El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) le ha instruido retirar el contenido de la conferencia matutina del pasado 8 de marzo, donde cuestionó la participación del abogado Vidulfo Rosales en actos de campaña de Claudia Sheinbaum, relacionándolos con la generación de violencia en protesta por el caso Ayotzinapa.
Según detalló López Obrador, la notificación de la Comisión llegó el martes de esta semana a Palacio Nacional, estableciendo un plazo de 6 horas para que el gobierno federal eliminara dicho planteamiento de todas sus plataformas digitales.
El presidente expresó su malestar por lo que considera un intento de censura, afirmando que su intervención se limitaba al ejercicio de su derecho de réplica y que en ningún momento incurrió en irregularidades. “Tan solo hice un llamado para que no fueran a provocar”, señaló el mandatario.
López Obrador recordó un hecho específico que mencionó en la conferencia, sin entrar en detalles, donde se refería a una declaración que indicaba la intención de generar disturbios en eventos políticos. Sin embargo, argumentó que esto no guardaba relación con el ámbito electoral y que solo buscaba mantener la calma y la paz en el proceso político.
En la conferencia del 8 de marzo, realizada en Michoacán, el presidente había instado al abogado de los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa a evitar caer en provocaciones, especialmente después de anunciar acciones de protesta radical. En ese contexto, había cuestionado la decisión de dirigir las protestas específicamente hacia una candidata presidencial.
El mandatario compartió estos detalles con los medios de comunicación, subrayando la presión que enfrenta su administración para retirar ciertos contenidos de sus conferencias.
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ha emitido un recordatorio al gobernador de Nuevo León, Samuel García, instándolo a que su conducta se adhiera estrictamente a los límites constitucionales que exigen el respeto a los principios de legalidad y equidad, evitando así emitir mensajes a favor de algún partido político.
Este recordatorio surge tras la resolución de una queja presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) contra el partido Movimiento Ciudadano (MC) y el gobernador García Sepúlveda, debido a una publicación en Instagram donde el mandatario expresó la frase “tenemos nuevo candidatoooo”. Los consejeros de la Comisión determinaron que la publicación constituye un hecho consumado.
El PAN argumentó en su queja que el mandatario estatal estaba promocionando a favor de Movimiento Ciudadano y de varios aspirantes a cargos de elección popular postulados por su partido, haciendo uso indebido de su investidura como servidor público. Por lo tanto, la Comisión decidió emitir una medida de tutela preventiva, recordando al gobernador los límites y parámetros constitucionales que debe seguir.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha dictaminado que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe abstenerse de hacer declaraciones relacionadas con asuntos electorales y ceñirse a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad.
Esta determinación se desprende de la resolución emitida en respuesta a la impugnación presentada por el propio mandatario mexicano bajo el expediente SUP-REP-168/2024. En dicho fallo, se ordena a López Obrador ajustar su conducta a lo establecido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE).
La impugnación en cuestión fue presentada por el Partido Acción Nacional (PAN), quien denunció que durante una conferencia de prensa el 11 de enero de 2024, el presidente acusó al proceso interno del PAN, PRI y PRD para designar su candidata como una “farsa”.
El INE falló a favor del PAN, solicitando la aplicación de medidas cautelares contra el presidente, al considerar que este ha utilizado indebidamente recursos públicos al hacer tales declaraciones durante sus conferencias desde Palacio Nacional.
Los magistrados de la Sala Superior han ratificado la sentencia que ordena al presidente abstenerse de realizar manifestaciones o emitir comentarios, destacando la vulneración de los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda electoral.
