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Diversos exfuncionarios públicos y personajes del ámbito político han presentado su registro para competir por uno de los codiciados puestos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Algunos de estos aspirantes han dejado sus cargos en el servicio público, mientras que otros buscan avanzar en el Poder Judicial tras desempeñarse en diversas funciones.

Uno de los nombres destacados es el de Marisela Morales, quien fue la primera mujer en encabezar la extinta Procuraduría General de la República (PGR), cargo que ocupó bajo la administración del expresidente Felipe Calderón. A ella se une Gerardo Márquez Guevara, quien fue fiscal de Coahuila durante siete años y recientemente dejó ese puesto, y Gilberto Higuera Bernal, fiscal de Puebla, quien también busca un lugar en la Corte.

En el terreno político, algunos aspirantes han sido cercanos a los partidos, como Andrés Alcántara Silva, exaspirante priista a diputado en Oaxaca, y Luis Euripides Alejandro Flores, exrepresentante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Francisco Becerra Ávalos, quien intentó postularse como candidato presidencial independiente en las elecciones pasadas, también ha mostrado interés en un cargo en el alto tribunal.

De la misma SCJN, varios magistrados también aspiran a un ascenso, como Nora Elizabeth Urby Genel, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y Ricardo Sodi Cuéllar, presidente del Tribunal de Justicia del Estado de México. Además, Carlos Enrique Odriozola, abogado conocido por su trabajo con personalidades, busca dejar los litigios privados para ocupar una posición de gran relevancia en la justicia mexicana.

Entre los nombres que tienen un pase directo para mantenerse en su puesto dentro de la Corte se encuentran las ministras Yazmín Esquivel, Loretta Ortíz y Lenia Batres, quienes ya cuentan con un asiento asegurado en la elección.

Este domingo 24 de noviembre finalizó el plazo para registrar a los aspirantes a ocupar cargos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como en tribunales y juzgados del país. Según información proporcionada por los comités de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, se recibieron un total de 9,500 solicitudes para los distintos cargos judiciales en disputa.

De estas, 2,007 fueron registradas ante el Poder Judicial, 2,747 ante el Comité del Poder Ejecutivo y el resto por la Cámara de Diputados. El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Baja, Ricardo Monreal, expresó en su cuenta de X su satisfacción por la alta participación ciudadana en este proceso, destacando que la cifra de solicitudes recibidas superó las expectativas.

Los datos preliminares indican que la mayoría de los aspirantes son hombres (60%), mientras que las mujeres representan el 40% restante. A pesar del incremento de inscripciones durante los últimos días, se estima que las solicitudes podrían ser insuficientes para completar las ternas necesarias para todos los cargos judiciales disponibles.

Los aspirantes serán evaluados según criterios técnicos, éticos y profesionales. El proceso de selección tomará en cuenta los méritos académicos (40 puntos), la experiencia profesional (30 puntos) y la reputación pública (30 puntos), sumando un total de 100 puntos.

Una vez concluido el proceso de evaluación, la lista de candidatos seleccionados será publicada antes del 31 de enero de 2025. El 8 de febrero, los comités enviarán los expedientes al Senado, que a su vez los remitirá al Instituto Nacional Electoral (INE). Este último organizará las elecciones extraordinarias, programadas para el 1 de junio de 2025.

Este martes 10 de septiembre de 2024, el Senado de la República llevará a cabo la primera lectura del dictamen de la reforma judicial, iniciando así formalmente la discusión en el pleno. Sin embargo, en las últimas horas ha surgido un intenso debate sobre cuántos votos necesita Morena para aprobar la reforma constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, garantizó una amplia discusión en el pleno, asegurando que todas las voces presentes en la Cámara serán escuchadas y que el resultado de la votación será respetado.

La reforma judicial busca democratizar la elección de más de 1,600 puestos judiciales, incluyendo jueces, magistrados y ministros, a través de elecciones populares escalonadas. En 2025 se elegiría a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a la mitad de los jueces y magistrados de distrito, mientras que la otra mitad sería elegida en 2027.

Entre los puntos clave de la reforma se encuentra la reducción de los ministros de la SCJN de 11 a 9, con una presidencia rotatoria cada dos años, determinada por el porcentaje de votos obtenidos en un sistema de representación proporcional. La duración de los cargos variaría: 14 años para los más votados, 11 y 8 años para los que reciban menos votos.

Además, la reforma propone la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, un organismo encargado de vigilar la conducta del personal judicial y de aplicar sanciones cuando corresponda. Los magistrados de este tribunal también serían elegidos en las urnas en 2025.

Morena, junto con sus aliados del Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, necesita una mayoría calificada para que la reforma sea aprobada en el Senado, ya que se trata de una reforma constitucional. La mayoría calificada implica obtener al menos dos tercios de los votos de los legisladores presentes en el pleno, según la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento del Senado.

Si los 128 senadores están presentes durante la votación, serían necesarios 86 votos a favor. No obstante, algunos senadores, como Adán Augusto López, han sugerido que solo se necesitan 85 votos debido a un cálculo matemático que considera el “resto mayor o menor” al determinar la mayoría calificada.

Adán Augusto López explicó que, según algunos cálculos, la mayoría calificada sería de 85 votos, basándose en que cuando el “resto mayor” es mayor a 50, el número se ajusta hacia abajo. Según sus palabras, “la ley dice que son 85.36, si las matemáticas no fallan”.

Este criterio ha sido debatido previamente. En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó un decreto del Congreso de Morelos al no alcanzar el número suficiente de votos, aplicando el principio de aproximación por exceso. Según este enfoque, las dos terceras partes de los 128 senadores representan un 66.666% de los votos, lo que solo se alcanza con 86 votos, no con 85.

Incluso en 2022, el entonces senador Ricardo Monreal reconoció que se requerían 86 votos para la mayoría calificada en una sesión en la que participaran todos los senadores.