El nombre del Golfo de México, ese vasto cuerpo de agua que baña las costas de México, Estados Unidos y Cuba, ha desatado una controversia de alcance internacional. El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha interpuesto una demanda contra Google por modificar en algunos de sus mapas digitales el nombre tradicional de esta zona marítima y etiquetarla como “Golfo de América”.
Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que esta denominación, promovida en su momento por el presidente estadounidense Donald Trump, solo puede aplicarse al sector del golfo correspondiente a la plataforma continental de Estados Unidos. Enfatizó que ni Trump ni cualquier otra autoridad estadounidense posee el derecho de imponer ese nombre en las porciones del golfo que pertenecen a México y a Cuba.
La mandataria subrayó que la nomenclatura de cuerpos de agua que comparten varios países no puede decidirse unilateralmente. Es un asunto que compete a instancias internacionales. Por ello, afirmó que la acción legal contra Google busca corregir lo que calificó como una representación cartográfica inadecuada.
“Lo único que queremos es que se cumpla el decreto que emitió el gobierno de los Estados Unidos sobre el golfo. Nombra Golfo de América sólo la parte que le corresponde a la plataforma continental de Estados Unidos, no a todo el golfo”, puntualizó Sheinbaum.
La demanda ya ha generado una primera resolución judicial, y las autoridades mexicanas esperan con atención los próximos pasos. De acuerdo con la posición oficial, la solicitud es clara: que la plataforma de mapas de Google respete la delimitación geográfica conforme a lo acordado oficialmente y que rotule como “Golfo de América” únicamente la parte correspondiente al territorio estadounidense. En las áreas mexicanas y cubanas, el nombre reconocido internacionalmente sigue siendo “Golfo de México”.
Este conflicto ha puesto en el centro de la conversación temas como la soberanía digital, la representación territorial en plataformas tecnológicas globales y el respeto a acuerdos internacionales. El caso también ha reavivado el debate sobre el poder de las grandes empresas tecnológicas en la difusión de contenidos geográficos y cómo sus decisiones pueden generar tensiones diplomáticas.
Mientras tanto, el gobierno mexicano mantiene firme su postura y espera una corrección precisa por parte de Google. La batalla legal continúa, en defensa de un nombre que, para México y Cuba, representa mucho más que un punto en un mapa.
