El Instituto Nacional Electoral (INE) ha dado el primer paso en la organización de las elecciones para el Poder Judicial que se llevarán a cabo el domingo 8 de junio de 2025. En cumplimiento con la Reforma Judicial, el INE modificó su Reglamento de Sesiones para excluir a los partidos políticos de la coordinación de dicho proceso electoral.

Con las nuevas disposiciones, en las sesiones relacionadas con las elecciones de cargos judiciales solo podrán intervenir las 10 consejerías electorales y la presidencia del consejo, quienes tendrán tanto voz como voto. También podrá participar una o un Secretario Ejecutivo, con derecho de voz pero sin voto.

Hasta ahora, el Consejo General del INE está formado por estos 11 consejeros con derecho a voto, además de representantes de partidos políticos y del Poder Legislativo, aunque estos últimos no tienen derecho a votar. Sin embargo, la Reforma Judicial, que entró en vigor el 16 de septiembre, establece que los representantes legislativos y de los partidos políticos no podrán involucrarse en actividades, sesiones o decisiones relacionadas con la elección de cargos judiciales.

Por tal motivo, el Consejo General del INE aprobó por unanimidad, en una sesión extraordinaria urgente celebrada el 19 de septiembre, los cambios a su reglamento para garantizar que los partidos políticos y legisladores no puedan influir en este proceso. También se determinó que no podrán agregar o retirar temas en el orden del día durante las sesiones relacionadas con la organización de las elecciones judiciales.

La primera sesión de este tipo está programada para el 23 de octubre, donde se discutirá el proceso para la renovación de cargos en el Poder Judicial. En esa sesión no podrán participar los representantes de partidos políticos ni del Poder Legislativo. Este día marcará el inicio de la fase de preparación para las elecciones de junio de 2025, en las que se elegirán a 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de la Sala Superior y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, miembros del Tribunal de Disciplina Judicial, y a la mitad de los magistrados de circuito, jueces de distrito y magistradas de circuito.

A pesar de que un Tribunal Colegiado había ordenado la suspensión de la publicación de la reforma judicial, el Diario Oficial de la Federación (DOF) incluyó el decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su edición vespertina del domingo. Esto implica que la reforma entrará en vigor a partir del lunes 16 de septiembre.

Esta controversial enmienda introduce cambios profundos en el sistema judicial mexicano. Entre ellos, destaca la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a partir de 2025. Además, se reducirán las dos salas del máximo tribunal y el número de ministros pasará de 11 a 9, con un mandato de 12 años en lugar de 15.

El proceso de selección de los nuevos ministros incluirá candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo, el Judicial, el Senado y la Cámara de Diputados. Los aspirantes deberán tener al menos 10 años de experiencia en Derecho y no haber sido funcionarios federales. Las campañas se realizarán en medios, sin financiamiento público ni privado, bajo la supervisión del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral.

El presidente López Obrador, acompañado por Claudia Sheinbaum, presidenta electa, firmó el decreto en pleno contexto de las fiestas patrias, destacando que la reforma busca acabar con la simulación y garantizar un verdadero estado de derecho. “Ahora sí, el pueblo es el que manda”, aseguró el mandatario, reiterando su compromiso de erradicar la corrupción en el Poder Judicial. Sheinbaum también celebró el acontecimiento, subrayando la importancia histórica de esta transición.

La 62 Legislatura del Estado de México fue oficialmente instalada este 5 de septiembre, quedando lista para iniciar funciones. El morenista Maurilio Hernández González fue elegido como presidente de la Mesa Directiva, con un mandato inicial hasta diciembre, aunque este podría extenderse hasta un año tras posibles reformas a la ley.

El evento protocolario se desarrolló pese a que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aún no resolvía tres recursos presentados por PRI, PAN y MC. Estas fuerzas políticas buscaban obtener al menos un escaño adicional mediante la impugnación de la distribución de curules de representación proporcional. Sin embargo, las solicitudes fueron desestimadas y la distribución se mantuvo sin cambios.

Por unanimidad, el pleno legislativo designó a Maurilio Hernández como presidente de la Mesa Directiva para todo el periodo ordinario de sesiones, que concluirá en diciembre. Como vicepresidentes fueron nombrados Carlo Alberto López Imm y Jesica Rojas Hernández, mientras que las secretarías quedaron a cargo de Mercedes Colín Guadarrama, Rocío Alexia Dávila Sánchez y Ruth Salinas Reyes.

Tras rendir protesta ante la Comisión Instaladora, Maurilio Hernández tomó juramento a los 75 legisladores que integran esta nueva Legislatura. Luego, declaró formalmente instalada la 62 Legislatura y se acordó convocar a una sesión para el jueves al mediodía, con la participación de la gobernadora Delfina Gómez y el magistrado Ricardo Sodi Cuellar.

En los alrededores del recinto legislativo, simpatizantes se reunieron con música y pancartas para recibir a los nuevos diputados. Dentro, familiares y allegados de los legisladores recorrieron las instalaciones y conocieron las oficinas donde desempeñarán sus funciones.

Durante la sesión de instalación, el presidente de la Diputación Permanente saliente, Jesús Izquierdo, destacó que la anterior Legislatura siempre priorizó el interés general del Estado de México. Subrayó que en los acuerdos prevaleció el diálogo, el consenso y la concordia, logrando 20 nuevas leyes y 260 decretos tras 173 sesiones plenarias y 819 reuniones de trabajo.

Izquierdo recordó a los nuevos legisladores que ahora tienen la responsabilidad de representar al pueblo, actualizar las leyes, fiscalizar los recursos y fortalecer la democracia, asumiendo su rol como guardianes de la soberanía del Poder Legislativo.

La magistrada presidenta Mónica Soto enfatizó que el Tribunal Electoral tomará decisiones sobre la asignación de plurinominales con base en la democracia y el Estado de Derecho, sin dejarse influenciar por amenazas o presiones recibidas a nivel personal, institucional y familiar.

A pesar de las críticas, presiones externas y amenazas, tanto directas como indirectas, hacia ella, su entorno institucional y familiar, Soto subrayó que el Tribunal continuará juzgando con libertad y apego a la ley, defendiendo la imposición del derecho sobre cualquier otra expectativa. Enfatizó que el Estado de Derecho debe prevalecer y la democracia prosperar.

Antes de iniciar la sesión en la que se decidirá la asignación de escaños en el Congreso de la Unión, Soto destacó que en las elecciones del pasado 2 de junio, la ciudadanía expresó su voluntad en las urnas, y es deber de la Sala Superior respetar esa decisión, actuando conforme a las leyes vigentes.

La magistrada reiteró que el Tribunal tiene la responsabilidad de proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía mexicana, asegurando que las decisiones del pleno se alineen con las reglas y normas previamente establecidas para la competencia electoral. Señaló que la decisión del Tribunal debe basarse estrictamente en la ley, dejando de lado cualquier influencia política o social.

Soto también recalcó que el Tribunal Electoral es la única autoridad con la facultad de resolver de manera definitiva la integración de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Recordó que la Constitución Política establece al Tribunal como el órgano especializado del Poder Judicial de la Federación y máxima autoridad en materia electoral, por lo que sus decisiones son estrictamente jurisdiccionales, independientemente de cualquier consideración política, económica o cultural.

Los primeros proyectos que se debatieron fueron los encabezados por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, los cuales incluyen impugnaciones del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Estos proyectos respaldan la decisión del INE, que otorgó a la coalición Morena-PT-PVEM una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, quedando a tres escaños de alcanzar la misma situación en el Senado.

Los partidos de oposición PAN, PRI y PRD han dejado de lado sus impugnaciones contra la validez de la elección presidencial. No se han presentado en el Tribunal Electoral para insistir en sus reclamos, ni han solicitado reuniones con las magistraturas, y la Comisión Especial no ha recibido ninguna petición de audiencia pública.

A una semana de la difusión del proyecto del “juicio madre” que prevé aprobar la elección sin obstáculos al desestimar las irregularidades señaladas por la oposición, los partidos han dejado sola a Xóchitl Gálvez en su lucha por demostrar inequidad, irregularidades, y la intervención presidencial y del crimen organizado.

Las disputas internas de los partidos, desde las riñas por la reelección en el PRI hasta la posible desaparición del PRD, han llevado a sus dirigentes a abandonar lo que consideraban una batalla crucial para establecer un precedente sobre la supuesta intervención del Presidente de la República.

MILENIO confirmó que el Tribunal Electoral solo ha recibido interés de los líderes partidistas en asuntos ajenos a la elección. Aunque Xóchitl Gálvez ha insistido en el tema, tampoco ha solicitado una audiencia pública de alegatos, la cual se transmitiría en vivo con las seis magistraturas presentes.

Gálvez se ha reunido en privado con las magistraturas de la Sala Superior y anunció su intención de buscar a Claudia Valle, quien asumirá provisionalmente la sexta silla para completar el quórum legal.

El 24 de julio, la Comisión Especial para las impugnaciones aprobó el cierre de instrucción y publicó el proyecto que declara infundadas las pruebas y argumentos de la oposición para anular la elección, concluyendo que la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador no fue determinante en los resultados, que dieron una ventaja de casi 20 millones de votos a Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez.

El juicio de Gálvez fue desechado al no buscar la anulación de la elección, requisito indispensable para su consideración en el “juicio madre”. Sin embargo, los argumentos coincidentes de Gálvez y los partidos que la apoyaron fueron analizados, y tanto PAN y PRD, como el PRI, tienen la oportunidad de solicitar una audiencia pública de alegatos, aunque hasta ahora no han mostrado interés en hacerlo.

La Sala Superior ha destacado que es la primera vez en la historia que se da total difusión a este proceso, haciendo públicos los expedientes, pruebas y el proyecto de resolución. El único paso pendiente es la audiencia pública, que será inédita y transmitida en vivo, con la participación de las seis magistraturas.

Los partidos no asistieron a la audiencia de pruebas del 6 de julio, ni han solicitado reuniones privadas con las magistraturas, ni la audiencia pública de alegatos. Mientras tanto, Gálvez ha expresado su interés en completar el proceso, pero aún no ha formalizado el trámite para su última oportunidad de exponer sus argumentos sobre la intervención del crimen organizado y del presidente López Obrador en la elección.

Si esto no cambia, los planes de la Sala Superior para declarar la validez de la elección presidencial a mediados de agosto podrían adelantarse, en cuanto las magistraturas presenten sus observaciones al proyecto y estén listas para votar.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha presentado una distribución preliminar de las 300 curules de mayoría relativa en la Cámara de Diputados, pendiente de la resolución de los juicios de impugnación ante el Tribunal Electoral.

En esta configuración inicial, la Cámara de Diputados estaría compuesta por 147 mujeres y 153 hombres.

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se ha consolidado como la fuerza política dominante, según los resultados preliminares proporcionados por el INE. Morena cuenta con 161 diputados, lo que representa más del 50% de los asientos en la Cámara. Este total incluye 91 mujeres y 70 hombres, destacando el compromiso del partido con la paridad de género.

Morena no está solo en su mayoría relativa. Sus aliados tradicionales, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), también han asegurado una representación significativa, fortaleciendo la coalición y su capacidad para impulsar su agenda legislativa.

• PVEM: 38 escaños, con 26 mujeres y 12 hombres.
• PT: 38 diputados, con 14 mujeres y 24 hombres.

La distribución de diputados por partido, según el INE, es la siguiente:

• Morena: 161 diputados (91 mujeres y 70 hombres)
• PAN: 32 diputados (13 mujeres y 19 hombres)
• PRI: 30 diputados (14 mujeres y 16 hombres)
• PRD: 5 diputados (1 mujer y 4 hombres)
• PT: 38 diputados (14 mujeres y 24 hombres)
• PVEM: 38 diputados (26 mujeres y 12 hombres)
• Movimiento Ciudadano: 2 diputados (1 mujer y 1 hombre)
• Candidaturas Independientes: 1 diputada

El INE no ha adelantado información sobre la asignación de legisladores plurinominales, que buscan representar a las minorías. Mientras tanto, la Secretaría de Gobernación ha solicitado que esta asignación se realice por partido político, lo que podría incrementar la mayoría oficialista más allá de los 300 legisladores.

Analistas han expresado preocupaciones sobre la sobrerrepresentación, insistiendo en que el límite constitucional de 300 legisladores para un mismo partido debe ser respetado.

Miembros del Observatorio Ciudadano se reunieron con consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) y su presidenta, Guadalupe Taddei, para discutir la sobrerrepresentación de Morena, PT y Partido Verde en la Cámara de Diputados, señalando la asignación de plurinominales como el principal problema.

A la reunión asistieron Jorge Alcocer, Morelos Canseco, Elba Arjona y Jesús Orozco, quienes también entregarán un documento al INE detallando su análisis sobre el tema.

En una conferencia, Jorge Alcocer explicó que la Constitución impone dos límites: ningún partido debe tener una sobrerrepresentación mayor al 8% ni más de 300 diputados por ambos principios.

“El análisis del Observatorio Ciudadano concluye que estas dos restricciones constitucionales del artículo 54 se aplican tanto a partidos políticos individuales como a coaliciones electorales. Según esta interpretación, la coalición de Morena, Verde Ecologista y PT no debería tener más de 300 diputados en la próxima legislatura y no debe exceder una sobrerrepresentación del 8% como coalición”, señaló Alcocer.

Alcocer también mencionó que las consejerías no han presentado una proyección sobre la posible integración de la Cámara de Diputados y que siguen analizando el tema, con una resolución esperada para el 20 de agosto.

Jesús Orozco, por su parte, enfatizó la necesidad de una interpretación sistemática y funcional del texto constitucional, enfocándose en las coaliciones en lugar de los partidos individualmente.

El Observatorio Ciudadano también ha solicitado una audiencia con las cinco magistraturas del Tribunal Electoral para presentar los mismos argumentos.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha enviado a la Sala Superior del Tribunal Electoral ocho juicios relacionados con la elección presidencial, junto con informes que avalan la constitucionalidad y legalidad del proceso.

Entre los juicios presentados se encuentran cinco para la Protección de los Derechos Político-Electorales (JDC), interpuestos por Xóchitl Gálvez y cuatro ciudadanos adicionales. Además, se incluyen tres juicios de inconformidad: uno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), otro de la Coalición Fuerza y Corazón por México, y uno más de la ciudadana Enriqueta Flores.

Estos recursos, conforme a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, permiten denunciar posibles violaciones a los derechos político-electorales, incluyendo el derecho a votar y ser votado, ya sea por ciudadanos individuales o sus representantes legales.

Los juicios de inconformidad buscan asegurar la validez y legalidad de los resultados electorales para la Presidencia de la República, senadurías y diputaciones. Mediante estos juicios, los partidos políticos pueden cuestionar los resultados por errores aritméticos, nulidades en casillas, falta de instalación de casillas, o inelegibilidad de candidatos.

La Sala Superior del TEPJF tiene la autoridad para resolver, de manera definitiva e inapelable, las disputas que surjan de los juicios de inconformidad contra los cómputos distritales de la elección presidencial.

Hasta la fecha, el Sistema Integral de Medios de Impugnación registra 241 juicios de inconformidad contra los cómputos distritales de la elección presidencial, 517 relacionados con la elección de diputaciones y 405 sobre la elección de senadurías.