Observatorio Ciudadano de CEPNA Llama a Evitar Sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados

El Observatorio Ciudadano del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo (CEPNA) ha emitido un pronunciamiento instando a las autoridades electorales a hacer cumplir las normas constitucionales que limitan la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados. Esta solicitud surge en un contexto donde Morena podría obtener una mayoría calificada que le permita impulsar reformas constitucionales.

Entre los firmantes del pronunciamiento se encuentran figuras destacadas como Jorge Alcocer Villanueva, especialista electoral, y José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte. También firman el jurista Diego Valadés, la exconsejera del IFE y excomisionada del INAI María Marván Laborde, el exdirector del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado Jaime Cárdenas y el exgobernador de Tabasco Arturo Núñez.

El comunicado solicita una audiencia con los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para presentar sus argumentos. Mencionan un precedente de 1988, cuando Andrés Manuel López Obrador, entonces dirigente opositor, interpuso un recurso contra la sobrerrepresentación en la ley electoral de Quintana Roo, el cual fue resuelto a su favor por la Corte, con una tesis expuesta por la ministra Olga Sánchez Cordero.

La preocupación del Observatorio se intensifica en el contexto de la reforma propuesta por López Obrador para la designación de jueces mediante voto popular, la cual ha generado críticas, como la del magistrado federal Mauricio Barajas, quien señaló que Morena y sus aliados podrían obtener más del 70% de las curules con solo el 52% de los votos.

El Observatorio destaca que desde 1996, el artículo 54 de la Constitución establece reglas para evitar la sobrerrepresentación, limitando la diferencia entre el porcentaje de votos y el de curules a un máximo de 8 puntos porcentuales. Citan también una sentencia de la Suprema Corte de 1998, derivada de un recurso interpuesto por López Obrador, que reafirma este principio.

Finalmente, los firmantes exhortan a las autoridades del INE y del TEPJF a respetar y hacer cumplir las normas constitucionales para limitar la sobrerrepresentación y solicitan una audiencia pública para discutir sus preocupaciones.

Marcha por la Democracia convoca a más de 200 Organizaciones Civiles

Más de 200 organizaciones civiles han llamado a la “Marcha por Nuestra Democracia”, programada para el próximo 18 de febrero, con el ex presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, como único orador al término de la movilización, especialmente en la Ciudad de México.

En una conferencia de prensa, Amado Avendaño, portavoz del Frente Cívico Nacional, explicó que aunque en la capital no se ha designado un punto de inicio específico, la manifestación concluirá en el Zócalo a las 11:00 horas. Este evento se replicará en más de 100 plazas tanto a nivel nacional como internacional.

“El ex consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, será el único orador, acompañado en el estrado por otras personalidades como la ex presidenta del Tribunal Electoral, Mari Carmen Alanís, así como los principales oradores de las dos marchas anteriores: José Woldenberg y José Ramón Cossío”, informó Avendaño.

El propósito de la protesta es exigir que las elecciones del 2 de junio se lleven a cabo de manera transparente y justa, reconociendo la diversidad de apoyos entre las agrupaciones participantes, algunas de las cuales respaldan abiertamente a la candidata presidencial Xóchitl Gálvez.

“Lo importante es asegurar elecciones libres y limpias. Dentro de las 217 organizaciones convocantes, algunas respaldarán a Xóchitl, mientras que otras no. Es una decisión individual”, destacó Avendaño.

Durante la conferencia, Ana Lucía Medina, miembro de la organización Unid@s, expuso las razones que motivan la convocatoria a la marcha del próximo fin de semana.

“La defensa del voto libre es nuestra principal razón. Si el gobierno interviene en las elecciones, el voto deja de ser libre. Si se utiliza dinero público para respaldar a una candidata, el voto pierde su libertad. Si se intenta debilitar las instituciones como el INE, el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia, el voto se ve comprometido”, enfatizó Medina.