Un caso sin precedentes ha llamado la atención en la frontera sur de Estados Unidos. Cuatro ciudadanos mexicanos han sido acusados formalmente por un gran jurado en el Distrito Sur de Texas por presunta pesca ilegal en aguas estadounidenses del Golfo de México. La información fue confirmada este jueves por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), destacando que se trata del primer caso de este tipo procesado en la región.
Los acusados son Miguel Ángel Ramírez Vidal, de 32 años; Jesús David Luna Márquez, de 20; Jesús Roberto Morales Amador, de 27; y José Daniel Santiago Mendoza, de 22. Según el comunicado oficial, enfrentan cargos por “transporte ilegal de pescado extraído del Golfo de México” con la presunta intención de comercializarlo en territorio mexicano.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, la embarcación en la que viajaban fue detectada aproximadamente a siete millas náuticas (unos 13 kilómetros) al norte de la línea fronteriza marítima entre México y Estados Unidos, y más de 33 kilómetros al este de la Isla del Padre, en Texas. En ese punto, el grupo habría sido sorprendido pescando con cerca de cuatro kilómetros de sedal de nailon grueso y un aproximado de mil 200 anzuelos.
La acusación federal sostiene que los implicados operaban en una lancha sin identificación visible: sin nombre, sin registro oficial, sin bandera de ningún país y sin luces de navegación. Las autoridades también afirman que ninguno de los tripulantes contaba con permisos válidos para realizar actividades de pesca en aguas jurisdiccionales de Estados Unidos.
Entre los hallazgos más relevantes del caso se encuentra la cantidad de producto presuntamente capturado: aproximadamente 315 kilogramos de huachinango, especie altamente valorada en el mercado, que habría sido extraída de forma ilegal para su posterior venta en México.
Las penas que podrían enfrentar, en caso de ser encontrados culpables, incluyen hasta cinco años de prisión federal, además de una multa económica que podría alcanzar los 250 mil dólares, según la legislación vigente.
El caso ha encendido alertas sobre la vigilancia en aguas internacionales y las prácticas ilegales que amenazan los recursos marinos compartidos. Mientras avanzan los procedimientos judiciales, las autoridades continúan reforzando los operativos de control en las zonas marítimas del sur de Texas.