El pasado 11 de diciembre, el Congreso de Oaxaca aprobó un decreto que marca un antes y un después en la política laboral del estado. La medida, impulsada por el gobernador Salomón Jara, dejó a mil 344 trabajadores sin empleo, con el argumento de que la administración anterior, encabezada por Alejandro Murat, incrementó de manera “desmedida” la plantilla estatal, poniendo en riesgo las finanzas públicas.
Según cifras oficiales, de 2013 a 2022, la nómina estatal pasó de 8,187 a 12,244 empleados, un aumento del 50%. Este crecimiento representa un gasto anual de más de 2 mil millones de pesos, situación que la administración actual considera insostenible. Aunque el decreto no menciona explícitamente a Murat, el periodo señalado coincide con su gestión como gobernador. Esta decisión se suma a acusaciones previas de malos manejos administrativos durante su paso por el Infonavit, aunque hasta ahora no se le ha señalado directamente.
La noticia cayó como un balde de agua fría para los afectados. Muchos trabajadores se enteraron de su despido al revisar el decreto, que incluía los números de empleado de quienes perderían su puesto. La falta de aviso previo y la incertidumbre sobre las indemnizaciones han generado descontento entre los exfuncionarios, quienes acusan al gobierno estatal de tomar decisiones apresuradas que afectan a cientos de familias.
El sindicato de trabajadores del estado ha manifestado su rechazo a la medida, señalando que los empleados no son responsables de las irregularidades en la contratación de plazas. Representantes sindicales llevaron sus reclamos al Congreso local, argumentando que la estabilidad laboral no debe sacrificarse en nombre de la austeridad y exigiendo investigaciones para determinar responsabilidades reales.
En paralelo, los extrabajadores han comenzado a organizar protestas en diversos puntos de Oaxaca. Las movilizaciones buscan no solo expresar su inconformidad, sino también exigir respuestas claras y acciones concretas que garanticen sus derechos laborales.
Esta medida refleja una tensión constante entre la necesidad de ajustar las finanzas públicas y el impacto social de decisiones como los despidos masivos. Mientras el gobierno de Jara defiende la austeridad como un paso necesario para sanear las cuentas estatales, las voces de los despedidos y sus familias cuentan otra historia, una que habla de incertidumbre, inconformidad y la lucha por recuperar lo perdido. El desenlace de este conflicto podría marcar el rumbo de la política laboral en Oaxaca en los próximos años.
