Autor: CuestionesdePolítica

La estrategia federal de seguridad en Michoacán volvió a concentrarse este jueves en nueve municipios considerados focos de operación criminal. A Morelia llegaron el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, junto con los titulares de Marina y Defensa, para sostener una reunión privada con autoridades estatales y municipales.

El encuentro se realizó luego de que autoridades federales desplegaran el denominado Plan Michoacán tras el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 y atribuido a sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación.

A la reunión fueron llamados únicamente los presidentes municipales de Morelia, Zamora, Apatzingán, Uruapan, Tarímbaro, Hidalgo, Jacona, Zitácuaro y Pátzcuaro, municipios donde tienen presencia grupos como el CJNG, Los Caballeros Templarios, Pueblos Unidos, Los Viagras, Los Blancos de Troya, el Cártel de Los Correa, La Familia Michoacana y el Cártel de Acahuato.

García Harfuch arribó a la capital michoacana acompañado por los secretarios de Marina y de la Defensa, Raymundo Pedro Morales Ángeles y Ricardo Trevilla Trejo. Los funcionarios aterrizaron alrededor de las 08:30 horas en el estadio de béisbol Francisco Villa, ubicado junto a la XXI Zona Militar, a bordo de un helicóptero de la Marina.

En la mesa de seguridad participó también el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, así como el fiscal estatal Carlos Torres Piña y el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Antonio Cruz Medina.

Entre los asistentes destacó Grecia Quiroz García, actual alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo. La funcionaria encabeza además el Movimiento del Sombrero, organización política independiente creada por el exalcalde asesinado y desde la cual se impulsa su eventual candidatura al gobierno estatal.

Aunque el encuentro reunió a mandos federales, estatales y municipales, no fue convocado Jaime del Río Salcedo, quien el pasado 1 de mayo asumió como delegado de la Fiscalía General de la República en Michoacán.

Según informó el gobierno estatal, durante la reunión se revisaron los resultados obtenidos por el Plan Michoacán en los nueve municipios incluidos en la estrategia de seguridad federal. La visita de García Harfuch representó su cuarta gira de trabajo en Michoacán para encabezar reuniones relacionadas con seguridad y refuerzo de presencia federal en la entidad.

Cuatro exservidores públicos vinculados al Banco del Bienestar y al Servicio de Administración Tributaria fueron sancionados por faltas administrativas graves, luego de que autoridades detectaran operaciones irregulares mientras desempeñaban funciones dentro de ambas instituciones.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió imponer inhabilitaciones y multas económicas contra los involucrados, quienes laboraban en los Órganos Internos de Control de dichas dependencias.

De acuerdo con la investigación, tres de los sancionados participaron en el retiro de recursos de cuentas bancarias sin autorización de los usuarios del Banco del Bienestar. Las operaciones ilegales superaron los 275 mil pesos.

Los exfuncionarios relacionados con este caso fueron identificados como Juan D., Orlando P. y Marco. Los tres recibieron una inhabilitación de 10 años para ocupar empleos, cargos o comisiones dentro del servicio público, además de sanciones económicas.

En un expediente distinto, las autoridades también acreditaron irregularidades cometidas por Víctor R., quien trabajaba en el SAT. Según la información oficial, el exservidor público realizó asignaciones indebidas de citas para trámites fiscales utilizando datos de personas que no aparecían registradas como contribuyentes. Por estos hechos, Víctor R. fue sancionado con una inhabilitación de un año para desempeñar funciones dentro de la administración pública.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló en su comunicado que las sanciones fueron resultado de procedimientos administrativos derivados de conductas cometidas cuando los involucrados aún eran servidores públicos. “El combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad”, indicó la dependencia federal al dar a conocer las resoluciones.

La Fiscalía General de la República informó que la investigación por el asesinato de Héctor Melesio Cuén continúa activa y negó que las líneas abiertas en México tengan relación con el proceso iniciado en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

A través de un comunicado difundido este miércoles, la dependencia federal señaló que las indagatorias sobre el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa permanecen bajo responsabilidad de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional.

La institución precisó que el expediente no ha sido archivado ni suspendido, y sostuvo que la integración del caso sigue en curso a casi dos años de los hechos ocurridos en 2024.

“En este, como en todos los casos, la FGR trabaja para esclarecer los hechos, dar con las personas responsables que participaron en los mismos y, con ello, que el delito no quede impune”, indicó la fiscalía.

El caso tomó relevancia nacional luego de que en octubre de 2024 la FGR confirmara que Héctor Melesio Cuén fue asesinado en una finca ubicada en Huertos del Pedregal. La conclusión federal contradijo la versión inicial presentada por la fiscalía de Sinaloa, que había sostenido que el ataque ocurrió en una gasolinera.

La investigación federal se apoyó en el hallazgo de restos de sangre dentro de la propiedad y en el análisis temporal de un video grabado en una estación de servicio y difundido localmente, el cual, según la FGR, fue registrado horas después del homicidio.

Previo a ello, Ismael “El Mayo” Zambada había asegurado en una carta que el exrector fue asesinado en la finca señalada por las autoridades federales. La misiva fue difundida el 10 de agosto de 2024, semanas después de la captura del líder criminal en Estados Unidos.

En el documento, Zambada afirmó que fue privado de la libertad por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien supuestamente lo convocó a una reunión en la que participarían Rubén Rocha Moya y el entonces diputado electo Héctor Melesio Cuén.

El gobernador sinaloense fue posteriormente señalado junto con otros nueve exfuncionarios por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con las acusaciones, podrían enfrentar condenas de hasta 40 años de prisión.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que nunca autorizó ni tuvo conocimiento de la presencia de personas extranjeras durante el operativo realizado en la Sierra Tarahumara, donde autoridades estatales desmantelaron un laboratorio clandestino de drogas.

La mandataria estatal fijó postura luego de que la Fiscalía General del Estado revelara avances sobre una investigación relacionada con la aparición de presuntos agentes estadounidenses en instalaciones oficiales y en el despliegue de seguridad.

En un comunicado, Campos afirmó que su administración continuará enfocada en el combate al crimen y rechazó las acusaciones impulsadas por Morena. “No tenemos nada que esconder”, sostuvo. También informó que instruyó a la Fiscalía para actuar “conforme a derecho, caiga quien caiga”.

Mientras tanto, la Fiscalía estatal confirmó que las personas bajo investigación estuvieron en al menos dos ocasiones dentro de instalaciones de la corporación antes del operativo. De acuerdo con la titular de la Unidad Especializada de la FGE, Wendy Chávez Villanueva, las indagatorias permitieron identificar un “patrón de convivencia e interacción” entre esos individuos, el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación y otros funcionarios.

Las autoridades revisaron grabaciones de videovigilancia y detectaron a cuatro personas vestidas de civil, sin insignias oficiales, integrándose al convoy desplegado en la Sierra Tarahumara. La Fiscalía precisó que no existen elementos que acrediten que participaran en tareas de mando, entrenamiento o funciones reservadas a autoridades mexicanas.

Chávez Villanueva detalló además que uno de los presuntos agentes de la CIA fue grabado dentro de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas portando un arma larga, aunque aclaró que no hay pruebas de que la utilizara o la portara fuera de esas instalaciones durante el operativo.

La funcionaria agregó que las autoridades estatales solicitaron información a las sedes diplomáticas de Estados Unidos para conocer la identidad, situación migratoria y posibles acreditaciones de las personas involucradas, pero hasta ahora no han obtenido respuesta. Dos de ellas continúan sin ser identificadas plenamente.

El Partido Acción Nacional expresó respaldo a la gobernadora y acusó al gobierno federal de intentar desacreditarla mediante señalamientos políticos. En un comunicado, el partido rechazó la solicitud de desafuero promovida desde Morena y afirmó que no existen investigaciones contra Campos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La confrontación entre los grupos criminales “Los Ardillos” y “Los Tlacos” provocó el desplazamiento de 96 personas en comunidades de Guerrero, informó este martes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina del gobierno federal.

El funcionario explicó que las autoridades reforzarán la presencia de seguridad en la región debido a las operaciones de ambas organizaciones delictivas. También señaló que la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ya atiende directamente la situación en territorio guerrerense.

“Hay población que no tiene nada que ver con estos dos grupos criminales, pero sí se deriva de un grupo de dos grupos criminales criminales que son “Los Ardillos” y “Los Tracos””, declaró García Harfuch.

Sobre la intervención federal, agregó: “Es muy muy delicado y es importante que sepan que primero la autoridad está para preservar y proteger a la ciudadanía. Hay hay actores y ciertas personas que en el momento que que están, digamos, también provocando, que en el momento que ingresará a la autoridad federal, pues se pondría en riesgo la la vida de otras personas”.

“Los Ardillos” surgieron en la región de La Montaña de Guerrero a inicios de los años 2000. De acuerdo con reportes de InSight Crime, la organización fue creada por el expolicía Celso Ortega Rosas, conocido como “La Ardilla”, quien operaba en Quechultenango, cerca de Chilapa.

Tras el asesinato de su fundador en 2011, el control del grupo quedó en manos de tres de sus hijos. Aunque inicialmente sus actividades estaban ligadas al narcotráfico, con el paso de los años ampliaron sus operaciones hacia otros delitos, entre ellos la extorsión y el secuestro.

La organización también ha sido relacionada con presuntos vínculos políticos y de corrupción en Guerrero. El presidente del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Abel Barrera, aseguró: “Los policías han sido comprados por este grupo, han creado pactos de impunidad con alcaldes, hay toda una clase política involucrada. Hicieron pactos que les dieron todo el poder, les han dado cargos hasta en el Congreso del Estado”.

Además de las recientes confrontaciones, “Los Ardillos” han sido señalados en distintos episodios violentos en Guerrero, entre ellos el asesinato de 10 músicos indígenas en Chilapa en 2020 y la desaparición de 30 personas en esa misma zona durante 2015. Habitantes de varios municipios también han denunciado extorsiones, homicidios, desapariciones y desplazamientos atribuidos al grupo criminal.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó este lunes su “Informe Temático sobre Desaparición de Personas en México”, un diagnóstico en el que documenta una crisis nacional marcada por desapariciones masivas y por presuntos vínculos entre organizaciones criminales y actores del Estado.

Durante la entrega del informe, la relatora para México de la CIDH, Andrea Viviana Pochak, afirmó que las medidas implementadas por las autoridades mexicanas no han logrado contener el problema. Como parte del documento, el organismo emitió 40 recomendaciones dirigidas al Estado mexicano para fortalecer las labores de búsqueda, garantizar acceso a la justicia y atender a las víctimas.

“La impunidad de los casos de desaparición en México es aberrante, es la regla la impunidad y esto es lo que hay que revertir”, sostuvo la comisionada. También señaló que la desaparición forzada continúa vigente y describió el fenómeno como “masivo, generalizado, indiscriminado”, impulsado principalmente por el crimen organizado y favorecido por políticas de seguridad “absolutamente ineficaces”.

El informe también coloca el foco en la posible participación u omisión de autoridades. María Luisa Aguilar, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, indicó que el aumento de desapariciones en los últimos siete años refleja fallas y posibles actos de complicidad de instituciones de los tres niveles de gobierno.

“Es posible afirmar que en varios de estos casos es imposible que las autoridades del estado no conocieran las operaciones de estas redes macrocriminales”, afirmó.

Colectivos de búsqueda y organizaciones civiles aprovecharon la presentación para cuestionar la respuesta gubernamental. Bibiana Efigenia Mendoza acusó que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, las familias buscadoras han enfrentado indiferencia institucional y recortes presupuestales en fiscalías y comisiones de búsqueda.

Por su parte, Silvia Ortiz criticó que existan prioridades distintas a la atención de las desapariciones y reclamó falta de compromiso hacia las madres y padres buscadores.

La CIDH advirtió además sobre el incremento de desapariciones relacionadas con reclutamiento forzado, trata y explotación laboral de menores de edad. El reporte contabiliza 18 mil 192 casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos entre cero y 17 años; de ellos, 9 mil 342 corresponden a mujeres y adolescentes y 8 mil 817 a niños y adolescentes varones.

Desde la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez afirmó que la falta de acción del Estado ha dejado a jóvenes y menores como el grupo más expuesto al reclutamiento forzado y exigió medidas concretas frente a las más de 133 mil personas desaparecidas registradas en el país.

La discusión por el ajuste al calendario escolar escaló al Senado luego de que el coordinador del PRI, Manuel Añorve, reiterara su exigencia de que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, deje el cargo por la propuesta de adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026.

El legislador acusó al titular de la SEP de afectar la educación de estudiantes de nivel básico al plantear un periodo vacacional que abarcaría del 5 de junio al 29 de agosto, medida que fue presentada bajo el argumento de las altas temperaturas y la realización del Mundial de Futbol de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

A través de un video, Añorve sostuvo que Delgado “debe renunciar ya” y aseguró que el funcionario “no sólo está haciendo el ridículo a nivel nacional, sino que también está dañando el futuro educativo de millones de niñas y niños”.

El senador priista también vinculó al secretario con otras polémicas y afirmó: “Mario Delgado vive entre escándalos: el huachicol, los pésimos resultados educativos y ahora su obsesión por las vacaciones, diciendo que es por el calor y el fútbol. Mario Delgado ya se debe de ir”.

La Secretaría de Educación Pública informó el jueves pasado sobre modificaciones al calendario de educación básica y media superior. Mediante un comunicado indicó que el ciclo escolar concluiría el 5 de junio y que las actividades del periodo 2026-2027 arrancarían formalmente el 31 de agosto.

Sin embargo, un día después, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró en conferencia de prensa que todavía no existe un calendario definitivo. Explicó que la propuesta surgió desde los estados y respondió a solicitudes de algunos maestros que plantearon adelantar vacaciones debido al Mundial de Futbol.

Añorve aseguró que, tras las críticas de asociaciones de padres de familia, integrantes del gobierno federal y de Morena comenzaron a deslindarse de la propuesta. Según dijo, ahora buscan responsabilizar a docentes, padres y secretarios estatales de Educación, incluidos funcionarios de gobiernos morenistas.

“Es increíble que Mario Delgado, el responsable de la política educativa de México, sólo piense en cómo tener más vacaciones. Ante el rechazo social y la presión pública que esto generó, tuvieron desde la mañana que corregir”, declaró el coordinador priista. El legislador añadió que, pese a las aclaraciones posteriores, Morena intenta evitar asumir la responsabilidad de la iniciativa sobre el calendario escolar.

En medio de la estrategia federal para promover música sin contenidos relacionados con violencia o apología del delito, el cantante Junior H apareció este lunes en Palacio Nacional para sumarse públicamente a la iniciativa “México canta”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. 

Durante la conferencia matutina, la mandataria invitó al intérprete a participar en la segunda edición del programa, pese a la controversia registrada el año pasado tras cantar un narcocorrido vinculado con “El Azul” durante un concierto en Jalisco.  

El artista, conocido también por sus colaboraciones con Peso Pluma y Natanael Cano, aprovechó el encuentro para relatar cómo inició su trayectoria musical antes de alcanzar popularidad en plataformas digitales. 

Según contó ante medios de comunicación, comenzó a involucrarse en la música cuando tenía 15 años y trabajaba como cocinero. En esa etapa coincidió con un joven que empezaba a grabar canciones, situación que lo motivó a intentar hacer sus propias composiciones utilizando únicamente su teléfono celular.  

Junior H recordó que grababa desde su habitación “cohibido y tímido”, hasta que sus temas comenzaron a acumular millones de reproducciones. Más adelante, reconoció el impacto que puede tener la música cuando llega a grandes audiencias. 

“Fui creciendo y entendí que la música, además de ser una forma de expresión, también implica una responsabilidad cuando te escuchan millones de personas alrededor del mundo”, declaró en Palacio Nacional. 

La presencia del cantante ocurrió después de la polémica generada en las Fiestas de Octubre de Jalisco, donde interpretó un narcocorrido relacionado con Juan José Esparragoza Moreno durante una presentación en el palenque. 

Tras ese episodio, fue requerido por la Fiscalía General del Estado y el ayuntamiento de Zapopan informó que sería sancionado con una multa de 33 mil pesos. Sin embargo, públicamente no se esclareció el desenlace del caso. 

La iniciativa “México canta”, promovida por el gobierno federal, busca impulsar canciones alejadas de contenidos violentos tanto en México como en Estados Unidos.

Con playeras de la Selección Mexicana intervenidas con la pregunta “¿Dónde están?” y pancartas que reclamaban justicia, cientos de madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas marcharon este 10 de mayo en la Ciudad de México para exigir respuestas a las autoridades y denunciar la crisis de desapariciones en el país.

La movilización, denominada “XIV Marcha de la Dignidad Nacional: Madres Buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia”, partió por la mañana desde el Monumento a la Madre rumbo al Ángel de la Independencia. A lo largo de Paseo de la Reforma, los contingentes avanzaron cargando fotografías, fichas de búsqueda y lonas con los rostros de sus familiares desaparecidos.

Durante la protesta se escucharon consignas como “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “Hijo, escucha, tu madre está en la lucha” y “¿Por qué lo buscamos?, porque los queremos”. También lanzaron críticas por la atención que el gobierno ha destinado a la organización del Mundial de Futbol frente a la crisis de desapariciones.

Algunas de las camisetas utilizadas por los manifestantes mostraban en la espalda la frase “¿Dónde están?” y al frente la imagen de sus familiares. Otras pancartas incluían mensajes como “Nos urgen goles que nos lleven a encontrarlos”, “SOS, necesitamos ayuda internacional” y “Nada que celebrar porque las madres de México estamos jugando el encuentro más difícil, el de la justicia”.

Las familias exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum recibir a colectivos de búsqueda y acelerar las investigaciones para localizar a personas desaparecidas en el contexto de la próxima Copa del Mundo, cuyo primer partido en México está programado para el 11 de junio en el Estadio Azteca.

En el Ángel de la Independencia se instaló un micrófono abierto donde familiares compartieron testimonios y denuncias. Entre quienes participaron estuvo Joanna Alvea, madre de Lilith Saori, una joven transgénero desaparecida en Puerto Escondido, Oaxaca, el 2 de enero de 2023.

Otra participante cuestionó la promoción del torneo internacional frente a la ausencia de miles de personas desaparecidas. “Yo les pregunto a mexicanos, por qué nosotros tenemos que estar viendo un comercial de ‘El balón regresa a casa’ cuando nuestras desaparecidas y nuestros desaparecidos no han regresado a la casa”, expresó.

Mientras se desarrollaban las intervenciones, un colectivo pintó sobre Reforma una cancha de futbol improvisada con las frases “Hasta encontrarlos” y “Nos faltan más de 135 mil”.

La protesta también ocurrió después de que un comité de la ONU solicitó investigar la situación de desapariciones forzadas en México, caso que ya fue remitido a la Asamblea General.

La gira de la presidenta Claudia Sheinbaum por el municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora, terminó con un señalamiento público de habitantes Yaquis que denunciaron abandono en sus comunidades, pese a los anuncios oficiales sobre obras y apoyos para la región.

La mandataria acudió al evento para encabezar la entrega de un acueducto de agua potable, restitución de tierras y un comedor escolar destinado a estudiantes de primaria, acciones integradas al Plan de Justicia del Pueblo Yaqui. Durante su intervención aseguró que el programa busca reparar una deuda histórica con los pueblos originarios y recordó que este esquema comenzó en 2021.

“Los planes de justicia son eso, un reconocimiento a la justicia histórica que debe hacerse a todos los pueblos. Y los planes de justicia iniciaron aquí con el pueblo Yaqui y hoy le estamos dando continuidad a ese plan de justicia”, declaró.

En el acto también participó el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien informó que en las comunidades Yaquis se han destinado más de 18 mil 300 millones de pesos en proyectos de salud, infraestructura y desarrollo económico. Además, reconoció el trabajo de su equipo de colaboradores.

“Quiero decirles que es un equipo extraordinario, ahora sí que diría el clásico “no lo tienen ni en Dinamarca es un equipo solidario”, expresó.

Después de las participaciones de funcionarios federales y estatales, entre ellos la titular de la SEDATU, Edna Elena Vega Rangel, y el director del INPI, Adelfo Regino Montes, un integrante de la comunidad Yaqui pidió intervenir ante la presidenta.

El hombre, quien no reveló su identidad, afirmó que distintas localidades continúan enfrentando carencias relacionadas con el campo, el agua y los caminos. También sostuvo que acuerdos realizados el 19 de noviembre en el ejido San Francisco no habían sido cumplidos.

“Él nos da solución a nuestras peticiones él ha dado orden, pero no ha sido ejecutada de ninguna manera”, dijo al referirse a compromisos hechos por el gobierno estatal.

El campesino mencionó que el ejido Enrique Landa y otras comunidades de San Ignacio Río Muerto permanecen “abandonadas totalmente” y describió dificultades para conseguir agua potable.

“Sufren mucho, como no se imaginan, las ven con las mangueras en los brazos para ir a conseguir el agua. Los caminos totalmente abandonados. Están abandonados. Estamos abandonados”, señaló.

Tras escuchar el reclamo, Sheinbaum atribuyó parte de la situación a las modificaciones realizadas durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en materia de agua y afirmó que las reformas recientes permitirán otorgar nuevos derechos para pozos.

La ceremonia concluyó con un grupo de niñas y niños Yaquis interpretando el Himno Nacional en su lengua originaria.