México fija precios mínimos de exportación para el jitomate y refuerza defensa del sector agrícola

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, estableció precios mínimos de exportación para el jitomate fresco de origen nacional. La medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tiene como propósito proteger la planta productiva, mantener el equilibrio en el comercio internacional y garantizar el abasto interno, tras la finalización en julio del Acuerdo de Suspensión de la Investigación Antidumping con Estados Unidos.

El acuerdo fija precios en dólares para las distintas variedades de jitomate:

  • Tomate Cherry: 1.70 dólares.
  • Tomate bola: 0.95 dólares, con tallo: 1.65 dólares y en racimo: 1.70 dólares.
  • Tomate Roma (saladette): 0.88 dólares.
  • Tomate grape (uva): 1.70 dólares.
  • Otras variedades como Cocktail, Campari, Kumato, Mini Roma, Heirloom, Pera, Medley y San Marzano: 1.70 dólares.

Este mecanismo se aplicará únicamente a exportaciones definitivas y no contempla restricciones de volumen ni precios máximos. Su función principal es dar certidumbre a las operaciones internacionales del sector. Las dependencias indicaron que los precios serán revisados anualmente o antes si el mercado lo demanda.

Manuel Antonio Cázares, presidente del Sistema Producto Tomate, informó que la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Economía continúan negociaciones con Estados Unidos. En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó un plan de respaldo al sector que no dependa de subsidios.

El contexto de esta decisión incluye el retiro, por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos, del Acuerdo de 2019 que suspendía la investigación antidumping contra tomates frescos mexicanos. Desde el 14 de julio, las exportaciones hacia ese país enfrentan un arancel del 17.03%, calculado bajo el argumento de que parte de la producción mexicana se vende a precios considerados “injustos” en el mercado estadounidense.

El Departamento de Comercio señaló que esta medida está alineada con sus políticas comerciales y con la estrategia de la administración del entonces presidente Donald Trump hacia México. La ruptura del acuerdo obliga a exportadores mexicanos a adaptarse a un nuevo escenario competitivo, en el que el establecimiento de precios mínimos busca mitigar los efectos del arancel y prevenir prácticas que puedan perjudicar al sector nacional.

Las secretarías subrayaron que la acción refuerza el compromiso del Gobierno con la competitividad agrícola, la generación de empleo digno en el campo y la soberanía alimentaria. El acuerdo cuenta con el respaldo de las asociaciones de productores de jitomate que participan en el comercio con Estados Unidos.

Con estas medidas, México busca mantener su posición en uno de sus mercados agrícolas más importantes y proteger a miles de productores que dependen de la exportación de esta hortaliza.

México, en la cuerda floja ante el fallo del panel sobre maíz transgénico

A poco más de un mes de conocer la resolución final sobre la controversia del maíz transgénico, México muestra signos de retroceso. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, reconoció ayer que el fallo podría ser adverso para el país. La decisión definitiva se espera para el 14 de diciembre, pero la resolución preliminar del 22 de octubre ya anticipa una posición contraria a la prohibición mexicana del maíz genéticamente modificado para consumo humano.

La disputa se originó cuando México implementó una medida precautoria para prohibir el uso de maíz transgénico en alimentos dirigidos al consumo humano, argumentando la protección de la salud y la biodiversidad. Sin embargo, Estados Unidos presentó un reclamo bajo el T-MEC, calificando la medida de discriminatoria y carente de evidencia científica que respalde los riesgos para la salud. Según el país vecino, la prohibición afecta su capacidad de exportación y contradice los acuerdos de libre comercio.

Durante un evento en el Colegio de México, Ebrard expresó: «A lo mejor nos ganan el panel», reflejando la creciente preocupación dentro de la Secretaría de Economía. A pesar de ello, México insiste en que el fallo no es definitivo y asegura haber presentado argumentos adicionales para cambiar la postura inicial.

En caso de un fallo desfavorable, México se enfrentará a dos opciones principales: levantar la prohibición del maíz transgénico o afrontar represalias comerciales, como la imposición de aranceles. Ambas opciones tendrían efectos importantes en sectores clave como el agropecuario y en las exportaciones hacia Estados Unidos.

Ante este escenario, el gobierno deberá evaluar alternativas para ajustar su política sin renunciar por completo a los objetivos de protección. Una posibilidad sería permitir el uso del maíz transgénico en ciertos productos mientras se regula estrictamente su importación. Sin embargo, esta opción conlleva retos económicos, técnicos y sociales.

Un fallo adverso podría además servir como catalizador para que movimientos ambientalistas y académicos exijan reformas que fortalezcan la soberanía alimentaria y promuevan prácticas sostenibles, como la agroecología. Paralelamente, el caso pone de manifiesto un conflicto de fondo en el T-MEC: el equilibrio entre soberanía alimentaria y libre comercio.

La resolución del panel podría sentar un precedente importante, limitando o ampliando la capacidad regulatoria de México en futuras disputas comerciales. Las implicaciones no solo afectarían al sector agropecuario, sino que podrían extenderse a otras áreas sensibles de la economía y el comercio exterior.

Con la fecha del fallo final acercándose, el gobierno mexicano enfrenta decisiones cruciales que podrían definir el rumbo de su política agroalimentaria y sus relaciones comerciales con Estados Unidos.