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El pasado 11 de diciembre, el Congreso de Oaxaca aprobó un decreto que marca un antes y un después en la política laboral del estado. La medida, impulsada por el gobernador Salomón Jara, dejó a mil 344 trabajadores sin empleo, con el argumento de que la administración anterior, encabezada por Alejandro Murat, incrementó de manera “desmedida” la plantilla estatal, poniendo en riesgo las finanzas públicas.

Según cifras oficiales, de 2013 a 2022, la nómina estatal pasó de 8,187 a 12,244 empleados, un aumento del 50%. Este crecimiento representa un gasto anual de más de 2 mil millones de pesos, situación que la administración actual considera insostenible. Aunque el decreto no menciona explícitamente a Murat, el periodo señalado coincide con su gestión como gobernador. Esta decisión se suma a acusaciones previas de malos manejos administrativos durante su paso por el Infonavit, aunque hasta ahora no se le ha señalado directamente.

La noticia cayó como un balde de agua fría para los afectados. Muchos trabajadores se enteraron de su despido al revisar el decreto, que incluía los números de empleado de quienes perderían su puesto. La falta de aviso previo y la incertidumbre sobre las indemnizaciones han generado descontento entre los exfuncionarios, quienes acusan al gobierno estatal de tomar decisiones apresuradas que afectan a cientos de familias.

El sindicato de trabajadores del estado ha manifestado su rechazo a la medida, señalando que los empleados no son responsables de las irregularidades en la contratación de plazas. Representantes sindicales llevaron sus reclamos al Congreso local, argumentando que la estabilidad laboral no debe sacrificarse en nombre de la austeridad y exigiendo investigaciones para determinar responsabilidades reales.

En paralelo, los extrabajadores han comenzado a organizar protestas en diversos puntos de Oaxaca. Las movilizaciones buscan no solo expresar su inconformidad, sino también exigir respuestas claras y acciones concretas que garanticen sus derechos laborales.

Esta medida refleja una tensión constante entre la necesidad de ajustar las finanzas públicas y el impacto social de decisiones como los despidos masivos. Mientras el gobierno de Jara defiende la austeridad como un paso necesario para sanear las cuentas estatales, las voces de los despedidos y sus familias cuentan otra historia, una que habla de incertidumbre, inconformidad y la lucha por recuperar lo perdido. El desenlace de este conflicto podría marcar el rumbo de la política laboral en Oaxaca en los próximos años.

Un cambio radical en el panorama institucional de México ha ocurrido. Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum promulgó el decreto que extingue siete órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). El anuncio, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), ha desatado reacciones que van desde el apoyo hasta la incertidumbre.

La reforma busca centralizar funciones y optimizar los recursos públicos, según el decreto. Sin embargo, organismos como el INAI han advertido sobre los riesgos que esta decisión implica para los derechos ciudadanos. En un comunicado, el INAI llamó a la sociedad a exigir la defensa de la transparencia y la protección de datos personales, derechos fundamentales que, aunque garantizados por la Constitución, podrían enfrentarse a nuevos desafíos sin la vigilancia de instituciones especializadas.

“El INAI dejará de existir como institución autónoma, técnica y especializada, pero el derecho a saber y el uso legítimo de nuestros datos personales siguen siendo garantías esenciales. Solo con la participación activa de la ciudadanía podrán ejercerse plenamente”, señaló el organismo.

Entre los órganos eliminados también se encuentran el Coneval, responsable de evaluar las políticas sociales, y las comisiones nacionales de Hidrocarburos y Energía, claves para la regulación del sector energético. Sus funciones serán absorbidas por dependencias del gobierno federal en un modelo que promete ser más eficiente pero que ha despertado dudas sobre la concentración de poder.

Este movimiento marca un giro hacia la centralización administrativa, levantando debates sobre su impacto en la democracia y la rendición de cuentas. El INAI recordó que la transparencia es un pilar para mejorar la calidad de vida y no debe ser negociable.

México entra en una nueva etapa donde los derechos ciudadanos estarán bajo una lupa distinta, y la pregunta sobre quién garantizará su cumplimiento se vuelve más relevante que nunca.