Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de “Fuerza y Corazón por México”, ha decidido impugnar los resultados de la elección presidencial, alegando fallas y falta de equidad en la contienda. La coalición ha reactivado la consigna “voto por voto”. Partidos y candidatos tienen derecho a presentar inconformidades si consideran que hubo irregularidades graves o delitos electorales que afectaron los resultados y el derecho ciudadano al voto libre.
La Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral regula los medios de impugnación para asegurar que los procesos electorales cumplan con los principios de constitucionalidad y legalidad. Según el analista político Ernesto Guerra, un recurso de impugnación permite a los partidos y otros sujetos inconformarse con los resultados de una elección. Del 13 al 21 de junio, el INE entregará los cómputos distritales a la Sala Superior del TEPJF, que resolverá las impugnaciones, siendo esta la máxima instancia de decisión en materia electoral.
Fernando Dworak, consultor político, advierte que la diferencia de votos entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez es muy amplia, con Sheinbaum obteniendo el 59.75% y Gálvez el 27%. Aunque es un derecho inconformarse, Dworak considera que es improbable revertir una diferencia tan grande, sugiriendo que la ciudadanía se mantenga informada pero con expectativas realistas sobre el resultado de la impugnación.
Las impugnaciones deben presentarse dentro de los cuatro días posteriores a la conclusión de los cómputos, identificando el acto impugnado, mencionando los agravios y aportando pruebas. Los juicios electorales por resultados de elecciones de diputaciones y senadurías deben resolverse el 3 de agosto, y los de la elección presidencial, a más tardar el 31 de agosto. Las sentencias pueden confirmar el acto impugnado, declarar la nulidad de votaciones o elecciones, modificar cómputos distritales, y revocar o entregar constancias al ganador.
La Constitución mexicana establece la nulidad de elecciones por violaciones graves como exceder el gasto de campaña autorizado, comprar cobertura informativa, o usar recursos ilícitos en campañas. Guerra recuerda sanciones previas al presidente López Obrador por pronunciamientos electorales, subrayando la necesidad de probar inequidad en la contienda.