Autor: CuestionesdePolítica

La crisis climática ya no es una amenaza futura para el futbol. Modificaciones en horarios de partidos, pausas obligatorias para hidratación y encuentros suspendidos por fenómenos meteorológicos extremos forman parte de una realidad que Greenpeace México decidió poner sobre la mesa en pleno Mundial 2026.

A un día del tercer partido de la selección mexicana en la justa internacional, integrantes de la organización realizaron una protesta pacífica en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), uno de los principales puntos de tránsito de visitantes nacionales y extranjeros durante el torneo.

Bajo el balón gigante ubicado en la rotonda central de la terminal, los activistas desplegaron los mensajes “El juego tiene tiempo extra, el planeta no” y “Si cambia el clima, cambia el juego”. La intervención incluyó una representación visual de llamas para mostrar los efectos del calor extremo.

La movilización buscó aprovechar la atención global que genera el Mundial para advertir que el aumento de las temperaturas y los eventos meteorológicos severos ya están impactando actividades cotidianas, incluido el deporte profesional.

Ornela Garelli, directora de campañas de Greenpeace México, explicó que la intención es llamar la atención de autoridades y ciudadanos sobre una emergencia ambiental que actualmente se manifiesta mediante sequías prolongadas, incendios forestales e inundaciones.

La organización destacó que el Mundial de 2026 se convirtió en el primero en la historia de la FIFA en aplicar pausas obligatorias de hidratación en todos los partidos programados, una medida adoptada para proteger a jugadores y aficionados ante las altas temperaturas.

Como ejemplo reciente, Greenpeace recordó la suspensión durante casi dos horas del encuentro entre Francia e Irak, interrumpido por una tormenta eléctrica de intensidad inusual que obligó a resguardar a los equipos y evacuar las gradas.

Además de la protesta, la organización exigió al Gobierno de México políticas climáticas más contundentes, enfocadas en la protección de la selva Maya y en una transición energética justa que elimine la dependencia del petróleo y prohíba el fracking.

La manifestación se desarrolló en el contexto de la celebración del Mundial 2026 y en la víspera del partido entre México y República Checa en la capital del país.

Los cortes en el suministro eléctrico registrados en distintas zonas del país volvieron a colocarse este miércoles en el centro de la discusión pública. Ante los reportes de interrupciones, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el problema no radica en la capacidad de generación de energía, sino en las deficiencias de la infraestructura encargada de distribuirla.

Durante su conferencia matutina, la mandataria descartó que México enfrente apagones derivados de una insuficiencia en la producción eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y afirmó que existe capacidad suficiente para atender la demanda nacional.

“Apagones significaría que no hay la capacidad de generación suficiente para la demanda. Eso no existe. Lo que sí hay son fallas de de distribución”, declaró.

La explicación del gobierno federal se centra en las redes que transportan la energía hasta los hogares y centros de consumo. Según Sheinbaum, las interrupciones reportadas en algunos puntos del país están relacionadas con limitaciones en la infraestructura de distribución y transmisión, un desafío que actualmente concentra los esfuerzos de la administración federal.

“Son interrupciones en el servicio en algunos lugares producto de las fallas en distribución, más que en generación, es decir no son suficientes las líneas para redistribuir la energía, por eso estamos trabajando muy fuerte”, señaló.

Frente a este escenario, la presidenta informó que se desarrollan acciones para reforzar el sistema eléctrico nacional mediante la sustitución de transformadores, procesos de modernización, automatización y proyectos enfocados en la transmisión de energía.

También indicó que se han realizado inversiones en diversas regiones para atender problemáticas específicas. Como ejemplo mencionó el caso de Mexicali, donde las altas temperaturas se presentaron aproximadamente un mes antes de lo previsto, generando condiciones particulares para la operación del sistema.

Sheinbaum aseguró que la CFE mantiene trabajos para fortalecer la infraestructura que permite llevar la electricidad desde los centros de generación hasta los usuarios finales. “Por eso CFE está trabajando muy fuerte para poder fortalecer el sistema de transmisión y distribución, que permite que la energía que se genera pues llegue a las casas de manera segura”, afirmó la mandataria.

La segunda jornada de registros de Morena rumbo a las definiciones políticas de 2027 estuvo marcada por un mensaje contundente de la dirigencia nacional: ningún aspirante podrá buscar una candidatura a través de otro partido aliado para eludir las restricciones internas contra el nepotismo.

Mientras decenas de actores políticos comenzaron a formalizar sus aspiraciones en Chihuahua, Colima y Guerrero, la Comisión Nacional de Elecciones dejó claro que las reglas aplicarán sin excepciones, incluso en los casos que han generado mayor expectativa dentro del movimiento.

La advertencia surgió en medio de las especulaciones sobre una posible participación de Félix Salgado en Guerrero, estado gobernado actualmente por su hija, Evelyn Salgado. Ante ese escenario, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, afirmó que Morena no permitirá maniobras para esquivar los requisitos mediante postulaciones desde partidos aliados de la coalición. “No nos vamos a hacer la mala jugada de que algún militante de Morena se registre por otro partido solo para tener otra regla”, señaló.

La dirigente sostuvo que existe comunicación con quienes podrían verse alcanzados por la norma y aseguró que el partido mantendrá los criterios establecidos para el proceso. “Le tenemos todo el aprecio y el cariño a Félix, pero hay un requisito (contra el nepotismo) y los requisitos la Comisión Nacional de Elecciones tiene que cuidarlos (…) hay diálogo con él; algunos esperan oque Félix se enoje o que nosotros rompamos nuestras reglas. Adelanto que no va a pasar”, declaró.

Mientras la dirigencia defendía el cumplimiento de las reglas, en las sedes de registro comenzaban a evidenciarse las primeras señales de competencia interna. En Chihuahua, la senadora con licencia Andrea Chávez acudió para formalizar su inscripción y aseguró que mantiene ventaja en las mediciones. “Estamos arriba en todas las encuestas, sólo hay que revisarlo”, afirmó.

Horas después, el acceso al World Trade Center se convirtió en escenario de una demostración de respaldo para Cruz Pérez Cuéllar. Más de 150 simpatizantes acompañaron al exalcalde de Ciudad Juárez y senador con licencia, quienes llegaron con tambora y ocuparon la calle Filadelfia frente al recinto. El aspirante descartó retirarse de la contienda y aseguró que esperará el resultado de las encuestas.

En Colima, el proceso también exhibió diferencias entre las aspirantes. Rosa María Bayardo reconoció sentirse respaldada por la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, mientras que Griselda Valencia solicitó a la dirigencia nacional observar de cerca el desarrollo de la competencia interna.

Dos intervenciones federales realizadas en puntos distintos del país derivaron en el decomiso de más de tres toneladas de cocaína, además de detenciones y aseguramientos de armamento, en acciones coordinadas que involucraron a fuerzas federales en Guerrero y Tlaxcala.

El mayor volumen de droga fue localizado en Guerrero, donde autoridades federales aseguraron más de 2.1 toneladas de cocaína. En este despliegue fueron detenidas cinco personas presuntamente vinculadas con el traslado y resguardo del cargamento.

En paralelo, en Tlaxcala se ejecutó un cateo que permitió ubicar un segundo cargamento distribuido en 900 paquetes. El contenido correspondía a cocaína con un peso superior a una tonelada, según el reporte oficial.

En el inmueble intervenido en territorio tlaxcalteca también se localizó armamento y equipo táctico. Las autoridades no precisaron características ni cantidades del material asegurado.

Ambas acciones contaron con la participación de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en despliegues coordinados que se desarrollaron de manera simultánea en distintos puntos.

La suma de lo incautado en Guerrero y Tlaxcala supera las tres toneladas de cocaína, de acuerdo con el balance oficial difundido por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien dio a conocer los resultados mediante redes sociales.

“En conjunto, estas acciones permitieron asegurar más de 3 toneladas de cocaína, evitar que alrededor de seis millones de dosis llegaran a las calles y generar una afectación económica a la delincuencia organizada”, señaló García Harfuch.

Los aseguramientos forman parte de intervenciones federales enfocadas en el combate a redes de tráfico de drogas en distintas regiones del país, con la participación conjunta de instituciones de seguridad y procuración de justicia.

Una conversación telefónica difundida por el periodista Héctor de Mauleón colocó nuevamente a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, en el centro de la atención pública al exhibir los movimientos que realiza para atender su situación ante autoridades de Estados Unidos tras la cancelación de su visa.

En el audio, la mandataria reconoce que busca resolver cualquier señalamiento que pudiera existir en su contra mediante canales legales y con la intervención de un abogado estadounidense al que contrató específicamente para llevar su caso.

La grabación muestra el diálogo de Ávila con un grupo de personas que, según la información difundida, mantienen contacto con agencias de inteligencia de Estados Unidos y han sido identificadas como “asesores externos del FBI”. Durante la conversación, estos interlocutores le plantean la posibilidad de reunirse junto con su equipo jurídico en una oficina privada del consulado estadounidense en Tijuana.

“Puede traer a sus abogados con gusto y lo podemos hacer en el consulado americano, en una oficina privada en Tijuana y aparte de eso ayudarla con los términos, sanciones y cargos, ahorita, señora gobernadora, estamos muy muy a tiempo de poderlo de poderlo lograr bien”, se escucha en la llamada.

La propuesta ocurre en un contexto en el que, de acuerdo con lo revelado por De Mauleón, existiría preocupación por posibles sanciones que el gobierno estadounidense pudiera presentar próximamente.

Ante ello, Marina del Pilar señala que ya ha sostenido encuentros con agencias de ese país después de haber sido buscada por dichas autoridades. Sin embargo, deja claro que cualquier gestión futura deberá canalizarse mediante su representante legal.

“Yo quiero resolver eso y aclarar cualquier cosa, pero sí me gustaría que fuera a través de mi abogado para que él se encargara, pues de todos los trámites legales y jurídicos, que me pudiera explicar exactamente este pues toda la situación”, afirma.

La gobernadora identifica a su defensor como Michael Nadler. En la misma conversación destaca que el litigante estuvo relacionado, como fiscal, con el caso de Alex Saab, señalado como prestanombres de Nicolás Maduro.

Ávila también explica por qué decidió buscar representación fuera de México. Según relata, al inicio optó por contratar a un abogado alejado de Baja California para reducir el riesgo de filtraciones sobre el caso, aunque asegura que el jurista viaja regularmente a la entidad cuando su presencia es necesaria.

Una investigación que llegó hasta el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) concluyó con una de las sanciones económicas más elevadas anunciadas recientemente por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno: cuatro exservidores públicos de Alimentación para el Bienestar deberán cubrir una multa conjunta de 777.8 millones de pesos y permanecerán inhabilitados durante 10 años.

Las medidas fueron impuestas a María G., René G., Miguel C. y Juan R., señalados por faltas graves relacionadas con el manejo de recursos públicos. De acuerdo con la autoridad, las irregularidades estuvieron vinculadas al Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos.

La dependencia federal informó que, además, parte de esos recursos fueron utilizados de manera indebida en el Programa de Fertilizantes durante 2019, situación que formó parte de las indagatorias que derivaron en las sanciones.

Aunque la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no precisó cuánto dinero habría sido utilizado por cada uno de los involucrados, señaló que las pruebas obtenidas durante el proceso permitieron sustentar la imputación y establecer tanto la multa millonaria como la inhabilitación por una década.

El caso formó parte de un paquete de resoluciones disciplinarias dadas a conocer por la dependencia, que también incluyó a servidores públicos de otras instituciones federales.

Entre ellos figura Ramiro R., trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien fue sancionado con una multa de 9 mil pesos y un año de inhabilitación. La autoridad indicó que recibió una cantidad económica —cuyo monto no fue revelado— para eliminar adeudos durante 2023.

Asimismo, la Secretaría reportó una sanción contra Shiddarta V., adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob). El funcionario recibió una multa de mil 380 pesos y un año de inhabilitación tras acreditarse la sustracción de bienes del Instituto Nacional de Migración para un uso indebido.

Las resoluciones fueron dadas a conocer por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno como resultado de procedimientos que derivaron en la aplicación de sanciones económicas e inhabilitaciones contra servidores públicos de distintas dependencias federales.

Las temperaturas que superan los 50 grados centígrados en el norte del país han convertido al suministro eléctrico en un asunto clave para miles de hogares y empresas. En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum puso en marcha este domingo una nueva central de ciclo combinado en Mexicali, Baja California, una de las regiones con mayor demanda de energía durante la temporada de calor.

La inauguración se realizó en una entidad que recientemente enfrentó apagones, fallas que incluso interrumpieron una conferencia de prensa de la gobernadora Marina del Pilar. Frente a este escenario, la mandataria federal afirmó que la nueva infraestructura permitirá fortalecer el servicio eléctrico en una zona donde el uso constante de aire acondicionado eleva considerablemente el consumo.

“Y vienen las tarifas, porque aunque haya subsidio, tanto consumo a veces con aires acondicionados que no son tan eficientes genera un consumo muy alto. El que haya una planta de generación tiene la virtud de garantizar el servicio eléctrico para Mexicali, tanto para las empresas que están en esta zona como para las personas”, señaló.

La obra requirió una inversión de 704 millones de dólares y añadirá 653 megawatts de capacidad bruta instalada al sistema eléctrico de Baja California, según la información presentada durante el evento.

Además de incrementar la generación de energía, el gobierno federal trabaja en la modernización de la infraestructura de transmisión. Sheinbaum informó que ya fueron reemplazados 500 postes de madera y que la meta es renovar 4 mil en toda la entidad para reducir interrupciones en el servicio.

Durante su gira, la presidenta destacó las condiciones climáticas que enfrentan Mexicali y San Luis Río Colorado, Sonora, ciudades que registran algunas de las temperaturas más altas del mundo y donde la demanda energética aumenta de manera considerable durante gran parte del año. La mandataria también reiteró los planes de su administración para ampliar la capacidad de generación eléctrica nacional con alrededor de 32 mil megawatts adicionales.

En materia de producción de energía, sostuvo que la Comisión Federal de Electricidad pasó de generar el 30% de la electricidad del país en 2018 a 54% en 2024. “Y nosotros queremos dejar el 60% ya con las plantas de inversión mixta para fortalecer la Comisión Federal de Electricidad”, afirmó. Antes del inicio del acto oficial, madres buscadoras y trabajadores jubilados de la CFE se manifestaron en el lugar para solicitar atención a sus demandas.

La realización de una cena de la FIFA en el Castillo de Chapultepec, organizada antes de la inauguración del Mundial 2026, desató cuestionamientos sobre el uso de uno de los recintos históricos más emblemáticos del país, luego de que se conociera que el organismo internacional pagó más de un millón de pesos por el evento.

La información salió a la luz el pasado jueves, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Federación Internacional de Futbol había rentado el inmueble para una reunión previa al arranque de la Copa del Mundo. Durante una conferencia, la mandataria señaló: “La FIFA rentó, creo que pagó más de un millón de pesos; que la Secretaría de Cultura nos diga”.

Tras las declaraciones, la atención se dirigió al Museo Nacional de Historia, ubicado en el Castillo de Chapultepec, cuyo sitio oficial establece que en sus instalaciones no están permitidos eventos sociales o empresariales. La misma información precisa que únicamente pueden realizarse actividades de carácter cultural, académico o científico.

Ante la discusión generada, el Instituto Nacional de Antropología e Historia emitió este sábado un comunicado para explicar las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo el encuentro celebrado el 10 de junio.

La dependencia sostuvo que la cena tuvo como finalidad promover el patrimonio cultural de México ante visitantes internacionales y aseguró que la actividad se desarrolló conforme a la normatividad vigente para este tipo de espacios históricos.

Además, confirmó que la FIFA cubrió un pago superior al millón de pesos por la renta del recinto y los gastos derivados de la organización del evento.

De acuerdo con el INAH, más de 200 representantes de distintos países participaron en la reunión, entre ellos la presidenta Claudia Sheinbaum, quien previamente había anunciado su asistencia.

El instituto también defendió la realización del acto al señalar que el Castillo de Chapultepec no sólo es un inmueble ligado a momentos relevantes de la historia nacional, sino que también ha sido sede de encuentros culturales, académicos y diplomáticos de alcance nacional e internacional.

Asimismo, indicó que durante el evento se aplicaron las medidas necesarias para garantizar la conservación del inmueble patrimonial y que su utilización cumplió con los lineamientos correspondientes para este tipo de recintos.

El arribo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum a un evento en Tijuana derivó en una exigencia directa de jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes la interceptaron al finalizar su gira en Baja California para pedir la eliminación de la retroactividad incluida en la reforma al artículo 127 constitucional.

El grupo se aproximó a la camioneta en la que se trasladaba la mandataria tras concluir una actividad pública. En ese punto se concentraron las inconformidades relacionadas con la modificación legal aprobada entre marzo y abril de este año por el Congreso a propuesta del Ejecutivo.

Los ex trabajadores insistieron en que la aplicación retroactiva de la reforma afecta derechos ya adquiridos. Uno de ellos planteó frente a la presidenta: “Seguimos pidiendo la certeza jurídica, y no la retroactividad. Confiamos en usted”. La respuesta de Sheinbaum fue breve mientras continuaba el movimiento del vehículo: “Ya se está atendiendo”.

Instantes después, una mujer identificada como jubilada de la CFE reiteró la solicitud directamente a la mandataria. En su mensaje sostuvo: “Sí, queremos por favor que nos dé certeza jurídica. Nosotros tenemos nuestros derechos. Son íntegramente ganados y legales. Trabajamos 25, 30 o más años, somos de las empresas estratégicas del Estado, de la Comisión Federal, de Pemex, de esas a las que tanto les echa flores. Lo único que le estamos pidiendo es que se quite, se elimine la retroactividad del artículo 127 constitucional”.

La reforma al artículo 127 constitucional fue impulsada por el gobierno federal bajo el argumento de corregir lo que se ha descrito como “pensiones doradas” en distintas instituciones públicas, entre ellas Pemex, CFE, Banco de México y Luz y Fuerza del Centro. Las pensiones señaladas en ese esquema alcanzaban rangos de 100 mil hasta 1 millón de pesos, según los criterios expuestos durante su discusión legislativa.

Aunque el ajuste normativo se dirigió principalmente a altos mandos, trabajadores jubilados de estas dependencias han señalado que su alcance también impacta a otros sectores del personal retirado.

Durante la misma jornada en Tijuana, la presidenta fue cuestionada por medios de comunicación sobre el desalojo del Centro Histórico de la Ciudad de México de integrantes de la Sección 22 de la CNTE, tras un acuerdo relacionado con recursos federales. La mandataria evitó profundizar y señaló que el tema será explicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Previo a estos hechos, Sheinbaum encabezó la inauguración de un plantel de bachillerato nacional en la ciudad fronteriza, donde informó que entre 2025 y 2026 su administración ha realizado 500 acciones para ampliar el horario de secundarias y transformar turnos vespertinos en preparatorias, además de la construcción de nuevos planteles educativos.

El proceso que llevará a Michoacán a elegir gobernador en 2027 enfrentará su etapa inicial con una reconfiguración inesperada en su autoridad electoral. El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la salida del presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y de cuatro consejeros, una decisión que modifica la integración del organismo local cuando faltan menos de tres meses para el inicio formal de los comicios.

La determinación fue avalada por ocho integrantes del Consejo General del INE, mientras que tres votaron en contra. Con ello quedaron separados de sus cargos Ignacio Hurtado Gómez, presidente del IEM, así como los consejeros Juan Adolfo Montiel Hernández, Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León, Claudia Marcela Carreño Mendoza y Silvia Verónica Mauricio Salazar.

El origen del caso se remonta al 17 de julio de 2025. Ese día, los integrantes del instituto electoral local designaron a un encargado de despacho del Órgano Interno de Control después de que concluyera el periodo del anterior contralor y el Congreso estatal no nombrara a un sustituto.

Para el INE, esa designación implicó asumir facultades que corresponden al Poder Legislativo de Michoacán. En contraste, Ignacio Hurtado defendió la actuación del organismo al señalar que la ausencia de una figura responsable en el área podía frenar procedimientos en curso y generar incumplimientos institucionales.

Tras conocerse la resolución, los funcionarios removidos adelantaron que acudirán a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar la medida, al considerar que la sanción aplicada es excesiva.

La decisión también abrió un frente político. Las dirigencias estatales del PRI y del PAN atribuyeron la remoción a una presunta estrategia de Morena de cara a la elección estatal. Guillermo Valencia Reyes, dirigente priista, aseguró: “Es evidente que Morena quiere apoderarse del órgano local y distraer la atención del cochinero que significa el proceso interno de Morena para elegir a su candidata o candidato a gobernador”.

En el mismo sentido, Carlos Quintana Martínez, líder estatal panista, afirmó: “El ‘cártel’ de Morena se ha quitado la máscara y busca el control absoluto del IEM, de cara al proceso electoral del 2027 en el que los michoacanos darán un voto de castigo a Morena”.

Desde el gobierno estatal también hubo respuesta. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla cuestionó la resolución y sostuvo que “se trata de una determinación arbitraria que pone en riesgo la estabilidad política y democrática de Michoacán”.

Mientras continúa la controversia, el IEM deberá operar con únicamente dos consejeras en funciones, Carol Berenice Arellano Rangel y Selene Lizbeth González Medina, de entre quienes saldrá la persona que asumirá temporalmente la presidencia del organismo.