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El informe legislativo de la senadora morenista Andrea Chávez, realizado este domingo en el Centro de Convenciones de Chihuahua, estuvo marcado por la aparición de lonas, cartulinas y una camioneta con mensajes críticos hacia la legisladora y hacia el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Desde temprano, medios locales y usuarios en redes sociales reportaron el despliegue de estas imágenes que mostraban a Chávez y López acompañados de la leyenda “La Barredora”. Los mensajes circularon tanto en espectaculares como en un vehículo que simulaba un camión de limpia, con tubos de PVC y lonas alusivas a la frase.

Algunos de los lienzos incluían caricaturas de la legisladora junto a Adán Augusto, además de la ilustración de un camión de limpieza en color guinda con el logotipo de Morena, en clara referencia al mote de “La Barredora”. La camioneta blanca que recorrió parte de la ciudad reforzó esta misma narrativa al portar otra lona con los rostros de ambos y la frase en el centro.

Las protestas se extendieron también en las inmediaciones del recinto donde se llevó a cabo el informe. Ahí, personas portaron cartulinas en colores verde y naranja con consignas en contra de López, a quien relacionaron con el grupo criminal del mismo nombre debido a los vínculos de su exsecretario de Seguridad durante su periodo como gobernador de Tabasco.

El evento, no obstante, se desarrolló con la presencia de aliados políticos de la legisladora. Entre los asistentes destacados estuvieron el senador Gerardo Fernández Noroña, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, y el senador Ignacio Mier, quienes acompañaron a Chávez en la presentación de su balance legislativo.

Previo a ingresar al Centro de Convenciones, la senadora compartió un mensaje en sus redes sociales para agradecer el respaldo recibido en la antesala de su informe. “Les agradezco de todo corazón todo su cariño, su atención, su apoyo, su respaldo”, escribió en su cuenta de Instagram, donde difundió imágenes del trayecto rumbo al evento.

La aparición de los espectaculares, cartulinas y el vehículo con lonas generó conversación en la ciudad y en plataformas digitales, al coincidir con la realización de uno de los actos políticos más relevantes de la senadora en el estado. La narrativa visual, centrada en el término “La Barredora”, se convirtió en uno de los elementos más comentados en torno al informe legislativo.

Durante su gira por Sonora, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó este sábado un plan de apoyo por 831 millones de pesos para enfrentar los efectos del cierre de la frontera de Estados Unidos a la importación de ganado mexicano, debido a la presencia del gusano barrenador.

El programa, dirigido inicialmente a los estados de Sonora, Coahuila y Durango, contempla apoyos directos y créditos para productores bovinos. Según explicó la mandataria, más adelante podría ampliarse a Chihuahua y Tamaulipas.

“Es el programa que les presento ahora, de 831 millones de pesos”, anunció Sheinbaum en Hermosillo, como parte de los informes de su gobierno en territorio estatal. Previamente, en una visita a Coahuila, había señalado que los recursos destinados alcanzarían 700 millones de pesos, aunque en Sonora precisó el monto actualizado.

Entre los componentes del plan, se encuentra la entrega de sementales bovinos a los productores, la creación de un fondo de crédito con bajas tasas de interés para la engorda de ganado y la construcción de un centro integral de ganadería. Este último tendrá como objetivo impulsar la producción de carne tanto para el consumo interno como para la exportación.

“Ya está el recurso, así que antes de que acabe septiembre empezamos con las primeras entregas. En esta primera etapa incluye Sonora, Coahuila y Durango, y ya en una segunda etapa es probable que vayamos a Chihuahua y Tamaulipas, los estados del norte del país, pero ya este año iniciamos y esperemos que el próximo año estemos con exportación y producción de carne en nuestro país”, afirmó Sheinbaum.

La mandataria estuvo acompañada en su visita por miembros de su gabinete y por el gobernador Alfonso Durazo. Durante su mensaje, destacó además algunas de las obras que se ejecutan actualmente en Sonora, como la modernización de los aeropuertos de Ciudad Obregón y Guaymas, así como el libramiento ferroviario en Nogales.

Sheinbaum también anunció la construcción de 47 estancias infantiles en el estado, las cuales habían sido suspendidas durante el sexenio anterior. Estos espacios operarán bajo el nuevo esquema de Centros de Educación y Cuidado Infantil (Cecis).

La presidenta explicó que, en el pasado, las guarderías del IMSS fueron subrogadas a operadores privados, pero que ahora se recuperará el modelo original administrado por personal del Instituto Mexicano del Seguro Social. “Vamos a hacer en el país mil centros de educación y cuidado infantil para las madres trabajadoras”,señaló.

Como anécdota personal, compartió que sus hijos asistieron a guarderías del IMSS y expresó su reconocimiento a las trabajadoras del instituto. “Una forma de retribuir es apoyando a las madres trabajadoras y al IMSS”, dijo.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció una ambiciosa intervención urbana en Tlatelolco a través del programa “RUTA Tlatelolco mi Amor”, con una inversión cercana a mil 300 millones de pesos. El objetivo es llevar a cabo una transformación integral de esta emblemática zona capitalina, mediante obras de rehabilitación estructural, mejora de servicios urbanos, seguridad y recuperación de espacios públicos.

Brugada detalló que el proyecto incluye la reconstrucción del cine y el hospital de la Unidad Habitacional, además de una atención prioritaria a la infraestructura urbana deteriorada, como andadores, banquetas, guarniciones, luminarias y áreas verdes. “Vamos a ir recuperando poco a poco Tlatelolco, incluye echar a andar este proceso integral que contempla una gran intervención de atención a los riesgos estructurales que tienen varios edificios”, aseguró durante el evento.

Como parte del plan, se llevará a cabo un estudio preliminar en todos los edificios de la zona. Seis de ellos –Ignacio Ramírez, ISSSTE 11, Chihuahua, José María Arteaga, Michoacán y Baja California– recibirán una inversión de entre 500 y mil millones de pesos para su intervención. Además, ocho inmuebles con afectación media serán evaluados simultáneamente, y 13 más con daños menores también serán atendidos como parte de la estrategia integral.

En materia de agua, se contempla la rehabilitación de la planta de tratamiento de Tlatelolco, así como la limpieza de todas las cisternas de la unidad habitacional. Además, se implementará el programa “Ciudad Iluminada, Comunidad Segura”, que contempla la instalación de 2 mil 412 luminarias nuevas y la recuperación de 300 mil metros cuadrados de áreas verdes.

La mandataria precisó que se invertirán 82 millones de pesos en obras y servicios básicos, con acciones puntuales como la rehabilitación de 22 mil 829 metros cuadrados de andadores, banquetas y guarniciones (29 mdp), la pavimentación de 13 mil 500 metros cuadrados de estacionamientos (16 mdp), y una inversión de 35 mdp para iluminación pública.

En cuanto a seguridad, el proyecto contempla la recuperación de cuatro módulos policiales y un incremento del 25% en las cámaras de videovigilancia, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana en la zona.

Una de las acciones más destacadas será la demolición del Hospital Gonzalo Castañeda, perteneciente al ISSSTE, para dar paso a la construcción de un nuevo centro de salud. También se demolerá el antiguo Cine Tlatelolco, que será transformado en un espacio recreativo moderno.

Brugada subrayó que su gobierno trabaja con las 16 alcaldías sin distinción partidista, priorizando siempre el bienestar de la población. En el evento, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, reconoció el impulso de estos proyectos y el impacto que tendrán en la calidad de vida de los habitantes.

Al anuncio asistieron funcionarios clave del gabinete capitalino, entre ellos Raúl Basulto Luviano, secretario de Obras y Servicios; Tomás Pliego Calvo, secretario de Atención Ciudadana; Paulina Salazar Patiño, subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito; y Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del C5.

Silvia Rocío Delgado García, quien formó parte del equipo legal de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2016, obtuvo los votos necesarios en el proceso de elección judicial en Chihuahua para asumir como jueza penal de primera instancia y menores en el distrito de Ahumada. El cómputo final de la elección, cerrado este martes, registró un total de 23 mil 605 votos a su favor.

El proceso judicial en Chihuahua contempla cinco vacantes disponibles para jueces locales, por lo que, con la validación del Instituto Estatal Electoral, Delgado García ocupará una de esas posiciones como funcionaria judicial del ámbito penal.

Durante su carrera profesional, Delgado García se desempeñó como parte de la defensa legal del exlíder del Cártel de Sinaloa. Su participación como abogada en ese equipo quedó registrada en agosto de 2016, cuando representó a Guzmán Loera ante instancias federales mientras este se encontraba recluido en el penal federal de Ciudad Juárez.

En diciembre del mismo año, promovió un recurso legal en favor de su cliente para que se le entregaran cobijas, debido a las bajas temperaturas reportadas en el centro penitenciario, argumentando afectaciones a la salud del entonces detenido.

El proceso de elección judicial, impulsado por el Congreso del Estado y validado por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, permitió que ciudadanos postularan y eligieran a candidatas y candidatos a diferentes posiciones judiciales. La participación de Silvia Delgado no pasó desapercibida, debido a sus antecedentes profesionales.

A pesar del respaldo ciudadano en las urnas, organizaciones como Defensorxs han manifestado su oposición a que Delgado García ocupe el cargo. El colectivo anunció que interpondrá un juicio electoral con el fin de impugnar su nombramiento, al considerar que no cumple con el requisito de “buena fama pública”, estipulado en las recientes reformas judiciales aprobadas por legisladores del partido en el poder.

Este criterio de buena fama es uno de los filtros considerados para garantizar la idoneidad ética y moral de los aspirantes a cargos judiciales. Según la organización, la trayectoria de la abogada no se alinea con dichos parámetros, lo cual representa un punto clave para su posible inhabilitación.

El Instituto Estatal Electoral aún debe concluir el proceso de validación de los resultados. Hasta que ello ocurra, las posiciones no serán formalmente adjudicadas. Sin embargo, los resultados preliminares colocan a Delgado García como una de las cinco personas más votadas para ocupar las vacantes disponibles.

El proceso de elección judicial ha generado múltiples reacciones en la entidad debido a la inédita participación ciudadana en la designación de jueces, así como por el perfil de algunos de los aspirantes ganadores. Diversas organizaciones civiles y observatorios del sistema judicial han dado seguimiento puntual al proceso, particularmente en los casos donde se señala que podría haber conflictos éticos, históricos o de interés.

La impugnación anunciada se sumará al análisis legal que deberá resolver el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. En caso de proceder, podría derivar en la revocación de la designación y abrir la puerta para el nombramiento de otros aspirantes que también participaron en el proceso electoral judicial.

Hasta ahora, Delgado García no ha emitido declaraciones públicas sobre los cuestionamientos ni sobre el proceso de impugnación en curso. Su nombre continúa en la lista oficial de aspirantes con mayor respaldo ciudadano en las votaciones recientes, en espera de la resolución definitiva de las autoridades electorales estatales.

En un panorama que exige atención y acción inmediata, México enfrenta una ola de incendios forestales con 123 siniestros activos distribuidos en 28 de los 32 estados del país. De acuerdo con el más reciente reporte emitido por la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la superficie afectada ya supera las 52 mil hectáreas 

El esfuerzo por contener los incendios ha movilizado a un ejército de 4 mil 315 combatientes. Estos brigadistas, provenientes de la Conafor y de diversas instituciones, trabajan sin descanso para mitigar el avance del fuego y proteger tanto la biodiversidad como a las comunidades cercanas.

Chihuahua, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Durango y Sinaloa encabezan la lista de los estados más afectados. Cada día representa un reto para los equipos que luchan contra las llamas en terrenos escarpados, bajo altas temperaturas y condiciones que cambian rápidamente.

La Conafor ha logrado avances importantes en algunos puntos críticos. En Tepoztlán, Morelos, dentro del área natural protegida “El Tepozteco”, el incendio forestal que afecta al predio Santo Domingo Ocotitlán se encuentra con un 85% de liquidación, tras impactar preliminarmente 1,200 hectáreas. En la Autopista México-Cuernavaca, otro incendio ya se encuentra completamente controlado, con un 90% de liquidación sobre una superficie de 35 hectáreas.

Otro punto relevante se ubica entre Tlalnepantla, Morelos, y Milpa Alta, Ciudad de México, donde las Áreas Nacionales Protegidas Corredor Biológico Chichinautzin y El Tepozteco registran un control total y un 90% de liquidación, tras haber sido afectadas 240 hectáreas.

En Aramberri, Nuevo León, el predio Cañón de Vacas reporta un 95% de control y 90% de liquidación, con mil hectáreas afectadas. En Xilitla, San Luis Potosí, el avance del incendio ha sido contenido en un 85% y presenta un 70% de liquidación.

En el estado de Puebla, el municipio de Libres enfrenta un incendio con 900 hectáreas afectadas, y un progreso del 90% en el control del fuego. Por su parte, en los límites de Puebla y Tlaxcala, el área del Pico de Orizaba muestra avances, con un 80% de control y 60% de liquidación en una zona de mil 500 hectáreas.

La Conafor ha lanzado un llamado contundente a la población: evitar el uso del fuego en áreas forestales, no dejar basura y, especialmente, no arrojar colillas encendidas. También hizo hincapié en que la participación voluntaria en el combate a los incendios debe realizarse únicamente bajo condiciones seguras, con capacitación, equipo adecuado y dentro de brigadas organizadas.

En México, la temporada más crítica de incendios se extiende de enero a junio, especialmente en las regiones centro, norte, noreste, sur y sureste. En el noroeste del país, el riesgo se eleva de mayo a septiembre. La situación actual exige responsabilidad ciudadana y coordinación constante para evitar una mayor catástrofe ambiental.

En medio de una creciente tensión por el uso del agua en el norte del país, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aclaró que el reciente incremento en la extracción de agua de la presa La Amistad, en Coahuila, tiene como único destino el abasto en la región noroeste de México. La dependencia federal precisó que esta acción no está relacionada con el Tratado de Aguas de 1944, firmado entre México y Estados Unidos. 

Conagua explicó que se trata de una operación rutinaria entre los sistemas de las presas La Amistad y Falcón, utilizadas para suministrar agua a 13 ciudades y al Distrito de Riego 025. El movimiento del recurso hídrico responde, según el organismo, a la necesidad de complementar el abasto en diversas zonas mexicanas afectadas por la sequía prolongada.

Las declaraciones surgen luego de que el alcalde del municipio de Acuña, Emilio de Hoyos, advirtiera el domingo sobre el riesgo de un vaciado alarmante de la presa. Señaló que el embalse opera apenas al 12% de su capacidad y manifestó su preocupación por una posible entrega de agua a Estados Unidos. El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, expresó su respaldo al alcalde, subrayando la importancia de proteger los recursos hídricos del estado.

Desde la presidencia, Claudia Sheinbaum abordó el tema durante una rueda de prensa, detallando que se mantiene el diálogo con los gobernadores de Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua. Señaló que se busca llegar a un acuerdo conjunto para determinar cuánta agua puede entregarse, sin comprometer a los productores nacionales ni incumplir el tratado con Estados Unidos. La mandataria reiteró que se cumplirá con los compromisos establecidos, aunque advirtió sobre las condiciones críticas derivadas de la escasez de lluvias en el norte del país.

El pasado viernes, Sheinbaum ya había descartado cualquier posibilidad de renegociación del Tratado de Aguas de 1944. Su postura fue una respuesta a las declaraciones del presidente Donald Trump, quien alertó sobre posibles represalias si México no entrega los más de mil 600 millones de metros cúbicos de agua adeudados a Texas.

A pesar de las tensiones, Conagua enfatizó que el movimiento de agua entre presas es un procedimiento habitual en la gestión hídrica del país. Recalcó que el objetivo es garantizar el suministro para el consumo humano y las actividades agrícolas, en una región particularmente golpeada por la sequía y la presión climática.

En un contexto de escasez creciente y disputas internacionales por el agua, el manejo transparente y coordinado de los recursos hídricos se vuelve cada vez más urgente. La gestión hídrica nacional se encuentra ante uno de sus mayores desafíos.

La decisión ha quedado firme: el proceso penal contra Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), por el incendio que cobró la vida de 40 migrantes en marzo de 2023, permanecerá suspendido. Un tribunal de apelaciones ratificó la orden judicial que detiene el procedimiento legal en su contra, consolidando una resolución que había sido emitida previamente por un juez de distrito en el estado de Chihuahua.

El Tribunal Colegiado de Apelación de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, desechó los argumentos presentados para revertir la decisión tomada el 24 de enero pasado. En esa fecha, el juez de distrito adscrito al Centro de Justicia Penal de la entidad determinó viable el recurso legal que congelaba el proceso, con base en la figura del mecanismo alternativo relacionado con la reparación del daño.

Según el proyecto presentado por el tribunal, los recursos de impugnación fueron considerados inoperantes e infundados. El análisis indicó que no existe una oposición jurídicamente fundada respecto a las condiciones de reparación del daño, elemento clave para dar curso a dicha suspensión.

El magistrado Octavio Pineda, al justificar la determinación, recalcó que el caso se relaciona con hechos profundamente trágicos: “No soslayo que se hizo mucho énfasis y es hacerlo notar nuevamente el que este asunto proviene de un asunto de hechos muy lamentables donde 40 personas perdieron la vida”. Sin embargo, también subrayó que el tipo de delito atribuido a Garduño permite aplicar el mecanismo alternativo sin menoscabar la posibilidad de que en otras causas penales relacionadas se siga buscando justicia por la vía de imputaciones más severas.

El incendio, ocurrido la noche del 27 de marzo de 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez, dejó una profunda herida social. Las víctimas —provenientes de Guatemala, Venezuela, Colombia, Honduras y El Salvador— perdieron la vida por asfixia provocada por el humo de un fuego que, según las investigaciones, se extendió por poco más de tres minutos. La Fiscalía General de la República señaló que el incendio fue originado por dos personas de nacionalidad venezolana.

En el proceso judicial que se abrió a raíz del incidente, Garduño fue vinculado por el delito de omisión, al no haber implementado las medidas necesarias que pudieran haber evitado la tragedia. Con esta reciente resolución, el proceso contra el funcionario queda suspendido, mientras que otros implicados continúan enfrentando cargos penales por delitos más graves como el de homicidio.

La determinación judicial marca un giro clave en uno de los casos más impactantes del sistema migratorio mexicano en los últimos años.

El Instituto Nacional de Migración (INM) anunciará una disculpa pública a los familiares de las víctimas del incendio ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Este acto se llevará a cabo el próximo 16 de abril, marcando dos años de la tragedia que cobró la vida de 40 personas. 

El titular del INM, Francisco Garduño Yáñez, aseguró que su administración ha cumplido con las órdenes judiciales emitidas tras el siniestro. No obstante, señaló que la disculpa pública era un pendiente que ahora será atendido.

En respuesta a los señalamientos de malos tratos y falta de indemnización, el comisionado rechazó tales acusaciones y afirmó que se han destinado cerca de 240 millones de pesos en compensaciones, lo que equivale a 3.5 millones para cada afectado directo e indirecto. En los casos pendientes, los recursos han sido resguardados en un fideicomiso.

El INM también informó que, por instrucciones del juez, incluso las personas originarias de Venezuela que provocaron el incendio de manera dolosa han recibido la indemnización correspondiente en el penal donde se encuentran.

Desde los acontecimientos ocurridos en 2023, el gobierno de México ha proporcionado asistencia integral a las víctimas y sus familias mediante diversas instancias federales y estatales.

Este 27 de marzo, organizaciones sociales como el Instituto para las Mujeres en Migración realizaron una manifestación frente a Palacio Nacional. Las familias de las víctimas y los sobrevivientes exigieron la disculpa pública y la reparación integral del daño que consideran aún pendiente.

El 16 de abril se llevará a cabo el acto oficial, una acción esperada por las familias de las víctimas y organizaciones defensoras de los derechos humanos

Un brote de sarampión ha afectado a 25 niños menonitas en Chihuahua, luego de que una menor regresara con su familia desde Texas y contagiara a sus compañeros de primaria. La propagación del virus ha afectado principalmente a Cuauhtémoc, donde se registran 22 casos, además de dos en Namiquipa y uno en Buenaventura. 

El secretario de Salud, Gilberto Baeza, informó que ninguno de los menores contagiados contaba con la vacuna contra el sarampión. “No han sido vacunados, por eso es importante vacunarse en caso de no contar con el esquema completo de vacunación, en especial los niños menores de cinco años”, declaró. Además, subrayó que, aunque se respetan las creencias culturales de la comunidad menonita, es fundamental asumir la responsabilidad de proteger la salud propia y de los demás.

Para contener el brote, las autoridades han implementado un cerco sanitario en Cuauhtémoc, con operativos de vacunación e información en alemán bajo, el dialecto predominante en la comunidad. También se están reforzando las medidas en todo el estado y se recomienda a quienes hayan viajado recientemente a Texas tomar precauciones para evitar una mayor propagación del virus.

No es la primera vez que la comunidad menonita enfrenta brotes de enfermedades infecciosas. En 2020, durante la pandemia de covid-19, un funeral masivo en el campo 101 provocó un incremento de contagios, pasando de 12 casos iniciales a decenas de enfermos y dos fallecidos. En aquel entonces, los traslados de pacientes desde Cuauhtémoc a la ciudad de Chihuahua fueron constantes, con más de la mitad de los hospitalizados en el Hospital Ángeles pertenecientes a esta comunidad.

Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de la vacunación para prevenir la propagación de enfermedades y evitar crisis sanitarias como las ocurridas en el pasado.

Un operativo a gran escala ha asestado un golpe contundente contra el crimen organizado en México. Con la participación de las principales fuerzas de seguridad del país, se logró el decomiso de narcóticos, armamento y dinero en efectivo por un valor cercano a los 400 millones de pesos. 

Estas acciones, lideradas por la Estrategia Nacional de Seguridad, involucraron a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y diversas autoridades estatales. La coordinación entre estas instituciones permitió la detención de decenas de personas vinculadas con actividades ilícitas y la confiscación de toneladas de drogas.

Uno de los hallazgos más impactantes fue la intercepción de seis kilos de fentanilo en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en un paquete con destino a Nueva Jersey. Se estima que su valor en el mercado supera los 48.7 millones de pesos. En Sinaloa, el Ejército y la Guardia Nacional incautaron 140 kilos de metanfetamina, armamento y más de 4,000 cartuchos, con un valor de 42 millones de pesos.

Además, en Sonora, se aseguraron 10 kilos de metanfetamina junto con vehículos y armas de alto calibre. En los estados de Chihuahua, Sinaloa, Durango, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, fueron destruidas más de 24 hectáreas de cultivos ilícitos, incluyendo plantíos de amapola y marihuana.

La lucha contra el tráfico de drogas también incluyó la incineración de más de cinco toneladas de cocaína en distintas localidades, destacando operativos en Culiacán, Michoacán e Isla Mujeres. En paralelo, las fuerzas de seguridad incautaron dinero en efectivo y cheques por millones de pesos en diversos cateos, además de desmantelar una toma clandestina de hidrocarburos en Guanajuato.

El impacto de estos decomisos no solo representa pérdidas millonarias para los grupos criminales, sino que también refuerza el compromiso de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado. La operación ha sido un claro mensaje de que la seguridad nacional sigue en pie de lucha para frenar estas actividades ilícitas.