en el tablero electoral y en un objeto de intereses políticos.

A diferencia de lo afirmado por el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, quien declaró que el instituto “se mantiene al margen de coyunturas políticas”, Del Río sostuvo que es imposible desligarse de la situación actual, ya que el organismo ha sido arrastrado al ámbito político sin su consentimiento.

Del Río también expresó su preocupación sobre cómo esta situación puede convertirse en un caldo de cultivo para que varios actores políticos, de diferentes partidos, intenten influir en las decisiones del instituto. Sin embargo, destacó la importancia de mantener la madurez técnica y política para no caer en estas provocaciones.

En respuesta a la propuesta de reforma constitucional presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero, el pleno del INAI ofreció una rueda de prensa. Alcalá pidió que esta iniciativa sea procesada a través de un ejercicio de parlamento abierto, similar al realizado hace una década, cuando se creó el INAI como organismo autónomo.

Además, Alcalá advirtió sobre las posibles repercusiones internacionales de eliminar al INAI, haciendo referencia al artículo 19.8 del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que exige legislación similar para la protección de datos personales en transacciones electrónicas internacionales.

En cuanto a las acciones futuras, Alcalá afirmó que, en caso de que la propuesta sea aprobada, el instituto recurrirá a todas las instancias nacionales e internacionales para defender el derecho de acceso a la información y protección de datos personales.

Por otro lado, la comisionada Josefina Román llamó a no politizar el tema y mencionó una reunión reciente con el equipo de campaña de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, donde hubo disposición para discutir la utilidad del instituto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado una iniciativa que busca una profunda transformación en el Poder Judicial de la Federación. En este sentido, se propone la destitución de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los jueces y magistrados de circuito.

La reforma plantea un cambio significativo en la forma en que se eligen estos cargos. Según la propuesta, se llevarán a cabo elecciones directas el 8 de junio de 2025, para que los nuevos funcionarios asuman sus cargos en septiembre del próximo año, mientras que los actuales deberán dejar sus puestos.

En cuanto a la duración en el cargo de los ministros de la Suprema Corte, se establece un período variable entre ocho y 14 años, dependiendo del respaldo obtenido en la votación correspondiente. Además, se contempla la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, proponiendo en su lugar la creación de un Tribunal de Disciplina y otro órgano encargado de la administración de los recursos del Poder Judicial.

Para la selección de los candidatos a ministros de la Corte, la iniciativa sugiere que la Presidencia de la República, la Suprema Corte y el Congreso propongan a diez aspirantes cada uno, siendo estos sometidos posteriormente a votación popular.

Asimismo, la iniciativa busca blindar las leyes aprobadas mediante el establecimiento del principio de “presunción de legitimidad y constitucionalidad”, con el objetivo de evitar su anulación por parte de la Suprema Corte.

Otros aspectos destacados de la propuesta incluyen la reducción de la integración de la Corte de 11 a nueve ministros y la eliminación de las dos salas de resolución, centralizando todos los asuntos en el Pleno.

Por último, se plantea una limitación en las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial, estableciendo que aquellos en funciones al momento de la entrada en vigor de la reforma no podrán percibir una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Además, se elimina el derecho a una pensión vitalicia para los ministros, magistrados y jueces destituidos.

La conmemoración del Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, celebrada este lunes en Querétaro, tuvo una relevancia particular este año al contar con la ausencia tanto del presidente Andrés Manuel López Obrador como de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, Norma Piña.

El evento, que contó con la presencia de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y el ministro Alberto Pérez Dayán en representación del Poder Judicial, se convirtió en un espacio para reflexionar sobre la relación entre los poderes del Estado, especialmente en medio del anuncio del presidente de enviar reformas a la Constitución.

Pérez Dayán destacó la importancia de mantener la independencia y autonomía del Poder Judicial, subrayando el compromiso con la democracia y el cumplimiento de la ley. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de separar al Poder Judicial de la política para preservar su integridad y funcionalidad.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, adelantó que las reformas propuestas por el presidente López Obrador buscan fortalecer el pacto social y devolverle el sentido social a la Constitución. Alcalde lamentó el impacto del neoliberalismo en la Carta Magna y expresó la necesidad de recuperar el sentido de solidaridad y justicia social en el país.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, hizo un llamado a la unidad y la concordia, destacando la importancia de los contrapesos en un sistema democrático y la necesidad de respetar las instituciones autónomas.

En el evento también participaron las presidentas de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y del Senado, Marcela Guerra Castillo y Ana Lilia Rivera, respectivamente, quienes resaltaron la importancia de la Constitución como guía moral y herramienta para enfrentar los desafíos actuales del país.

La conmemoración no solo celebró un aniversario, sino también la continuidad de un legado y el compromiso con el desarrollo democrático y social de México.

En un firme pronunciamiento, el Partido Acción Nacional (PAN) aboga por la eliminación del fuero presidencial, proponiendo su aplicación de forma retroactiva y sin prescripción para delitos graves. Esta iniciativa surge como respuesta directa al anuncio reciente del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien planea presentar una propuesta similar, pero para el próximo periodo presidencial.

Marko Cortés Mendoza, líder nacional del PAN, manifestó la disposición del partido a respaldar la eliminación del fuero, siempre y cuando tenga un impacto inmediato y afecte al actual presidente. Cortés cuestionó la postura de López Obrador, señalando que sus anteriores anuncios solo resultaron en reformas que ampliaron el catálogo de delitos sin abordar el artículo del fuero presidencial.

El dirigente panista recordó la promesa del presidente en 2021 sobre la eliminación del fuero, calificándola como una simulación. Destacó la importancia de aprobar la iniciativa rápidamente, argumentando que los expresidentes deben rendir cuentas por acciones y omisiones durante sus respectivos mandatos.

Cortés señaló cifras alarmantes en materia de homicidios, la gestión de la pandemia de Covid-19, la falta de atención médica para enfermedades graves como el cáncer y el desabasto de medicamentos para adultos mayores. Por este motivo, instó al presidente a no evadir la responsabilidad y a establecer un precedente para garantizar la igualdad entre ciudadanos y funcionarios públicos.

“Que no le saque el presidente, que se quede sin fuero y ponga el ejemplo para que prevalezca una verdadera igualdad entre ciudadanos y funcionarios públicos. Que pague por la inseguridad y la violencia, por la corrupción, la impunidad y el desfalco que ha hecho a millones de mexicanas y mexicanos”, concluyó Cortés.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó el amparo a seis empresas y declaró la inconstitucionalidad de las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica vigentes desde marzo de 2021. Estos cambios, que favorecían a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas generadoras de energía, fueron señalados por generar distorsiones en el sector.

El fallo, que se aplicará de manera general a todos los participantes del mercado eléctrico nacional, destaca que las normas impugnadas afectan indiscriminadamente a todos los agentes involucrados. Las empresas que obtuvieron el amparo son Recursos Solares PV de México IV, S.A. de C.V., BNB Villa Ahumada Solar S. de R.L. de C.V., Engie Abril PV S. de R. L. de C.V., Eólica Tres Mesas 4 S. de R.L. de C.V., Tractabel Energía de Pánuco S.A. de C.V., y Tractabel Energía de Monterrey S. de R.L. de C.V.

Aunque el amparo se concedió solo a las empresas demandantes, la sentencia anticipa que el resto de los participantes del mercado también se verán beneficiados por un efecto colateral. El tribunal reconoció que las reformas impugnadas crean barreras que obstaculizan la competencia efectiva en el mercado de generación de energía.

La resolución destaca que la priorización en el despacho de energía perjudica directamente a las energías limpias, vulnerando el principio de desarrollo sustentable. La Segunda Sala desestimó los argumentos del Ejecutivo federal y las Cámaras del Congreso de la Unión, que buscaban justificar las reformas en la seguridad del despacho y el fortalecimiento de la CFE.

Expertos opinan que, aunque este fallo marca el cierre a nivel legal, la lucha podría continuar debido a los retrasos en la emisión de permisos a particulares por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Desde la suspensión de actividades por la pandemia en 2020, se ha acusado a la CRE de postergar los permisos para favorecer a empresas estatales, lo que podría resultar en más litigios mediante el amparo indirecto.

Cabe destacar que las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica fueron uno de los motivos por los cuales Estados Unidos y Canadá activaron el mecanismo de solución de controversias contra México bajo el T-MEC, argumentando que atentaban contra el principio de trato no discriminatorio al beneficiar a la CFE en el despacho eléctrico.

En un contundente mensaje, Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, instó al presidente Andrés Manuel López Obrador a modificar su estrategia de seguridad, argumentando que ha fallado en prevenir los asesinatos de políticos y aspirantes a candidatos.

A través de un video compartido en sus redes sociales, Zambrano expresó su profunda preocupación por el aumento de la violencia, especialmente en el contexto del proceso electoral. En el video, el líder partidista detalló que en el transcurso de este mes se han registrado siete homicidios políticos en el país.

“Andrés Manuel, te pregunto: ¿Cuántos asesinatos más debemos lamentar antes de que cambies tu ineficaz estrategia de colaborar con los criminales para obtener réditos electorales?”, cuestionó de manera directa.

Además, Zambrano hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) para que implemente de inmediato protocolos de seguridad destinados a proteger a los participantes en el proceso electoral. Enfatizó la necesidad de que el INE actúe con prontitud para garantizar elecciones libres y democráticas, sin sacrificar la paz y la tranquilidad.

“Al INE le pregunto: ¿Cuándo activarán los protocolos de seguridad necesarios para el proceso electoral? No podemos permitir que las campañas se conviertan en un escenario de violencia, llevándonos al 2 de junio con el país sumido en la tragedia de sangre inocente”, concluyó Zambrano.

En un esfuerzo por consolidar la Cuarta Transformación, el equipo de Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial de Morena en alianza con los partidos del Trabajo y Verde Ecologista, ha lanzado una convocatoria para un encuentro multitudinario con diversas organizaciones de la sociedad.

Gerardo Fernández Noroña, coordinador de Enlace con Organizaciones Sociales y Civiles de Sheinbaum Pardo, anunció que este evento se llevará a cabo el próximo 25 de febrero a las 10 de la mañana, con la ubicación aún por determinar.

En una entrevista, Fernández Noroña, también diputado federal por el PT, resaltó que se está invitando a sindicatos, campesinos, empresarios, jóvenes, mujeres, integrantes de la diversidad, estudiantes y profesionistas, entre otros, para participar en el Primer Encuentro Nacional con Organizaciones Sociales y Civiles.

“Nuestra intención es invitar a todas las organizaciones que deseen contribuir a la consolidación de la Cuarta Transformación, e incluso estamos abiertos a quienes quieran expresar posiciones críticas”, afirmó.

Fernández Noroña considera crucial la formación de un movimiento popular organizado y democrático después de la salida del presidente Andrés Manuel López Obrador de la vida política. El objetivo es no solo respaldar al gobierno, sino también impulsar y profundizar la Cuarta Transformación.

El coordinador enfatizó la necesidad de romper con la cultura política priista y fomentar la participación ciudadana. Destacó que la intención de este encuentro, en el que no estará presente Claudia Sheinbaum para evitar posibles sanciones electorales, es escuchar a las diversas organizaciones durante una reunión preparatoria para la campaña.

“Queremos romper el esquema de que uno va, habla y ya. La idea es escuchar preocupaciones, propuestas y reflexiones en un formato de sorteo para las intervenciones, promoviendo un diálogo abierto y participativo”, explicó.

Respecto a las organizaciones que se espera que asistan, Fernández Noroña resaltó las buenas relaciones construidas con sindicatos importantes, como el del Seguro Social, el magisterial y petroleros, así como el respaldo de figuras como Napoleón Gómez Urrutia y Pedro Haces a la candidatura de Claudia Sheinbaum.

El ex presidente mexicano Ernesto Zedillo Ponce de León regresó a la vida pública después de dos décadas, acompañado por el ex presidente español José María Aznar. Ambos líderes políticos hicieron un llamado a la ciudadanía para “proteger la democracia”, en un evento privado organizado por el grupo financiero “Día Actinver” en la Hacienda de los Morales.

El retorno del ex mandatario, quien gobernó de 1994 a 2000, se llevó a cabo en medio de un estricto hermetismo. Zedillo llegó al evento escoltado por guardias privados y elementos de la Guardia Nacional. Durante su participación, destacó la importancia de que la población defienda y crea en la democracia, subrayando que es fundamental evitar caer en “cultos o fanatismos”.

Sin mencionar al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, Zedillo señaló las fallas políticas del pasado en varios países que, según él, abrieron espacio para el surgimiento del “populismo”. Alertó sobre los peligros de erosionar la democracia mediante la eliminación sistemática de pesos y contrapesos en el poder público, instando a la protección de la democracia como el principal desafío del país.

Estas declaraciones encontraron eco en José María Aznar, quien enfatizó que los mexicanos no deben ser meros “espectadores” de su progreso, sino “protagonistas”. Aznar abogó por comprender la situación y contribuir a su solución, rechazando la idea de depender solo de “buenos deseos” o optimismo.

Preguntado directamente sobre los cuestionamientos del presidente López Obrador, Zedillo evitó el tema, reiterando su preocupación por la “regresión democrática”. El martes, López Obrador había planteado preguntas críticas sobre la gestión de Zedillo, como la conversión de deudas privadas en deuda pública y la desaparición de los trenes de pasajeros.

El evento concluyó con la salida del ex presidente en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, evitando así las preguntas de los medios de comunicación y rompiendo una racha de más de 20 años sin presentarse en el país.