Autor: Fernando Guzman

Con 87 votos a favor, Rosario Piedra Ibarra fue reelecta como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para el periodo 2024-2029. En la votación, Nashieli Ramírez obtuvo 36 votos y Paulina Hernández solo uno. La elección se llevó a cabo mediante un proceso en el que los senadores tuvieron que recoger su boleta, firmar una lista y, finalmente, emitir su voto por una de las tres candidatas propuestas.

Para asegurar el triunfo de Piedra Ibarra, senadores de los partidos Morena, Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM) mostraron previamente su voto antes de depositarlo en la urna. De esta manera, aquellos que se oponían a la reelección de la actual presidenta de la CNDH quedaron imposibilitados para manifestar su desacuerdo. Por otro lado, miembros del PAN y PRI aprovecharon la mampara dispuesta por los senadores panistas para votar en privado.

A pesar de la polémica que rodeó su nombramiento y de las críticas que recibió tanto por su baja calificación como por haber presentado una carta falsa de apoyo del obispo emérito Raúl Vera, Piedra Ibarra parecía encaminarse hacia su reelección. Este proceso, que recuerda la división generada hace cinco años, ha vuelto a generar controversia, esta vez dentro de la bancada oficialista, donde varios senadores de Morena, PT y PVEM expresaron su desacuerdo con mantenerla en el cargo. Sin embargo, la operación política encabezada por el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, fue clave para asegurar que incluso aquellos opositores votaran a favor de la reelección.

Según fuentes cercanas al oficialismo, López les había informado a los senadores que, en caso de no garantizarse los votos a favor de la actual titular, las boletas serían entregadas previamente marcadas. Aunque esta medida finalmente no se implementó, la estrategia política resultó eficaz para lograr la reelección de Piedra Ibarra.

En cuanto al proceso, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Reyna Celeste Asencio, aclaró las críticas sobre la carta falsa entregada por Rosario Piedra Ibarra, en la que se supuestamente se incluía el apoyo del obispo Raúl Vera. Asencio destacó que dicho documento “no formó parte del proceso”, ya que fue recibido fuera del plazo establecido.

Por otro lado, Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia y crítico abierto de la reelección de Piedra Ibarra, no subió a presentar el dictamen correspondiente, pese a que le correspondía. En la discusión del dictamen, el senador panista Ricardo Anaya recordó que, de las 3,500 quejas presentadas contra la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el 99% de los casos, Piedra Ibarra se alineó con el poder y dejó de lado a las víctimas. Asimismo, la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, lamentó que Piedra Ibarra, la peor evaluada entre los más de 40 aspirantes, fuera reelegida, excluyendo así a otros perfiles más capacitados para el cargo.

Antonio Martínez Dagnino tomó protesta este miércoles como nuevo jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ante la Cámara de Diputados, en una sesión donde también asumieron sus cargos Rogelio Ramírez de la O y Edgar Amador Zamora, como secretario y subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), respectivamente. Esta decisión fue respaldada por 362 votos a favor y 89 en contra, en línea con la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la misma sesión, se llevaron a cabo otras tomas de protesta, destacando a Amelia Guadalupe De León Ortega como administradora general de Auditoría Fiscal Federal, Armando Ramírez Sánchez como administrador general de Grandes Contribuyentes, Ricardo Carrasco Varona como administrador general Jurídico, y Gari Flores Hernández González como administrador general de Recaudación.

Martínez Dagnino, quien es licenciado en Contaduría y maestro en Finanzas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue anunciado el 1 de octubre de 2024 por Claudia Sheinbaum para continuar al frente del SAT, cargo que ocupa desde octubre de 2022, tras ser nombrado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y avalado por la Cámara de Diputados.

Entre 2018 y 2022, ocupó el cargo de administrador general de Grandes Contribuyentes del SAT, puesto también designado por López Obrador y ratificado por el Congreso. Durante su gestión en el SAT, Martínez Dagnino implementó el Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación, lo que permitió una recaudación de 22.1 billones de pesos entre 2019 y 2024, un incremento significativo respecto al período 2012-2018.

Con una sólida carrera en el sector público y privado, Martínez Dagnino también fue subdirector en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) entre 2014 y 2018, donde desarrolló procedimientos clave para la supervisión de instituciones financieras. En el sector privado, trabajó como analista de instrumentos financieros derivados en una institución bancaria.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que 830 personas han completado de manera parcial su registro ante el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, de acuerdo con un reporte de Proceso.

Este número de registros muestra el alto interés en el proceso de selección para ocupar puestos clave en el Poder Judicial, como juez, magistrado o ministro. Fernández Noroña mencionó que, hasta ayer, la cifra se mantenía en ese rango, aunque no se ha publicado información oficial debido a que el proceso sigue en curso.

De los 830 participantes, todos han completado el formulario y entregado parte de la documentación solicitada, aunque algunos aún deben cumplir con ciertos requisitos para finalizar su registro. Para facilitar esta fase, el Senado planea reforzar la Comisión de Evaluación con personal extra, quienes se encargarán de contactar a los postulantes para recordarles los documentos faltantes.

Por otro lado, 350 personas adicionales han reservado un espacio en el proceso, aunque sin avanzar en el llenado de formularios ni en la entrega de documentos requeridos. Fernández Noroña considera que estos interesados podrían estar probando el funcionamiento del sistema o mostrando un interés inicial en el proceso.

El plazo para completar el registro estará abierto hasta el próximo 24 de noviembre. Aquellos que no finalicen sus trámites para esa fecha quedarán fuera de la contienda por estos cargos en el Poder Judicial, uno de los órganos más importantes en la estructura del Estado mexicano, cuyo proceso de renovación ha generado gran expectativa.

 

Durante una manifestación pacífica en el Zócalo de la Ciudad de México en contra de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), autoridades gubernamentales habrían censurado y reprimido a grupos de la sociedad civil, informó Damaris Espinosa, coordinadora de incidencia en la plataforma Accionario, en una entrevista con Aristegui en Vivo.

Espinosa explicó que diversas organizaciones especializadas en transparencia y derechos humanos intentaron proyectar mensajes en la fachada de Palacio Nacional, dirigidos al Congreso y a la Presidencia, expresando su preocupación sobre la desaparición de órganos autónomos como el INAI. Según la coordinadora, la protesta buscaba ser una expresión pacífica y propositiva para mantener activa la Plataforma Nacional de Transparencia.

Sin embargo, la manifestación se interrumpió cuando más de veinte representantes del gobierno acudieron al lugar y les prohibieron continuar, lo que Espinosa calificó como un acto de “represión y censura”. Además, denunció que el personal gubernamental bloqueó la actividad, les lanzó empujones e incluso amenazó con monitorearlos a través de cámaras de seguridad del C5.

La coordinadora agregó que el mensaje buscaba alertar a los legisladores sobre las consecuencias de eliminar organismos como el INAI, lo que podría implicar un retroceso en el acceso a la información. “Era un mensaje propositivo, pidiendo a los legisladores que reflexionen sobre el impacto de esta desaparición en los derechos de acceso a la información”, comentó.

Espinosa también refirió que la protesta fue detenida bajo el pretexto de “protección civil”, aunque, según ella, se trató de una excusa para censurar la actividad. “Nos dijeron que era por protección civil, pero solo cuando identificaron el tema de nuestra protesta decidieron detenernos”, concluyó.

 

Este lunes 11 de noviembre, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció una medida sin precedentes: congelará las mensualidades y los saldos de los créditos hipotecarios bajo el esquema de Veces Salario Mínimo (VSM). Con esta decisión, millones de mexicanos podrán avanzar hacia la propiedad de una vivienda sin enfrentar una deuda creciente.

Durante la conferencia matutina con la presidenta Claudia Sheinbaum, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, explicó que la medida beneficiará a más de 2 millones de derechohabientes. “Queremos que la vivienda deje de ser un sueño y se convierta en una realidad”, afirmó Romero Oropeza. Desde hoy, quienes tengan créditos en VSM verán congelados sus saldos y mensualidades, de manera que la deuda no aumentará más, facilitando así su pago.

Beneficios automáticos para medio millón de derechohabientes

Unos 500,000 derechohabientes recibirán una reducción automática en su tasa de interés y mensualidades, e incluso algunos podrán acceder a descuentos en el saldo de su crédito. Para los 1.5 millones restantes, el Infonavit ofrecerá atención personalizada en sus oficinas, ya que algunos casos requieren ajustes específicos debido a reestructuras previas en los créditos.

Problemas con el esquema VSM

Romero Oropeza explicó que el 64% de la cartera hipotecaria del Infonavit se estructuró en VSM, lo cual ha resultado en deudas insostenibles. Aunque los trabajadores han pagado puntualmente, sus deudas seguían aumentando cada año, volviéndose prácticamente impagables. “En algunos casos, los derechohabientes terminaron debiendo casi cinco veces más de lo solicitado originalmente”, detalló el funcionario.

Metas del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar

El titular del Infonavit también expuso los objetivos a corto y mediano plazo del organismo. Entre ellos, construir un millón de viviendas, de las cuales la mitad serán para derechohabientes que coticen con uno o dos salarios mínimos. Además, se planea financiar 2.15 millones de créditos para la compra de casas, terrenos o construcción de viviendas, así como 1.25 millones de créditos para mantenimiento y mejoras.

Proceso de inscripción y beneficios adicionales

El congelamiento de las deudas aplica para créditos otorgados antes de 2013 bajo el esquema VSM, el cual ha perjudicado a muchas familias mexicanas. Con esta medida, el Infonavit elimina un sistema que encarecía las deudas, permitiendo que los beneficiarios puedan finalmente liquidar su crédito y obtener su vivienda. Los derechohabientes pueden consultar si están entre los beneficiarios automáticos o si deben acudir a las oficinas para atención personalizada ingresando a la página oficial del Infonavit.

 

Ante la posibilidad de que Donald Trump, quien se perfila como presidente electo de Estados Unidos, aplique un arancel del 25% a las importaciones mexicanas, el gobierno de México se prepara para responder en consecuencia. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, indicó en una entrevista con Radio Fórmula que México tomaría medidas similares si esto sucede, lo cual afectaría notablemente a la economía estadounidense debido a su dependencia de productos mexicanos.

La propuesta de Trump, que podría alcanzar un arancel de hasta el 100% para los automóviles fabricados en México como parte de su estrategia contra el tráfico de fentanilo y para reforzar la frontera, representa una amenaza directa para la industria automotriz de ambos países. Esta iniciativa ya ha tenido repercusiones, como la suspensión en la construcción de una planta de Tesla en Nuevo León, México.

Ebrard destacó que no solo México sufriría las consecuencias de esta política, sino también la economía estadounidense. “Soy tu principal importador junto con Canadá… ¿y eso a qué te lleva? Pues a un costo gigante para la economía norteamericana”, afirmó el funcionario, señalando que incluso aliados de Trump podrían estar en desacuerdo con el impacto económico de estos aranceles.

En el contexto de la renegociación del T-MEC, prevista para 2026, Ebrard recordó que en 2018 México rechazó una propuesta similar de Trump para que el país fuera un tercer país seguro. Asimismo, advirtió que la implementación de estos aranceles provocaría una subida de la inflación en Estados Unidos, afectando el poder adquisitivo de sus ciudadanos, pues México es su principal socio comercial y una fuente clave de productos de consumo.

Aunque Ebrard reconoció la seriedad de la amenaza, también resaltó que México posee condiciones económicas favorables para afrontar el desafío. De aplicarse las tarifas, el gobierno mexicano podría activar políticas protectoras para su economía, manteniendo la estabilidad en la relación comercial entre ambos países.

 

México ha alcanzado unreconocimiento notable en el ámbito internacional al posicionarse como el principal exportador de cerveza a nivel mundial, un logro que mezcla economía, identidad nacional y cierta controversia. Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, anunció este triunfo el sábado 9 de noviembre en su cuenta de X (antes conocida como Twitter), donde compartió una infografía que detalla el éxito de México frente a naciones con larga tradición cervecera, como Países Bajos, Bélgica y Alemania.

De acuerdo con los datos presentados por Ebrard, México ha exportado cerveza por un valor de 5,083 millones de dólares en 2023, colocándose por encima de Países Bajos, que registró exportaciones de 2,165 millones, y Bélgica, con 1,843 millones. En su mensaje, Ebrard celebró este logro con entusiasmo: “¡Un éxito mexicano para empezar el día! ¡Buen fin!”, expresó.

Marcas emblemáticas como Corona, Modelo Especial y Tecate, producidas por empresas líderes como Grupo Modelo y Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, han consolidado el prestigio de la cerveza mexicana en el mercado global. Además de generar ingresos sustanciales, este sector impulsa miles de empleos en áreas de producción, distribución y venta. La cerveza mexicana se ha convertido también en un atractivo turístico, atrayendo a visitantes internacionales interesados en conocer esta industria.

No obstante, este éxito ha estado rodeado de controversia. Durante su administración, el expresidente Andrés Manuel López Obrador expresó preocupaciones sobre el impacto de la producción de cerveza en los recursos hídricos del país. En su conferencia del 14 de febrero, López Obrador advirtió sobre el alto consumo de agua que exige esta industria, señalando que por cada 10 litros de agua, solo se obtiene una botella de cerveza, lo que, en su opinión, no favorece al consumo interno.

“Se destinan grandes cantidades de agua potable para la producción de cerveza que en su mayoría se exporta”, criticó el expresidente, cuestionando las concesiones otorgadas a las empresas cerveceras para el uso de agua, un recurso limitado en varias zonas de México.

A pesar de estos desafíos, la industria cervecera continúa siendo un motor económico clave para el país. Las exportaciones de cerveza aportan miles de millones de dólares y colocan a México como un referente global en este sector. Más allá de los ingresos, la industria también impulsa el empleo y favorece el turismo.

En años recientes, México ha diversificado sus destinos de exportación de cerveza, enviando productos a países como Estados Unidos, Japón y el Reino Unido, lo que confirma la competitividad de las cervezas mexicanas en el mercado internacional.

La Secretaría de la Defensa Nacional adoptará oficialmente el acrónimo “Defensa” en lugar de “Sedena” a partir de hoy, según informó el Ejército Mexicano. Esta decisión fue aprobada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y tiene como objetivo reforzar la identificación de la institución con su propósito fundamental: la defensa y seguridad de México.

La institución explicó que el nuevo acrónimo, “Defensa”, refleja de manera más directa y precisa su misión principal. “La palabra ‘Defensa’ comunica mejor la razón de ser de la institución, tal como lo establece el artículo 89, Fracción VI de la Constitución Mexicana, el cual destaca la responsabilidad de la Secretaría en la defensa de la nación”, detalló la institución en un comunicado.

Asimismo, el artículo 29, Fracción VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal asigna a esta dependencia la responsabilidad de planear y ejecutar estrategias de defensa en situaciones que amenacen la seguridad del país.

Este cambio también responde a una intención comunicativa: al adoptar el término “Defensa”, la institución busca que la sociedad mexicana y la comunidad internacional comprendan de manera más clara su función de resguardar la soberanía y seguridad de la nación. “Con esta modificación, tanto la población como los aliados internacionales podrán entender con mayor claridad nuestras responsabilidades y acciones en beneficio de los mexicanos”, añadió la dependencia.

La Secretaría de la Defensa Nacional fue creada en 1937 durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, aunque en sus primeros años se le conocía como Secretaría de Guerra y Marina. En 1940, tras la separación de funciones de defensa terrestre y marítima, se fundó la Secretaría de Marina, quedando la defensa terrestre a cargo de la Sedena, nombre que ha mantenido hasta la fecha.

Con esta reciente modificación, el nombre completo de la institución permanece como Secretaría de la Defensa Nacional, pero el uso del acrónimo “Defensa” subraya su compromiso con la misión central de proteger al país.

La magistrada Ana María Ibarra considera que la reciente reforma al Poder Judicial abre nuevas oportunidades para que jueces, magistrados y ministros mejoren su relación con la ciudadanía. Además, ve en esta reforma una posibilidad para que más mujeres se integren a cargos judiciales, e invita a aquellas interesadas en buscar la justicia a postularse para estos puestos de elección popular.

“Como mujeres, sabemos que nada nos ha sido fácil. Llegar a nuestras posiciones ha requerido esfuerzo y trabajo constante. Mi mensaje es claro: no abandonemos el país ni la justicia”, afirmó en una entrevista para EL UNIVERSAL.

Ibarra, quien preside el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, destacó la importancia de que las mujeres trabajadoras del Poder Judicial participen en el proceso de convocatoria y no cedan espacio en la discusión pública, especialmente en una reforma que impactará a las posiciones titulares del sistema judicial. Para ella, este cambio representa una oportunidad para que quienes hoy son secretarios y oficiales también puedan aspirar a cargos más altos.

“He hablado con mis secretarios y me encantaría verlos llegar a ser magistrados. Quiero que los perfiles más sólidos aprovechen esta elección, abriendo camino a quienes, por diversas razones, no habían podido alcanzar esos espacios”, dijo.

La magistrada resaltó que este nuevo sistema de selección, aunque implica una adaptación, es una oportunidad para que trabajadores del sistema judicial progresen en su carrera. La reforma, además, pretende integrar a voces que tradicionalmente han estado excluidas de la Judicatura Federal y promover que las mujeres ocupen al menos el 50% de los puestos, en contraste con el 20% o 30% de representación femenina en tribunales y juzgados hasta ahora.

Con 15 años de experiencia en el ámbito judicial, los últimos cuatro como magistrada, Ibarra explicó que su rol implica resolver disputas personales y técnicas con imparcialidad. A su juicio, la reforma responde a una demanda social, ya que la Judicatura se había distanciado de la realidad de la sociedad y había perdido empatía con sus necesidades.

“Es fundamental que la selección de jueces sea cuidadosa, pero también necesitamos leyes que garanticen la disciplina, independencia e imparcialidad. La solución no es sencilla; se requiere de un esfuerzo legislativo y social”, afirmó.

Según Ibarra, el sistema judicial ha cometido errores estructurales que arrastra desde hace tiempo, como el enfoque excesivo en reglas procesales y un lenguaje complejo que aleja al ciudadano. “Tenemos una justicia lenta y un lenguaje demasiado formalista. La reforma busca cambiar esto y permitir que la ciudadanía participe en el proceso”, concluyó.

 

Como parte de la iniciativa Diálogo Nacional por la Paz (DNP), líderes de la Iglesia católica en México se reunieron este viernes con la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para expresar su inquietud ante el aumento de la violencia en el país. La reunión, realizada en las instalaciones de Gobernación, se centró en fortalecer la colaboración para construir la paz en las zonas más afectadas por la inseguridad, según señaló el DNP en un comunicado.

Durante el encuentro, se compartieron los objetivos y la trayectoria del Diálogo Nacional por la Paz, destacando la preocupación de sus representantes por el impacto de la violencia en adolescentes y jóvenes de distintas regiones. Además, los miembros del DNP entregaron una propuesta que busca atender de manera integral a los municipios más violentos del país, enfocándose en la asistencia a víctimas, la reestructuración institucional y el refuerzo de las comunidades afectadas. Esta propuesta fue recibida por las autoridades para su revisión y seguimiento.

Uno de los acuerdos alcanzados en la reunión fue el establecimiento de un canal de comunicación constante entre la Secretaría de Gobernación y el DNP. Este diálogo permitirá dar respuesta rápida a situaciones de urgencia y diseñar estrategias de colaboración en temas de seguridad, justicia y reconstrucción social en el país.

A la reunión asistieron el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Rogelio Cabrera López; el secretario ejecutivo del Episcopado, Eduardo Aguilar; y el director del Diálogo Nacional por la Paz, Jorge Atilano González Candia.

Cabe recordar que el pasado 1 de octubre, la Iglesia católica envió una carta a Claudia Sheinbaum, el mismo día que asumió como presidenta de México, en la que propuso siete acciones clave para la pacificación del país. Entre las recomendaciones se incluyeron el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, la implementación de políticas de derechos humanos, la reforma del sistema de justicia y del sistema penitenciario, y la atención a la crisis de derechos humanos en México.