Diputados aprueban reforma a la Ley Aduanera entre acusaciones por “huachicol fiscal” y reclamos

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley Aduanera, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en una sesión marcada por acusaciones de corrupción, protestas opositoras y un intenso debate político. Con 338 votos a favor, 129 en contra y sin abstenciones, el pleno dio luz verde al dictamen que busca modernizar el sistema aduanero del país y reforzar la vigilancia sobre las operaciones fiscales y comerciales.

De acuerdo con el gobierno federal, la iniciativa contempla modificar 65 artículos, adicionar 44 y derogar nueve de la actual legislación. El objetivo central, explicó la bancada oficialista, es combatir la corrupción, cerrar espacios a la evasión fiscal y lograr una operación más eficiente y transparente en las aduanas mexicanas, consideradas puntos críticos en el flujo de mercancías nacionales e internacionales.

Durante la discusión, la oposición acusó al bloque oficialista de intentar encubrir irregularidades dentro del sector. La diputada Verónica Martínez García, del PRI, afirmó que Morena pretende “lavarse las manos” en el tema del llamado “huachicol fiscal” y advirtió que la reforma podría afectar a la industria farmacéutica, uno de los sectores más regulados del país.

En la misma línea, el legislador José Elías Lixa, del PAN, aseguró que el dictamen favorece a empresas vinculadas con Pemex y que el fenómeno del huachicol fiscal surgió durante el actual gobierno de Morena.

Los reclamos alcanzaron un punto álgido cuando el diputado panista Federico Döring subió al pleno con un bidón de gasolina para ejemplificar lo que llamó “el saqueo fiscal desde la Marina”. Sus compañeros de bancada desplegaron carteles denunciando que el huachicol fiscal tiene un costo anual de 600 mil millones de pesos, en medio de abucheos y consignas.

Por su parte, los legisladores de Morena defendieron la iniciativa presidencial y destacaron su intención de limpiar las aduanas de prácticas desleales y corruptas. El diputado José Narro Céspedes sostuvo que la reforma “busca modernizar y eliminar las malas prácticas en las agencias aduanales”, además de fortalecer la rendición de cuentas de los agentes que operan en los puntos fronterizos y portuarios.

El dictamen también incluye nuevos requisitos para ingresar como agente aduanal, entre ellos no ser servidor público y presentar un informe patrimonial, con el fin de garantizar la transparencia y evitar conflictos de interés. Asimismo, establece que los agentes aduanales deberán verificar que los importadores y exportadores cumplan con las regulaciones y normativas vigentes.

Otro punto relevante es la vigencia prorrogable de las patentes y autorizaciones de las agencias aduanales, lo que busca dar mayor certidumbre al sector sin perder control gubernamental.

La aprobación en lo general marca un paso clave para la agenda económica del Ejecutivo, mientras que la discusión en lo particular continuará en los próximos días para revisar reservas y ajustes propuestos por las distintas bancadas.

Hacienda presenta 102 denuncias por “huachicol fiscal” por 16 mil millones ante la FGR

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que ha presentado 102 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) relacionadas con contrabando de combustibles que involucran un monto cercano a 16 mil millones de pesos. El titular de la dependencia, Edgar Amador, detalló que estas acciones forman parte de un esfuerzo coordinado con la Procuraduría Fiscal de la Federación, las áreas de inteligencia y las aduanas para combatir el contrabando y la evasión fiscal.

Durante su comparecencia ante el pleno del Senado, como parte de la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, legisladores de oposición cuestionaron al secretario de Hacienda sobre las medidas implementadas para frenar el llamado “huachicol fiscal” que, de acuerdo con la Fiscalía, involucra a empresarios, políticos e integrantes de la Marina.

La senadora del PRI Carolina Viggiano señaló que el impacto anual del huachicol en recaudación asciende a 170 mil millones de pesos y para Petróleos Mexicanos (Pemex) a 517 mil millones. Por su parte, el senador Rolando Zapata solicitó información sobre la estimación del impacto recaudatorio no ingresado por este ilícito en administraciones anteriores y en la actual.

Edgar Amador respondió que, entre abril de 2023 y la fecha, la Procuraduría Fiscal ha presentado 102 querellas ante la FGR contra personas físicas y morales vinculadas con hidrocarburos de origen ilícito. 

Explicó que estas denuncias representan parte de los 200 mil millones de pesos adicionales que la dependencia ha recaudado en aduanas gracias a la coordinación interinstitucional. “Eso muestra el enorme esfuerzo que están haciendo todas las áreas del gobierno por combatir al contrabando, por combatir la elusión fiscal”, afirmó el funcionario.

El titular de Hacienda precisó que para su dependencia no se trata de “huachicol fiscal”, sino de contrabando de hidrocarburos. “No lo llamamos ‘huachicol fiscal’ porque para nosotros es contrabando de hidrocarburos, mercancías”, subrayó. 

Añadió que, en comparación con administraciones pasadas, las aduanas han incrementado de forma considerable la recaudación. Recordó que entre 2000 y 2006 todos los ingresos aduaneros sumaron 148 mil 482 millones de pesos, mientras que para este año se espera recaudar diez veces más.

“Estamos haciendo algo bien en aduanas, estamos recaudando más, estamos luchando contra el contrabando, vamos disminuyendo fugas, aumentando eficiencias. Estamos recaudando cinco veces más que en las administraciones anteriores”, sostuvo Amador ante los senadores, destacando los resultados obtenidos por la estrategia conjunta entre Hacienda, la Procuraduría Fiscal y las áreas de seguridad.

Sheinbaum anuncia reanudación de pagos a proveedores de Pemex con notas estructuradas

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este lunes 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reanudará los pagos a proveedores de Petróleos Mexicanos (Pemex), mediante un esquema financiero basado en Notas Estructuradas Pre Capitalizadas (P-Caps).

El mecanismo contempla una emisión de 12 mil millones de dólares con vencimiento al 2030, a través de la cual se cubrirá el saldo pendiente con empresas proveedoras de la petrolera estatal. “Pemex tiene un gran problema y es la deuda del periodo neoliberal y particularmente de (Felipe) Calderón y (Enrique) Peña Nieto”,declaró la mandataria.

De acuerdo con la información presentada, la deuda de Pemex pasó de 46 mil millones de dólares a 105 mil millones de dólares en los últimos sexenios, un incremento de 60 mil millones mientras la producción de combustible se reducía de manera sostenida.

Sheinbaum aseguró que la deuda deberá ser cubierta en su totalidad y que las amortizaciones previstas ascienden a 300 mil millones de pesos. En este contexto, precisó que la SHCP asume parte de los vencimientos, aprovechando menores tasas y una mayor capacidad de colocación en los mercados internacionales.

“Le ayuda a Pemex y aunque hay una parte que es del gobierno federal, pues finalmente como estado mexicano es una muy buena transacción (…) lo que ahora se hizo es considerar todos esos vencimientos, los refinanciamientos que se pueden hacer de toda esa deuda y además salir adelante con la empresa”, explicó la presidenta.

El anuncio ocurre después de que, en junio, proveedores de Pemex amagaran con suspender actividades debido a la falta de pagos. El 19 de ese mes, Sheinbaum aseguró que ya se habían cubierto 147 mil millones de pesos en adeudos, lo que evitó un paro en la operación de la compañía.

Posteriormente, el 30 de julio, el gobierno de México concretó la colocación internacional de las Notas Estructuradas Pre Capitalizadas, con una emisión de 12 mil millones de dólares a siete años. La operación generó una demanda de 23 mil 400 millones de dólares por parte de 295 inversionistas institucionales de diversas regiones del mundo, lo que permitió reforzar el plan de pagos de la empresa productiva del Estado.

Con esta nueva ronda de pagos, el gobierno busca aliviar la presión financiera de Pemex y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los proveedores, al tiempo que se atienden los vencimientos de deuda que mantienen a la petrolera en una de sus etapas más complejas.

Refinería Olmeca de Dos Bocas se detiene por corte eléctrico; no hay pronunciamiento

La refinería Olmeca de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicada en el puerto de Dos Bocas, Tabasco, suspendió sus operaciones desde el lunes debido a un corte de energía en sus instalaciones. De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, la planta industrial buscará reiniciar sus unidades este jueves, aunque la empresa no ha emitido un pronunciamiento oficial al respecto.

La refinería Olmeca es la más reciente obra de infraestructura energética de Pemex y cuenta con una capacidad proyectada de 340 mil barriles por día (bpd). A pesar de ello, sus operaciones se mantienen todavía lejos del objetivo total, luego de varios retrasos en su puesta en marcha y sobrecostos registrados desde su construcción.

En julio, la refinería procesó 156 mil 265 barriles diarios, lo que representó menos de la mitad de su capacidad instalada. De acuerdo con cifras oficiales, en ese mismo mes produjo 57 mil 275 bpd de gasolina y 76 mil 980 bpd de diésel.

La planta, considerada uno de los proyectos estratégicos del sexenio anterior, fue inaugurada en julio de 2022 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó en ese momento que la instalación produciría aproximadamente 340 mil barriles diarios.

Desde entonces, la refinería ha intensificado gradualmente sus operaciones, aunque el volumen de procesamiento continúa en fase de escalamiento. El proyecto, conocido también como refinería de Dos Bocas, fue planteado como parte de la estrategia de autosuficiencia energética del país y se perfila como pieza central en el sistema nacional de refinación.

En marzo de este año, Margarita Pérez, directora de PMI —brazo comercial de Pemex—, señaló que la refinería probablemente alcanzará su capacidad total hacia 2026. Esta proyección marca un horizonte de mediano plazo para el objetivo de producción plena, en contraste con las expectativas iniciales fijadas al momento de su inauguración.

El corte eléctrico que detuvo las operaciones ocurre en un contexto de esfuerzos por consolidar la estabilidad de la producción en la nueva refinería. A medida que incrementa su capacidad operativa, la planta busca reducir la dependencia de importaciones de combustibles y contribuir de manera sostenida al abasto interno de gasolina y diésel.

Se espera que este jueves la refinería Olmeca reinicie sus unidades tras la interrupción de actividades, lo que permitirá dar continuidad a la fase de integración de procesos en la instalación más moderna de Pemex.

Sobornos por 150 mil dólares destapan red de corrupción en Pemex en la gestión de Romero Oropeza

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Pemex Exploración y Producción (PEP) recibieron sobornos por al menos 150 mil dólares entre 2019 y 2021, a cambio de otorgar contratos millonarios a empresarios vinculados a Texas. Los hechos ocurrieron durante la administración de Octavio Romero Oropeza como director de la petrolera estatal.

La acusación, presentada en el Distrito Sur de Texas, apunta a Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, residente en Woodlands, Texas, y a Mario Alberto Ávila Lizárraga, de Spring, Texas, actualmente prófugo. De acuerdo con los documentos judiciales, ambos presuntamente conspiraron para pagar sobornos en efectivo, artículos de lujo —incluyendo piezas de Louis Vuitton y relojes Hublot— y otros bienes valiosos a por lo menos tres funcionarios de Pemex y PEP.

El objetivo de estos pagos, según la investigación, fue asegurar y mantener contratos por un valor aproximado de 2.5 millones de dólares. “Rovirosa, Ávila y sus cómplices presuntamente ofrecieron sobornos… a cambio de que estos realizaran ciertas acciones para ayudar a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener y mantener negocios con Pemex y PEP”, detalla la acusación.

El caso está siendo investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Seguridad Nacional (HSI). Los documentos judiciales también señalan que Rovirosa tendría vínculos con miembros de cárteles mexicanos, lo que eleva el perfil criminal del caso.

Matthew R. Galeotti, fiscal general adjunto interino de la División Penal del Departamento de Justicia, subrayó que este tipo de conductas no quedarán impunes. “Esta acusación formal debe transmitir un mensaje claro: la División Penal no tolerará a quienes enriquezcan a funcionarios corruptos para beneficio personal y en detrimento del mercado justo”, declaró.

Rovirosa y Ávila enfrentan cada uno un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y tres cargos sustanciales por violaciones a la misma legislación. De ser declarados culpables, podrían recibir hasta cinco años de prisión por cada cargo.

Hasta el momento, no se han dado a conocer los nombres de los funcionarios de Pemex presuntamente implicados en el esquema de sobornos.

Octavio Romero Oropeza dirigió Pemex desde diciembre de 2018 hasta septiembre de 2024, periodo en el que se habrían registrado estos pagos ilegales. Actualmente, ocupa el cargo de director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

El caso refuerza la vigilancia internacional sobre posibles actos de corrupción en la industria petrolera mexicana, involucrando tanto a empresarios como a funcionarios que, de acuerdo con la acusación, se beneficiaron a costa de la integridad del proceso de licitación y del mercado justo.

Gobierno respalda a Pemex con 9,500 mdd: Estrategia de liquidez y deuda bajo la lupa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la operación financiera anunciada esta semana por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por un monto de 9 mil 500 millones de dólares, tiene como fin exclusivo respaldar a Petróleos Mexicanos (Pemex) en el cumplimiento de sus obligaciones financieras de 2025.

Desde Palacio Nacional, la mandataria subrayó que esta acción está centrada en cubrir “particularmente, los vencimientos de este año”, lo que incluye amortizaciones, intereses y pagos diversos que la empresa petrolera enfrenta en el corto plazo. Aseguró también que el esquema ha sido “muy trabajado” y sigue la línea de apoyo institucional que se ha mantenido hacia Pemex en los últimos años.

La SHCP detalló que el plan contempla la emisión de notas pre-capitalizadas, una figura financiera diseñada para inyectar liquidez inmediata a la empresa sin comprometer el marco legal vigente. Estas notas permitirán a Pemex solventar sus compromisos más cercanos, como parte de una estrategia integral orientada a fortalecer su posición financiera y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad energética nacional.

El respaldo oficial, según Hacienda, está completamente enmarcado dentro de la Ley Federal de Deuda Pública y otras normativas fiscales. A largo plazo, el gobierno espera que estas medidas contribuyan al desarrollo económico del país, especialmente en un entorno global todavía marcado por la volatilidad.

Tras el anuncio, la agencia calificadora Fitch Ratings respondió colocando las calificaciones crediticias de Pemex en observación positiva. En concreto, las notas de incumplimiento del emisor (IDR, por sus siglas en inglés) en moneda extranjera y local, ambas ubicadas en ‘B+’, fueron movidas a la categoría Rating Watch Positive (RWP), una señal de posible mejora en el corto plazo.

A pesar del ajuste favorable en el panorama, Fitch mantuvo el perfil crediticio individual (PCI) de la empresa en “ccc-”, reflejando sus preocupaciones sobre el elevado nivel de deuda de la petrolera, calculado en 101 mil 500 millones de dólares al cierre del primer trimestre de 2025. También subrayó los desafíos operativos persistentes, incluyendo un flujo de caja limitado, pérdidas recurrentes y una estructura financiera frágil.

En su reporte más reciente, Pemex informó pérdidas por 43 mil 329 millones de pesos (aproximadamente 2 mil 322 millones de dólares), correspondientes al primer trimestre de 2025. La cifra se atribuye a una baja en las ventas y al contexto internacional volátil, lo que contrasta marcadamente con las utilidades obtenidas en el mismo periodo del año anterior, cuando reportó ganancias por 4 mil 682 millones de pesos (251 millones de dólares).

Con este nuevo respaldo, la administración de Sheinbaum reafirma su compromiso con el saneamiento financiero de la petrolera estatal más endeudada del mundo, mientras las agencias observan con cautela la evolución de sus indicadores clave.

Sheinbaum se reúne con directivos de Baker Hughes y destaca confianza para inversión energética

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo este lunes una reunión con Lorenzo Simonelli, presidente y director ejecutivo de Baker Hughes, una de las compañías energéticas más relevantes a nivel global y con presencia estratégica en territorio mexicano. El encuentro se llevó a cabo en Palacio Nacional y fue compartido por la mandataria en sus redes sociales, donde subrayó que la empresa estadounidense mantiene diversos proyectos de inversión en México y Estados Unidos.

“Hay confianza en nuestro país”, publicó Sheinbaum en su cuenta oficial de X, acompañando el mensaje con una fotografía del encuentro. La reunión también contó con la presencia de la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, quien reiteró que existe un clima favorable para la inversión del sector privado en México, especialmente en la industria energética.

Por parte de Baker Hughes, además de Simonelli, asistieron María Claudia Borras, directora de Crecimiento y Experiencia; Robert Pérez, vicepresidente para las Américas y Desarrollo de Proyectos; y Germán Gómez, director para México y América Central. También participó en la reunión Bernardo Riojas Achutegui, director general de Grupo Empresarial Metropolitano.

Baker Hughes es una empresa especializada en tecnología energética, con operaciones que abarcan desde servicios para exploración y producción hasta la venta de equipos industriales. Su relación con México ha sido significativa, especialmente en el marco de la colaboración con Petróleos Mexicanos (Pemex).

El 19 de agosto de 2019, Baker Hughes firmó un contrato con Pemex por 85 millones de dólares. Este contrato se dio en el contexto de una serie de acuerdos comerciales relacionados con el suministro de turbinas, compresores y otros equipos clave para la operación de instalaciones energéticas como la nueva refinería de Dos Bocas.

La presencia de la empresa en México ha estado en el foco público desde 2022, cuando investigaciones de Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelaron que José Ramón López Beltrán, hijo mayor del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, residió junto a su esposa, Carolyn Adams, en dos casas en Texas. Una de ellas pertenecía a Keith Schilling, quien en ese momento era alto ejecutivo de Baker Hughes y cuya empresa mantenía contratos vigentes con el gobierno mexicano.

Posteriormente, Baker Hughes reconoció que la propiedad en Houston perteneció a un exempleado de la empresa, pero aseguró que dicho ejecutivo dejó de trabajar para la firma en 2019 y que no tuvo ninguna relación con las operaciones comerciales entre Baker Hughes y el gobierno de México.

El reciente encuentro entre Sheinbaum y los altos mandos de la compañía se enmarca en la estrategia de la nueva administración para consolidar alianzas estratégicas con el sector privado, atraer nuevas inversiones y fortalecer la infraestructura energética del país, sin dejar de lado la transparencia en los vínculos empresariales con el gobierno.

Caen líderes de red criminal de huachicol en megaoperativo federal; caen 32 personas

Una de las principales redes delictivas dedicada al robo y distribución ilegal de combustible en el centro del país fue desmantelada por fuerzas federales tras seis meses de investigaciones. La operación, ejecutada en 11 municipios y cuatro entidades simultáneamente, dejó como resultado la detención de 32 personas, entre ellas sus presuntos líderes, así como el aseguramiento de infraestructura, armamento, vehículos de lujo, dinero en efectivo y especies exóticas.

Ciro Sergio Rebollo Mendoza, alias Don Checo, fue detenido en el Estado de México como presunto líder de esta estructura criminal, junto con su operador logístico y financiero Diego “N”. Ambos enfrentan cargos por delincuencia organizada. Luis Miguel Ortega Maldonado, conocido como El Flaco de Oro, fue capturado en la Ciudad de México y es señalado como el encargado de coordinar el traslado de hidrocarburo en carreteras clave del centro del país.

Durante las acciones se identificaron dos tomas clandestinas que provocaban pérdidas anuales de hasta mil 200 millones de pesos a Petróleos Mexicanos (Pemex). También se cumplimentaron seis órdenes de aprehensión y se catearon 12 inmuebles que funcionaban como centros operativos de la red delictiva.

Los objetos decomisados incluyen:

  • 21 tractocamiones
  • 14 semirremolques
  • 14 contenedores tipo tanque
  • Ocho pipas
  • 48 vehículos, algunos blindados
  • 36 armas de fuego
  • Casi 16 millones de pesos en efectivo
  • Una bodega de almacenamiento
  • Un autobús, motocicletas y equipo de videograbación

Además, fueron rescatados varios animales exóticos, entre ellos cachorros de jaguar y león, monos araña y aves silvestres. Estos ejemplares fueron puestos bajo resguardo de la Profepa.

Las investigaciones identifican como responsables a Ciro Sergio y Luis Miguel “N”, con influencia en el Estado de México, Hidalgo y Querétaro. Su estructura incluía bodegas, gasolineras, unidades de transporte y presuntos vínculos con autoridades municipales y estatales. La Fiscalía General de la República solicitó 12 órdenes de cateo tras ampliar los indicios recabados.

En municipios mexiquenses como Ixtlahuaca, Polotitlán, Huehuetoca, Nopaltepec, Ecatepec y Jilotepec, se detuvieron a varios operadores financieros, como Aurelio “N” e Israel Molina Núñez, El Mil Millones, señalado por falsificar documentos para justificar el origen del combustible.

En Querétaro se detuvo a Heréndira “N”, operadora financiera, y en Saltillo, Coahuila, se localizaron casi dos millones de litros de hidrocarburo en un predio usado para resguardar vehículos y contenedores. Allí fueron detenidas 11 personas adicionales, junto con el decomiso de bombas, ferrotanques, pipas y tractocamiones.

El fiscal general Alejandro Gertz Manero confirmó que se solicitará la extinción de dominio sobre los bienes asegurados. Las personas detenidas ya fueron imputadas y solicitaron duplicidad del término constitucional. Las investigaciones continúan para identificar la posible participación de autoridades en distintos niveles de gobierno.

Reforma Antilavado redibuja el mapa del dinero y la política en México

El Senado de la República dio luz verde a una serie de reformas que marcan un antes y un después en la vigilancia financiera del país. Se trata de un nuevo paquete legislativo contra el lavado de dinero que fortalece las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y amplía el cerco sobre operaciones sospechosas, especialmente en el entorno político y financiero nacional.

Con 74 votos a favor, 13 en contra y 19 abstenciones, el pleno aprobó modificaciones clave a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como a los artículos 11 y 400 Bis del Código Penal Federal. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para su siguiente revisión.

Uno de los puntos más sensibles de estas reformas recae sobre la definición y supervisión de las Personas Políticamente Expuestas (PEP). A partir de ahora, se establece la obligación de monitorear más de cerca a funcionarios públicos y a cualquier individuo vinculado con ellos. La Secretaría de Hacienda será la responsable de elaborar un listado actualizado de los cargos considerados como políticamente expuestos, y las instituciones financieras deberán reportar cualquier movimiento inusual de este grupo.

Los cambios también introducen nuevas obligaciones para múltiples entidades públicas. El Instituto Nacional Electoral (INE) deberá entregar información sobre partidos, precandidaturas, coaliciones y candidaturas independientes. Las Secretarías del Trabajo, tanto federales como locales, compartirán datos de sindicatos y sus dirigentes. Petróleos Mexicanos (Pemex) deberá hacer lo mismo cuando Hacienda lo solicite.

Una reforma destacada es la conversión de los umbrales de vigilancia económica de pesos a UMAS (Unidad de Medida y Actualización), lo que redefine los montos que despiertan sospechas. Por ejemplo, si una empresa transfiere 90 mil pesos en efectivo a una tarjeta de crédito y no se encuentra en los registros fiscales como proveedor actualizado, la operación podría considerarse de riesgo.

Además, la reforma obliga a la Fiscalía General de la República a notificar a la UIF sobre cualquier indicio de lavado de dinero. El objetivo es cerrar la brecha institucional y permitir que se recaben denuncias, se ejerzan acciones penales y se rastreen activos relacionados con redes criminales.

La senadora Claudia Anaya del PRI expresó preocupación por el impacto de esta reforma en los trabajadores informales. Según su postura, la iniciativa apunta más hacia la economía informal que al crimen organizado. “Van contra los ciudadanos, van contra la clase más oprimida como pueden ser los trabajadores informales, van contra la clase política”, declaró en tribuna.

Senadoras como Guadalupe Murguía, del PAN, y Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, también manifestaron inquietudes sobre el término “personas relacionadas”, que podría abarcar desde familiares hasta vecinos o empleados. Señalaron que esta ambigüedad permite que Hacienda interprete las disposiciones según criterios propios.

Finalmente, el senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, respaldó las reformas como una herramienta para desmantelar redes financieras ligadas al crimen organizado y a los sectores de poder.

Las reformas reflejan el esfuerzo de México por alinearse con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en materia de prevención de operaciones ilícitas. Mientras se afina su implementación en la Cámara de Diputados, el país entra en una nueva etapa de fiscalización donde los movimientos financieros y políticos quedarán bajo un lente más exigente.

Luz verde en el Senado: Nuevos rostros llegan a CFE y Pemex bajo propuesta de Sheinbaum

Con un respaldo mayoritario, el Senado de la República ratificó los nombramientos propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum para integrar los Consejos de Administración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), marcando así un nuevo capítulo en la gestión de dos de las empresas estratégicas más importantes del país.

En una jornada parlamentaria de alta actividad, la Comisión de Energía sesionó desde temprano para revisar las propuestas enviadas apenas el 8 de abril. Los dictámenes fueron aprobados y turnados al pleno con carácter de urgente, prescindiendo del periodo de publicación previa gracias al respaldo mayoritario del bloque de Morena y sus aliados.

Uno de los nombramientos no fue aprobado. El abogado Cristóbal Arias Solís, integrante del partido oficialista, quedó fuera por no cumplir con los requisitos establecidos para ocupar el cargo como consejero independiente.

En lo correspondiente a la CFE, Cecilia Martín del Campo Márquez recibió el respaldo de 65 votos para integrarse como consejera independiente por un periodo de cinco años. Por su parte, Héctor Sánchez López fue ratificado con 68 votos a favor, 20 en contra y tres abstenciones, para ocupar un puesto en el mismo consejo por cuatro años.

Para Petróleos Mexicanos, la Cámara Alta aprobó el nombramiento de Juan José Paullada Figueroa como consejero independiente por un periodo de cuatro años. La votación obtuvo 80 sufragios a favor frente a 10 en contra. Además, María del Rosío Vargas Suárez fue ratificada como consejera independiente de Pemex por un periodo de tres años, con 71 votos a favor y 19 en contra.

Una vez ratificados, los nuevos integrantes tomaron protesta ante el pleno del Senado, formalizando su incorporación inmediata a los órganos de decisión de ambas empresas productivas del Estado.

La elección de estos perfiles refleja una visión de continuidad técnica y profesional en el manejo energético nacional, bajo la nueva administración federal. El proceso se desarrolló en un ambiente de deliberación ordenada, sin sobresaltos ni contratiempos, con resultados definidos por la fuerza legislativa de la mayoría.

El nuevo cuadro de consejeros inicia funciones en un periodo clave para la política energética de México, en medio de una agenda que busca reforzar la soberanía energética, garantizar el acceso a servicios esenciales y enfrentar los retos de la transición hacia fuentes más limpias.