La investigación sobre los hallazgos en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, ha tomado un giro importante con el primer informe presentado por la Fiscalía General de la República (FGR). Alejandro Gertz Manero, titular de la institución, expuso las primeras hipótesis y reveló la falta de un dictamen definitivo sobre los restos humanos encontrados en el lugar.
Seis meses después del hallazgo, los servicios periciales de Jalisco aún no han determinado la antigüedad ni la identidad de los restos, lo que ha generado preocupación en la FGR. Gertz Manero señaló omisiones graves por parte de la Fiscalía de Jalisco y destacó que no existen pruebas periciales concluyentes sobre la posibilidad de que se hayan realizado actividades crematorias en el sitio.
Las investigaciones apuntan a que el rancho Izaguirre pudo haber sido un campo de adiestramiento operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde además de entrenar a sus reclutas, se habrían cometido asesinatos. Las declaraciones de víctimas secuestradas en el lugar han sido clave para establecer las primeras líneas de investigación. En uno de los testimonios, se indicó que elementos de la Policía de Tala, bajo la dirección de su jefe, participaron en las operaciones delictivas; uno de ellos ya se encuentra detenido.
Entre los objetos recuperados en el rancho se hallaron identificaciones de presuntos sicarios que ya han sido detenidos en otras entidades del país. Además, se localizaron prendas de vestir, que según los testimonios pertenecían a personas reclutadas y entrenadas en el sitio, quienes dejaban su ropa para uniformarse de acuerdo con las características tácticas del grupo criminal.
Pese a la gravedad de los hechos, el rancho Izaguirre quedó en estado de abandono luego de las primeras diligencias ministeriales realizadas por las autoridades locales, a pesar de haber sido asegurado por el Ministerio Público.
Las investigaciones continúan en curso y la FGR sigue recopilando pruebas para esclarecer el caso. La atracción de la investigación por parte de la fiscalía federal responde a la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de garantizar un proceso transparente y evitar encubrimientos o irregularidades en el manejo de la información.