El Senado de la República concluyó su periodo de sesiones este martes sin cubrir 130 nombramientos pendientes en diversos organismos, incluidos cargos del e la Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En el Tribunal Electoral, quedaron vacantes 49 cargos, entre ellos dos magistraturas de la Sala Superior, seis de salas regionales y 41 de tribunales locales, según el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral. También se dejaron sin cubrir tres puestos de comisionados en el INAI.

El Observatorio de Designaciones Públicas criticó la falta de avances y acusó al Senado de seguir una estrategia para debilitar a los organismos autónomos. Entre los organismos afectados están las comisiones Nacional de Hidrocarburos, Reguladora de Energía y Nacional de Derechos Humanos.

Legisladores de la oposición cuestionaron la actitud de los senadores de Morena por su aparente sumisión al Poder Ejecutivo. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, defendió el trabajo del Senado, calificando el periodo como histórico. En contraste, el coordinador del PAN, Julen Rementería, opinó que la Cámara Alta falló al país por no abordar problemas clave y dejó a más de 130 cargos sin resolver, incluyendo organismos vitales como el INAI.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, también expresó su descontento, señalando que el Senado quedó muy lejos de una transformación significativa y un equilibrio de poderes, optando por la subordinación en momentos críticos.

Durante la sesión del pleno, se anunció que Ana Lilia Rivera Rivera, de Morena, presidirá la Comisión Permanente durante el segundo receso. Los vicepresidentes serán Israel Zamora Guzmán (Morena), Adriana Bustamante Castellanos (Morena), Marcela Guerra Castillo (PRI) y Juan Carlos Maturino Manzanera (PAN).

La nueva Comisión Permanente también incluye a Mónica Fernández Balboa (Morena), Ruth Alejandra López Hernández (Movimiento Ciudadano), José Erandi Bermúdez Méndez (PAN), Karla Yuritzi Almazán Burgos (Morena), Luis Edgardo Palacios Díaz (PVEM) y Ángel Benjamín Robles Montoya (PT).

El magistrado electoral Reyes Rodríguez Mondragón enfrenta serias denuncias por presuntos actos de parcialidad y falta de objetividad en el desempeño de sus funciones. La denuncia, presentada de forma anónima, fue dirigida al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al cual pertenece Rodríguez Mondragón, así como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.

El fundamento de la acusación es la supuesta relación del magistrado con el Partido Acción Nacional (PAN). La denuncia señala su paso por administraciones de los expresidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, y resalta que desde 2016 se cuestiona su cercanía con el PAN, a pesar de lo cual ascendió de la Sala Regional de Monterrey a la Sala Superior del TEPJF.

Un ejemplo reciente de controversia fue la acusación por parte de Américo Villarreal en 2022, quien afirmó que Rodríguez Mondragón intentó revertir su victoria en Tamaulipas para favorecer al PAN. Otros señalamientos se centran en la pérdida de confianza de sus colegas magistrados en diciembre pasado.

La denuncia anónima también revela la estrecha relación laboral y de amistad entre Rodríguez Mondragón y el exsenador panista Roberto Gil Zuarth. El documento señala que esta amistad pudo haber influido en las decisiones del magistrado y cita varios casos en los que Gil Zuarth tenía intereses, como la defensa de la candidatura del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, o el impulso a la candidatura al Senado de Ricardo Anaya.

Por estas razones, la denuncia solicita una investigación exhaustiva, incluyendo la revisión de la situación patrimonial de Rodríguez Mondragón, quien no ha hecho pública su declaración de bienes desde su paso por las administraciones panistas. También se pide un análisis de sus gastos desde que asumió su cargo en el TEPJF, con detalles sobre numerosos viajes nacionales e internacionales, presuntamente con cargo al erario público.

El caso llama la atención debido a las similitudes con el reciente escándalo que involucra al exministro de la SCJN, Arturo Zaldívar, relacionado con la campaña de Claudia Sheinbaum. Las autoridades tendrán que investigar a fondo estas denuncias para determinar si Reyes Rodríguez Mondragón violó la imparcialidad requerida en su función como magistrado electoral.

La candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez Ruiz, rechaza cualquier intento de censurar el derecho a la información y la libertad de expresión. Sin embargo, enfatiza en la necesidad de solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) la suspensión de las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar su injerencia en el proceso electoral.

Tras una reunión privada con los obispos de la Conferencia Episcopal Mexicana, Gálvez Ruiz destacó que el presidente ha ignorado reiterados llamados del INE para mantenerse al margen de las elecciones. Argumenta que la solicitud de suspensión de las “mañaneras” se debe a la constante intervención del presidente en temas electorales.

La candidata señala dos aspectos de las conferencias matutinas que han afectado su campaña y la equidad electoral. En primer lugar, menciona la declaración del presidente sobre los programas sociales, afirmando que ella planeaba eliminarlos, lo cual ha generado malentendidos entre la ciudadanía. En segundo lugar, expresa preocupación por la divulgación pública de su información fiscal-financiera, que ha generado acusaciones infundadas de corrupción.

Gálvez lamenta el reciente asesinato de dos personas que viajaban en un vehículo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, incluyendo al chofer del coordinador de Comunicación Social. Considera este suceso delicado, especialmente por el rol que desempeñan los magistrados en la calificación de la elección, y espera una pronta aclaración de los hechos para evitar interpretaciones erróneas.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha dictaminado la prohibición a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de inmiscuirse en la campaña electoral, ordenándole la eliminación del informe sobre violencia política que emitió a principios de mes. Este informe había sido criticado por dirigirse a la candidata opositora Xóchitl Gálvez y a medios críticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Según la resolución, dada a conocer por Proceso el pasado martes 26, el TEPJF afirmó que la CNDH carece de competencias en asuntos electorales, advirtiendo que su intervención en el proceso electoral podría generar “juicios paralelos”, causando incertidumbre sobre los procedimientos y autoridades competentes para evaluar conductas irregulares en materia electoral.

La CNDH y su directora, Rosario Piedra Ibarra, han enfrentado críticas de diversas organizaciones de derechos humanos debido a sus decisiones consideradas complacientes con el gobierno de López Obrador y su utilización política. En este caso, el organismo autónomo invocó el “derecho a la democracia” para justificar la publicación del informe, el cual cuestionaba a la oposición y elogiaba a Claudia Sheinbaum Pardo.

La CNDH tenía la intención de implementar un “escalómetro de violencia política” para monitorear campañas, discursos de candidatos, plataformas, spots, propaganda, eventos, así como noticias y opiniones en medios de comunicación y redes sociales.

Tanto la CNDH como Piedra Ibarra han defendido su participación en las campañas electorales, retratándose como víctimas de un “asedio” por parte del Partido Acción Nacional (PAN), que presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y una denuncia ante el TEPJF.

El Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra en vilo ante la posibilidad de analizar una denuncia presentada por Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial de la coalición PAN, PRI y PRD, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. La denuncia gira en torno a expresiones vertidas en su libro ¡Gracias!, las cuales podrían constituir actos anticipados de campaña en apoyo a Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia.

El próximo miércoles, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) someterá a análisis y votación un proyecto elaborado por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Este proyecto plantea la revocación del acuerdo que desechó la queja presentada por Gálvez, argumentando que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE erróneamente consideró que no existían suficientes indicios sobre los hechos denunciados.

La denunciante sostiene que ciertas expresiones contenidas en el libro de López Obrador, como “Con Claudia se garantiza la continuidad de nuestro movimiento de transformación”, posicionan a Sheinbaum anticipadamente ante el electorado, vulnerando los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda.

Por otro lado, el magistrado Reyes también ha hecho público un proyecto en el cual propone confirmar la determinación del INE de sancionar a Eduardo Verástegui, ex aspirante a candidato independiente a la presidencia y figura de la ultraderecha. Verástegui enfrenta sanciones por diversas infracciones en materia de fiscalización, detectadas en sus informes de ingresos y gastos relacionados con la obtención de apoyos ciudadanos.

El proyecto argumenta que las conductas reprochadas, incluyendo ingresos en efectivo y especie no comprobados, están debidamente acreditadas, y que las sanciones impuestas son proporcionales a las infracciones cometidas.

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), expresó su confianza en que cualquier intento de “golpe técnico” a la elección, como fue planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sea imposible de llevar a cabo. Asimismo, aseguró que dentro del órgano electoral no se gesta nada en contra del proceso electoral.

En una entrevista previa a la sesión del Consejo General, Taddei señaló que el INE está enfocado en cumplir con su labor de manera imparcial y responsable, sin tener ningún tipo de acción que perjudique el desarrollo de las elecciones.

La presidenta del INE hizo un llamado a la prudencia tanto a los servidores públicos como a los partidos políticos, destacando la importancia de mantener un debate constructivo y evitar declaraciones que puedan afectar el curso de las campañas electorales.

Sin embargo, Taddei declinó comentar sobre la posible injerencia del presidente en el proceso electoral, indicando que esa es una cuestión que corresponde juzgar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Además, resaltó que los niveles de seguridad implementados en las entidades superan las expectativas, asegurando que el INE está coordinando eficazmente con las autoridades para garantizar el correcto desarrollo de la jornada electoral y los procesos de cómputo posteriores.

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, ha desestimado las acusaciones recientes del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha insinuado la posibilidad de un “golpe de Estado técnico” por parte del Poder Judicial.

En una entrevista radiofónica, Soto afirmó enfáticamente que el Tribunal no participa en campañas ni es un actor activo en el proceso electoral. “Nuestro papel es ser la última instancia y resolver los medios de impugnación”, aseguró.

Ante las preguntas sobre las declaraciones del presidente, Soto destacó la necesidad de mantener una visión objetiva y distante de la dinámica política. “No nos involucramos en pasiones electorales; nuestra labor es resolver lo que llega a nuestra instancia”, enfatizó.

Respecto a las especulaciones sobre un posible “golpe de Estado técnico”, la magistrada subrayó que el Tribunal Electoral se rige por la ley y la Constitución, que establecen causales específicas de nulidad de elecciones. Aunque reconoció que la intervención de cualquier servidor público puede ser considerada en casos de violación a la ley.

Soto rechazó categóricamente la versión de un golpe de Estado técnico y reiteró el compromiso del Tribunal de garantizar el respeto al voto ciudadano. “Nosotros no ponemos ni quitamos candidatos; nuestro deber es valorar los expedientes presentados y determinar su legalidad”, concluyó la magistrada.