Adiós a los órganos autónomos: Sheinbaum promulga reforma histórica

Un cambio radical en el panorama institucional de México ha ocurrido. Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum promulgó el decreto que extingue siete órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). El anuncio, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), ha desatado reacciones que van desde el apoyo hasta la incertidumbre.

 

La reforma busca centralizar funciones y optimizar los recursos públicos, según el decreto. Sin embargo, organismos como el INAI han advertido sobre los riesgos que esta decisión implica para los derechos ciudadanos. En un comunicado, el INAI llamó a la sociedad a exigir la defensa de la transparencia y la protección de datos personales, derechos fundamentales que, aunque garantizados por la Constitución, podrían enfrentarse a nuevos desafíos sin la vigilancia de instituciones especializadas.

 

“El INAI dejará de existir como institución autónoma, técnica y especializada, pero el derecho a saber y el uso legítimo de nuestros datos personales siguen siendo garantías esenciales. Solo con la participación activa de la ciudadanía podrán ejercerse plenamente”, señaló el organismo.

 

Entre los órganos eliminados también se encuentran el Coneval, responsable de evaluar las políticas sociales, y las comisiones nacionales de Hidrocarburos y Energía, claves para la regulación del sector energético. Sus funciones serán absorbidas por dependencias del gobierno federal en un modelo que promete ser más eficiente pero que ha despertado dudas sobre la concentración de poder.

 

Este movimiento marca un giro hacia la centralización administrativa, levantando debates sobre su impacto en la democracia y la rendición de cuentas. El INAI recordó que la transparencia es un pilar para mejorar la calidad de vida y no debe ser negociable.

 

México entra en una nueva etapa donde los derechos ciudadanos estarán bajo una lupa distinta, y la pregunta sobre quién garantizará su cumplimiento se vuelve más relevante que nunca.