En medio de la controversia generada por las recientes acciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), contra el diario The New York Times, Estados Unidos ha salido en defensa de la libertad de prensa, rechazando las críticas y expresando su compromiso con un ambiente donde los periodistas puedan informar libremente.

La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, abordó el tema durante una rueda de prensa, respondiendo a las acciones de López Obrador que desataron la polémica. Jean-Pierre manifestó su desaprobación, señalando que no es algo que el gobierno estadounidense respalde. Además, condenó enérgicamente el acoso que podría derivarse de tales acciones presidenciales contra la libertad de prensa.

“Es importante que la prensa pueda informar libremente de temas que son importantes para el pueblo estadounidense y de una manera en la que se sientan seguros y protegidos, no acosados o atacados. Esto es algo que obviamente rechazamos”, destacó la vocera de la Casa Blanca.

El jueves pasado, López Obrador exhibió públicamente el teléfono y una carta de Natalie Kitroeff, corresponsal de The New York Times en México, durante una conferencia de prensa. Esta acción se produjo como respuesta a la investigación que Kitroeff estaba llevando a cabo para un artículo que, finalmente, fue publicado después de los comentarios del presidente.

El artículo reveló que Estados Unidos había mantenido una investigación abierta sobre presuntos fondos del narcotráfico destinados a los hijos de López Obrador y algunos de sus aliados durante la campaña presidencial de 2018.

El incidente ha suscitado preocupaciones sobre la intimidación y el respeto a la libertad de prensa en México. Jean-Pierre subrayó la importancia de que los periodistas puedan realizar su trabajo de manera segura y sin temor a represalias, reafirmando el compromiso de Estados Unidos con los principios fundamentales de la libertad de expresión.

La polémica continúa generando reacciones en el ámbito internacional, destacando la importancia de preservar un entorno en el que los periodistas puedan desempeñar su papel crucial en la sociedad, informando con independencia y responsabilidad.

El presidente de México ha vuelto a solicitar al Gobierno de los Estados Unidos información detallada sobre una nueva investigación que aparentemente relaciona su campaña presidencial de 2018 con figuras del crimen organizado como “El Mayo” Zambada y “Los Zetas”.

A tan solo 16 días de que los Estados Unidos, a través de Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de Seguridad de la Casa Blanca, ofreciera disculpas por el reportaje de ProPublica en el que la DEA acusaba a su equipo de campaña de 2006 de recibir 2 millones de dólares del narcotráfico, el presidente mexicano ha expuesto la existencia de un próximo informe elaborado por el New York Times (NYT).

Durante la conferencia matutina de este miércoles, López Obrador presentó una serie de interrogantes enviadas por la corresponsal del NYT en México, Natalie Kitroeff, respecto a un artículo en preparación que abordaría información “diferente a la investigación de la DEA que se hizo pública hace unas semanas y que solo analizaba su campaña de 2006”.

Casi al inicio de la rueda de prensa de este jueves, el mandatario mexicano inició una serie de críticas contra un reconocido medio de comunicación, revelando que pronto se publicaría otro reportaje sobre presuntos sobornos que personas cercanas a él habrían recibido durante su campaña, pero esta vez en 2018.

“Llegó un correo de la corresponsal de The New York Times, con un tono amenazante y prepotente, indicando que están realizando una investigación con información de la DEA donde personas vinculadas a mí recibieron dinero, no en 2006, sino en 2018, y que entregaron dinero a mis hijos”, comentó el presidente.

López Obrador procedió a revelar el contenido del correo electrónico que el NYT envió a su vocero, señalando que esperaban una respuesta antes de las 19:00 horas de ese día, lo que podría indicar que el nuevo reportaje sobre el presidente y sus vínculos con el crimen organizado sería publicado este viernes.

Mientras leía el cuestionario, el presidente aprovechó para responder a cada pregunta, adoptando un tono sarcástico y algo defensivo, al tiempo que lanzaba acusaciones de espionaje contra el gobierno de Estados Unidos.

“Este periódico, el New York Times, sigue siendo un panfleto. No les gustó lo que dije sobre el periodista Tim Golden en una entrevista con la periodista Inna Afinogenova”, continuó AMLO.

Finalmente, aseguró que “México se hace respetar” y agregó que sus opositores están molestos por la alta aceptación que tiene en todo el país, que supera el 70 por ciento en algunos estados.

La Comisión Temporal para el Segundo Debate Presidencial, enfocado en los temas económicos y ecológicos, aprobó este sábado el proceso para recabar preguntas de los electores. Estas serán recolectadas en plazas públicas “emblemáticas” de México y en dos ciudades de Estados Unidos: Los Ángeles y Dallas.

Diferente al primer debate que se llevará a cabo el domingo 7 de abril en las instalaciones centrales del INE, donde se utilizarán preguntas de las redes sociales y plataformas digitales del instituto, en el segundo debate programado para el domingo 28 de abril en los Estudios Churubusco, el personal del Instituto saldrá a la calle para buscar ocho preguntas que serán dirigidas a los candidatos.

Se ha establecido que se desecharán preguntas con contenido de odio, parcialidad política o ideológica, religiosa, o cualquier forma de violencia o discriminación. Esto se especifica en el acuerdo que será presentado al consejo general del INE el próximo lunes.

El tercer y último debate, pautado para el 19 de mayo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, no incluirá preguntas de la ciudadanía, sino un encuentro directo entre las candidaturas presidenciales.

El segundo debate se titula “La ruta hacia el desarrollo de México” y abordará temas como crecimiento económico, empleo e inflación; infraestructura y desarrollo; pobreza y desigualdad; y cambio climático y desarrollo sustentable.

La recolección de las ocho preguntas se llevará a cabo por región geográfica del país. Se contempló la propuesta de ampliar la recepción de preguntas a través de videos enviados por los ciudadanos, aunque esta idea no fue aceptada debido a que el objetivo es obtener las preguntas directamente de la plaza pública.

La Coordinación Nacional de Comunicación Social será responsable de grabar las preguntas ciudadanas en las 32 entidades del país, manteniendo en secreto los lugares para evitar interferencias con el ejercicio. Se procurará incluir comunidades rurales, de alta marginación e indígenas, siempre considerando la logística del equipo de comunicación y la presencia de menores de edad.

El periodo para enviar videos con preguntas será del 20 de febrero al 13 de abril. Después de una selección basada en criterios mencionados, se elegirán 80 preguntas, clasificadas por temas y regiones, para ser sorteadas y entregadas a las personas moderadoras el día del debate.

Estas preguntas, dos de cada región, serán incluidas en la transmisión final del debate, contribuyendo así a la pluralidad y representatividad en el proceso democrático.

La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac) ha desencadenado un paro nacional, bloqueando las principales carreteras del país para expresar su preocupación por el creciente nivel de violencia del crimen organizado. Con pérdidas económicas estimadas en 7 mil millones de pesos en 2023 debido a un aumento del 5 por ciento en los robos a camiones con mercancía, la protesta busca atención y medidas del gobierno.

Decenas de miles de transportistas, pertenecientes a la Amotac, una organización con más de 100 mil afiliados y casi medio millón de vehículos, han llevado a cabo esta movilización a lo largo de las carreteras que conectan importantes ciudades, desde Ciudad de México hasta Chiapas. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado a los transportistas de ser “conservadores” y de rechazar el diálogo, generando un escenario de tensión en medio de la protesta.

La problemática central se centra en el incremento de los robos a camiones de carga. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) informó que estos robos aumentaron cerca del 5 por ciento en 2023, afectando significativamente la seguridad generando pérdidas millonarias para la industria.

“Duele perder a los conductores de los tráileres día con día, la seguridad en las carreteras es mínima y el exceso de cobros de peaje va en aumento, tenemos cobros excesivos de los servicios de grúas”, expresó William de Jesús Arellano, delegado de la Amotac en San Cristóbal, Chiapas, reflejando las dificultades que enfrentan diariamente.

La manifestación, que abarca desde el límite con Estados Unidos en Tamaulipas hasta la frontera con Centroamérica en Chiapas, destaca la magnitud y gravedad del problema. Transportistas como Marco Antonio López, delegado de Amotac en Comitán, enfatizan la necesidad urgente de atención: “A todas las autoridades de Gobierno, estatales y federales, que nos volteen a ver, aquí en el estado nos asaltaron en el tramo Mal Pasito y en ese asalto murió mi hermano y ahorita sí está muy difícil”.

La industria, según la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), ha perdido aproximadamente 7 mil millones de pesos en 2023 debido a los asaltos a camiones de mercancía. Además, la Canacar reportó cerca de 13 mil robos con y sin violencia en enero, junto con el asesinato de entre 50 y 150 conductores durante el mismo periodo.

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informa que se han realizado 120 reuniones con agremiados de Amotac y se promete desplegar 600 elementos nuevos de la Guardia Nacional y 2 mil patrullas.

La tensión persiste en México mientras los transportistas buscan soluciones efectivas y el gobierno se esfuerza por abordar la creciente violencia en las carreteras.

La futura candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, instó a detener el odio tras enfrentar protestas durante su visita a Estados Unidos. Durante un encuentro con estudiantes y jóvenes mexicanos en Nueva York, Gálvez compartió en redes sociales un video donde expresaba: “La división no ayuda a nadie. No se peleen por los políticos; exijan soluciones a los grandes problemas del país. Trabajemos juntos por un mejor México, basta de odio”.

En el transcurso de su gira electoral en Nueva York, un grupo de personas manifestó su rechazo con consignas como ‘¡no te queremos, Xóchitl!’ mientras la precandidata se reunía con estudiantes en el Consejo de las Américas, en Park Avenue. Los manifestantes, que alegaban ser migrantes mexicanos, exhibieron pancartas con imágenes de Gálvez junto a políticos acusados de corrupción.

Las redes sociales fueron el medio para difundir los videos de la protesta, compartidos por la cuenta Morena New York Comité 1, un grupo que se identifica como partidario del presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena. En respuesta, líderes de la oposición como Jesús Zambrano y el exsecretario de Economía, Idelfonso Guajardo, acusaron a Morena y su precandidata Claudia Sheinbaum de estar detrás de la manifestación.

Sin embargo, la agrupación de migrantes mexicanos ‘Héroes Vivientes’ emitió un comunicado explicando su oposición a Xóchitl Gálvez, argumentando que representa los intereses de partidos y empresarios corruptos, repudiando su presencia por considerar que respalda gobiernos corruptos.

En medio de estas tensiones, Gálvez continúa su gira en Nueva York durante el periodo de intercampañas, manteniendo encuentros con migrantes mexicanos, consejos editoriales de importantes periódicos y canales de televisión en Estados Unidos, así como participando en reuniones con el Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York.

Desde este jueves hasta el lunes 6 de febrero, la candidata presidencial respaldada por PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, inicia una significativa gira por Nueva York y Washington, en Estados Unidos. El propósito de esta visita es abordar temas cruciales para ambas naciones, incluyendo seguridad, migración y economía.

Acompañada por el responsable de asuntos internacionales de la Coalición Fuerza y Corazón por México, Ildefonso Guajardo, actual diputado del PRI, Gálvez se reunirá con congresistas del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes en El Capitolio.

Entre los encuentros programados, destaca la reunión con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, donde se abordará el tema de observadores electorales para las elecciones del 2 de junio.

La abanderada de la oposición también tiene previsto sostener encuentros con los consejeros editoriales de destacados medios como The Washington Post, The Wall Street Journal, Univisión y Telemundo. Asimismo, se espera que comparta diálogos con académicos, estudiantes universitarios y representantes de la comunidad migrante en la Unión Americana.

Xóchitl Gálvez expresó: “Sí podemos llevar a cabo este tipo de reuniones, y por supuesto, también tenemos encuentros con estudiantes, emprendedores, una agenda con la comunidad de residentes tanto en Washington como en Nueva York, incluyendo mexicanos, pero todos estos eventos son cerrados”.

Por otro lado, Gálvez señaló la necesidad de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en calidad de presidente, presente una denuncia en Estados Unidos ante los señalamientos de la DEA que afirman que la campaña presidencial de 2006 recibió recursos del Cartel del Pacífico.

“En este artículo parece haber una serie de fuentes que sería importante probar que son verídicas. Siento que el presidente debe limpiar su nombre, ya que él dice que lo que no mancha, tizna”, afirmó Gálvez.

En su tercera conferencia de la verdad, la candidata anunció su respaldo a la reforma para mejorar las pensiones de los jubilados que presentará el Ejecutivo Federal el próximo 5 de febrero. “Estamos totalmente de acuerdo en que los mexicanos merecen una pensión digna, lo respaldaremos”, afirmó.

Gálvez también sugirió que se debería empezar por mejorar las pensiones de los maestros y trabajadores gubernamentales, además de abogar por la eliminación del outsourcing que afecta a 300 mil trabajadores del gobierno para garantizar su acceso a una pensión.