Guadalupe Acosta Naranjo, líder del Frente Cívico Nacional, advirtió a la alianza oficialista Morena-PT-PVEM que tomará medidas drásticas para impedir la instalación de la LXVI Legislatura y la toma de protesta de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, si se aprueban las reformas del Plan C de manera acelerada. Estas acciones podrían incluir la ocupación de los edificios del Poder Legislativo.

En un video difundido en redes sociales, Acosta Naranjo, exdiputado del PRD, instó al partido mayoritario a respetar el proceso parlamentario en ambas cámaras, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Advirtió que si se realizan aprobaciones fast-track que violen el debido proceso legislativo, adelantará la movilización convocada para el 8 de septiembre.

El Frente Cívico Nacional, en conjunto con Unid@s y Marea Rosa, organizó una marcha para el 8 de septiembre, que partirá del Ángel de la Independencia hacia el Senado, con el fin de exigir a los legisladores del PRI, PAN y MC que no apoyen las iniciativas del Plan C. En la cámara alta, la coalición oficialista aún necesita un voto para consolidar dichas reformas.

Acosta Naranjo detalló que la movilización se concentrará en el Senado, ya que aún es posible detener la aprobación de la reforma al Poder Judicial, la desaparición de órganos autónomos y el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Sin embargo, adelantó que si se acelera el proceso legislativo para aprobar estas iniciativas, el Frente Cívico Nacional convocará a la toma de San Lázaro antes de que termine septiembre para impedir que Claudia Sheinbaum rinda protesta.

En el mes de agosto, 17 de las 18 propuestas incluidas en el Plan C fueron dictaminadas en las comisiones correspondientes. La única reforma pendiente, la electoral, no se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales debido a que Sheinbaum solicitó paciencia en ese tema.

Por su parte, el morenista Ricardo Monreal anunció que el 1 de septiembre, día en que se instalará la nueva legislatura, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dará lectura a la reforma judicial para que comience a discutirse la semana siguiente.

La magistrada presidenta Mónica Soto enfatizó que el Tribunal Electoral tomará decisiones sobre la asignación de plurinominales con base en la democracia y el Estado de Derecho, sin dejarse influenciar por amenazas o presiones recibidas a nivel personal, institucional y familiar.

A pesar de las críticas, presiones externas y amenazas, tanto directas como indirectas, hacia ella, su entorno institucional y familiar, Soto subrayó que el Tribunal continuará juzgando con libertad y apego a la ley, defendiendo la imposición del derecho sobre cualquier otra expectativa. Enfatizó que el Estado de Derecho debe prevalecer y la democracia prosperar.

Antes de iniciar la sesión en la que se decidirá la asignación de escaños en el Congreso de la Unión, Soto destacó que en las elecciones del pasado 2 de junio, la ciudadanía expresó su voluntad en las urnas, y es deber de la Sala Superior respetar esa decisión, actuando conforme a las leyes vigentes.

La magistrada reiteró que el Tribunal tiene la responsabilidad de proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía mexicana, asegurando que las decisiones del pleno se alineen con las reglas y normas previamente establecidas para la competencia electoral. Señaló que la decisión del Tribunal debe basarse estrictamente en la ley, dejando de lado cualquier influencia política o social.

Soto también recalcó que el Tribunal Electoral es la única autoridad con la facultad de resolver de manera definitiva la integración de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Recordó que la Constitución Política establece al Tribunal como el órgano especializado del Poder Judicial de la Federación y máxima autoridad en materia electoral, por lo que sus decisiones son estrictamente jurisdiccionales, independientemente de cualquier consideración política, económica o cultural.

Los primeros proyectos que se debatieron fueron los encabezados por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, los cuales incluyen impugnaciones del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Estos proyectos respaldan la decisión del INE, que otorgó a la coalición Morena-PT-PVEM una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, quedando a tres escaños de alcanzar la misma situación en el Senado.

J.P. Morgan, el gigante bancario de Estados Unidos, advirtió que las reformas propuestas al Poder Judicial en México podrían reducir el interés en la inversión y aumentar el riesgo de que se degrade la calificación crediticia del país el próximo año, estas declaraciones se emiten simultáneamente al fallo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que aprobó la distribución de plurinominales en la Cámara de Diputados según el método vigente, lo que asegura a la coalición Morena-PT-PVEM una mayoría calificada con 364 curules, superando en 30 escaños el mínimo necesario para aprobar rápidamente el paquete de reformas.

El banco señaló que reevaluará sus perspectivas económicas para México en el corto y mediano plazo una vez que se tenga mayor claridad sobre las reformas propuestas y sus estatutos, J.P. Morgan considera que el riesgo de rebajas en la calificación crediticia es significativo para 2025, y anticipa que al menos una agencia podría cambiar la perspectiva a negativa en el primer trimestre del próximo año, la institución subrayó la importancia de una transición suave que reconozca los riesgos y desafíos actuales para lograr un crecimiento económico sostenido.

Además, el banco expresó preocupaciones adicionales respecto a la agenda de reformas de la administración actual y la futura, entre ellas, la centralización del poder en México, y destacó los riesgos de un sector público dominante y la erosión de la rendición de cuentas al debilitar las entidades autónomas bajo la justificación de la austeridad fiscal, J.P. Morgan también advirtió que la falta de flexibilidad para ajustar las reformas en el futuro podría limitar la capacidad de respuesta de los responsables de las políticas en momentos de tensión.

La institución señaló que la prioridad del presidente Andrés Manuel López Obrador es la Reforma Judicial, la cual allanaría el camino para que las demás reformas se implementen con mayor rapidez, en contraste con lo que ocurrió durante la mayor parte de su mandato, J.P. Morgan también se mostró sorprendido por el bajo nivel de inversión directa en los últimos años, y observó que México no ha presentado un plan industrial exhaustivo en el ámbito internacional, aunque el banco cree que aún hay oportunidades en sectores bien establecidos como el automotriz y algunos productos electrónicos, advirtió que la incertidumbre actual podría frenar aún más el apetito de inversión, que ya se esperaba que disminuyera debido a un crecimiento económico más débil en la región para este año y el próximo.