El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Adrián Alcalá Méndez, ha instado al Senado de la República a concretar los nombramientos pendientes en el organismo, al cumplirse dos años de su funcionamiento incompleto. Alcalá Méndez enfatizó que esta situación no solo afecta el ejercicio de los derechos de los ciudadanos mexicanos, sino que además va en detrimento de una conquista social surgida en 2002 como parte del proceso democratizador del país.

Desde el 31 de marzo de 2022, el INAI enfrenta la vacante de dos comisionados, a los que se sumó una tercera vacante desde el mismo día pero de 2023, según lo señalado por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). A pesar de que en 2023 el Senado realizó dos designaciones, estas fueron vetadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, generando un estancamiento en el proceso de integración del INAI.

Alcalá Méndez recordó que el diseño institucional del INAI establece la conformación de un Pleno con siete integrantes, por lo que instó al Senado a cumplir con su responsabilidad constitucional para garantizar dicha integración plena. Por su parte, Elías Huerta Psihas, presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho (ANDD), respaldó la labor del INAI y expresó su compromiso en la defensa de los organismos constitucionales autónomos como pilares de la democracia mexicana.

La reunión, en la que participaron también destacadas figuras del ámbito jurídico, evidenció la urgencia de concretar las designaciones pendientes en el INAI para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales de los ciudadanos mexicanos.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, instó a los gobiernos federal, estatales y municipales a abstenerse de intervenir en el proceso electoral en curso. En sus declaraciones, la diputada Guerra enfatizó la importancia de respetar la legalidad y aseguró que los funcionarios deben mantenerse al margen de la participación activa en las elecciones.

Aunque reconoció la relevancia de garantizar la seguridad de los candidatos y participantes en los comicios, Guerra subrayó que es responsabilidad de las autoridades gubernamentales otorgar garantías a electores y candidatos, evitar la polarización y permitir que la población decida en libertad. Asimismo, resaltó la importancia de que el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales actúen como árbitros imparciales.

La diputada Guerra compartió preocupantes cifras, indicando que desde septiembre de 2023 se han registrado 44 agresiones contra aspirantes o candidatos a cargos de elección popular, lo que equivale a un aspirante agredido cada cuatro días. Enfatizó que los aspirantes a cargos municipales son los más vulnerables.

Guerrero, Michoacán y Chiapas son algunos de los estados más afectados, y Guerra llamó a los gobiernos estatales a proporcionar mayores condiciones de seguridad, rechazando la normalización de la violencia hacia candidatos y la sociedad en general.

Por otra parte, expresó su preocupación por la vulnerabilidad de las autoridades electorales, señalando que las juntas locales de los Organismos Públicos Locales Electorales de Chiapas, Campeche, Coahuila, Hidalgo, Nayarit y Tamaulipas han solicitado medidas de seguridad adicionales. Esto, según Guerra, destaca la necesidad de una mayor coordinación entre las autoridades competentes.