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Lenia Batres Guadarrama, actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha emprendido una intensa agenda de viajes por México en los meses previos a la elección judicial del 1 de junio. Lo llamativo no ha sido solo su presencia en diversos foros y eventos, sino el uso de recursos públicos asignados por el Poder Judicial para costear estas actividades, en las que su imagen ha tomado protagonismo.

De octubre de 2024 a febrero de 2025, Batres realizó un total de 15 viajes a diferentes estados del país. Los registros disponibles revelan que estos traslados fueron justificados ante la Corte como “invitaciones académicas”. Sin embargo, en dichos encuentros se dedicó a promover la reforma judicial y la propuesta de elección popular de jueces, magistrados y ministros, temas que coinciden directamente con su agenda de campaña para continuar en el máximo tribunal.

Los datos revisados por Latinus detallan que el costo total de estas giras fue de 210 mil pesos. De ese monto, 112 mil pesos fueron utilizados para los viáticos de la ministra, mientras que los restantes 98 mil se destinaron a vuelos de su asesor, Eduardo Murillo Torres, quien la acompañó en parte de los recorridos.

Esta situación ha generado contrastes con otras ministras en funciones. Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes también han participado en eventos relacionados con la reforma judicial, no reportaron comisiones oficiales ni gastos financiados por la Corte durante el mismo periodo. A pesar de tener presencia en actos públicos similares, ambas ministras evitaron el uso de recursos institucionales, lo que ha despertado cuestionamientos sobre el criterio empleado por Batres para justificar sus salidas.

La estrategia de la ministra no ha pasado desapercibida, ya que su mensaje ha coincidido con una narrativa que apoya la transformación del sistema judicial a través del voto ciudadano, una propuesta impulsada desde el Ejecutivo. En cada una de sus intervenciones, la figura de Batres ha estado presente como promotora de la reforma, en un momento clave previo a la elección que definirá la renovación de múltiples cargos en el Poder Judicial.

Mientras se mantiene en curso su intento por permanecer en la SCJN, la utilización de recursos públicos para actividades que refuerzan su presencia política sigue generando atención. La línea entre el ejercicio institucional y la promoción personal ha vuelto a ponerse bajo la lupa en un contexto donde la imparcialidad judicial es uno de los valores más exigidos por la ciudadanía.

La noche de este viernes marcó el fallecimiento de Mariano Azuela Güitrón, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los 89 años de edad. La noticia resonó en todos los rincones del ámbito jurídico nacional, generando expresiones de condolencias desde distintas esferas, incluida la propia Suprema Corte, que externó su solidaridad con familiares y amigos del jurista.

Nacido en la Ciudad de México en 1936, Mariano Azuela Güitrón fue parte de una familia con profundas raíces en la vida pública del país. Su formación académica se consolidó entre 1954 y 1958 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde joven, combinó su trayectoria profesional con una intensa vocación docente, impartiendo cátedra en instituciones como el Centro Universitario México, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Panamericana.

Su vínculo con el Poder Judicial inició formalmente en 1960, al desempeñarse como secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más tarde, entre 1971 y 1983, se desempeñó como magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación, y en 1981 fue designado presidente de dicho tribunal.

En mayo de 1983, fue nombrado ministro de la Suprema Corte de Justicia, cargo que ejerció con una participación prolongada, alternando entre la Segunda Sala y el Pleno. Entre el 2 de enero de 2003 y el 15 de enero de 2007, asumió la presidencia tanto de la Corte como del Consejo de la Judicatura Federal.

Durante su paso por la presidencia del máximo tribunal, el contexto político del país vivía una de sus tensiones más notorias. En 2004, la Procuraduría General de la República acusó al entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, de desacato por desobedecer una orden judicial vinculada al predio “El Encino”.

El proceso de desafuero que se desencadenó posteriormente fue respaldado por una votación mayoritaria en la Cámara de Diputados, bajo la presidencia de Manlio Fabio Beltrones. El episodio estuvo marcado por fuertes señalamientos de presión política, en los que también fue mencionado Mariano Azuela Güitrón. En 2022, López Obrador revivió ese episodio al acusar al expresidente Vicente Fox y a un grupo de legisladores de operar el desafuero con la supuesta intervención del entonces presidente de la Corte.

Pese a las controversias, el legado de Azuela Güitrón en el sistema judicial mexicano es amplio, con décadas de participación en la interpretación y aplicación del derecho. Su figura representa una parte significativa de la historia reciente del Poder Judicial en México, con aportaciones relevantes tanto en el ámbito académico como institucional.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) lanzó una señal de alerta contundente ante el proceso electoral que definirá el rumbo del Poder Judicial en México. A pocas semanas de las votaciones del 1 de junio, los obispos expresaron su temor de que la delincuencia organizada o personas sin el perfil adecuado accedan a cargos clave del sistema judicial del país.

Durante la CXVIII Asamblea de la CEM, el Obispo Ramón Castro Castro, en su calidad de presidente del organismo, hizo eco de una preocupación que ha ido creciendo no solo en círculos eclesiásticos, sino en diversos sectores de la sociedad. “Tenemos temor de que vayan a llegar algunas personas que no sean las idóneas para servir en algo tan importante”, declaró en conferencia de prensa. También señaló que existe el riesgo de que “los mismos servidores públicos puedan caer en manos del crimen organizado”, un escenario que califica como una amenaza real, en medio de un contexto nacional marcado por la violencia.

En paralelo, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, denunció recientemente la presencia de candidatos con presuntos vínculos con el narcotráfico. El legislador aseguró que algunos de los aspirantes a formar parte del nuevo Poder Judicial han fungido como defensores de capos del crimen organizado y advirtió que la Cámara Alta ya prepara una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra una veintena de esos perfiles.

Este proceso electoral, inédito en México, convoca a 99.7 millones de personas para elegir, por primera vez en la historia del país, a 881 cargos judiciales. Entre los puestos en disputa se encuentran los de la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral. Las campañas comenzaron el pasado 30 de marzo y concluirán el 28 de mayo, mientras diversas voces, entre ellas organismos internacionales como la ONU y organizaciones de la sociedad civil, han advertido sobre el riesgo de intromisiones indebidas tanto del crimen como del propio Poder Ejecutivo. 

En un mensaje dirigido a la comunidad católica, la CEM hizo un llamado a la unidad, la esperanza y la participación activa, sin dejarse vencer por la violencia ni la incertidumbre. También reiteró su solidaridad con los sectores más vulnerables, como víctimas de violencia, migrantes, mujeres, jóvenes y pueblos originarios. “Seamos una Iglesia donde todas las voces cuenten”, subrayaron los obispos.

El panorama se torna aún más delicado ante tragedias recientes como el asesinato de ocho jóvenes en una comunidad de la Diócesis de Irapuato, en Guanajuato, lo que refuerza la urgencia del llamado eclesiástico. La Iglesia católica, golpeada también por la inseguridad, se suma al coro de advertencias que buscan preservar la legalidad, la justicia y la paz en una etapa crítica para el país.

La elección judicial de este año presenta un nuevo reto para la inclusión: el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que no será posible contar con boletas en sistema braille. Una decisión que marca un cambio significativo en el acceso al voto de personas con discapacidad visual, especialmente considerando que desde 2003, en elecciones federales, se ha utilizado material diseñado para facilitar su participación. 

El acuerdo se tomó tras acatar una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque generó desacuerdos al interior del Consejo General. La consejera presidenta Guadalupe Taddei y los consejeros Norma de la Cruz y Jorge Montaño votaron en contra de la medida. Claudia Zavala, también consejera, expresó su preocupación por lo que calificó como una “regresión” en materia de accesibilidad.

“Garantizar el derecho al voto es una responsabilidad del Estado mexicano”, afirmó Zavala, al señalar que la falta de recursos y los tiempos ajustados impidieron una implementación adecuada. Desde el inicio del proceso se enfrentó un presupuesto limitado, situación atribuida al recorte de más de 13 mil millones de pesos en el presupuesto del INE.

La decisión del Instituto se sustenta en múltiples factores. No solo se trata de una cuestión económica o de plazos, sino también de viabilidad técnica. En esta elección, las boletas para el Poder Judicial no incluirán recuadros para marcar opciones, sino que requerirán que las personas anoten números correspondientes a las candidaturas elegidas. Este nuevo formato impide el uso de las plantillas braille tradicionales, que están diseñadas para coincidir con recuadros táctiles.

En el caso de la boleta para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), habrá que elegir entre 64 candidaturas distribuidas en nueve cargos. Las papeletas de las otras cinco elecciones serán impresas en formato media carta, lo que complica aún más la integración del sistema braille. De implementarse, se requeriría un cuadernillo de 42 hojas tamaño carta, algo que supera los tiempos y presupuestos disponibles.

Durante las elecciones de 2024 se produjeron 92,000 juegos de plantillas braille, a un costo de 8.8 millones de pesos. Sin embargo, solo fueron utilizadas por 2,386 personas. Aun así, desde hace más de dos décadas, se ha contado con esta herramienta en las casillas como parte del compromiso con la accesibilidad.

El INE aclaró que, aunque no se proporcionará material en braille, las personas con discapacidad visual podrán recibir apoyo de una persona de su confianza o del personal de casilla para emitir su voto. Esto en cumplimiento de lo que establece la ley electoral.

La Asociación Civil para la Accesibilidad de Personas con Discapacidad Libre Acceso A.C. y la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual impulsaron este tema, recibiendo respuesta formal del INE tras la sentencia del Tribunal.

La elección judicial de este año no contará con la accesibilidad en braille que durante dos décadas se ofreció. Las limitaciones presupuestarias, técnicas y logísticas delinean un nuevo panorama, dejando fuera una herramienta que, aunque poco utilizada, representa un símbolo de inclusión y equidad democrática.

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó los montos diferenciados que podrán gastar las personas aspirantes a un cargo en la renovación del Poder Judicial de la Federación (PJF). Dependiendo de la posición en contienda, los recursos para actos proselitistas variarán desde 220 mil hasta más de un millón 400 mil pesos.

La determinación se dio en cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que invalidó el acuerdo anterior del INE, el cual establecía un monto genérico de 220 mil 326 pesos para todas las candidaturas. Con esta modificación, los límites de gasto quedan de la siguiente manera:

•       Aspirantes a jueces de Distrito: hasta 220 mil 326.20 pesos.
  
•        Magistratura de Circuito: hasta 413 mil 111.63 pesos.
•        Candidatos a las salas regionales del TEPJF: hasta 881 mil 304.80 pesos.

Candidatos a los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Tribunal de Disciplina Judicial y Sala Superior del TEPJF: hasta un millón 468 mil 841.33 pesos. 

Las campañas darán inicio el 30 de marzo y finalizarán el 28 de abril, permitiendo a los aspirantes llevar a cabo sus estrategias de difusión y acercamiento con la ciudadanía dentro de los límites establecidos.

En Hidalgo, se renovarán 30 cargos nacionales, ya que la elección del Poder Judicial local se llevará a cabo hasta 2027. Entre los puestos en disputa se encuentran nueve ministros de la SCJN, cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, dos magistraturas de la Sala Superior del TEPJF, tres magistraturas de la Sala Regional Ciudad de México (CDMX), cinco magistraturas por Competencia del Circuito Judicial 29 y seis Juzgados por competencia del mismo circuito.

Con esta resolución, el INE garantiza equidad en la contienda electoral, permitiendo una distribución más justa de recursos para cada aspirante según el cargo al que buscan acceder. La implementación de estos nuevos montos busca dar mayor claridad y equilibrio en el proceso rumbo a la elección del primero de junio.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reforzó su promoción sobre la elección judicial del próximo 1 de junio, destacando que esta medida permitirá separar al Poder Judicial del poder económico. Durante su gira por Hidalgo, reiteró que este cambio convertirá a México en “el país más democrático del mundo”.

Desde el evento, Sheinbaum recalcó la importancia de que “el pueblo decida” quiénes ocuparán los cargos en el Poder Judicial, asegurando que este proceso es un ejemplo para el mundo. “Lo que queremos es que también el poder económico se separe del Poder Judicial, que se acabe con la corrupción en el Poder Judicial, que los jueces le sirvan al pueblo”, declaró.

En el marco de su visita, Sheinbaum inauguró la carretera Real del Monte-Huasca, un proyecto de 9.8 kilómetros que conecta Pachuca con Tampico. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que la obra requirió una inversión de 5 mil 500 millones de pesos y que su construcción inició en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Durante el acto, Sheinbaum envió un saludo al exmandatario.

Un día antes de la inauguración, una avioneta particular realizó un aterrizaje de emergencia en la autopista debido a una falla mecánica. A pesar del incidente, la actividad en la vía continuó sin mayores contratiempos.

Durante su recorrido por Hidalgo, Sheinbaum repasó diversas acciones implementadas en la región, destacando programas de vivienda social, saneamiento de ríos y la entrega de apoyos sociales. También mencionó la iniciativa “Salud en tu Casa” y adelantó que en el Valle del Mezquital se implementarán proyectos de tecnificación agrícola.

Sheinbaum anunció que en un año y medio los habitantes de Hidalgo podrán acceder al Tren Ciudad de México-Pachuca, el cual posteriormente se conectará con el Tren México-Querétaro, pasando por Tula. La ampliación de infraestructura de transporte es una de las prioridades de su administración.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ha oficializado la lista de candidatos y candidatas que competirán por un lugar en el Poder Judicial de la capital. En un sorteo electrónico, se determinaron los nombres que formarán parte de las boletas en la elección de 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 99 jueces y 34 magistrados.

Entre los nombres aprobados se encuentran figuras con antecedentes en otros estados, como Víctor Manuel Martínez Corte, quien buscará una magistratura en materia familiar en el distrito 1, tras haberse registrado también en Tlalnepantla para un cargo similar en el poder legislativo.

Otro perfil relevante es el de Alberto Trejo Villafuerte, aspirante a juez en materia civil, quien hasta 2022 formaba parte del equipo de la diputada local Elizabeth Mateos. También destaca Anaid Valero Manzano, excandidata a presidir la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, ahora en la contienda por una magistratura en el distrito 2, en materia penal.

La lista también incluye a José Francisco Sánchez Magallán González, integrante del Consejo Judicial Ciudadano y pieza clave en la selección de la Fiscal capitalina, quien busca ahora una magistratura en materia civil en el distrito 4.

El IECM ha puesto en marcha una plataforma digital para que la ciudadanía pueda consultar los perfiles de los aspirantes y tomar una decisión informada en el proceso electoral. Además, se han revelado las boletas oficiales que se utilizarán en la elección. En total, serán 9 boletas: 3 para la elección de jueces y magistrados locales, y 6 para los juzgadores federales. Se estima que cada votante empleará aproximadamente 14 minutos en completar su participación.

El arranque de las campañas está previsto para abril, cuando los candidatos comenzarán a exponer sus propuestas y trayectorias. La transparencia y el escrutinio ciudadano serán esenciales para garantizar la elección de perfiles idóneos que fortalezcan la justicia en la CDMX.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha revocado el límite de 220 mil pesos fijado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para los gastos personales de campaña en la elección judicial. La decisión obliga al INE a establecer montos diferenciados según el cargo al que se aspire, pues se consideró que el tope uniforme no era racional ni razonable. 

El INE había establecido un límite general de 220 mil 326.20 pesos para todas las candidaturas en la elección judicial, lo que equivalía a un gasto diario de aproximadamente 3 mil 672.10 pesos. Sin embargo, el TEPJF determinó que este monto debía ser una base y no un tope absoluto, ya que la ley establece que el límite de gastos no podrá ser superior a esa cifra, pero no impide que se fijen montos diferenciados dependiendo del cargo.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, autor del proyecto aprobado, argumentó que el límite de 220 mil pesos se aplica a las diputaciones federales por distrito, lo que significa que debe utilizarse como parámetro para ajustar los topes de cada cargo. Explicó que existen 300 distritos electorales uninominales, y aunque esto no implica multiplicar el monto por cada distrito, sí permite establecer un límite superior basado en una lógica diferenciada.

Rodríguez Mondragón señaló que el INE debe considerar el órgano a elegir, el tamaño del electorado y el territorio abarcado para definir los montos. En este sentido, subrayó que no es comparable el gasto de una persona que compite por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con alcance nacional, frente a quien busca un puesto en un distrito judicial de menor extensión.

El Tribunal también resaltó que, debido a las restricciones impuestas en la reforma electoral, como la prohibición de contratar espacios en radio, televisión, espectaculares y redes sociales, las candidaturas deben contar con los recursos suficientes para llevar a cabo actividades permitidas, como la impresión de propaganda y la participación en foros públicos.

No obstante, la magistrada Janine Otálora votó en contra de esta resolución, argumentando que la ley es clara en que los topes de gastos de campaña no pueden superar el monto de 220 mil pesos. Consideró que elevar estos límites sin justificación afecta la equidad electoral, favoreciendo a quienes disponen de mayores recursos económicos. Su postura coincidió con la del consejero Uuc-kib Espadas, quien también sostuvo que los montos deberían ajustarse de forma diferenciada, pero sin superar el tope máximo legal.

El INE ahora deberá establecer una nueva fórmula para definir los gastos personales de campaña. En la sesión donde se discutió esta decisión, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, propuso una estructura diferenciada, con montos que iban desde 220 mil pesos para juzgados de distrito hasta 1.4 millones de pesos para la Suprema Corte. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por la mayoría de los consejeros, quienes insistieron en la necesidad de respetar el límite legal.

Con esta resolución, el INE enfrentará el reto de diseñar una nueva metodología para la asignación de gastos personales de campaña que concilie los principios de equidad y racionalidad en el uso de los recursos electorales.

El próximo 1 de junio marcará un hecho histórico en México: por primera vez, los ciudadanos podrán elegir directamente a los integrantes del Poder Judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que esta fecha será conocida como el “Día de la Democracia”, destacando su relevancia para el país.

Desde Colima, Sheinbaum celebró que esta elección permitirá a los ciudadanos decidir quiénes ocuparán los cargos de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, informó que los actuales jueces dejarán sus puestos en los próximos seis meses.

“El 1 de junio vamos a votar por jueces, magistrados y ministros de la Corte. Por primera vez, el pueblo de México va a elegir al Poder Judicial. No hay ningún otro país que lo haga, por eso digo que será el ‘Día de la Democracia'”, declaró la mandataria.

La presidenta afirmó que esta reforma es la “única manera” de erradicar la corrupción dentro del sistema judicial. Según su declaración, este cambio permitirá construir un Poder Judicial honesto y comprometido con el pueblo. También aseguró que México será un ejemplo para el mundo al implementar este modelo.

En su discurso, Sheinbaum acusó a jueces y magistrados de corrupción, nepotismo y de favorecer la liberación de criminales. Este mensaje estuvo alineado con el que expresaron los integrantes de su Gabinete de Seguridad días antes, al justificar la extradición de 29 capos del narcotráfico a Estados Unidos sin completar el proceso de extradición tradicional.

La presidenta destacó el trabajo de la actual secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien en su cargo anterior como secretaria de Seguridad denunció en varias ocasiones que jueces liberaban a delincuentes. Además, señaló que los puestos en el Poder Judicial solían asignarse entre familiares y allegados, fomentando el nepotismo.

“Ellos mismos decidían quiénes serían jueces y magistrados. Tanto, que ahora la mitad del Poder Judicial está conformado por hermanos, primos, cuñados y sobrinos. Hay jueces honestos, pero la mayoría han sido parte de un sistema corrupto”, aseguró Sheinbaum.

Con esta reforma, el gobierno busca transformar el sistema de justicia y devolverle la confianza a los ciudadanos. La elección del 1 de junio representará un paso sin precedentes en la democracia mexicana, poniendo en manos del pueblo la selección de quienes impartirán justicia en el país.

Este viernes, el Instituto Nacional Electoral (INE) inició la impresión de 602 millones de boletas para los comicios judiciales del 1 de junio. Las primeras boletas que se producirán corresponden a la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En los próximos días comenzará la impresión de las boletas para otros cargos judiciales, una vez que el INE finalice la verificación de candidaturas.

La impresión de las boletas se lleva a cabo en Talleres Gráficos de México (TGM), bajo estrictas medidas de seguridad proporcionadas por la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). En total, se imprimirán 602 millones 387 mil 442 boletas, utilizando materiales con medidas de seguridad similares a las del papel moneda para garantizar su autenticidad y confiabilidad en la jornada electoral.

El evento de inicio de impresión fue encabezado por la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la directora de TGM, Maribel Aguilera Cháirez, junto con consejeros electorales. Durante el acto, se destacó la relevancia de esta elección como un hito en la historia política de México, al tratarse de la primera vez que los ciudadanos elegirán directamente a los integrantes del Poder Judicial.

Rosa Icela Rodríguez aseguró que el proceso electoral contará con las garantías de seguridad necesarias para la protección y el traslado de la documentación electoral. Además, subrayó la importancia de un Poder Judicial autónomo y confiable, enfatizando que el resguardo de los materiales contribuirá a la legitimidad de la elección.

Por su parte, Guadalupe Taddei calificó este proceso como un “parteaguas en la historia político-electoral de nuestro país”, señalando que podría influir en otras naciones que aún no han adoptado un modelo de elección similar para su sistema judicial. La reforma en curso busca fortalecer la credibilidad del Poder Judicial, promoviendo su independencia e integridad mediante un sistema de elección democrática.

Con la impresión en marcha y los protocolos de seguridad en funcionamiento, México se prepara para una jornada electoral sin precedentes, en la que la ciudadanía tendrá un papel fundamental en la transformación del sistema judicial del país.