México neutraliza el IEPS a videojuegos para adultos, exenta el nuevo impuesto desde 2026

El Gobierno de México publicó este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que exenta del pago del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a la venta y distribución de videojuegos con contenido violento, extremo o clasificado para adultos. El documento, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, otorga un estímulo fiscal del 100% al gravamen que estaba previsto para entrar en vigor el 1 de enero de 2026.

La medida se emite tras la reforma a la Ley del IEPS aprobada en noviembre pasado, la cual estableció la aplicación del impuesto a partir de 2026 por la enajenación de videojuegos físicos no aptos para menores de 18 años, así como por los servicios digitales que permitan su acceso o descarga, incluidos aquellos prestados desde el extranjero. Con el decreto, el Ejecutivo federal busca facilitar el cumplimiento fiscal y evitar afectaciones económicas en el sector.

De acuerdo con el texto oficial, el estímulo fiscal equivale al 100% del IEPS que deba pagarse por estas actividades, siempre que el impuesto no sea trasladado al consumidor final. El monto del estímulo será acreditable contra el propio IEPS causado, pero no dará lugar a devoluciones ni a compensaciones de ningún tipo.

El beneficio aplica a los vendedores de videojuegos en formato físico, a los residentes en el extranjero que no cuenten con establecimiento permanente en México y a los residentes en el país que ofrezcan estos contenidos mediante servicios digitales. El decreto precisa que el Ejecutivo cuenta con facultades para dictar medidas orientadas a facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y para otorgar subsidios o estímulos, conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación.

Además del estímulo, el decreto libera a los contribuyentes que lo apliquen del cumplimiento de diversas obligaciones fiscales formales previstas en la Ley del IEPS. En el caso específico de los prestadores de servicios digitales, quedarán exentos de las obligaciones contempladas en los artículos 5o.-A Bis y 20-A de dicha ley, lo que implica que no se les aplicará el bloqueo temporal de plataformas por incumplimientos relacionados con este impuesto.

No obstante, la exención no alcanza a las obligaciones vinculadas con el impuesto al valor agregado (IVA). Los proveedores de servicios digitales deberán continuar cumpliendo con lo dispuesto en la Ley del IVA en materia de prestación de servicios.

El decreto también establece que el estímulo fiscal no será considerado ingreso acumulable para efectos del impuesto sobre la renta, y que los contribuyentes quedarán relevados de presentar el aviso correspondiente ante la autoridad fiscal. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) estará facultado para emitir las reglas necesarias para la correcta aplicación del estímulo.

El estímulo entrará en vigor el 1 de enero de 2026, la misma fecha en que comenzaría a aplicarse el IEPS a estos videojuegos, lo que en la práctica neutraliza el impacto del nuevo gravamen mientras se mantengan las condiciones previstas. La semana pasada, la presidenta Sheinbaum informó que su administración decidió no cobrar el impuesto del 8% a los videojuegos debido a las dificultades para hacer efectiva su aplicación.

Diputados avalan Ley de Ingresos 2026 con deuda récord de 1.7 billones de pesos

Con una amplia mayoría de 352 votos a favor y 128 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Ingresos de la Federación 2026, propuesta que contempla un endeudamiento interno de 1.7 billones de pesos. La iniciativa fue respaldada por los legisladores de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), en medio de un intenso debate con los partidos de oposición.

La aprobación también autoriza un endeudamiento externo neto superior a los 15 mil millones de dólares, destinado a financiar parte del gasto público para el ejercicio fiscal del próximo año. Con esta medida, el gobierno federal busca cubrir sus compromisos económicos y sostener los programas prioritarios de desarrollo, pese a las críticas de diversos sectores legislativos.

Durante la sesión, el legislador Emilio Suárez Licona, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), advirtió sobre los riesgos del alto nivel de deuda, señalando que con estas cifras “los gobiernos de Morena prácticamente habrán duplicado la deuda histórica del país, empeñando el futuro de nuestras hijas e hijos”. Según el diputado, al cierre de 2026 la deuda nacional alcanzará los 20 billones de pesos, lo que equivaldría a que “cada mexicano deba alrededor de 153 mil pesos”.

El dictamen aprobado será turnado al Senado de la República, donde se espera sea analizado la próxima semana. Una vez votado en la Cámara Alta, el documento pasará al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y su entrada en vigor.

Durante la discusión en el Pleno, Morena presentó tres reservas con el objetivo de realizar ajustes al dictamen. Una de las modificaciones busca evitar que las aseguradoras retengan el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a las personas aseguradas, lo que podría implicar una recuperación de alrededor de 20 mil millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2025.

La Ley de Ingresos aprobada prevé un crecimiento económico de entre 1.8% y 2.8%, una inflación del 3%, un precio promedio del petróleo de 54.9 dólares por barril y un tipo de cambio estimado en 19.3 pesos por dólar. Estos indicadores servirán como base para la elaboración del Presupuesto de Egresos del próximo año.

Los legisladores de oposición manifestaron su rechazo, argumentando que el nivel de deuda propuesto compromete las finanzas públicas y aumenta la vulnerabilidad económica del país. En contraste, los diputados de Morena defendieron la iniciativa, asegurando que la estrategia financiera busca garantizar el crecimiento económico y la continuidad de los programas sociales impulsados por el actual gobierno.

La sesión concluyó con un ambiente de polarización entre las bancadas, marcando el inicio del siguiente paso legislativo en el Senado para definir la ruta económica del país en 2026.