Autor: Fernando Guzman

Los 32 gobernadores de México, incluyendo mandatarios de Morena y sus aliados, así como del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, han enviado una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solicitando que no se modifique la prisión preventiva oficiosa. La solicitud llega mientras el alto tribunal prepara proyectos para cambiar esta controvertida medida, tras la sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a México el año pasado, ordenando su eliminación de la Constitución.

Los políticos afirman que la prisión preventiva oficiosa es crucial para la seguridad nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la carta durante su conferencia matutina del martes, destacando la importancia de la medida para mantener el orden en el país.

La Conferencia Nacional de Gobernadores presentó la carta bajo la figura de amicus curiae, advirtiendo a la SCJN sobre el “grave impacto” que tendría eliminar la prisión preventiva oficiosa. La misiva señala que modificar esta medida podría colapsar el sistema judicial, ya que los tribunales federales tendrían que analizar todas las solicitudes de modificación a esta medida cautelar.

En México, la prisión preventiva oficiosa permite encarcelar automáticamente a los acusados de 16 delitos, como feminicidio, secuestro y robo, en la primera fase del proceso judicial. Actualmente, más de 68,000 personas están en prisión preventiva oficiosa, lo que representa un tercio del total de la población carcelaria. La CIDH considera esta medida un encarcelamiento anticipado y una violación a las garantías internacionales.

El escrito de los gobernadores va dirigido al proyecto del ministro Jorge Pardo, conocido como Expediente 3/2023, que propone eliminar la prisión preventiva oficiosa en respuesta a las sentencias de la CIDH. Otros dos proyectos en preparación en la SCJN también buscan abordar esta cuestión: la acción de inconstitucionalidad 49/2021, de la ministra Margarita Ríos Farjat, y el amparo en revisión 284/2022, del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

La carta de los gobernadores refleja la posición del presidente López Obrador, quien ha hecho de la prisión preventiva oficiosa un pilar de su estrategia de seguridad. Además, la figura ha sido un punto de confrontación con Norma Piña, presidenta de la SCJN. El presidente ha advertido que eliminar la prisión preventiva oficiosa podría llevar a la impunidad y ha elogiado la postura de los gobernadores por su firmeza.

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) declaró estado operativo de emergencia en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) el martes por la noche. El estado de emergencia inició a las 19:10 y se extendió hasta las 23:10, cubriendo un período de cuatro horas.

Antes de este evento, el Cenace también había anunciado un estado de emergencia entre las 17:04 y las 17:52, un lapso de 48 minutos.

Reportes en redes sociales revelaron apagones en diferentes partes del país antes de las 20:00. Según publicaciones en X, antes conocido como Twitter, hubo interrupciones en el suministro eléctrico en diversas regiones, incluyendo Ciudad de México, Estado de México, Tamaulipas, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes, Oaxaca, Hidalgo, Jalisco, Chiapas y Guerrero.

EL UNIVERSAL confirmó que al menos 10 estados experimentaron apagones de distinta intensidad y duración, como San Luis Potosí, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Chiapas, Puebla, Michoacán y Zacatecas.

El Cenace, responsable del control operativo del sistema eléctrico, indicó que el apagón se debió a una serie de problemas en diversas centrales de generación. A través de su cuenta en X, el organismo explicó que la capacidad de generación eléctrica se vio afectada desde las 16:05. A las 23:02, el Cenace detalló que se requirió interrumpir rotativamente el suministro eléctrico, alcanzando un pico de 2 mil 610 MW, equivalente al 5.23% de la demanda máxima diaria, para mantener la estabilidad del sistema.

El organismo enfatizó la coordinación continua con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otras centrales afectadas para recuperar el suministro de energía y asegurar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Esta no es la primera vez que el Cenace declara un estado de emergencia este año, habiendo informado de situaciones similares en enero y junio.

De acuerdo al informe del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal y Federal (CNTAIPPDPE y CNTAIPPDPF) 2023, publicado por el Inegi, se reporta que en 2022, el INAI y los organismos garantes impusieron 3 mil 843 medidas de apremio a servidores públicos por no cumplir con las determinaciones de estas instituciones. Esto represneta un  aumento del 102.4 por ciento respecto a 2020.

En México, 7 mil 929 sujetos obligados proporcionaron información sobre transparencia y protección de datos personales. El 10.1 por ciento de estos sujetos informaron al INAI, mientras que el 89.9 por ciento lo hicieron a los organismos garantes estatales.

Sin embargo, esto refleja una disminución del 7.4 por ciento en el caso del INAI y un leve aumento del 0.6 por ciento en los OG respecto a 2020.

Las entidades con más sujetos obligados que reportaron información fueron Chihuahua con 982 y Jalisco con 493. Por tipo de sujeto obligado, los municipios o demarcaciones de la Ciudad de México concentraron la mayoría de las medidas de apremio, con un 72.1 por ciento del total.

De acuerdo a las solicitudes de acceso a la información, el INAI recibió 2 mil 416 y los OG, 18 mil 391. La mayor parte de estas solicitudes fue gestionada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

En cuanto al personal, el INAI contaba con 818 servidores públicos y los OG con mil 794. Las mujeres representaban el 51.5 por ciento del total de empleados. El presupuesto total ejercido en 2022 por estas instituciones fue de 2.3 mil millones de pesos, de los cuales el 43 por ciento correspondió al INAI y el 57 por ciento a los OG.

Finalmente, en los ámbitos federal, estatal y municipal se recibieron 97 mil 444 recursos de revisión, de los cuales se resolvieron 80 mil 43. De estos recursos, el 82.7 por ciento fue admitido, mostrando la importancia de estos organismos para la transparencia y la rendición de cuentas.

En los últimos 10 días, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) ha registrado un número significativo de renuncias dentro del proceso electoral en curso. Ocho candidatos a diputaciones de mayoría relativa y 141 integrantes de planillas municipales, incluidos sindicaturas, regidurías y presidencias municipales, han abandonado sus candidaturas, citando “motivos personales” como la razón principal para sus salidas.

Las renuncias, presentadas en la Oficialía de Partes del IEEM, ya han sido revisadas por la Dirección de Partidos Políticos para formalizar la conclusión de su participación en el proceso electoral, que busca renovar los 125 ayuntamientos y el Congreso mexiquense. Los nombres de quienes ya no están en la contienda se darán a conocer en la próxima sesión del Consejo General del IEEM, donde se confirmarán sus reemplazos.

Sin embargo, debido a la producción anticipada de material electoral, especialmente las boletas para las elecciones del 2 de junio, los nombres de los candidatos originales permanecerán en las papeletas. Esto significa que, aunque haya cambios de último minuto, los votos se contarán para los candidatos legalmente acreditados ante el órgano electoral.

La legislación establece que, tras el vencimiento del plazo para las solicitudes de registro, solo es posible sustituir a un candidato por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia, pero no se permiten sustituciones dentro de los 20 días previos a las elecciones. Esta restricción busca evitar cambios inesperados en la recta final del proceso electoral. El último día para realizar sustituciones es el 14 de mayo.

Además, las resoluciones judiciales también pueden influir en los ajustes finales. Por ejemplo, el Tribunal Electoral del Estado de México ordenó la inscripción de Gustavo Vargas Cruz como candidato a la presidencia municipal de Zinacantepec por la coalición “Sigamos Haciendo Historia en el Estado de México”, en sustitución de Marco Antonio Reyes Colín. El IEEM deberá concretar este cambio, aunque no se modifique la boleta electoral, por lo que el nuevo candidato deberá informar a los votantes sobre la situación.

Estas recientes renuncias y ajustes reflejan la dinámica y, a veces, la incertidumbre del proceso electoral, que sigue evolucionando a medida que se acerca el día de las elecciones.

El domingo por la mañana, trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaron cerca del Ángel de la Independencia, en Ciudad de México, para exigir respeto a su autonomía y rechazar la reforma judicial propuesta por el gobierno, que busca reducir el presupuesto del sector y modificar la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Decenas de personas se reunieron en la Avenida Paseo de la Reforma para llevar a cabo la segunda marcha nacional en defensa de la independencia del Poder Judicial. Vestidos de blanco y portando pancartas, los manifestantes expresaron su descontento con ciertas medidas y declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante la marcha, se escucharon consignas como “El Poder Judicial contrapeso nacional” y “¡Fuera dictador!”, refiriéndose a las críticas que el mandatario mexicano ha dirigido hacia el Poder Judicial y la ministra presidenta Norma Piña.

Otro de los señalados durante la protesta fue el exministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, a quien se le tildó de “corrupto” y “traidor” por haberse unido a la campaña de la candidata morenista Claudia Sheinbaum, mientras enfrenta una investigación en el Poder Judicial.

Según la organización del evento, marchas similares se realizaron en varios estados, incluyendo Nuevo León, Jalisco, Zacatecas, Chiapas, Puebla, Morelos y el Estado de México. Los trabajadores del Poder Judicial dejaron claro su compromiso en la lucha por la independencia y la integridad de la justicia en el país.

De acuerdo a la casa encuestadora VotaEDigital, después de Otis, los ciudadanos esperan que su próximo presidente municipal sea honesto y les genere confianza, ya que Abelina los decepcionó después del paso del huracán que devastó a Acapulco.

Según esta encuesta, levantada entre el 25 de abril y 30 de mayo con una muestra de 1,200 encuestas en viviendas de diversas colonias, Yoshio Ávila, el candidato naranja de MC, es quien cuenta con más del 57 por ciento de confianza de la gente de Acapulco, lo que lo posiciona como el virtual ganador de la elección para la presidencia municipal de Acapulco con más del 50 por ciento, despegado con mas de 12 puntos de Abelina.

A tres años del colapso en la Línea 12 del Metro, Xóchitl Gálvez, candidata de Fuerza y Corazón por México, lanzó críticas hacia Claudia Sheinbaum por su manejo de la tragedia y señaló que, aunque la exjefa de Gobierno asegure que la línea ha sido reconstruida, “nunca podrá reconstruir las vidas de las víctimas ni sanar a las familias que quedaron rotas”.

Durante una reunión con la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Gálvez afirmó que Sheinbaum ha omitido información crucial sobre el desastre, especialmente el informe final de la empresa Det Norske Veritas (DNV), que atribuyó el accidente a la falta de mantenimiento. Gálvez acusó a Sheinbaum de proteger a su amiga Florencia Serranía, quien era la directora del Metro en el momento del colapso.

La candidata destacó que la omisión de Sheinbaum en el caso de la Línea 12 no solo es una muestra de encubrimiento, sino también una falta de empatía hacia las familias afectadas por la tragedia. “Aunque se reconstruya la infraestructura, no se puede devolver la vida ni la tranquilidad a las familias afectadas”, añadió Gálvez.

Estas declaraciones surgen en medio del proceso electoral y con la tragedia de la Línea 12 todavía en la memoria colectiva. La candidata prometió seguir buscando justicia para las víctimas y exigir transparencia en la investigación del incidente, asegurando que no permitirá que se encubra a los responsables.