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El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón presentó ante el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un proyecto en el que propone confirmar la multa de 16 mil 857 pesos impuesta a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, por haber recibido aportaciones prohibidas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) durante el inicio de su campaña. La discusión de este caso está programada para la próxima semana en la Sala Superior.

La sanción fue originalmente establecida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) el 28 de julio, al resolver que Esquivel incurrió en una falta al no rechazar aportaciones en especie provenientes de un ente no autorizado por la ley. El señalamiento se derivó de su participación el 30 de marzo en un evento realizado en Ecatepec, Estado de México, al que acudieron maestros de la sección 36 del SNTE y que fue identificado como el arranque de su campaña bajo el título “Diálogos por la Transformación de la Justicia en México”.

El INE concluyó que Esquivel utilizó mamparas, pantallas y un podio provistos por el sindicato, elementos que fueron considerados aportaciones en especie prohibidas al constituir recursos propagandísticos accesorios al evento. Con base en ello, el órgano electoral fijó una sanción económica que, en su opinión, corresponde a la gravedad de la falta.

La entonces candidata interpuso un recurso de apelación el 8 de agosto, en el que argumentó que la sanción era desproporcionada y que el INE debió esperar la resolución de otro procedimiento sancionador antes de imponer la multa. Sin embargo, el proyecto elaborado por el magistrado Rodríguez Mondragón sostuvo que no era necesario posponer el análisis de la queja, pues la conducta imputada ya se encontraba claramente tipificada en la normativa electoral.

“El proyecto señala que la aportación de un ente no permitido se encuentra debidamente contemplada en la legislación y que, en este caso, la utilización de los recursos aportados por el SNTE sí constituyó una infracción”, indica el documento presentado al pleno. Bajo esta argumentación, Rodríguez Mondragón planteó que la multa debe ser confirmada al no considerarse excesiva ni desproporcionada frente a la conducta cometida.

La resolución definitiva sobre la apelación de Yasmín Esquivel se discutirá en una próxima sesión pública del TEPJF, donde los magistrados deberán pronunciarse sobre la propuesta de confirmar la sanción administrativa establecida por el Instituto Nacional Electoral.

El comisionado presidencial para la reforma electoral, Pablo Gómez, aseguró que el gobierno federal mantiene como prioridad la imparcialidad en las instituciones electorales de México y garantizó que esa será la base del proyecto que presentará la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Nosotros formamos parte de una corriente histórica en México, que luchó siempre y sigue luchando por abrirle camino a la imparcialidad de los órganos electorales, administrativos y jurisdiccionales, esa posición la mantiene el gobierno de la presidenta Sheinbaum y la mantendrá hasta el final de este proceso”, afirmó el funcionario.

Gómez subrayó que quienes integran la actual administración no sólo han defendido esta causa durante décadas, sino que ahora buscan concretar un cambio definitivo en el sistema electoral. “Ahora queremos cambio, también, ya dar el último salto y definitivo para garantizar la imparcialidad de todos los órganos electorales”, señaló.

El anuncio se dio después de un encuentro con integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE), encabezados por su consejera presidenta Guadalupe Taddei. Tras la reunión, el exdiputado federal y exsenador plurinominal aclaró que en este momento no existe ninguna iniciativa en firme sobre la mesa, ya que el proceso se encuentra en una fase de análisis y crítica al sistema electoral vigente. “De la crítica saldrán los elementos para cambiar, de cambio”, puntualizó.

Como parte de la estrategia para abrir el debate, Pablo Gómez adelantó que se convocará a audiencias públicas donde podrán participar todos los actores interesados en aportar propuestas y observaciones. Detalló que se habilitará una página de internet para el registro de participantes, a fin de dar transparencia al proceso de organización.

Además, confirmó que se llevarán a cabo foros especializados en la Secretaría de Gobernación, con el objetivo de discutir a fondo los temas más relevantes de la futura reforma. Estas actividades buscan reunir a partidos políticos, especialistas, académicos y ciudadanos que quieran contribuir al rediseño de las reglas electorales del país.

El funcionario insistió en que el propósito es fortalecer la confianza en los órganos encargados de organizar y calificar las elecciones en México. En este sentido, recalcó que la administración actual pretende dar un paso histórico en la consolidación de la imparcialidad como principio rector de la vida democrática.

La ruta hacia la reforma, de acuerdo con Gómez, será incluyente y abierta a todas las voces, con la intención de que las modificaciones que se propongan cuenten con sustento social y legitimidad pública antes de ser presentadas en el Congreso.

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó la autenticidad de los videos en los que aparece Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, recibiendo dinero en efectivo de David León. Sin embargo, las consejeras del organismo precisaron que, tras una investigación exhaustiva, no fue posible acreditar que esos recursos hayan tenido como destino el financiamiento ilegal de Morena.

La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización y responsable directa de la indagatoria, detalló que se realizaron peritajes y diversas diligencias sobre el material difundido. “Sí, están los videos, tienen una calidad no tan buena, se hizo un peritaje, están todas las diligencias que hicimos, y con toda la investigación que se hizo, no se llegó a esa conclusión de que esos recursos llegaron a un partido político o hubieran beneficiado a un partido político”, puntualizó.

Sobre los señalamientos de impunidad en el caso, Humphrey subrayó que el INE actuó dentro de los límites de sus atribuciones. “Aquí se investigó lo que se pudo investigar, se hicieron peritajes en videos, y me parece que este instituto con los elementos que tiene y las diligencias que hizo no pudo comprobar que esos recursos fueran a dar, que esa fue la denuncia que se presentó, que se estaban utilizando para fines partidistas”, indicó.

Por su parte, la consejera Dania Ravel destacó la necesidad de otorgar mayores facultades de fiscalización al instituto en el marco de una eventual reforma electoral. Consideró que el caso evidencia las limitaciones que enfrenta el INE para seguir la pista del dinero cuando se entrega en efectivo.

“El instituto no puede hacer nada más allá de lo que no esté probado, entonces al final de cuentas no teníamos más elementos probatorios, hicimos la investigación para seguir los recursos, el problema también en este tipo de casos, por eso creo que hay que pensar en darle mayores facultades a fiscalización. Es que es muy difícil rastrear el dinero que a lo mejor se pueda dar en efectivo”, señaló.

El expediente fue cerrado oficialmente este jueves, a pocos días de que venciera el plazo de prescripción de los delitos investigados, previsto para el próximo 2 de septiembre. La consejera Humphrey Jordan subrayó que el organismo cumplió con los tiempos y procedimientos establecidos, aunque reiteró que no existieron elementos que acreditaran un uso electoral de los recursos.

Con esta resolución, el INE da por concluido uno de los casos más mediáticos vinculados a la figura de Pío López Obrador, en el que si bien se reconoció la existencia y autenticidad de los videos, no se pudo comprobar el presunto financiamiento ilícito a Morena.

La comisión presidencial encargada de la reforma electoral, encabezada por Pablo Gómez, anunció que lanzará una consulta nacional para conocer la postura de la ciudadanía sobre dos temas clave: la posible eliminación de senadores y diputados plurinominales y la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. El resultado de este ejercicio servirá para alimentar la iniciativa que la presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso.

Durante la más reciente sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el representante de Morena ante ese organismo, Guillermo Santiago, explicó que la consulta será abierta y tendrá como propósito recoger directamente la opinión de la gente. 

“Gran parte de los planteamientos y de los temas centrales que se van a encuestar es, por un lado, si debe reducirse el financiamiento público a los partidos políticos y, por otro, si es pertinente eliminar o reducir las diputaciones plurinominales. Estas preguntas no se van a contestar desde las élites, sino desde el pueblo”, afirmó.

Santiago también rechazó que revisar el presupuesto del INE sea un intento por debilitar a la institución. Agregó que la comisión presidida por Gómez escuchará “todas las voces”, desde ciudadanos y legisladores hasta expertos, académicos y organizaciones sociales.

“Queremos una democracia eficiente, queremos una democracia austera y una democracia verdaderamente representativa y legítima, no queremos que se eternicen en el poder estos viejos lobos de mar, que lo único que quieren es seguir destruyendo este país”, declaró.

La propuesta, sin embargo, ya ha provocado reacciones de la oposición. Juan Ignacio Zavala, representante legislativo de Movimiento Ciudadano, criticó el regreso de las comisiones presidenciales y señaló que el simple hecho de anticipar los temas de la encuesta sin esperar los resultados refleja que el ejercicio será “pura simulación”.

Desde el PRI, Emilio Suárez advirtió que esta sería la primera vez en la historia de México que se intenta impulsar una reforma electoral sin la participación de los partidos políticos. El legislador calificó como sorprendente que, en medio de acusaciones desde Estados Unidos sobre presuntos vínculos de Morena con el crimen organizado, lo primero que se plantee sea eliminar el financiamiento público. Según dijo, esa decisión abriría la puerta a que recursos ilícitos ingresen con mayor facilidad a las campañas.

Por su parte, el representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, alertó que, si la propuesta presidencial llega al Congreso y se aprueba sin modificaciones, el país correría el riesgo de un retroceso democrático. “Eso sería un golpe directo a la democracia mexicana, un golpe de Estado, porque eliminaría el debate público, la participación de partidos políticos y de la sociedad civil, y convertiría las reglas electorales en un decreto unilateral de un poder del Estado”, sostuvo.

La consulta nacional se perfila como un ejercicio que no solo medirá la opinión ciudadana, sino que también marcará el rumbo de una de las discusiones políticas más relevantes del sexenio: cómo construir una democracia que sea, al mismo tiempo, representativa, legítima y austera.

El Instituto Nacional Electoral (INE) otorgó este viernes 45 constancias de mayoría a jueces y magistrados que, en un inicio, habían sido declarados inelegibles. La decisión obedeció a una instrucción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con el propósito de evitar vacancias en cargos judiciales y garantizar el cumplimiento de la paridad de género.

Durante la sesión del Consejo General, los consejeros manifestaron su desacuerdo con la resolución del Tribunal Electoral. No obstante, votaron a favor del cumplimiento del mandato judicial, con excepción de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, quien expresó su respaldo abierto a la legitimidad de los triunfos.

“Estos 45 triunfos no son menos legítimos. No han sido designados, han sido electos, no representan a un sector o a una élite, su legitimidad no proviene del poder sino del pueblo de México. Su responsabilidad no es sólo con la ley, sino con la historia”, declaró Taddei Zavala.

El origen del caso se remonta a la verificación de requisitos académicos y criterios de paridad. En varios casos, los aspirantes no alcanzaron el promedio mínimo requerido en licenciatura o especialidad, lo que llevó al INE a declarar vacantes. Sin embargo, el TEPJF ordenó reconocer los resultados de la elección del 1 de junio.

En al menos 28 casos, se trató de magistraturas donde no se cumplía con el promedio de nueve en la especialidad. Además, en 12 procesos el ajuste se realizó por criterios de equidad de género: mujeres que habían obtenido el triunfo, pero cuyos lugares se habían asignado a hombres.

Entre quienes recibieron su constancia como jueces de distrito se encuentran Tania Virginia Neri Borjas, María De Fátima Ramírez Esparza, Arlette Bisteni Pérez, José Wenceslao Báez Montelongo, Julio Alberto Ramírez Martínez, Jesymar Castillo Arangute y Edgar Alejandro Domínguez Villapudua.

También figuran José Antonio Ruiz Rosales, Ricardo Jiménez Galicia, María Isabel Contreras López, Carlos Alberto Arellano Fuentes, Selene Isela Campos López, Genaro García Carrasco, Benjamín Rodríguez Cuéllar, María del Carmen Zúñiga Cleto, Rosa María Viveros Villegas, Graciela Anaya Ruiz, Marelie Mendoza Reyna y Yadira Guadalupe Dórame Enríquez.

En el caso de las magistraturas de circuito, el INE entregó constancias a Diego Gatica Noriega, José Francisco Nieto Alcalá, Juan Pablo Vásquez Calvo, Sixto Iván Rivera López, Norma Leticia Aguilar Estrada, María Eugenia Martínez Carrillo, Edgar Iván Asencio López, Landy Giselle Brito Bernal, Carlos Francisco López Reyna, Luis Carlos Maldonado Lazos y Sonia Alejandra Martínez Mireles.

La lista incluye además a Carol Denise Gómez Castro, Darío García Cedillo, Mariela Estefanía Zurita Lugo, Rodolfo Alejandro Ramos Santillán, María Valdés Leal, Sheila Taideth Díaz Colín, Jorge Medina Sarabia, Catalina Álvarez Ramales, Ana Yadira Alarcón Márquez, Ximena Jiménez García, Nadia Cecilia Lupita Licón González, Lilia Areli Zamora Colmenares, Nancy Aguilar Tovar, Melina Hernández Sánchez y Xitlali Gómez Terán.

Con esta decisión, el INE dio cumplimiento a la instrucción del TEPJF y cerró el proceso de entrega de constancias, con lo cual los nuevos jueces y magistrados podrán ejercer el cargo para el que fueron electos en las urnas.

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó la entrega de un bono equivalente a dos meses de salario a su consejera presidenta, Guadalupe Taddei, a los consejeros electorales y a todo el personal del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) como compensación por la carga laboral de la reciente elección de jueces, ministros y magistrados.

La remuneración extraordinaria a Taddei fue de 240 mil 784 pesos netos, considerando que su sueldo bruto es de 262 mil 634 pesos y su salario neto mensual de 120 mil 392 pesos. Este monto se asignó con base en el oficio INE/DEA/CEI/1018/2025 de la Dirección Ejecutiva de Administración.

En total, el organismo destinó alrededor de 23 mil 757 millones de pesos para cubrir el pago a todo su personal operativo, una cifra semejante a la que se aplicó el año anterior durante la elección presidencial. El beneficio incluyó a consejeros, directores ejecutivos, directores de área, coordinadores, subdirectores y personal del SPEN.

El pago del llamado “bono electoral” se realizó en dos partes: la primera en marzo y la segunda en mayo de 2025. Esta práctica, vigente para el personal electoral desde los procesos federales de 1993, también se ha aplicado en elecciones extraordinarias, como la de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México (2020-2021). En el caso específico de los consejeros, el bono se otorgó hasta 2012, se suspendió y fue retomado en 2024 por propuesta de Taddei Zavala.

La aprobación para este año se dio el 8 de marzo de 2025 en la Junta General Ejecutiva, mediante el acuerdo INE/JGE40/2025. En dicho documento se establecieron las bases para cumplir lo dispuesto en el artículo 67, fracción XVII, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, en relación con el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 del Poder Judicial de la Federación.

Este pago extraordinario se justifica por el incremento de trabajo que generan los procesos electorales, particularmente en los que involucran cargos de alta responsabilidad, como jueces, magistrados y ministros. Según el INE, la operación de la elección judicial requirió un despliegue logístico y técnico similar al de una elección federal ordinaria, lo que demandó recursos humanos y financieros adicionales.

Con esta asignación, el INE mantiene la política de reconocimiento económico a su personal por su participación en procesos electorales extraordinarios, asegurando la cobertura de todas las etapas de organización y desarrollo de la jornada.

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio luz verde al nuevo modelo de credencial para votar, que incorporará tecnología de vanguardia para reforzar su seguridad y autenticidad. La decisión fue tomada este jueves durante la sesión del Consejo General, donde se detallaron los cambios que tendrá el documento más utilizado para identificarse en México.

Arturo Castillo Loza, consejero electoral y presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, informó que esta renovación se enmarca dentro de un proceso de licitación para contratar a la empresa que fabricará las nuevas credenciales. Aprovechando este proceso, el INE introducirá mejoras sustanciales tanto en diseño como en protección contra fraudes.

El nuevo diseño contará con innovaciones como microtextos, elementos ópticamente variables, tintas termocromáticas e infrarrojas, así como un diseño de seguridad de alta resolución. También se añadirá una fotografía digital en el reverso y un elemento táctil que facilitará su uso a personas con debilidad visual.

Además, se mantendrán los mecanismos actuales de verificación y lectura rápida, como los códigos de barras tradicionales y los códigos QR bidimensionales de alta densidad. El documento seguirá incluyendo hasta 650 caracteres para los datos personales del titular, así como el código OCR compuesto por la sección electoral y un identificador único.

El objetivo central, señaló Castillo, es robustecer la seguridad del documento para hacerlo prácticamente infalsificable y garantizar la integridad de los procesos democráticos en México.

“Se busca incrementar las medidas de seguridad de esta credencial y garantizar que sea prácticamente infalsificable”, afirmó.

El nuevo modelo también abre la puerta a futuras discusiones sobre la inclusión de información adicional, como la voluntad de donación de órganos o la pertenencia a un grupo indígena, a solicitud de ciudadanos. Sin embargo, estos temas serán abordados en una etapa posterior.

La renovación de la credencial forma parte de los esfuerzos del INE por mantenerse a la vanguardia tecnológica y proteger la identidad de más de 97 millones de ciudadanos registrados en el padrón electoral. Con estas modificaciones, el instituto busca no solo facilitar el ejercicio del voto, sino también fortalecer la confianza en los instrumentos electorales del país.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió otorgar un amparo a Lorenzo Córdova Vianello, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), en relación con una mención contenida en los libros de texto gratuitos de sexto grado de educación básica.

La resolución instruye a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a modificar la versión digital del libro “Proyectos comunitarios”, específicamente en su página 246, donde se hace referencia a Córdova. El texto deberá ser editado para eliminar dicha mención, por considerarse una afectación a los derechos fundamentales del exconsejero.

La impugnación fue promovida por autoridades electorales, luego de que una jueza federal determinara que la inclusión del fragmento en los libros transgrede el derecho a una educación objetiva, al presentar de forma parcial un episodio relacionado con la vida pública del exfuncionario. El proyecto judicial estuvo bajo la ponencia del ministro Javier Láynez Potisek.

En su demanda, Lorenzo Córdova argumentó que el contenido mencionado en el libro deriva de una intervención ilegal de sus comunicaciones privadas. Afirmó que su inclusión en un material educativo oficial constituye una pena “infamante y excesiva”, atribuida por el Estado mexicano, y que lo expone a riesgos y vulnerabilidades innecesarias.

La sentencia de la Corte señala que los planteamientos del quejoso son fundados, ya que la inclusión del pasaje en cuestión afecta su derecho al honor y la reputación, al modificar la percepción pública sobre su persona sin brindar un contexto completo ni equilibrado. “Resultan fundados los argumentos del quejoso a través de los cuales plantea que el acto reclamado transgrede su derecho al honor y reputación debido a que modifica la opinión, idea o concepto que la gente tiene sobre dicha persona”, detalla el fallo.

La resolución también respalda la interpretación previa de la jueza de primera instancia, quien advirtió que el pasaje en cuestión “sólo muestra una parte de los hechos que dieron su origen y demerita las cualidades morales y profesionales que ha demostrado a lo largo de su carrera académica y profesional”.

Este amparo representa un precedente relevante sobre la responsabilidad del Estado mexicano al utilizar referencias a figuras públicas en materiales educativos, especialmente cuando dichas menciones pueden afectar derechos fundamentales, como la honra, la privacidad y la imagen pública.

Con la decisión de la Corte, la SEP deberá proceder a modificar la versión digital del libro y acatar la resolución para garantizar la imparcialidad y el respeto a los derechos humanos en sus contenidos pedagógicos.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió revocar la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) que había declarado vacantes 45 cargos de magistraturas de circuito y juzgados de distrito, al considerar que esta determinación invadió competencias exclusivas de los Comités de Evaluación.

Durante la sesión pública de este miércoles, el TEPJF resolvió los primeros 18 juicios de inconformidad relacionados con la inelegibilidad de candidaturas y determinó que, en la mayoría de los casos, el INE debe entregar las constancias de mayoría a quienes ganaron en las urnas. En 15 casos se restituyeron triunfos, en dos se desestimaron impugnaciones contra candidaturas que sí recibieron constancia, y en un caso se ordenó entregar el cargo al segundo lugar más votado por género.

El criterio adoptado por los magistrados ponentes Mónica Soto y Felipe Fuentes establece que el promedio de nueve en especialidad es un requisito de idoneidad y no de elegibilidad, por lo tanto, solo los Comités de Evaluación tienen la facultad de juzgarlo, no el INE. En contraste, el promedio de ocho en licenciatura sí constituye un criterio objetivo y legal de elegibilidad.

El magistrado Fuentes señaló que el INE aplicó una metodología arbitraria al revisar promedios académicos, imponiendo criterios no previstos en la Constitución ni en la convocatoria. “La actuación del INE no fue un simple cotejo, sino una revaloración con elementos nuevos y excluyentes, lo que implica invalidar el actuar de la autoridad responsable”, afirmó.

La presidenta de la Sala, Mónica Soto, agregó que el instituto “anuló el trabajo de los Comités sin razón lógica o precisa”, al modificar las reglas del proceso electoral una vez que la ciudadanía ya había votado. Felipe de la Mata, quien completó la mayoría, indicó que esta controversia revela las contradicciones en la redacción de la reforma judicial, que propició criterios dispares entre autoridades.

Por otra parte, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón propuso declarar la nulidad total de las elecciones afectadas y convocar a comicios extraordinarios, pero su propuesta no fue respaldada. Janine Otálora votó en contra de todos los proyectos, aunque coincidió en que el INE se excedió en la forma, al utilizar una metodología no reconocida por los Comités.

Un caso emblemático resuelto fue el de la magistratura en materia mixta del noveno circuito en San Luis Potosí, donde se comprobó que la candidata ganadora, María Concepción Castro Martínez, no cumplía con el promedio mínimo en licenciatura y no impugnó la decisión del INE. En consecuencia, se ordenó otorgar la constancia a la segunda más votada del mismo género, Sheila Taideth Díaz Colín.

Los criterios aprobados este miércoles se aplicarán al resto de los casos pendientes, que se discutirán en próximas sesiones, bajo el principio de respeto al voto ciudadano y a las competencias de los Comités de Evaluación. El INE deberá entregar las constancias de mayoría correspondientes de forma inmediata, una vez notificado y concluido el engrose de los proyectos.

A partir del 1 de septiembre, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados impulsará una nueva reforma electoral que busca, entre otros puntos clave, recortar en un 50% el financiamiento público a los partidos políticos. Esta propuesta, que ya había sido rechazada en 2019, contempla también reducir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) y modificar el sistema de representación proporcional que actualmente incluye a 200 diputados y 32 senadores.

El proyecto, en elaboración por el senador Ricardo Monreal Ávila con base en los lineamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum, será enviado desde Palacio Nacional al Congreso de la Unión como parte del paquete de reformas prioritarias de la llamada Cuarta Transformación. 

Sin embargo, Morena enfrenta nuevamente un panorama legislativo complejo. En su primer intento, realizado en la última sesión del periodo ordinario del 12 de diciembre de 2019, los aliados Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) votaron en contra del recorte, alineándose con la oposición. Solo la entonces diputada petista Rosa María Bayardo Cabrera votó a favor, mientras otros integrantes del PT se ausentaron de la sesión.

La diputada Lilia Aguilar Gil, vocera del PT, reiteró su postura basada en la reforma electoral de 2014: “Esto para evitar la intromisión del crimen organizado en las fuerzas políticas y de los poderes fácticos en general, se debe fortalecer a las instituciones públicas que dan acceso al poder”. Aclaró que no puede emitir una posición definitiva hasta conocer el texto oficial de la nueva iniciativa.

Desde el PVEM, el coordinador parlamentario Carlos Puente Salas también se mostró cauteloso. Aunque remarcó la importancia de la equidad en la asignación de recursos y tiempos de medios, señaló que no puede anticipar una postura sin conocer la redacción final. “Es como una carrera de 100 metros, ¿por qué unos arrancan en el metro 40 y otros en el uno? No es parejo”, recordó, citando al entonces vicecoordinador Arturo Escobar en el debate de 2019.

Puente añadió que las prerrogativas no se limitan al dinero, sino también a la difusión en medios, donde existen disparidades significativas. “Podemos coincidir en la reducción si se va a repartir de manera equitativa entre los partidos”, puntualizó.

Durante la votación de 2019, 30 diputados del PT se pronunciaron en contra, incluidos Reginaldo Sandoval, Mary Carmen Bernal Martínez y José Luis Montalvo, además de Alfredo Femat, quien ahora forma parte de la bancada de Morena.

En ese mismo debate, el diputado del PAN, José Elías Lixa, recordó que en 2017 en Yucatán se redujo el financiamiento público en un 50%, pero fue Morena quien presentó una acción de inconstitucionalidad para revertir esa decisión, encabezada entonces por Andrés Manuel López Obrador.

Con este nuevo intento, Morena busca retomar la iniciativa en el arranque del nuevo periodo legislativo. A pesar de las diferencias internas y el escepticismo de sus aliados, el partido gobernante perfila una de sus reformas más emblemáticas en materia electoral para los próximos meses.