Con el objetivo de garantizar la seguridad de turistas y residentes, el Estado de México ha implementado nuevas medidas de seguridad en sus principales destinos turísticos. Estas medidas incluyen el incremento de patrullajes, la instalación de cámaras de vigilancia y la presencia de agentes turísticos capacitados para asistir a los visitantes.
Las zonas turísticas más populares, como Valle de Bravo y Teotihuacán, han visto un aumento significativo en la afluencia de visitantes en los últimos años. Para asegurar una experiencia segura y placentera, las autoridades han trabajado en conjunto con la industria turística para identificar y mitigar posibles riesgos.
El gobernador del Estado de México ha señalado que la seguridad es una prioridad para su administración y ha destacado la importancia del turismo como motor económico. Las medidas implementadas buscan no solo proteger a los turistas, sino también promover el desarrollo sostenible de las comunidades locales.
Además de las medidas de seguridad, se han lanzado campañas de promoción turística para atraer a más visitantes nacionales e internacionales, resaltando las riquezas culturales y naturales del estado.

Ante las críticas de la oposición sobre una posible sobrerrepresentación de Morena en el poder legislativo, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha reafirmado su compromiso de asegurar el cumplimiento del principio de representación proporcional (RP). Este principio busca que la composición del Congreso de la Unión refleje fielmente la votación obtenida por cada partido político, garantizando así la representación de las minorías y la pluralidad política.

El INE detalló en un comunicado que la asignación de diputaciones por representación proporcional comenzará una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva todas las impugnaciones presentadas por los partidos políticos, lo cual se espera que ocurra a más tardar el 23 de agosto. Las 200 diputaciones de RP se eligen mediante el Sistema de Listas Regionales en cinco circunscripciones plurinominales, zonas integradas por varios estados y organizadas bajo el principio de paridad de género.

Para participar en la asignación de estas diputaciones, los partidos políticos deben obtener al menos el 3% de la votación válida emitida en cada circunscripción. En respuesta a las denuncias de sobrerrepresentación por parte de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), el INE recordó que el artículo 54 de la Constitución estipula límites claros para evitar la sobrerrepresentación. Si un partido excede las 300 diputaciones por ambos principios (mayoría relativa y representación proporcional) o si su porcentaje de curules supera en ocho puntos su votación nacional, se le restarán diputaciones de RP hasta ajustarse a los límites establecidos. Las diputaciones excedentes se asignarán a otros partidos.

Este procedimiento se detalló en el Acuerdo INE CG645/2023, publicado el 16 de enero en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En una entrevista con Aristegui Noticias, Jorge Alcocer acusó a Morena de diseñar una estrategia para eludir los topes constitucionales y alcanzar una mayoría, describiendo esto como un “fraude a la Constitución”. Según Alcocer, Morena transfiere curules a partidos pequeños para aparentar que estos diputados pertenecen a otros partidos, manteniendo una votación vaga para beneficiarse de las plurinominales.

Alcocer criticó al INE por no tomar medidas para impedir estas prácticas, acusándolos de “mirar para otro lado”. Recordó que en 2007 se cambió la ley para tratar a las coaliciones de manera individual, eliminando la transferencia de votos entre partidos, pero lamentó que las estrategias actuales de Morena burlan estos cambios legales.

Expertos en derecho constitucional, justicia y derechos humanos han examinado la propuesta de reforma judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que plantea la elección en urnas de jueces, magistrados y ministros. Aunque algunos apoyan la iniciativa, han solicitado salvaguardias para garantizar la idoneidad de los elegidos, peticiones que no fueron atendidas. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados no incluyó estas sugerencias en el proyecto de dictamen, mientras se prepara un nuevo parlamento abierto para discutir la reforma.

El presidente presentó 20 propuestas de reforma, 18 constitucionales y dos legales, el 5 de febrero, convocando 25 foros estatales y varios regionales y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). La Reforma Judicial se discutió en tres foros: el 18 de marzo en la Jucopo, el 21 de marzo en San Luis Potosí y el 18 de abril en Puebla, aunque en Yucatán el foro convocado no se realizó sin explicaciones.

De los 14 expositores convocados formalmente, cinco apoyaron la propuesta, sugiriendo modificaciones para mejorar el proceso de selección de juzgadores y protegerlos de influencias externas. Nueve expertos, incluyendo académicos y constitucionalistas, rechazaron la propuesta, alertando sobre posibles problemas de acceso a la justicia y la politización del sistema judicial. Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión dictaminadora, admitió que existe riesgo de injerencia de grupos ajenos en las elecciones judiciales, pero el proyecto de dictamen solo sugiere procurar la idoneidad de los perfiles sin establecer medidas concretas para evitar interferencias.

En los foros, académicos y exlegisladores del PRI, como Juan Manuel Crisanto Campos y César Augusto Santiago, destacaron la necesidad de una comisión evaluadora de aspirantes y propusieron la implementación de topes y fiscalización de campañas. Otros expertos, como Jaime Miguel Moreno Garavilla y Eduardo Andrade Sánchez, también expresaron su apoyo con ciertas condiciones, enfatizando la importancia de exámenes transparentes y valores éticos.

La reforma continúa generando debate y controversia, con opiniones divididas sobre su impacto y viabilidad en la mejora del sistema judicial mexicano.