Morena está evaluando cambios en su propuesta de reforma judicial para abordar las inquietudes del mercado. Entre las modificaciones planteadas, se incluye un proceso escalonado para la elección de jueces, que se extendería a lo largo de varios años para reducir el riesgo de politización del Poder Judicial. Según fuentes involucradas en las discusiones, se propone que un comité técnico realice la selección de magistrados tras evaluar su idoneidad.

La propuesta original del presidente Andrés Manuel López Obrador, que contemplaba la elección de casi 1,600 jueces, incluidos los de la Corte Suprema, mediante voto popular, había generado preocupación entre los inversionistas. Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, ha defendido la necesidad de esta reforma.

Adicionalmente, se prevé la protección de los fideicomisos de los trabajadores judiciales, a pesar de que el Senado había votado anteriormente para eliminar 13 de estos fideicomisos, lo que había provocado tensiones entre el gobierno y el poder judicial. La Suprema Corte, sin embargo, revocó esa decisión.

El peso mexicano cayó un 8% la semana siguiente a las elecciones del 2 de junio, que resultaron en una supermayoría de Morena en la Cámara de Diputados. A pesar de la volatilidad del mercado, López Obrador ha negado que esté relacionada con la reforma judicial.

La reforma también propone reducir el número de jueces de la Suprema Corte de 11 a 9, argumentando que es necesario para transformar un sistema de justicia que, según él, no sirve al pueblo. Los críticos advierten que la elección de jueces por voto popular podría politizar el sistema en favor de Morena y sus aliados.

En respuesta a estas preocupaciones, las nuevas modificaciones también considerarán una revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) en 2026. La elección popular de jueces sin condiciones estrictas podría afectar el funcionamiento de los tribunales laborales en México, creados para resolver rápidamente los conflictos laborales bajo el TMEC. Los legisladores ajustarán la reforma para asegurar que no interfiera con el marco jurídico y comercial del tratado.

Ricardo Monreal, quien liderará a Morena en la Cámara Baja cuando inicie el nuevo Congreso en septiembre, indicó que los legisladores trabajarán en enriquecer la propuesta presidencial mientras mantienen los principios y compromisos fundamentales.

El Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado ha intervenido en el debate sobre la sobrerrepresentación, subrayando que existen diversos criterios administrativos y jurisdiccionales establecidos en diferentes periodos electorales para proteger los derechos de las minorías en el ámbito parlamentario.

Un análisis del IBD resalta que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han dictado resoluciones clave, mientras que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha establecido acuerdos para asegurar que todas las fuerzas políticas que superen el umbral mínimo de votos cuenten con representación adecuada. Estas acciones buscan equilibrar la toma de decisiones y fortalecer el trabajo legislativo.

El estudio del IBD señala que estas medidas se implementan para prevenir que la sobrerrepresentación de un partido o coalición perjudique la representación de las minorías y el pluralismo en la Cámara de Diputados. La falta de equilibrio podría llevar a que las voces minoritarias queden marginadas en debates y votaciones sobre nuevas leyes.

El documento también menciona que, a lo largo del tiempo, se han presentado diversos recursos legales y reformas para asegurar la participación de las minorías en la democracia mexicana. La reforma constitucional de 1996, por ejemplo, buscó garantizar la representación equitativa mediante el voto y la representación política.

Además, las resoluciones de la SCJN de 1998 y la más reciente del TEPJF en 2021 han sido cruciales para mantener el mandato constitucional, limitando la sobrerrepresentación. La Corte ha afirmado que la representación proporcional es esencial para reflejar el pluralismo político y asegurar que todas las corrientes políticas, incluso las minoritarias, tengan voz en el legislativo.

El INE también ha jugado un papel importante con acuerdos del Consejo General en 2021, delimitando aspectos relacionados con coaliciones y afiliaciones para proteger la participación de las minorías en la Legislatura LXV.

En conclusión, el análisis del IBD enfatiza que el sistema de representación proporcional busca atribuir a cada partido el número de cargos en proporción a los votos obtenidos, asegurando una representación justa de todas las corrientes políticas relevantes y evitando distorsiones de la voluntad popular. La SCJN ha introducido este principio para promover el pluralismo político y garantizar la participación equitativa de todas las corrientes políticas en el proceso legislativo.

La Comisión de Puntos Constitucionales ha aprobado de manera unánime una reforma a la Constitución en materia de Austeridad Republicana, que establece que ningún funcionario público podrá recibir un salario superior al del presidente de la República, quien actualmente gana 136 mil 700 pesos mensuales. La iniciativa fue respaldada con 36 votos a favor y sin votos en contra ni abstenciones.

La reforma modifica los artículos 73, 94, 116, 122, 127 y 134 de la Constitución para asegurar que los salarios de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación no superen el estipulado para el presidente, y que estos no puedan ser reducidos durante su mandato. Además, los ahorros generados por estas medidas se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar, según uno de los artículos transitorios.

Durante el debate, se presentaron siete reservas, de las cuales solo una, de Morena, fue aprobada. Los legisladores destacaron la importancia de la reforma para asegurar que los ingresos de los servidores públicos se ajusten a los estándares de austeridad.

El diputado Gerardo Fernández Noroña argumentó que esta reforma era necesaria debido a la resistencia de algunos funcionarios del Poder Judicial a cumplir con las normas de austeridad. La diputada Cynthia Iliana Castro del PRI expresó el apoyo de su partido a la medida, subrayando que los servidores públicos deben ganar lo justo y servir al pueblo.

Por su parte, el diputado Jorge Triana del PAN manifestó su apoyo a la reforma pero advirtió sobre la necesidad de aplicar la medida de manera equitativa, sin cargar la mano sobre un poder independiente.

La reforma ha sido remitida a la Mesa Directiva y se debatirá y votará en el Senado en la próxima legislatura.

Adrián Alcalá Méndez, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), afirmó que el instituto tiene un “Plan D” de diálogo para evitar su desaparición, tal como propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su participación en el Conservatorio: Acción y Promoción de los Derechos Humanos, organizado por el Senado, Alcalá Méndez explicó que el plan busca abrir un diálogo nacional sobre la importancia de contar con un órgano que garantice la transparencia y, al mismo tiempo, implementar cambios que mejoren y eficienten la labor de la institución.

Alcalá Méndez destacó que el INAI y los organismos del Sistema Nacional de Transparencia son esenciales para la defensa y el ejercicio de derechos humanos, como el acceso a la información y la protección de la privacidad. Advirtió que sin estos órganos autónomos, la ciudadanía quedaría expuesta a la opacidad y al uso indiscriminado de sus datos personales, sin mecanismos claros para exigir transparencia y responsabilidad.

En su discurso, pronunciado en la vieja casona de Xicoténcatl, sede alterna del Senado, reconoció que el INAI enfrenta un momento crítico debido a la posible reforma que busca desmantelar el sistema de transparencia. Aseguró que el instituto está dispuesto a dialogar y defender los derechos humanos en espacios como el Senado, promoviendo un Congreso abierto donde se puedan debatir ideas.

Alcalá Méndez se mostró abierto a la mejora institucional y legislativa, resaltando la necesidad de trabajar integralmente con la sociedad, los gobiernos, la academia y el público en general, como órganos autónomos. Recordó que la creación del INAI no fue una concesión política, sino una conquista ciudadana, originada por el “Grupo Oaxaca”.

Hasta el momento, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no han sido invitados a participar en los diálogos sobre la reforma al Poder Judicial, organizados por la Cámara de Diputados desde hace dos semanas. No obstante, Mónica Soto, presidenta de la Sala Superior del TEPJF, confía en que eventualmente serán convocados para expresar sus opiniones.

En el Tercer Foro Nacional: El Abogado y el Legislador, organizado por el Senado, Soto fue cuestionada sobre la posible participación de los magistrados en estos diálogos nacionales, que se han desarrollado en varias entidades del país. “Por el momento no nos han convocado, estamos en línea de espera, supongo que sí estaremos por ahí presentes y esperaremos sobre ese momento para opinar al respecto”, indicó Soto. Al ser preguntada sobre la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular, prefirió no emitir su opinión.

Tribunal Electoral a la expectativa de impugnaciones contra el PRI

Mónica Soto también informó que el TEPJF está en espera de las impugnaciones contra la reforma de los estatutos del PRI, que permitirían a su dirigente, Alejandro Moreno, reelegirse hasta en dos ocasiones más, extendiendo su mandato hasta 2032. Soto subrayó que no pueden pronunciarse sobre casos susceptibles de llegar al tribunal hasta que las impugnaciones sean presentadas. “Hasta ahorita  p lazo máximo para esta tarea es el 6 de septiembre,  no tenemos ninguna impugnación”, aseguró.

En cuanto a la calificación de la elección presidencial, Soto recordó que el plazo máximo para esta tarea es el 6 de septiembre, aunque se está considerando que la resolución se realice antes. Esta decisión está siendo evaluada por una comisión especial encargada de sustanciar el expediente principal y la impugnación madre.

El Senado de la República está evaluando una reforma sugerida por el partido Movimiento Ciudadano a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Esta reforma pretende clasificar el vandalismo como una acción punible con hasta 10 años de prisión para aquellos que cometan actos vandálicos contra los monumentos históricos.

El senador Noé Castañón Ramírez, representante de Movimiento Ciudadano, señaló que en los últimos años ha habido un aumento de actos de vandalismo dirigidos a monumentos históricos. Estos actos no solo causan daños materiales, sino que también afectan la identidad cultural del país y el legado que representa para la nación.

La propuesta está siendo examinada por las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Primera. Establece que aquellos que dañen, alteren o destruyan intencionalmente un monumento arqueológico, artístico o histórico podrían enfrentar penas de tres a diez años de prisión, además de una multa de hasta el doble del valor del daño ocasionado. Esta sanción se aplicaría junto con las penas establecidas en el Código Penal Federal y otras leyes vigentes.

El senador enfatizó que la libertad de expresión y el derecho a la protesta no deben confundirse con la invitación al daño del patrimonio cultural. Destacó la importancia de proteger el patrimonio cultural como un legado invaluable para las generaciones presentes y futuras.

Castañón Ramírez diferenció entre el vandalismo, que busca simplemente causar daño y destruir la propiedad, y la “iconoclasia”, que es una forma de protesta que busca la reescritura o eliminación de iconos culturales considerados injustos u ofensivos para ciertos grupos de personas.

En este sentido, subrayó que la evolución de las culturas implica preservar las expresiones artísticas, tangibles e intangibles, para construir un patrimonio cultural que conserve la memoria colectiva y la identidad a lo largo del tiempo.

México, según datos de la Oficina de la UNESCO para la Educación, es uno de los países más ricos y diversos en patrimonio cultural, con 35 lugares reconocidos como patrimonio cultural de la humanidad.