Senadores Republicanos Critican Expropiación en Felipe Carrillo Puerto

Un grupo de senadores republicanos, conformado por John Cornyn, Katie Boyd Britt y Bill Hagerty, se ha manifestado en contra de la reciente decisión de declarar Área Natural Protegida a la región de Felipe Carrillo Puerto, donde opera la empresa estadounidense Vulcan Materials a través de Calica.

Los legisladores denunciaron que el decreto es una “expropiación descarada” de una operación legalmente establecida y acusaron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de atentar contra el estado de derecho. Además, señalaron que esta medida pone en riesgo tanto los intereses económicos como la seguridad nacional de Estados Unidos, advirtiendo que tomarán medidas con la próxima administración mexicana.

“La nueva administración en México no querrá enfrentar las severas consecuencias de las acciones ilegales del presidente López Obrador, que violan tanto el derecho nacional como el internacional. Instamos a que actúen rápidamente en beneficio mutuo de los pueblos de México y Estados Unidos”, expresaron los senadores.

En sus redes sociales, también condenaron las acciones del mandatario mexicano, advirtiendo que Estados Unidos responderá con consecuencias graves. La senadora Katie Boyd Britt enfatizó: “El plan de López Obrador de tomar control del puerto de Vulcan constituye una expropiación flagrante. Nuestra ley bipartidista sobre la defensa de la propiedad estadounidense en el extranjero es clara: habrá graves repercusiones ante estas acciones ilegales”.

Por su parte, Bill Hagerty informó sobre la presentación de una legislación destinada a impedir que López Obrador se beneficie de estas acciones, reforzando además la postura de Estados Unidos en futuras negociaciones comerciales con México. “Condeno enérgicamente las amenazas de AMLO de confiscar activos estadounidenses. He liderado a mis colegas en la elaboración de una legislación para debilitar cualquier intento de aprovechamiento por parte del presidente mexicano y, en caso de confiscación, fortalecer nuestra posición en las negociaciones comerciales”, declaró Hagerty.

Gobierno declara utilidad pública de planta de hidrógeno en refinería de Tula

Por segunda vez, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Energía (Sener), ha anunciado la declaración de utilidad pública de la planta de hidrógeno ubicada en la refinería de Tula, Hidalgo, propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Sener ha especificado que esta declaración de utilidad pública, que no equivale a una expropiación, está a favor de la petrolera estatal. Esto ocurre apenas un mes después de que la administración federal ordenara la ocupación temporal de la misma.

El nuevo decreto enfatiza el papel del Estado en el desarrollo nacional, subrayando la importancia de fortalecer la soberanía nacional a través del fomento del crecimiento económico y una distribución equitativa de la riqueza.

Se hace mención en el documento de la construcción de la planta de hidrógeno U-3400 en 1992, respondiendo a la demanda de hidrógeno para la modernización de los procesos en la refinería Miguel Hidalgo y Costilla en Tula, Hidalgo.

Sin embargo, debido a la situación financiera de Pemex y los cambios provocados por la reforma energética de la administración anterior, la planta fue vendida a Air Liquide México por 52 millones 700 mil dólares, estableciendo un contrato de suministro de hidrógeno por 20 años.

La Sener argumenta que la dependencia de un tercero para el suministro de hidrógeno pone en riesgo la producción de gasolinas y diésel en la refinería de Tula, lo que justifica la necesidad de que Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI) recupere la actividad en la planta.

Se destaca que esta recuperación beneficiará a la colectividad y contribuirá al desarrollo económico del país, asegurando la continuidad de la refinación de petróleo y recuperando la soberanía energética.

Air Liquide tiene un plazo de 15 días hábiles para responder ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sener luego de la notificación o la segunda publicación en el DOF, presentando sus argumentos y pruebas pertinentes.