CNBV impone sanciones por incumplimientos de entidades financieras

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha anunciado una serie de sanciones financieras en su última actualización de marzo, destacando dos multas de 253 mil 470 pesos cada una contra Banco del Bienestar debido a deficiencias en sus controles internos.

Según la CNBV, una de las multas se debió a la falta de reporte oportuno de una contingencia operativa en 2019, por la cual el banco fue sancionado el pasado 2 de febrero. “La entidad omitió presentar el análisis de la contingencia operativa dentro del plazo requerido”, señala el regulador.

Las multas impuestas pueden ser apeladas por la institución financiera y, hasta el momento, no han sido pagadas, según informa el regulador.

En total, la CNBV ha aplicado 130 multas a varios actores del sistema financiero mexicano en marzo, por un valor total de 35 millones 752 mil 202 pesos. La sanción más alta fue contra Banco Autofin, por un total de 2 millones 886 mil 600 pesos, debido al incumplimiento de los requisitos de capitalización, una irregularidad ocurrida en 2022 y aplicada en febrero pasado, que también está pendiente de pago y es susceptible de apelación.

Banco Autofin también enfrenta otra multa de 2 millones 534 mil 700 pesos por no proporcionar modificaciones al plan de contingencia dentro del plazo establecido.

Asimismo, Consubanco fue multado con 2 millones 606 mil pesos por exceder el 35% de la parte básica de su capital neto en operaciones con personas relacionadas, de acuerdo con el artículo 50 de la ley de instituciones de crédito.

Por otro lado, el empresario Adolfo del Valle Ruiz recibió dos sanciones por un total de un millón 650 mil 900 pesos por infringir la ley del mercado de valores.

Exfuncionario de la CNBV detenido en España por solicitud de extradición

El ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) durante el gobierno de Ernesto Zedillo, Eduardo Fernández García, ha sido detenido en España luego de que Interpol emitiera una ficha roja a petición de México, que busca su extradición.

Fernández García fue arrestado en la mañana de hoy viernes al llegar al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, en un vuelo procedente de Estados Unidos, según confirmó Proceso.

Tras su detención, Fernández García se puso en contacto con su esposa, Florencia Méndez, para comunicarle que había sido apresado en el aeropuerto de Madrid bajo una acusación inicial de “amenazas”, según informó Aristegui Noticias. Sin embargo, más tarde se le notificó que la detención se llevó a cabo con el propósito de su extradición por el delito de extorsión agravada en grado de tentativa.

Hasta las 19:00 hora local de Madrid (12:00 en CDMX), Fernández García permanecía en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, y se espera que comparezca ante el juez de la Audiencia Nacional en su primera audiencia este sábado.

La detención de Fernández García está relacionada con una denuncia presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) en la que se acusa a ejecutivos de Televisa, incluyendo a Emilio Azcárraga Jean, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, de llevar a cabo “transacciones ilegales y maniobras furtivas” para lavar presuntamente 40 millones de dólares, fondos que el denunciante sugiere como “sobornos procedentes de las arcas públicas de México u otras actividades ilícitas”, según reporta Aristegui Noticias.

Fernández García y sus abogados presentaron esta denuncia ante la SEC el 6 de octubre de 2022, mencionando eventos supuestamente ocurridos entre 2008 y 2011. Sin embargo, hasta el momento no ha habido una resolución sobre el caso.

Los hechos denunciados por Fernández García están relacionados con una carta anónima publicada en mayo de 2016 en The Wall Street Journal, en la que se implicaba a ejecutivos de Televisa en actividades ilícitas. Televisa ha contratado despachos legales que concluyeron que las acusaciones eran falsas, desacreditando así las afirmaciones de actos indebidos.

Fernández García asegura que en México se llevó a cabo una investigación por parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) sobre los hechos descritos en la carta anónima publicada por el WSJ.