Nuevo criterio judicial redefine cálculo de indemnizaciones: Corte fija uso obligatorio de la UMA

Las indemnizaciones que pagan las aseguradoras en México deberán calcularse a partir de ahora con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera por unanimidad una contradicción de criterios heredada de sus salas, hoy extintas tras la reforma judicial.

La decisión surge tras la coexistencia de dos posturas distintas que generaban incertidumbre jurídica. Mientras una resolución permitía mantener el salario mínimo como referencia para calcular indemnizaciones, otra establecía que dicha práctica era incompatible con la reforma constitucional de 2016, la cual desindexó el salario mínimo y creó la UMA como unidad de referencia económica.

El origen del conflicto se remonta a dos casos analizados por las entonces Primera y Segunda Sala del máximo tribunal. La Primera Sala concluyó que utilizar el salario mínimo como base para determinar el monto de indemnizaciones no contravenía la Constitución. En contraste, la Segunda Sala determinó que, tras la reforma constitucional, el salario mínimo ya no podía emplearse como unidad de medida, lo que abrió la puerta a interpretaciones contradictorias.

Ante este escenario, el pleno resolvió establecer un criterio único que pone fin a la disparidad. Con ello, las indemnizaciones deberán calcularse utilizando la UMA, cuyo valor diario para 2026 es de 117.31 pesos. La cifra contrasta con el salario mínimo vigente, que alcanza los 315 pesos diarios, lo que evidencia una diferencia significativa entre ambos parámetros.

Durante la discusión, la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien presentó el proyecto, reveló que recibió comunicaciones relacionadas con el impacto de la resolución. Señaló que sostuvo conversaciones con funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social sobre las posibles consecuencias financieras de la decisión.

“Recibí múltiples correos de aseguradoras, no platiqué con absolutamente ninguna. Eso sí, platiqué con el IMSS que nos refirió un altísimo impacto que un criterio de este tipo podía repercutirle a sus finanzas”, dijo la ministra Batres.

La resolución establece que, a partir de su aprobación, el cálculo de indemnizaciones deberá apegarse a la UMA, con lo que la Corte unifica el criterio judicial y cierra la controversia generada por las resoluciones divergentes emitidas previamente por sus salas.

Diputados aprueban reforma a la Ley de Amparo para modernizar la justicia

La Cámara de Diputados aprobó con 338 votos a favor, 126 en contra y ninguna abstención la nueva Ley de Amparo, propuesta por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Esta reforma tiene el objetivo de actualizar la legislación y armonizarla con la reciente reforma constitucional del Poder Judicial, aprobada en septiembre pasado.

El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera, destacó que la actualización de esta ley permitirá un acceso más ágil, equitativo y efectivo a la justicia. Entre los principales cambios, se encuentra la modificación en la votación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): el número de votos necesarios para que una decisión sea vinculante se reduce de ocho a seis ministras o ministros, lo que agilizará la consolidación de jurisprudencia y la declaración de inconstitucionalidad de normas generales.

 

La reforma establece que, hasta que los ministros electos tomen protesta el 1 de septiembre de 2025, la SCJN seguirá operando bajo las reglas de votación de la Ley de Amparo vigente antes de este decreto. Además, se estipula que el máximo tribunal funcionará únicamente en Pleno, eliminando las atribuciones de las Salas en sus decisiones.

 

Otro aspecto relevante de la reforma es que el juicio de amparo ya no procederá contra actos del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial. Asimismo, se actualizan términos en la legislación, sustituyendo “Distrito Federal” por “Ciudad de México” y “salario mínimo” por “Unidad de Medida y Actualización” (UMA), con el fin de estandarizar criterios para sanciones y montos.

 

El lenguaje de la ley también ha sido modificado para promover la inclusión y la equidad de género. Expresiones como “grupos vulnerables” han sido reemplazadas por “grupos en situación de vulnerabilidad”, buscando fomentar el respeto y la igualdad.

 

Moreno Rivera subrayó que la reforma cumple con el mandato constitucional de adecuar la Ley de Amparo a los cambios recientes en la Carta Magna. También afirmó que estas modificaciones fortalecen la democracia y consolidan un Poder Judicial más eficiente, justo y transparente. Con esta actualización, el país avanza hacia una justicia más accesible y moderna para todas y todos los ciudadanos.

Millones descongelados tras la batalla perdida de la UIF ante los tribunales

En el último sexenio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) enfrentó un desafío monumental: proteger el sistema financiero mexicano del dinero ilícito. Sin embargo, las decisiones judiciales han debilitado considerablemente sus esfuerzos. Más del 84% de los fondos bloqueados por la UIF, equivalentes a 37 mil 434 millones de pesos, han sido liberados por jueces, dejando al descubierto un sistema donde la impunidad encuentra nuevas rutas.

 

Entre los principales factores que obstaculizan a la UIF destaca la “jurisprudencia Medina Mora”, que exige que cualquier bloqueo de cuentas bancarias esté respaldado por una solicitud expresa de una autoridad extranjera. Esta medida, según expertos, limita la autonomía de México en investigaciones sobre lavado de dinero. La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) agrava la situación, permitiendo que un simple amparo provisional otorgue acceso inmediato a los fondos bloqueados, incluso si posteriormente se demuestra que su origen es ilícito.

 

El impacto de estas decisiones va más allá de las cifras. Las investigaciones han revelado que personajes como Kamel Nacif, señalado por tortura; la Iglesia de la Luz del Mundo, vinculada a delitos sexuales; y operadores del crimen organizado, han recuperado millonarios recursos gracias a estos fallos judiciales. Entre los beneficiados también figuran figuras como Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas acusado de delincuencia organizada, y personas relacionadas con redes de corrupción y tráfico de drogas.

 

Los datos son contundentes. En 2019, la UIF apenas pudo retener el 3.63% de los 16 mil millones de pesos bloqueados, mientras que en 2020 ese porcentaje se redujo al 1.83%. Aunque en 2024 logró revertir esta tendencia y retuvo el 93.78% de los fondos congelados, la reciente decisión de la SCJN podría anular estos avances, facilitando que los recursos vinculados al crimen organizado circulen nuevamente.

 

Desde 2019, los amparos contra la UIF han aumentado un 215%, evidenciando cómo los mecanismos legales pueden ser utilizados tanto para proteger derechos como para eludir responsabilidades. Mientras la UIF lucha por blindar el sistema financiero, la SCJN ha abierto una puerta que podría convertir los bloqueos en medidas temporales y casi ineficaces.

 

El desafío ahora es claro: encontrar un equilibrio entre el respeto a los derechos individuales y la necesidad de proteger la integridad financiera de México frente a la sombra del crimen organizado.