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Petróleos Mexicanos (Pemex) ha cancelado un cargamento de petróleo crudo destinado a Cuba que estaba programado para enviarse a mediados de enero, informó Bloomberg, retirándolo del calendario sin una justificación oficial divulgada por la empresa o la Secretaría de Energía. El envío, que debía viajar a bordo del buque Swift Galaxy y arribar a la isla antes de finales de mes, quedó fuera de la agenda de exportaciones mexicanas.

La decisión se da en un contexto de creciente presión del gobierno de Estados Unidos, bajo el presidente Donald Trump, hacia los suministros de petróleo a Cuba. Trump ha advertido que no habrá más petróleo ni apoyo financiero para la isla, lo que coincide con el impacto de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en una operación estadounidense a principios de enero.

Desde 2023, México ha ampliado sus envíos de crudo a Cuba, convirtiéndose en un proveedor clave tras la reducción de suministros desde Venezuela. Durante 2025, Pemex exportó un promedio de un buque al mes, equivalente a alrededor de 20 000 barriles diarios de crudo, según documentos revisados por Bloomberg.

La suspensión del envío de enero pone de manifiesto la atención internacional sobre la política energética mexicana hacia Cuba. Autoridades estadounidenses han criticado a México por suplir petróleo a la isla durante una crisis energética que incluye apagones y escasez de combustibles. La captura de Maduro ha detenido los envíos de petróleo venezolano a Cuba, lo que colocó a México como el principal proveedor de crudo en un momento de presión diplomática.

Previo a la cancelación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había reiterado que los envíos de combustible a Cuba se realizan dentro del marco de contratos de largo plazo y como parte de ayuda humanitaria, negando que exista un incremento extraordinario en los volúmenes entregados. Según declaraciones oficiales, México continúa respaldando la cooperación energética con la isla sin exceder los niveles históricos de envío.

La suspensión del cargamento se da cuando las relaciones entre México y Estados Unidos enfrentan tensiones derivadas de la política energética hacia Cuba y la situación política en Venezuela. La revisión de estos envíos se ha convertido en un elemento sensible de la agenda geopolítica regional, con Estados Unidos manifestando su descontento por el apoyo energético a la isla caribeña.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Economía (SE) informaron que el ajuste al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), programado para entrar en vigor el 1 de enero de 2026, no provocará aumentos en el precio final de la gasolina. Ambas dependencias precisaron que la medida fiscal no tendrá efectos adversos para los consumidores y se mantendrá la estabilidad en el costo del combustible a nivel nacional.

A través de un documento oficial, las autoridades federales detallaron que la actualización del IEPS por inflación aplicable a la gasolina no modificará los elementos de la Estrategia para Estabilizar el Precio de la Gasolina, mecanismo que se encuentra en operación en todo el país. En ese sentido, subrayaron que el ajuste tributario no se reflejará en incrementos para el usuario final ni alterará el esquema vigente de control y supervisión de precios.

La SHCP y la SE explicaron que esta estrategia permite amortiguar variaciones derivadas de factores fiscales o de mercado, asegurando que los ajustes al impuesto no se traduzcan en afectaciones directas al consumidor. En el mismo contexto, reafirmaron que la política de estabilidad se mantendrá activa sin cambios en sus lineamientos operativos.

Las dependencias recordaron que la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina está vigente desde el 1 de marzo y establece un tope máximo para la gasolina con octanaje menor a 21, cuyo precio no podrá superar los 24 pesos por litro. Este acuerdo continúa aplicándose como referencia para garantizar certidumbre en el mercado de combustibles.

El esquema de estabilización es resultado de una coordinación interinstitucional en la que participan las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Economía, Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la Comisión Nacional de Energía y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Estas instancias trabajan de manera conjunta para dar seguimiento a la aplicación del acuerdo y verificar su cumplimiento en los distintos puntos de venta.

A este esfuerzo se suman la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), encargada de la supervisión y vigilancia de precios al público, y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, que participa en el control y regulación del sector. Petróleos Mexicanos (Pemex) también forma parte del esquema de coordinación, contribuyendo a la implementación de la estrategia en el ámbito de suministro y distribución.

Con este anuncio, las autoridades federales reiteraron que el ajuste al IEPS previsto para 2026 se realizará sin repercusiones en el precio final de la gasolina, manteniendo las condiciones actuales de estabilidad establecidas en la estrategia nacional y sin afectar a los consumidores en el país.

El gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el suministro de medicamentos para el sistema público de salud está garantizado para 2026, luego de haber cubierto adeudos con empresas proveedoras y concretado contratos para la adquisición de cerca de 4 mil 500 millones de piezas. La información fue dada a conocer durante la conferencia matutina, en la que autoridades federales detallaron el estado actual de la planeación y compra de insumos médicos.

La mandataria señaló que su administración realizó el pago de aproximadamente 15 mil millones de pesos correspondientes a adeudos heredados de años anteriores con proveedores de medicamentos. Precisó que, aunque existían los recursos presupuestales, fue necesario revisar de manera exhaustiva la documentación, así como verificar el cumplimiento de las entregas antes de liberar los pagos.

Sheinbaum indicó que, tras detectar irregularidades en algunos procesos, el gobierno federal decidió no volver a establecer relaciones contractuales con determinadas empresas proveedoras. Aclaró que esta medida se adoptó de manera definitiva y forma parte de los mecanismos de control implementados para garantizar transparencia y eficiencia en las compras públicas del sector salud.

Por su parte, Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, aseguró que no existe riesgo de desabasto de medicamentos para el próximo año. Informó que el Estado mexicano cuenta con contratos vigentes que permitirán cubrir las necesidades de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el IMSS-Bienestar, los institutos nacionales de salud y los servicios médicos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Quisiéramos desde el gobierno mexicano aclarar algo de manera tajante: el abasto de medicamentos hacia 2026 está garantizado”, expresó el funcionario al destacar que las compras realizadas responden a las necesidades de atención de millones de pacientes en el país. Añadió que los contratos firmados contemplan el volumen requerido para asegurar la continuidad de los tratamientos en todo el sistema de salud pública.

Clark explicó que la adquisición de medicamentos concretada la semana pasada tiene un carácter complementario, con el objetivo de cubrir requerimientos adicionales hacia el cierre del año. Detalló que la planeación de compras se realiza con al menos un año de anticipación, lo que permite asegurar la disponibilidad de insumos de forma sostenida.

“Hoy el Estado mexicano tiene garantía de los contratos, tiene garantía del abasto y no habrá ningún tipo de disminución en el suministro; por el contrario, debe seguir incrementándose de manera constante”, afirmó el subsecretario, al subrayar que los acuerdos vigentes cubren tanto el presente año como el siguiente.

Las autoridades federales reiteraron que el pago de adeudos, la revisión de contratos y la planeación anticipada forman parte de una estrategia integral para fortalecer el sistema de salud y asegurar el acceso continuo a medicamentos en las instituciones públicas del país.

Integrantes de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) realizaron una manifestación frente a las oficinas centrales de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la Ciudad de México, para exigir un aumento salarial equivalente al otorgado al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). La protesta se extendió durante varias horas y expuso una serie de inconformidades acumuladas por este sindicato minoritario.

El secretario general de la sección 8 de la UNTyPP, Francisco Zamora Salazar, explicó que, pese a que su organización está registrada desde 2008, no se les ha aplicado el incremento salarial reciente porque se les clasifica como “trabajadores de confianza”. Según detalló, esa categoría los deja fuera del contrato colectivo y del reglamento que sí se aplica a los empleados sindicalizados del organismo. En entrevista, Zamora atribuyó esta situación a decisiones políticas vinculadas al esquema de austeridad impulsado por el actual gobierno federal.

El líder sindical afirmó que, además de la falta de actualización salarial, la UNTyPP enfrenta liquidaciones y despidos injustificados. Indicó que los recortes comenzaron en el primer trimestre de 2025 y afectan principalmente a trabajadores de confianza con más de dos décadas de antigüedad. “Ha habido muchos despidos injustificados. Bueno, sabemos que van a ser más de tres mil despidos, y ahorita llevan el 80%”, señaló. Añadió que los ajustes se mantendrán hasta el 31 de diciembre, según les ha informado la empresa.

Entre los casos expuestos durante la protesta destaca el de Rigoberto Laredo, trabajador con 34 años de servicio en el área de compras de la Sección 9 en Coatzacoalcos, Veracruz, quien afirmó haber sido despedido hace año y medio tras una acusación de acoso sexual que, según dijo, no ha sido comprobada. 

Laredo aseguró que existen alrededor de 100 personas señaladas bajo acusaciones similares en distintas áreas de Pemex, y que en algunos casos ya se ha demostrado la falsedad de las imputaciones. “Tiene un año o siete meses que yo no tengo salario, no tengo servicio médico”, expuso al denunciar que los despidos se están utilizando para remover personal con puestos sensibles.

Además de las demandas laborales, la UNTyPP señaló deficiencias en instalaciones y servicios básicos dentro de Pemex. Indicaron que persisten fallas en oficinas, elevadores y sanitarios del centro administrativo, donde incluso falta papel higiénico y jabón líquido. 

A estas condiciones se suma el deterioro en la atención médica: el sindicato denunció que el servicio subrogado fue cancelado en varias regiones, obligando a trabajadores de lugares como Topolobampo, Sinaloa, y Hermosillo, Sonora, a trasladarse hasta Salamanca, Guanajuato, o a la Ciudad de México para recibir atención, aun en casos de padecimientos menores.

Las exigencias de la UNTyPP colocan sobre la mesa un conjunto de reclamos que combinan salario, estabilidad laboral y condiciones de trabajo, y que mantienen en tensión la relación entre este sindicato y la empresa estatal.

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó este lunes cualquier influencia de su gobierno en el resultado del certamen Miss Universo, luego de que surgieran acusaciones sobre presuntos beneficios para la mexicana Fátima Bosch, ganadora de la edición 74 del concurso. Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria federal respondió a los señalamientos relacionados con un contrato de Petróleos Mexicanos (Pemex) firmado en 2023 con una empresa vinculada a Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen.

Al ser cuestionada sobre la coincidencia entre el contrato y el triunfo de la concursante mexicana, Sheinbaum afirmó: “Evidentemente no es falso, además, no hay que hacer caso de esas cosas. Y además nuestra felicitación a la joven que ganó el certamen —Fátima Bosch—”. Con esta declaración, la presidenta rechazó que exista relación alguna entre decisiones gubernamentales y los resultados del evento internacional.

Fátima Bosch, de 25 años, se convirtió en la cuarta mexicana en obtener el título de Miss Universo. Su triunfo se suma al de Lupita Jones en 1991, Ximena Navarrete en 2010 y Andrea Meza en 2020, consolidando una trayectoria destacada para México dentro de este certamen global de belleza.

Sheinbaum resaltó el recorrido de la ganadora y puso énfasis en su desempeño durante la competencia. “Ella, además de tener su mérito, siempre levantó la voz en un momento en donde trataron de minimizarla. Y eso tiene mucho mérito, mucho mérito”, señaló al destacar la postura que Bosch mantuvo frente a las situaciones polémicas que se generaron alrededor de esta edición del concurso.

Tras el triunfo de la mexicana, se difundió que Fátima Bosch es hija de Bernardo Bosch Hernández, asesor en Petróleos Mexicanos y quien fungió como coordinador ejecutivo en el área de exploración y producción de la petrolera en 2023. Durante ese periodo, Pemex otorgó un contrato millonario a la empresa de Rocha Cantú, actual copropietario de Miss Universo, lo que generó cuestionamientos públicos y la difusión de hipótesis sobre posibles vínculos entre ese acuerdo y el resultado del certamen.

En medio de la controversia, la presidenta reiteró su felicitación a la ganadora e insistió en que los señalamientos no tienen fundamento. Su postura buscó enfatizar que el desempeño de la representante mexicana fue resultado de su propia trayectoria dentro del concurso.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles que el robo de combustible —incluyendo el conocido “huachicol” y el llamado “huachicol fiscal”— continúa ocurriendo en México, aunque en niveles mucho menores que en años anteriores. La mandataria abordó el tema durante su conferencia matutina, donde explicó que, pese a que esta actividad ilegal no ha sido erradicada por completo, sí presenta una reducción sustancial.

Sheinbaum detalló que las tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) han disminuido “muchísimo”, aunque reconoció que aún existen casos. Señaló también que se ha reducido la importación ilegal de combustible realizada bajo la simulación de mercancías distintas para evitar el pago de impuestos. Según explicó, este tipo de operación es parte del esquema de “huachicol fiscal”, uno de los focos más recientes de atención para las autoridades.

Las declaraciones de la presidenta llegan después de que Pemex reportara a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) que la extracción y el comercio ilegal de hidrocarburos representan riesgos en materia financiera y operativa. En el documento, la empresa del Estado advierte que esta actividad puede provocar incendios, explosiones y daños a la propiedad y al medio ambiente, además de derivar en pérdidas económicas relevantes.

Sheinbaum subrayó que el mercado formal del combustible ha mostrado señales positivas. “Si ha incrementado la venta legal de combustible, las ganancias de Pemex y de los privados, quiere decir que disminuye la recarga ilegal en las gasolineras de combustibles, la mejor señal”, afirmó. Aun así, puntualizó que el fenómeno no ha sido eliminado por completo: “Todavía ocurre, sí todavía, en una proporción bastante menor y tenemos que combatirlo hasta que no haya absolutamente nada”.

El tema del huachicol ha sido recurrente en la agenda pública durante los últimos años. En su primer informe de gobierno, el expresidente Andrés Manuel López Obrador había asegurado que su administración había “eliminado prácticamente” el robo de combustible. No obstante, en meses recientes se han revelado nuevos esquemas de “huachicol fiscal”, algunos de ellos asociados a operaciones en las que se ha señalado participación de elementos de la Marina mexicana.

Con el reconocimiento de que la problemática sigue presente, el gobierno federal mantiene bajo observación la actividad vinculada al mercado ilegal de hidrocarburos, al tiempo que Pemex continúa reportando riesgos y reforzando las acciones destinadas a proteger su infraestructura y sus ingresos.

Durante su comparecencia en el Senado, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, aseguró que Petróleos Mexicanos (Pemex) avanza en un proceso de recuperación financiera que apunta a convertirla en una empresa moderna, eficiente y sostenible.

Frente a legisladores, explicó que la estrategia económica implementada por el gobierno federal busca reducir la deuda histórica de la petrolera y estabilizar su producción, aunque evitó profundizar en temas polémicos como el “huachicol” fiscal, la operación de la refinería de Dos Bocas o el derrame de petróleo en Veracruz.

La presentación formó parte de la glosa del primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la Comisión de Energía del Senado. En un discurso enfocado en resultados económicos, la funcionaria destacó que desde 2019 se puso en marcha un plan para fortalecer las finanzas de Pemex, con medidas como la reducción del derecho de utilidad compartida —del 65% al 40%— y la creación del derecho petrolero para el bienestar, que simplificó los impuestos que la empresa debía pagar. Este nuevo esquema fiscal, aseguró, permitió estabilizar los ingresos y recuperar parte de la capacidad de inversión.

Entre los datos presentados, González señaló que Pemex logró disminuir sus pérdidas en casi 90% y generar ahorros por más de 20 mil millones de pesos gracias a un programa de eficiencia y control del gasto. Además, informó sobre la colocación de bonos precapitalizados a cinco años por 12 mil millones de dólares, medida que contribuyó a aligerar la deuda y cumplir con pagos a proveedores y contratistas por alrededor de 300 mil millones de pesos.

La secretaria también habló sobre los objetivos de producción: mantener la extracción de crudo en torno a 1.8 millones de barriles diarios y alcanzar los 5 mil millones de pies cúbicos de gas al día. En agosto de 2025, la producción nacional fue de 1.745 millones de barriles diarios, con la expectativa de cerrar el año alcanzando la meta.

Sin embargo, durante la comparecencia, la funcionaria evitó abordar de fondo temas que los senadores consideraron prioritarios. No ofreció detalles sobre el papel actual de la refinería de Dos Bocas en la producción nacional, ni sobre las acciones emprendidas tras el derrame de petróleo en el río Pantepec, Veracruz, que afecta a comunidades del norte del estado.

El punto más tenso de la sesión se dio cuando legisladores de oposición insistieron en obtener información sobre el llamado “huachicol” fiscal, un esquema de evasión en el comercio de combustibles. Ante esto, la titular de Energía respondió únicamente que su dependencia colabora con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana para coordinar acciones y esclarecer los casos.

Acompañada por el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, y por el titular del Cenagas, Cuitláhuac García, la secretaria cerró una comparecencia de casi tres horas enfocada en cifras y planes financieros, pero con más reservas que respuestas sobre los temas que aún generan dudas en el sector energético.

El derrame de hidrocarburo en el río Pantepec, Veracruz, fue consecuencia de un deslave provocado por las intensas lluvias registradas recientemente en la región, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante su conferencia matutina de este jueves, la mandataria explicó que el incidente no ocurrió el mismo día de las precipitaciones más fuertes, sino posteriormente, cuando se registró la ruptura en el oleoducto Poza Rica–Madero.

Sheinbaum destacó que Petróleos Mexicanos (Pemex) realiza una investigación para determinar las causas exactas de la fuga y garantizar que las medidas de contención y remediación se apliquen de forma inmediata. “Se está investigando la causa del derrame y ya se están llevando a cabo las acciones necesarias para controlar la contaminación”, indicó.

La mandataria subrayó que el deslave fue el factor que originó el daño en la infraestructura de transporte de crudo, lo que derivó en la filtración del hidrocarburo al cauce del río. Las labores de atención se concentran actualmente en el arroyo Citlatépetl, en su confluencia con el río Pantepec-Tuxpan, una zona que forma parte de la cuenca del río Tuxpan, en el municipio de Álamo Temapache, recientemente afectado por lluvias extraordinarias.

Pemex informó que hasta el momento se han recuperado 345 mil litros de crudo y que se mantiene el despliegue de personal y equipo especializado para contener la mancha. La empresa productiva del Estado precisó que en las labores participan 750 trabajadores —entre personal de Pemex y de otras seis empresas contratistas—, además de 80 vehículos, cuatro equipos de respiración autónoma, dos sistemas skimmer y 13 retroexcavadoras.

El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, acudió a supervisar las operaciones en campo y constatar las acciones implementadas para contener el derrame. La paraestatal no ha dado a conocer aún una estimación oficial sobre la cantidad total de hidrocarburo vertido, pero aseguró que se mantienen los trabajos permanentes de recuperación y saneamiento en la zona.

Las acciones de Pemex incluyen la instalación de barreras de contención, retiro de material impregnado y recuperación del crudo derramado para evitar su avance hacia otros cuerpos de agua. Las autoridades ambientales y de protección civil también se encuentran monitoreando los efectos del incidente en el ecosistema ribereño.

El río Pantepec, uno de los principales afluentes del norte de Veracruz, atraviesa una zona rural y agrícola de alta importancia ambiental. Las labores de recuperación y limpieza se mantienen de manera continua, mientras Pemex concluye la investigación técnica que permitirá definir las causas y responsabilidades del siniestro.

Un derrame de hidrocarburos de Petróleos Mexicanos (Pemex) ocurrido en el municipio de Álamo, en el norte de Veracruz, se extendió hasta el río Tuxpan, provocando preocupación entre los habitantes de la zona por el posible daño ambiental. Aunque la empresa aseguró que la fuga fue controlada y que el alcance fue de ocho kilómetros, pobladores y usuarios en redes sociales reportaron que la mancha del hidrocarburo continúa expandiéndose sin control y podría superar los 15 kilómetros.

De acuerdo con Pemex, tras detectar la fuga, se activaron de inmediato los protocolos de contención y saneamiento en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), así como autoridades locales y estatales. La empresa informó que se instalaron barreras de contención, cordones oleofílicos y equipos de bombeo y recolección superficial en el río Pantepec, con el objetivo de evitar el avance del hidrocarburo hacia el río Tuxpan.

Por su parte, la Secretaría de Marina confirmó que personal especializado realiza labores de saneamiento y remediación en las riberas y zonas aledañas afectadas por el derrame. Indicó que las acciones son coordinadas desde el Puesto de Mando Unificado, ubicado en las instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Tuxpan, donde participan representantes de los tres niveles de gobierno para garantizar la atención integral a la población y al ecosistema afectado.

“La Empresa Pública del Estado coordina las acciones a través del Puesto de Mando Unificado… para dar seguimiento a las labores y garantizar atención integral a la población”, detalló la Semar en un comunicado.

Asimismo, la dependencia informó que se desplegó personal y material especializado, además de que se activó el Plan Regional de Contingencias y Mando Unificado. Entre las medidas aplicadas destacan la colocación de barreras de contención en puntos estratégicos, la recuperación del hidrocarburo, el uso de sustancias químicas para dispersión y el desvío del flujo del derrame. También se realizaron vuelos de reconocimiento para evaluar la magnitud del daño y monitorear el avance de la mancha.

En redes sociales, habitantes de las comunidades cercanas compartieron imágenes y videos donde se observan amplias zonas del río cubiertas por una capa de hidrocarburo. Algunos usuarios difundieron tomas aéreas que muestran una extensión mayor a la reconocida por Pemex, lo que incrementó la alarma entre los pobladores.

La población expresó su preocupación ante el riesgo de que el hidrocarburo llegue al mar a través del río Tuxpan, lo que podría provocar un daño ambiental más severo si no se refuerzan las acciones de contención y limpieza. Mientras tanto, las autoridades federales y estatales continúan con los trabajos para evitar la propagación del derrame y mitigar su impacto en la zona.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este jueves que su gobierno trabaja en un proceso de recopilación y cruce de datos entre varias dependencias federales para determinar con precisión el daño económico causado por el llamado “huachicol” fiscal, una red de contrabando de combustibles que opera desde hace años en el país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal aclaró que la cifra de 600 mil millones de pesos, mencionada la semana pasada por la titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, no corresponde a una estimación oficial. Explicó que los cálculos que circularon en días recientes surgieron de un análisis elaborado por un diputado federal, por lo que “no hay un dato de Secretaría de Hacienda oficial de cuánto recurso significa el contrabando de combustible”.

Sheinbaum detalló que actualmente un grupo de trabajo interinstitucional revisa los datos de Petróleos Mexicanos (Pemex), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Energía y Aduanas, con el fin de consolidar una sola fuente de información confiable sobre la producción, importación y venta de combustibles.

“Tenemos un grupo de trabajo en donde estamos juntando todas las bases de datos de tal manera que haya una sola fuente de información en el gobierno federal de la cantidad de combustible que se importa vinculado con la cantidad de combustible que se vende y la que se produce”, indicó la presidenta.

El objetivo, explicó, es contar antes de que concluya octubre con un sistema que permita tener trazabilidad total de los combustibles en tiempo real, algo que, según reconoció, no existía en administraciones anteriores. Con esta herramienta, el gobierno podrá identificar si se comercializa más combustible del que se produce o importa legalmente, y así determinar el tamaño real del contrabando.

La mandataria precisó que hasta ahora existen querellas por 16 mil millones de pesos relacionadas con el llamado “huachicol fiscal”, una cifra que coincide con la reportada por la Procuraduría Fiscal.

El tema ha cobrado relevancia en las últimas semanas, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) informara el inicio de un juicio contra 10 marinos y funcionarios aduaneros presuntamente implicados en una red de contrabando que permitió el ingreso ilegal de millones de litros de combustible bajo el argumento de que eran aditivos, para luego venderlos dentro del país y evadir impuestos.

Entre los señalados figura el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la dependencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Con la depuración de cifras y la integración de datos entre dependencias, el gobierno federal busca cerrar el paso a las prácticas que alimentaron durante años el mercado ilícito de combustibles y reforzar el control sobre toda la cadena energética nacional.