El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha dictaminado que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe abstenerse de hacer declaraciones relacionadas con asuntos electorales y ceñirse a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad.

Esta determinación se desprende de la resolución emitida en respuesta a la impugnación presentada por el propio mandatario mexicano bajo el expediente SUP-REP-168/2024. En dicho fallo, se ordena a López Obrador ajustar su conducta a lo establecido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE).

La impugnación en cuestión fue presentada por el Partido Acción Nacional (PAN), quien denunció que durante una conferencia de prensa el 11 de enero de 2024, el presidente acusó al proceso interno del PAN, PRI y PRD para designar su candidata como una “farsa”.

El INE falló a favor del PAN, solicitando la aplicación de medidas cautelares contra el presidente, al considerar que este ha utilizado indebidamente recursos públicos al hacer tales declaraciones durante sus conferencias desde Palacio Nacional.

Los magistrados de la Sala Superior han ratificado la sentencia que ordena al presidente abstenerse de realizar manifestaciones o emitir comentarios, destacando la vulneración de los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda electoral.

“Por el bien de México, primero la democracia y el Estado de Derecho”, subrayó la CEM en su declaración, destacando la importancia de preservar los principios fundamentales que sustentan la vida democrática de la nación.

En un comunicado emitido el domingo, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su profunda preocupación ante el escenario más sombrío que podría emerger en el actual proceso electoral en México: la intervención del crimen organizado y grupos delincuenciales. La CEM destacó que esta conjunción entre democracia electoral y criminalidad es un “binomio totalmente inaceptable“, constituyendo un signo alarmante de corrupción que debe ser evitado a toda costa.

“Creemos que el peor de los escenarios, el que mayormente debemos evitar, es aquel en el que el crimen organizado y otros grupos delincuenciales intervengan en el proceso electoral en cualquier lugar y momento”, subrayó la CEM en su declaración, instando a la sociedad y a las autoridades a rechazar cualquier forma de complicidad con esta lamentable realidad.

La Iglesia Mexicana señaló que, por ningún motivo, se puede justificar la interferencia delictiva en el proceso electoral y, además, enfatizó la necesidad imperante de que las autoridades responsables de la seguridad a nivel estatal y nacional tomen medidas para garantizar la protección y un ambiente de paz durante el desarrollo de las elecciones el 2 de junio.

En su comunicado, la CEM hizo un llamado a las fuerzas del orden y a las autoridades responsables de la seguridad para que se eviten agresiones, atentados y lamentables asesinatos de candidatos, políticos, familiares, periodistas y ciudadanos en general con motivo electoral. La Iglesia subrayó la importancia de que la seguridad esté garantizada en todos los rincones del país durante este crucial evento democrático.

La expectativa de la CEM es que las elecciones de 2024 en México sirvan como un ejemplo de civilidad a la altura de la cultura democrática que los mexicanos han construido y perfeccionado en las últimas décadas. La Iglesia hace un llamado urgente a todos los actores políticos, desde las autoridades hasta los candidatos, partidos y ciudadanos, para que cumplan rigurosamente las leyes y normativas en materia electoral.

La CEM también hizo un llamado específico al Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) para que actúen con imparcialidad, justicia, ética y competencia profesional, garantizando que el proceso se desarrolle con plena legalidad y transparencia.

Finalmente, la Iglesia destacó la necesidad de campañas electorales limpias, legales y austeras, que se centren en propuestas responsables y serias, fomentando el diálogo y la búsqueda de soluciones auténticas para los problemas del país.

Durante la sesión del informe de labores de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera aseguró que se aplicarán sanciones rigurosas en caso de que se infrinjan las normas electorales.

Fuentes Barrera enfatizó que las decisiones del TEPJF serán guiadas únicamente por la lógica del derecho, sin tomar en cuenta simpatías o antipatías hacia ninguna persona o partido político. Subrayó que el tribunal actuará con independencia y autonomía del poder público, como lo ha hecho durante casi tres décadas.

El magistrado hizo un llamado a la ciudadanía para que vote con tranquilidad y confianza en el sistema electoral, asegurando que el TEPJF actuará con apego a la ley, independencia e imparcialidad al ratificar los resultados electorales.

Por su parte, la magistrada presidenta de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, Eva Barrientos Zepeda, informó que durante el periodo 2022-2023 se resolvieron 777 medios de impugnación, mayormente relacionados con juicios electorales y asuntos generales. Destacó que el 98% de los casos fueron resueltos por unanimidad del pleno.

Barrientos Zepeda también resaltó la especialización de la Sala Regional Xalapa en la resolución de conflictos relacionados con pueblos originarios, garantizando así que el ejercicio de los derechos político-electorales sea en condiciones de igualdad y respetando sus prácticas tradicionales.

En el evento estuvieron presentes diversas autoridades electorales, representantes de organismos ciudadanos y universidades, así como el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jimenez.

En un giro sorprendente, el reconocido actor y productor de cine Eduardo Verástegui, anunció a través de sus redes sociales que se registró nuevamente como candidato presidencial independiente ante el Instituto Nacional Electoral (INE) este 21 de febrero.

La noticia llega después de que, el 19 de febrero, el Consejo General del INE iniciara una investigación sobre el actor por la presunta recepción de recursos del extranjero y posibles aportaciones de una organización religiosa.

A través de su comunicado en redes sociales, afirmó haber cumplido con todos los requisitos exigidos por el INE, presentando también evidencias y peritajes técnicos sobre la aplicación “Apoyo Ciudadano” para registro de firmas, la cual resultó fallida en su primer intento.

La decisión del actor de volver a buscar la candidatura independiente generó controversia, ya que el Consejo General del INE abrió una investigación por la supuesta recepción de 390,000 dólares de la firma Partner 305 con sede en Miami, EE. UU. Se alega que estos fondos se utilizaron para financiar su activismo político.

Este no es el primer intento de Verástegui por participar en la contienda presidencial como candidato independiente. Desde septiembre de 2023, notificó al INE su intención de contender por esta vía, dando inicio a la recolección de las 961,415 firmas de apoyo necesarias dispersas en al menos 17 estados. A pesar de su solicitud de ampliar el plazo y de utilizar formatos físicos en lugar de la aplicación digital, el INE rechazó estas peticiones, llevando al actor a impugnar la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Su persistencia en este proceso genera incertidumbre sobre el futuro de su candidatura y cómo afectará la investigación en curso.

El Consejo General del INE aprobó no solo la investigación por los 390,000 dólares recibidos del extranjero sino también por la presunta propaganda político-electoral de una organización religiosa en favor de Verástegui. El actor argumenta que los recursos son de su propiedad y presentó dos extractos bancarios, pero la información financiera fue limitada para preservar la seguridad.

La situación de Eduardo Verástegui se torna cada vez más compleja, ya que, a pesar de los obstáculos y las investigaciones en su contra, persiste en su objetivo de ser candidato presidencial independiente. El INE deberá resolver su registro conforme a derecho, y el actor se enfrenta a un escrutinio público que cuestiona tanto sus aspiraciones políticas como su gestión de recursos financieros en el ámbito electoral.

En una conferencia ante un auditorio de abogados en Nuevo León, la Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora, abordó el tema de las candidaturas de aquellos aspirantes a alcaldías en municipios donde no residen, señalando que esto podría contravenir la ley y las políticas públicas.

Otálora, quien visitó la región para participar en una ponencia, destacó que sería incongruente ocupar un cargo que requiere conocer de cerca las realidades y necesidades de un municipio del cual no se es habitante.

“Sería un contrasentido con lo que implica el cargo, ya que las políticas públicas deben contribuir a la vida diaria de un municipio o ayuntamiento donde uno reside”, afirmó la magistrada en respuesta a una pregunta del público durante la conferencia.

En el contexto de la charla con los abogados, enfatizó que la presidencia municipal es una posición de gran cercanía con la ciudadanía y dirigir la vida cotidiana de un ayuntamiento requiere un conocimiento directo de sus necesidades.

“Es lógico, es sentido común, que para dirigir la vida cotidiana de un ayuntamiento se debe residir en ese lugar, para entender cuáles son las necesidades”, agregó Otálora.

Durante su intervención, también se refirió a los desafíos que enfrentarán las elecciones próximas en junio, resaltando la importancia de la democracia y señalando la preocupación por la violencia generada por el crimen organizado.

En un veredicto histórico, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha determinado que la reconocida periodista Denise Dresser no incurrió en violencia política de género contra la diputada morenista Andrea Chávez. La resolución revocó una multa de 20 mil pesos y otras medidas impuestas a Dresser, argumentando que sus expresiones estaban amparadas en la libertad de expresión y en su labor periodística.

La controversia surgió a raíz de comentarios emitidos por Denise Dresser durante el programa “Mesa de Análisis con Loret”, transmitido por Latinus el 15 de agosto de 2023. En dichas declaraciones, Dresser utilizó expresiones como “es un tema de faldas”, “tener una novia en la campaña” y “no sabemos si era novia o no”, referenciando a Andrea Chávez y sus aspiraciones políticas. La diputada presentó una denuncia por violencia simbólica y psicológica.

La magistrada Mónica Soto, al presentar el proyecto, propuso la revocación de la multa y otras medidas de reparación impuestas a Denise Dresser. Argumentó que las expresiones de la periodista estaban respaldadas por la libertad de expresión y la actividad periodística. La Sala Superior respaldó esta postura, considerando que el propósito de Dresser era evidenciar un posible uso de recursos públicos y la disminución de las posibilidades de éxito de Andrea Chávez en su aspiración a la coordinación.

El magistrado Felipe de la Mata subrayó que la libertad de expresión no debe ser coartada por la violencia política de género. Declaró que este tipo de violencia no puede convertirse en un instrumento para silenciar a la prensa o al ejercicio libre del periodismo. Además, enfatizó que las expresiones de Dresser se enmarcan en la crítica y exposición de información de relevancia pública.

La respuesta de la diputada Chávez tras conocer la decisión del TEPJF fue contundente. En un comunicado, manifestó que Denise Dresser cometió violencia política de género en su contra, según la determinación unánime del tribunal. Chávez destacó que las palabras de Dresser estuvieron cargadas de violencia simbólica, psicológica y verbal, basadas en estereotipos de género, vulnerando sus derechos político-electorales.

Por su parte, Denise Dresser celebró el fallo del tribunal como un triunfo para la libertad de expresión. En sus declaraciones, la periodista consideró que esta decisión histórica demuestra que no cometió violencia política de género y que, con ello, se preserva el derecho a cuestionar actos de influyentismo, corrupción y desvío de recursos públicos.

La polémica alrededor de este caso resalta la importancia de mantener un equilibrio entre la libertad de expresión y la protección contra la violencia política de género. El TEPJF, al absolver a Denise Dresser, envía un mensaje claro sobre la necesidad de abordar estas situaciones con un análisis amplio y contextual, evitando que la libertad de expresión sea restringida injustamente. La sentencia sienta un precedente significativo en el debate sobre la libertad de expresión y el respeto a los derechos político-electorales en el contexto de la actualidad política mexicana.