Autor: CuestionesdePolítica

La gira de la presidenta Claudia Sheinbaum por el municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora, terminó con un señalamiento público de habitantes Yaquis que denunciaron abandono en sus comunidades, pese a los anuncios oficiales sobre obras y apoyos para la región.

La mandataria acudió al evento para encabezar la entrega de un acueducto de agua potable, restitución de tierras y un comedor escolar destinado a estudiantes de primaria, acciones integradas al Plan de Justicia del Pueblo Yaqui. Durante su intervención aseguró que el programa busca reparar una deuda histórica con los pueblos originarios y recordó que este esquema comenzó en 2021.

“Los planes de justicia son eso, un reconocimiento a la justicia histórica que debe hacerse a todos los pueblos. Y los planes de justicia iniciaron aquí con el pueblo Yaqui y hoy le estamos dando continuidad a ese plan de justicia”, declaró.

En el acto también participó el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien informó que en las comunidades Yaquis se han destinado más de 18 mil 300 millones de pesos en proyectos de salud, infraestructura y desarrollo económico. Además, reconoció el trabajo de su equipo de colaboradores.

“Quiero decirles que es un equipo extraordinario, ahora sí que diría el clásico “no lo tienen ni en Dinamarca es un equipo solidario”, expresó.

Después de las participaciones de funcionarios federales y estatales, entre ellos la titular de la SEDATU, Edna Elena Vega Rangel, y el director del INPI, Adelfo Regino Montes, un integrante de la comunidad Yaqui pidió intervenir ante la presidenta.

El hombre, quien no reveló su identidad, afirmó que distintas localidades continúan enfrentando carencias relacionadas con el campo, el agua y los caminos. También sostuvo que acuerdos realizados el 19 de noviembre en el ejido San Francisco no habían sido cumplidos.

“Él nos da solución a nuestras peticiones él ha dado orden, pero no ha sido ejecutada de ninguna manera”, dijo al referirse a compromisos hechos por el gobierno estatal.

El campesino mencionó que el ejido Enrique Landa y otras comunidades de San Ignacio Río Muerto permanecen “abandonadas totalmente” y describió dificultades para conseguir agua potable.

“Sufren mucho, como no se imaginan, las ven con las mangueras en los brazos para ir a conseguir el agua. Los caminos totalmente abandonados. Están abandonados. Estamos abandonados”, señaló.

Tras escuchar el reclamo, Sheinbaum atribuyó parte de la situación a las modificaciones realizadas durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en materia de agua y afirmó que las reformas recientes permitirán otorgar nuevos derechos para pozos.

La ceremonia concluyó con un grupo de niñas y niños Yaquis interpretando el Himno Nacional en su lengua originaria.

La presidenta Claudia Sheinbaum evitó emitir comentarios sobre el ataque armado registrado este sábado contra una vivienda vinculada a Rubén Rocha Moya en Culiacán. Durante una gira en Sonora, la mandataria respondió brevemente a los cuestionamientos de la prensa sobre los hechos.

“Ya sacó un comunicado la Secretaría de Seguridad de Sinaloa”, declaró ante medios de comunicación, sin ampliar detalles sobre el atentado.

Horas antes, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que la vivienda atacada, ubicada en la colonia Las Quintas, se encuentra deshabitada desde hace más de una década por Rocha Moya. La dependencia también informó que no hubo personas lesionadas durante la agresión.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente fue notificado a las autoridades alrededor de las 10:12 de la mañana, luego de que se escucharan detonaciones de arma de fuego contra el inmueble. Tras la llegada de elementos de seguridad, se corroboró que la propiedad había sido atacada.

Las autoridades detallaron que la casa relacionada con el gobernador con licencia recibió múltiples impactos de bala. Reportes preliminares señalaron que el inmueble fue rafagueado al menos 50 veces.

El hecho provocó alarma entre habitantes del sector residencial. Vecinos de Las Quintas acudieron al sitio tras escuchar las detonaciones y expresaron preocupación por la violencia en la capital sinaloense. Algunos residentes decidieron permanecer dentro de sus viviendas ante el temor generado por los disparos de armas de alto calibre.

La publicación difundida por la Secretaría de Seguridad estatal en la red social X reiteró que la propiedad no estaba habitada y confirmó que, pese a la intensidad del ataque, no se reportaron víctimas.

La reactivación del debate sobre un posible “fracking sustentable” detonó protestas de comunidades indígenas y colectivos ambientales que se concentraron en la capital del país para exigir al gobierno de Claudia Sheinbaum cumplir el compromiso de prohibir la fractura hidráulica en México.

La movilización fue organizada por la Alianza Mexicana contra el Fracking, agrupación que reúne a más de 40 organizaciones. Durante la jornada participaron representantes de Veracruz, la Huasteca Potosina y estados del norte del país, quienes denunciaron afectaciones derivadas de la extracción de hidrocarburos mediante hidrofracturación.

Entre las principales denuncias mencionaron contaminación del agua, daños ambientales, enfermedades y deterioro social en comunidades cercanas a zonas petroleras. Los participantes calificaron esta práctica como “una tecnología de muerte” que “acaba con el agua” y afecta directamente a la población.

Alejandra Jiménez, integrante de la alianza convocante, rechazó la idea de desarrollar una modalidad sustentable de esta técnica. “Ni en México ni en ninguna parte del mundo existe un ‘fracking sustentable‘”, afirmó durante la protesta.

También pidió que el comité científico creado por el gobierno federal para evaluar yacimientos no convencionales visite las regiones afectadas. “Que vayan a oler, que vayan a ver cómo se vive en los territorios que ya han sido impactados por los hidrocarburos y por el ‘fracking‘. Que tomen un vasito de agua de los que los compañeros tienen que estar tomando día con día”, expresó al referirse a enfermedades como cáncer en esas zonas.

Desde la Huasteca Potosina, Hermelinda Vázquez reprochó que el tema vuelva a discutirse después de la promesa presidencial de prohibirlo. “Yo estaba orgullosa de que una mujer fuera nuestra presidenta. Estuve en la entrega del bastón de mando (investidura) y hoy hasta siento vergüenza porque ahora nos quiere destruir con esta práctica”, declaró.

Romualdo García, defensor del territorio en Papantla, Veracruz, denunció derrames y contaminación en una región donde existen cerca de 2 mil 500 pozos petroleros. “Lo que nos dijeron que era progreso para nosotros es una destrucción masiva”, sostuvo.

La preocupación también se extendió al norte del país. Leslie Sánchez, integrante de Coahuila Sin Fracking y Noreste Sin Fracking, alertó sobre el consumo de agua que requiere esta técnica en entidades con estrés hídrico como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Según explicó, cada pozo puede utilizar entre ocho y 80 millones de litros de agua.

La protesta estuvo acompañada por música tradicional y fandango, actividades que los asistentes identificaron como parte de la resistencia comunitaria. Además, las organizaciones convocaron a una jornada nacional contra el “fracking” a partir del próximo 5 de junio.

La propuesta para adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026 provocó posiciones distintas dentro del propio Gobierno federal. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que aún no existe una definición oficial, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, sostuvo que las clases concluirán el próximo 5 de junio.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum aclaró este viernes que el ajuste al calendario escolar todavía permanece en revisión. Explicó que la propuesta fue impulsada por autoridades estatales y docentes que solicitaron modificar las fechas debido al Mundial de futbol de 2026, torneo en el que México será sede de 13 encuentros en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

“Se tomó esta propuesta, no hay todavía un calendario definido, pues es importante que los niños también no pierdan clases”, expresó la mandataria durante su conferencia matutina.

La SEP había establecido originalmente que el ciclo escolar terminaría el 15 de julio de 2026. Sin embargo, el jueves Mario Delgado informó que las vacaciones de verano iniciarían desde el 5 de junio y que el regreso a las aulas se contemplaba para el 31 de agosto. La decisión fue presentada tras la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU).

Pese a las declaraciones de la presidenta, Delgado reafirmó horas más tarde, durante una visita a una escuela en Hermosillo, Sonora, que la fecha de salida de estudiantes permanece sin cambios. El funcionario argumentó que varios estados enfrentan temperaturas extremas y añadió que el Mundial también influyó en la medida.

“Vamos a salir el 5, porque hay muchos estados que tienen altas temperaturas y también está el tema del Mundial. Entonces, salimos el 5; los maestros salen el 12 por las labores administrativas”, declaró.

El titular de la SEP indicó que la discusión actual se concentra en la fecha de regreso a clases. Señaló que la propuesta inicial contemplaba volver el 17 de agosto, aunque el calendario difundido por la dependencia establece el retorno de estudiantes hasta el 31 de agosto y el reinicio de actividades docentes el 10 de agosto con Consejo Técnico Escolar Fase Intensiva.

El posible recorte de hasta siete semanas al calendario escolar generó críticas de organizaciones civiles y de padres de familia. Mexicanos Primero, la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y el Tiempo Propio de las Mujeres, así como la Unión Nacional de Padres de Familia, rechazaron el cambio por considerar que podría afectar el aprendizaje y la dinámica cotidiana de millones de familias.

“Por un par de partidos de futbol, resulta que millones de niños, niñas y adolescentes, y sus familias tendrán que resolver como puedan una decisión tomada sin considerar sus efectos cotidianos”, señalaron.

La modificación al calendario escolar 2025-2026 anunciada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) provocó el rechazo de organizaciones civiles y agrupaciones de padres de familia, que acusaron afectaciones directas al aprendizaje de millones de estudiantes en el país.

La dependencia federal informó que el actual ciclo concluirá el 5 de junio y las actividades se retomarán hasta el 31 de agosto, ajuste que fue relacionado con el Mundial de Futbol y con las altas temperaturas previstas en algunas regiones.

Tras el anuncio, Mexicanos Primero pidió a las autoridades educativas actuar con “responsabilidad colectiva” para garantizar el derecho a la educación. La organización advirtió que cualquier reducción en el tiempo de clases impacta con mayor fuerza a estudiantes que viven en condiciones de pobreza, violencia o exclusión.

“Cada decisión en educación tiene consecuencias. Y cuando se pierde tiempo escolar, quienes más resienten el impacto son las niñas, niños y adolescentes que viven en contextos de pobreza, violencia o exclusión”, señaló la agrupación en un comunicado.

La inconformidad también fue expresada por la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y el Tiempo Propio de las Mujeres, así como por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), que calificaron la medida como perjudicial para alumnos y familias.

La coalición pidió revisar nuevamente el calendario escolar bajo criterios de derechos de la infancia, cuidados y perspectiva de género. Además, cuestionó que la suspensión de clases relacionada con partidos del Mundial obligue a millones de familias a reorganizar su vida cotidiana sin haber tomado en cuenta las consecuencias.

“Por un par de partidos de futbol, resulta que millones de niños, niñas y adolescente, y sus familias tendrán que resolver como puedan una decisión tomada sin considerar sus efectos cotidianos”, expuso el colectivo.

La organización añadió que los planteles educativos no sólo cumplen funciones académicas, sino que representan espacios de protección y convivencia, por lo que cualquier suspensión extraordinaria debe valorar sus efectos diferenciados.

Por su parte, la UNPF consideró que ampliar las vacaciones entre cinco y siete semanas adicionales representa “un grave error”, especialmente frente a los niveles de rezago educativo que enfrenta el país.

“Esto no es una medida menor: es un golpe directo al derecho a la educación”, sostuvo la agrupación, al tiempo que acusó que la decisión fue tomada sin consultar a madres y padres de familia.

La organización también rechazó que el Mundial de Futbol sea utilizado como argumento para reducir clases, al recordar que el evento sólo tendrá actividad en tres de los más de 2 mil 500 municipios del país.

El exgobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, y quien fuera su secretario de Finanzas, Carlos Noriega, fueron vinculados a proceso por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones, resolución que se dio durante la audiencia inicial del caso.

Pese a la determinación judicial, ambos exfuncionarios continuarán el proceso en libertad mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Al concluir la comparecencia, Peralta Sánchez sostuvo ante medios de comunicación que las acusaciones están relacionadas con modificaciones al presupuesto estatal y defendió la legalidad de las decisiones tomadas durante su administración.

“El presupuesto de egresos y este presupuesto por diferentes razones puede sufrir alteraciones y únicamente quien tiene la capacidad de poder autorizar estas modificaciones es el titular del Poder Ejecutivo”, declaró el exmandatario emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El exgobernador también rechazó haber cometido algún delito y adelantó que su defensa incorporará nuevos elementos para sustentar su postura jurídica.

“Vamos a buscar agregar una serie de análisis de referencia de carácter jurídico que nos permita fortalecer los argumentos que hoy se expusieron y demostrar que se apegó conforme a la ley y que no hubo la comisión de ningún delito”, afirmó en entrevista con medios locales.

Mientras Peralta Sánchez ofreció declaraciones tras la audiencia, Carlos Noriega evitó emitir comentarios sobre el proceso judicial abierto en su contra. Ignacio Peralta encabezó el gobierno de Colima entre 2016 y 2021.

La relación entre México y Corea del Sur vivió este miércoles una jornada marcada tanto por la diplomacia como por el fenómeno global del K-Pop. Mientras miles de personas se concentraban en el Zócalo capitalino para recibir a BTS, el nuevo embajador surcoreano en el país inició formalmente sus funciones ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Jooil Lee, representante de la República de Corea del Sur en México, entregó sus cartas credenciales a Jonathan Chait Auerbach, director general de Protocolo de la SRE. La ceremonia protocolaria fue difundida por la Embajada de Corea en México mediante una fotografía oficial del encuentro.

En el mensaje compartido por la representación diplomática se informó que “Su Excelencia el Sr. Chait dio la bienvenida al Embajador Lee a México. El Ministro Fernando González Saiffe, Director General para Asia y el Pacífico, también estuvo presente en la reunión y expresó su voluntad de cooperar y seguir fortaleciendo la relación entre Corea y México”.

La actividad diplomática coincidió con la visita de BTS a la Ciudad de México, donde más de 50 mil personas acudieron a la Plaza de la Constitución para ver a los integrantes de la agrupación surcoreana.

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook acudieron primero a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum. Después aparecieron en uno de los balcones del recinto, desde donde saludaron a sus seguidores entre gritos y muestras de entusiasmo.

La presencia del grupo ocurre en el contexto de los tres conciertos programados en la capital del país. Tras el encuentro, Sheinbaum publicó una fotografía junto a los artistas sosteniendo una imagen de la gira 2026 firmada por los siete integrantes.

“Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur”, escribió la mandataria en su cuenta oficial de X.

Antes del inicio de los conciertos, Sheinbaum pidió a la agrupación regresar el próximo año, al considerar que muchos seguidores mexicanos no podrán asistir a las presentaciones actuales.

La presidenta también explicó que el encuentro con BTS fue posible luego de que su gobierno enviara una carta al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, derivada de las inconformidades por la falta de boletos. Según detalló, el gobierno surcoreano respondió favorablemente a la solicitud. “Entonces, me regresó una carta diciendo que iba a hacer todas las gestiones”, señaló.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que la visita concluyó sin incidentes gracias a un operativo interinstitucional de seguridad.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizó cambios en cargos clave de la institución luego de la salida de Dámaso Castro Saavedra, quien dejó la Vicefiscalía General tras solicitar licencia en medio de señalamientos del gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico y el Cártel de Sinaloa.

La fiscal estatal, Claudia Zulema Sánchez Kondo, tomó protesta a José Roberto Quiñónez Coronado como nuevo encargado de la Vicefiscalía General de la entidad, posición que ocupaba Castro Saavedra antes de separarse del cargo.

Ese mismo miércoles también fue nombrada Rocío Yamileth Aguilar Zazueta como encargada de la Vicefiscalía Regional Zona Centro, de acuerdo con un comunicado oficial difundido por la dependencia.

En el documento, la Fiscalía indicó que Sánchez Kondo pidió a los nuevos funcionarios conducirse bajo criterios de legalidad y profesionalismo durante el desempeño de sus funciones.

“La Fiscal General exhortó a las personas designadas a desempeñar sus funciones con apego a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, y a realizar, de manera conjunta, el mayor esfuerzo para fortalecer la procuración de justicia en la entidad, contribuyendo al Estado de Derecho y a la seguridad de las y los sinaloenses”, señala el comunicado.

La salida de Dámaso Castro Saavedra ocurre después de que el pasado 28 de abril el Departamento de Justicia de Estados Unidos informara sobre el inicio de una investigación formal contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios, entre ellos el entonces vicefiscal, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Un caso de gusano barrenador del ganado mantiene bajo vigilancia a autoridades sanitarias en el sur de la Ciudad de México, donde ya se desplegaron brigadas y medidas de contención tras confirmarse la presencia del parásito en un perro.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), informó que el episodio se localiza en la comunidad de Topilejo, en la alcaldía Tlalpan. El caso continúa en periodo activo, aunque bajo control institucional.

El reporte se originó el 26 de abril, cuando una clínica veterinaria de la zona notificó, mediante líneas de emergencia, un cuadro de miasis en un canino. El diagnóstico fue realizado por un médico veterinario zootecnista, quien identificó la infestación en la base de la oreja izquierda de un perro dóberman de 12 años, cuya herida derivó de una pelea con otros perros.

De acuerdo con la dependencia, no se han identificado contagios adicionales. Además, por las condiciones climáticas y la altitud del sitio, el evento es considerado una incursión, es decir, un caso aislado.

A partir de esta detección, se implementó un protocolo de contención que incluye vigilancia epidemiológica tanto pasiva como activa, así como investigaciones retrospectivas y prospectivas. También se realizó la desinfección del domicilio donde habitaba el animal afectado.

Las autoridades sanitarias desplegaron brigadas para rastreo epidemiológico en zonas cercanas y llevaron a cabo encuestas casa por casa con el objetivo de descartar nuevos casos.

El contexto de esta detección ocurre en medio de tensiones comerciales. Desde noviembre de 2024, Estados Unidos suspendió las importaciones de ganado vivo procedente de México ante la amenaza del gusano barrenador, una medida que el gobierno mexicano calificó como “unilateral”.

Productores han señalado que esta decisión ha generado pérdidas superiores a 800 millones de dólares en poco más de un año. Posteriormente, entre noviembre de 2024 y diciembre de 2025, el cierre del mercado estadounidense dejó sin exportación a más de 1.2 millones de cabezas de ganado, lo que representó una afectación estimada en mil 448 millones de dólares, según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

El gusano barrenador afecta principalmente al ganado bovino, aunque también puede presentarse en animales domésticos, fauna silvestre e incluso en humanos, lo que ha llevado a reforzar medidas sanitarias en el país desde finales de 2024.

Mientras avanzan las indagatorias iniciadas por autoridades estadounidenses, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa evalúa modificar la situación laboral del vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, recientemente vinculado en una investigación por presuntos nexos con una facción del Cártel de Sinaloa.

El caso se remonta al pasado 28 de abril, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una investigación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, entre ellos Castro Saavedra, por supuestos vínculos con “Los Chapitos”. 

Días después, el 1 de mayo, tanto Rocha Moya como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil —también mencionado en la indagatoria— informaron su salida de los cargos públicos que ocupaban.

En este contexto, la fiscal estatal Claudia Zulema Sánchez Kondo confirmó que se analiza la posibilidad de que el vicefiscal sea separado temporalmente de su puesto mientras se desarrollan las investigaciones, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del debido proceso. 

La declaración se produce tras un posicionamiento previo de la propia Fiscalía, emitido el lunes, en el que se aseguraba que el funcionario continuaba en funciones y ejerciendo plenamente sus atribuciones legales.

Cuestionada sobre la situación jurídica de Castro Saavedra, la titular del organismo evitó adelantar conclusiones y se limitó a señalar: “Hay un principio de la presunción de inocencia para todas las personas. Hasta este momento la investigación está en su curso y estamos atentos a lo que se resuelva”.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, permanece en territorio sinaloense bajo la protección de la Guardia Nacional. Las autoridades estatales mantienen en revisión las implicaciones administrativas del caso, en paralelo con el desarrollo de las investigaciones internacionales.