Categoría: Estado de México

A una década de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las heridas siguen abiertas y las preguntas sin responder. La reciente captura de Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, líder del cártel Guerreros Unidos, reaviva la esperanza de obtener respuestas, pero también despierta temores sobre posibles manipulaciones.

Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los estudiantes, expresó su preocupación de que “El Gil” pueda ser presionado para exonerar al Ejército y a otras autoridades de seguridad que habrían participado en la desaparición. En sus palabras, “Él ya rindió una declaración en sede ministerial la cual fue ratificada con juez. Esperamos que esta vez avance en esa dirección y que no vaya a haber una retractación… que no sea que lo coaccionen para efectos de que él modifique su declaración”.

Rosales recordó que las primeras declaraciones de “El Gil”, cuando fue detenido en 2015, ya señalaban la complicidad entre Guerreros Unidos y diversas corporaciones policiacas y militares. Estas declaraciones fueron respaldadas por conversaciones interceptadas por la DEA y proporcionadas a la SEIDO, en las que se confirma la colaboración entre el grupo criminal y las fuerzas de seguridad mexicanas.

Además, “El Gil” habría sido el responsable de ordenar la entrega de al menos 17 de los 43 estudiantes. Según Rosales, “El Ejército mexicano interceptó una llamada de él con un jefe policiaco en la que hablan de 17 estudiantes que fueron trasladados… esta persona es sumamente relevante en la investigación y ojalá pueda coadyuvar al avance de las indagatorias”.

En medio de esta tensa situación, las familias de los desaparecidos y los activistas no se quedan de brazos cruzados. Durante septiembre, mes en que se conmemora el décimo aniversario de la tragedia, se realizarán manifestaciones para exigir justicia y evitar que se silencie la verdad. Los ojos de México y del mundo están puestos en “El Gil”. Su cooperación o su silencio podría cambiar el rumbo de una de las investigaciones más oscuras en la historia reciente del país. ¿Será un agente de la verdad o un peón manipulado? El tiempo lo dirá, pero la presión pública será clave para asegurar que se haga justicia.

Seis policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Taxco están en el ojo del huracán tras ser vinculados a proceso por la desaparición forzada de una mujer en el municipio. Luis “N”, David “N”, Carlos “N”, Cristofer “N”, Alexis “N” y Ángel “N” fueron arrestados bajo la sospecha de haber participado en este grave delito, y ahora enfrentarán las consecuencias de sus actos mientras continúan las investigaciones.

“Es un golpe duro a la confianza en las instituciones”, afirmó una fuente cercana al caso que prefirió mantenerse en el anonimato. Y es que este tipo de noticias estremecen, sobre todo cuando quienes deberían proteger a la ciudadanía son los principales sospechosos.

La fiscalía de Guerrero, con apoyo del Ejército, Policía Estatal y Guardia Nacional, realizó un cateo en las instalaciones de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil de Taxco el pasado 29 de agosto. Durante el operativo, no solo se detuvo a los seis policías implicados, sino que se arrestaron a 10 personas en total, entre ellos otros tres policías municipales señalados por el delito de secuestro agravado. “Nadie está por encima de la ley”, destacó la fiscalía en su comunicado.

Eusebio “N”, otro policía municipal, fue detenido por separado en la localidad de Cacalotenango, elevando aún más la gravedad de la situación. Este hecho refuerza las dudas sobre el manejo interno de la seguridad en Taxco y pone en evidencia las fallas en la supervisión de las fuerzas del orden.

Mientras el proceso sigue su curso, los seis policías permanecerán recluidos en el Centro de Reinserción Social de Iguala. La comunidad está a la espera de respuestas claras y justicia para la víctima y su familia. “No podemos permitir que quienes juraron protegernos se conviertan en los responsables de nuestros miedos”, señaló un activista local.

Este caso es un recordatorio de que nadie está exento de rendir cuentas, y que la justicia debe prevalecer, incluso cuando los acusados visten uniforme. Ahora, la atención está puesta en las autoridades judiciales y en su capacidad para esclarecer los hechos y castigar a los culpables. ¿Será este un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad en las fuerzas policiales? Solo el tiempo y la justicia lo dirán. 

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, dejó claro que el Congreso no descansará en septiembre. Tras su reunión semanal en la casa de transición de Claudia Sheinbaum, presidenta electa, Monreal anunció las próximas reformas que están por aprobarse: la relativa a la Guardia Nacional y la referente a los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

“Siempre vengo, cada ocho días, para revisar la agenda legislativa, los intereses prioritarios de la presidenta electa y para conversar sobre las últimas sesiones del Congreso”, comentó Monreal al salir de la reunión. Su visita es parte de un esfuerzo coordinado con Sheinbaum, quien asumirá el cargo en unos meses.

Monreal confía en que las iniciativas promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador estarán aprobadas antes de que termine septiembre. “La semana que entra vamos a deliberar, a discutir y, en su caso, aprobar la reforma en materia de comunidades indígenas y afromexicanas, y luego la de la Guardia Nacional la tercera semana”, adelantó.

Estas reformas, consideradas prioritarias por el partido en el poder, reflejan el compromiso de la administración actual con temas de seguridad y derechos humanos. La reforma de la Guardia Nacional, en particular, ha sido un tema polémico, con debates en torno a su control y operación.

Mientras Monreal y su equipo preparan el terreno en el Congreso, Sheinbaum también se pronunció sobre un tema delicado: la reciente consulta lanzada por la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, para explorar si existe alguna vía legal para detener la reforma judicial.

Sheinbaum criticó la medida, insinuando que la SCJN podría estar actuando en contra de la voluntad popular. “¿Pero cómo unas cuantas personas van a poder echar para atrás la voluntad del pueblo de México? La votación del 2 de junio, eso no es legal”, declaró al llegar a su casa de transición.

Con estas declaraciones, el ambiente político en México se vuelve aún más tenso. Las próximas semanas serán clave para determinar el rumbo de estas reformas. Lo que es claro es que tanto Monreal como Sheinbaum están decididos a avanzar con su agenda, asegurando que los cambios propuestos se concreten antes de que termine el mes.

El peso mexicano sufrió una depreciación notable este miércoles tras la aprobación en lo general de la polémica reforma al Poder Judicial, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con una pérdida del 0.26% frente al precio de referencia de Reuters del martes, el peso se cotizaba en 19.8352 por dólar, reflejando la creciente incertidumbre que esta iniciativa ha generado entre inversionistas y analistas.

La reforma, que fue avalada por la Cámara de Diputados en las primeras horas del día, busca reestructurar profundamente el sistema de justicia en México, introduciendo, entre otras medidas, la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Este aspecto en particular ha sido objeto de fuertes críticas por parte de sectores políticos y económicos que ven en la propuesta un riesgo para la independencia judicial, un pilar fundamental en cualquier democracia.

La reacción del mercado no se hizo esperar. Los inversionistas temen que la reforma debilite uno de los principales contrapesos del poder presidencial en México, lo que podría tener repercusiones negativas para el clima de negocios en el país. “La independencia del Poder Judicial es esencial para mantener un entorno de negocios estable y predecible. La posibilidad de que los jueces sean elegidos por voto popular introduce un elemento de incertidumbre que preocupa a los mercados”, señaló un analista financiero consultado sobre el impacto de esta reforma.

Este escenario de incertidumbre ha golpeado al peso, que venía mostrando un comportamiento relativamente estable en las últimas semanas. La caída de 0.26% frente al dólar refleja no solo una respuesta inmediata al avance de la reforma en la Cámara de Diputados, sino también una anticipación a posibles dificultades económicas a futuro si la reforma es aprobada en su totalidad.

A pesar de la aprobación en lo general, la reforma aún está sujeta a discusión en la Cámara de Diputados, donde se revisan una serie de artículos reservados. Se espera que una vez concluido este proceso, la iniciativa sea enviada al Senado, donde probablemente se votará en las primeras semanas de septiembre.

En medio de un clima de tensión y controversia, la discusión de la reforma judicial en México ha dado un giro inesperado tras la hospitalización de la diputada y exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero. La legisladora fue ingresada en un hospital luego de sentirse mal durante las reuniones en la Cámara de Diputados, justo cuando se esperaba el inicio del debate de una reforma crucial para el Poder Judicial.

“Hoy muy temprano acudí a consulta con mi cardiólogo, quien decidió hospitalizarme, en virtud de la cirugía de corazón abierto que tuve hace tiempo”, comunicó Sánchez Cordero a través de sus redes sociales. La exministra lamentó no poder participar en la sesión que discutirá una de las reformas más polémicas en los últimos años, y expresó su esperanza de que los legisladores logren encontrar “las vías de diálogo y consenso” en un tema que ha polarizado al país.

La jornada inició de manera convulsa con trabajadores del Poder Judicial y estudiantes de Derecho bloqueando los accesos al Congreso de la Unión en protesta contra la reforma. La movilización, que comenzó en la madrugada del martes, obligó a los diputados a trasladar la sesión a una sede alterna en la Unidad Deportiva Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco. Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), advirtió que la protesta “seguirá por el tiempo que sea necesario”, enfatizando la fuerte oposición a los cambios propuestos en la estructura judicial.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, fue enfático al justificar la decisión de trasladar la sesión, subrayando que la medida busca evitar cualquier tipo de confrontación o provocación con los manifestantes. “Deseo que todos los grupos parlamentarios acudan para hacer un gran debate, un debate de altura, las horas que sean necesarias”, declaró Monreal, quien reiteró la importancia de discutir a fondo la reforma judicial, considerada una de las más trascendentales para el país.

Mientras tanto, la oposición se mantiene firme en su postura crítica. Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) adelantaron que podrían no asistir a la sede alterna, alegando que no validarán una votación que, aseguran, se desarrollará en condiciones irregulares y bajo la mayoría calificada de Morena y sus aliados. “Hay una alta probabilidad de que no acudamos. No podemos ser parte de un proceso que carece de legitimidad”, expresó uno de los diputados del PAN, evidenciando la fractura política que ha generado la reforma.

La ausencia de Sánchez Cordero, figura clave en la discusión, añade un elemento más de incertidumbre. Su experiencia y conocimiento profundo del sistema judicial mexicano la posicionaban como una voz relevante en el debate. Sin embargo, su hospitalización ha dejado un vacío que complica aún más el panorama legislativo.

El inicio del debate está programado para las 4:00 de la tarde, y se espera que la reforma judicial sea discutida en una sesión que podría prolongarse hasta altas horas de la noche. Las reformas propuestas incluyen cambios significativos en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial, temas que han encendido el ánimo de jueces, magistrados y empleados del sector, quienes temen que las modificaciones vulneren la autonomía y la independencia judicial.

Por su parte, Sánchez Cordero, desde su hospitalización, ha reiterado su deseo de que el diálogo prevalezca. “Hago votos porque se encuentren las vías para un consenso real y justo”, expresó, reflejando la esperanza de muchos de que la reforma no solo se apruebe por mayoría, sino que también contemple las voces de todos los sectores involucrados.

En un sorpresivo operativo realizado durante la madrugada del 31 de agosto, la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales (UMOE) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desmanteló un inmueble relacionado con el tráfico de drogas en la alcaldía Miguel Hidalgo. Lo que comenzó como un cateo en la Cuarta Cerrada de Lago Erne, en la colonia Pensil Sur, reveló un inquietante escenario que dejó a las autoridades y a la comunidad impactadas: un altar a la Santa Muerte, un mural de La Niña Blanca en la fachada, y una pecera con pirañas decorada con cráneos.

El inmueble, ubicado en el departamento 101 de la Torre H de una unidad habitacional, era operado como punto de venta y almacenamiento de drogas por un presunto narcomenudista identificado como Edwin “N”, según información proporcionada por el periodista Carlos Jiménez del programa C4 en Alerta. “Edwin utilizaba su departamento como un centro de operaciones, donde la droga y la santería se fusionaban en un peligroso culto a la Santa Muerte”, comentó Jiménez, quien ha seguido de cerca este caso.

El operativo, que incluyó el despliegue de efectivos de la UMOE, resultó en la detención de Edwin “N” y la confiscación de diversas dosis de marihuana, cocaína y metanfetaminas, así como de armas de fuego y municiones. Sin embargo, lo que más captó la atención de las autoridades fue la presencia de un altar a la Santa Muerte ubicado sobre una pecera que albergaba pirañas vivas. Este altar, que dominaba la entrada del departamento, estaba rodeado de ofrendas y adornos macabros, lo que sugería un ambiente de devoción extrema.

En la fachada del inmueble, un mural pintado en 2020 muestra a la Santa Muerte sentada en un trono, con la palabra “victoria” inscrita a su lado, lo que ha llevado a las autoridades a investigar posibles mensajes cifrados de control territorial o intimidación hacia otros grupos delictivos. “El mensaje de ‘victoria’ no solo refleja un acto de fe, sino también un desafío al orden y la ley”, opinó un agente de la UMOE que participó en el operativo.

El video del cateo, transmitido en el programa C4 en Alerta, reveló detalles inquietantes del lugar: triciclos, motocicletas sin placas, un carrito con botes de tamales y, en el centro de todo, el altar de la Santa Muerte. Las imágenes causaron un fuerte impacto entre los televidentes y las redes sociales no tardaron en inundarse de comentarios sobre el inusual y peligroso culto.

Edwin “N” fue detenido sin oponer resistencia y trasladado a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México. Según los registros, ya había estado en prisión en 2009 por delitos contra la salud, lo que plantea serios cuestionamientos sobre la reincidencia y el manejo de estos casos en la capital. “La detención de Edwin no solo desmantela un punto de venta de drogas, sino que también expone un preocupante fenómeno de santería y violencia en el narcotráfico capitalino”, declaró un portavoz de la SSC.

El futuro legal de Edwin “N” aún está en manos de las autoridades, quienes en las próximas horas determinarán su situación jurídica. Mientras tanto, el departamento y todos los elementos encontrados en su interior permanecen bajo resguardo de la policía, convirtiéndose en un testimonio vivo de la mezcla entre el crimen organizado y las prácticas de culto que marcan la vida clandestina en algunas zonas de la Ciudad de México.

En un gesto que provocó aplausos, críticas y miradas de sorpresa, el presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó su último informe de gobierno como plataforma para defender su controvertida reforma al Poder Judicial. Desde la plancha del Zócalo capitalino, y ante una multitud ferviente, el mandatario realizó una consulta a mano alzada, preguntando a los asistentes si estaban de acuerdo con su propuesta de que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular. La respuesta fue abrumadora: un sí casi unánime resonó entre la multitud.

Durante su discurso, López Obrador destacó los logros de su gobierno, haciendo especial énfasis en su lucha contra la corrupción, uno de los ejes centrales de su administración. En este contexto, defendió la reforma judicial como una medida necesaria para erradicar prácticas corruptas dentro del sistema de justicia del país. “No hemos querido transar para que nos aprueben todo; esta reforma es un paso necesario para fortalecer la democracia y garantizar que el poder judicial realmente responda a los intereses del pueblo”, declaró el presidente.

La iniciativa de reforma judicial, presentada ante el Congreso el pasado 5 de febrero, ha generado una intensa polémica, tanto a nivel nacional como internacional. Embajadas de países como Estados Unidos y Canadá, así como algunos legisladores estadounidenses, han expresado su preocupación, advirtiendo que la medida podría poner en riesgo el Tratado de Libre Comercio entre los tres países. Sin embargo, López Obrador rechazó estas críticas, asegurando que su reforma respeta la división de poderes y no representa un intento de concentración del poder.

“No nos hubiese costado nada seguir con la tradición de siglos de que se sumaran como apéndices los otros dos poderes. Porque durante mucho tiempo de política autoritaria, ‘el poder de los poderes’ era el Ejecutivo”, dijo el mandatario, en un intento por destacar que su propuesta es un esfuerzo por democratizar el sistema judicial.

La consulta a mano alzada se llevó a cabo de manera improvisada durante el informe. Con tono retador y un guiño irónico hacia sus detractores, el presidente preguntó: “A ver, que levanten la mano los que piensan que es mejor que a los ministros los elija y a los jueces el presidente y los senadores. Pues no veo a nadie. Que levanten la mano los que consideren que es mejor que los elija el pueblo”. Ante la respuesta multitudinaria de “¡El pueblo, el pueblo, el pueblo!”, López Obrador sonrió, subrayando que su gobierno escucha y actúa conforme al sentir del pueblo mexicano.

El presidente no dejó pasar la oportunidad de enviar un mensaje directo a sus críticos internacionales, señalando que la democracia estadounidense también comenzó con la elección de jueces. “Lo digo con todo respeto a nuestros amigos y vecinos de Estados Unidos: esta es la voluntad del pueblo y es importante que se entienda que México está en su derecho de elegir su camino”, afirmó, en un claro gesto de desafío.

López Obrador también aseguró que durante su administración se ha respetado la autonomía de los poderes de la unión “hasta el extremo” y que no ha habido transacciones bajo la mesa para aprobar sus propuestas. “Aquí no se negocian principios, y la reforma judicial es uno de esos principios que busca garantizar una justicia real para todos”, puntualizó.

La consulta improvisada y la firme defensa de la reforma judicial por parte del presidente López Obrador han encendido el debate sobre el futuro del sistema de justicia en México. Para muchos, el acto en el Zócalo representó un claro mensaje de que la reforma tiene un amplio respaldo popular, mientras que para otros, fue una señal preocupante de que el presidente busca ejercer una mayor influencia sobre el Poder Judicial.