Una ola de exigencias de transparencia se desató en el Senado mexicano luego de que se confirmara la revocación de las visas estadounidenses de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y de su esposo, Carlos Torres. La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) pidió explicaciones públicas ante lo que considera un suceso delicado con potencial impacto en la función pública y en las relaciones bilaterales con Estados Unidos.
El tema, que se ha desarrollado en medio de silencio oficial y versiones dispersas, se volvió centro del debate político nacional. En un comunicado difundido este domingo, el grupo parlamentario del PAN expresó que la ciudadanía “merece saber las razones detrás de esta decisión” tomada por el gobierno de Estados Unidos. Enfatizaron que este tipo de situaciones “plantea varias interrogantes sobre la integridad y la ética del ejercicio del poder”.
Para los legisladores panistas, la falta de claridad genera dudas en un momento que califican como “crítico” para la relación entre ambos países. Subrayan que cualquier medida tomada por autoridades extranjeras contra funcionarios públicos mexicanos debe esclarecerse de inmediato para evitar sospechas o deterioro institucional.
Desde sus redes sociales, la mandataria estatal confirmó que primero su esposo fue notificado de la cancelación consular y que, tiempo después, ella recibió una notificación similar. “Estoy segura y confío plenamente que la situación se va a aclarar satisfactoriamente para ambos”, escribió Marina del Pilar, asegurando además que Carlos Torres “ha actuado siempre con integridad, con entrega y con profundo compromiso por Baja California”.
En paralelo, Carlos Torres también compartió su versión de los hechos. Consideró que se trata de un procedimiento administrativo que “no representa acusación, investigación ni señalamiento formal por parte de autoridad alguna, ni en México ni en Estados Unidos”. Añadió que se trata de una situación cada vez más común en el contexto consular actual, y que su caso no es una excepción.
A pesar de estas declaraciones, la presión política no cede. El PAN insiste en que la gobernadora debe romper el silencio institucional, alegando que el pueblo de Baja California tiene derecho a saber si esta situación afecta directa o indirectamente su capacidad de gobierno.
Mientras tanto, el tema se perfila como uno de los más sensibles en el entorno político inmediato, y crece la expectativa sobre los posibles efectos de esta revocación, tanto en el plano personal como en la administración estatal. En medio de las declaraciones, la exigencia por mayor claridad no se detiene.
