La Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha decidido suspender el recuento de votos de la elección en la alcaldía Cuauhtémoc. Los magistrados determinaron por unanimidad que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) no justificó adecuadamente el recuento total de las boletas, por lo que tiene hasta el viernes 12 de julio para emitir una nueva resolución.

La alcaldía Cuauhtémoc está en disputa judicial entre Morena, representado por Caty Monreal, y la coalición opositora (PAN, PRI, PRD) con Alessandra Rojo de la Vega como candidata, quien fue declarada ganadora con una ventaja de aproximadamente 12,000 votos. Si se ordena un nuevo recuento, el TECDMX deberá comenzar el proceso alrededor del 20 de julio.

Rojo de la Vega celebró la decisión de la Sala Regional en sus redes sociales: “Vecinas y vecinos, tenemos muy buenas noticias. La Sala Regional ha señalado que la decisión de ir al recuento en Cuauhtémoc no tiene fundamentos legales. La ley ha derrotado a la corrupción, sigamos avanzando juntos hacia el mejor gobierno en la historia”, escribió en X.

Rojo de la Vega criticó a Clara Brugada, jefa de Gobierno electa, por no reconocer los resultados en Cuauhtémoc: “Es lamentable. Clara Brugada es jefa de Gobierno para todos, no solo para Morena. No se puede ser parcial cuando tengo mi constancia de mayoría desde hace un mes”, declaró a los medios.

Rojo de la Vega también mencionó que ha intentado comunicarse con Brugada sin éxito, buscando una relación de coordinación más allá de las diferencias políticas. “Tal vez no le dijeron que todo esto lo están haciendo con corrupción la familia Monreal”, agregó.

El domingo, Rojo de la Vega encabezó una manifestación en apoyo a su victoria, afirmando que los habitantes de Cuauhtémoc votaron por el cambio y la esperanza el 2 de junio. Al conocer la revocación del recuento, exclamó: “¡El tribunal regional revocó la resolución! No vamos a descansar hasta tomar protesta el 1 de octubre”.

La ex candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, ha presentado un recurso legal contra los resultados de la última elección presidencial ante el Tribunal Electoral federal. Esta mañana, sin la presencia de Gálvez, la Comisión Sustanciadora de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) evaluó y validó las pruebas del expediente, incluyendo enlaces de internet presentados para corroborar su autenticidad y contenido.

La sesión, presidida por los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, avanzó a pesar de la ausencia de la ex candidata. Fuentes Barrera informó que todos los actores del juicio fueron notificados adecuadamente sobre el lugar y la hora de la sesión.

En un comunicado, el TEPJF indicó que los secretarios de estudio y cuenta de la Sala Superior dieron fe de las documentales entregadas por Gálvez, partidos políticos y terceros interesados. Asimismo, los magistrados anunciaron que se ha habilitado un micrositio en la página principal del TEPJF para consultar los documentos relacionados al caso.

Xóchitl Gálvez, a través de su cuenta en X, denunció que no se cumplió con el acuerdo de que el desahogo de pruebas se realizaría 20 días después de habilitar el micrositio. “El @TEPJF_informa viola sus propios acuerdos para calificar la elección presidencial. Fui citada de un día para otro sin que se cumpliera el acuerdo”, expresó Gálvez Ruiz.

La siguiente etapa del proceso incluye los “alegatos de oreja”, que se realizan públicamente y en presencia de los cinco magistrados de la Sala Superior. Posteriormente, se procederá al cierre de instrucción, la formulación del proyecto y su publicidad, “los cuales también serán por primera vez de cara a toda la ciudadanía”, indicó el TEPJF.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha iniciado la campaña “100 sentencias de La Corte”, destinada a divulgar las decisiones judiciales que han tenido un impacto significativo en la vida de personas excluidas, marginadas y en situación de vulnerabilidad en México.

A través de las redes sociales de la SCJN y con el hashtag #100Sentencias, se pueden identificar los precedentes resueltos por las ministras y ministros del Pleno, así como por la Primera y Segunda salas. Estas decisiones han protegido diversos derechos humanos reconocidos en el país, como el derecho a la igualdad y no discriminación, propiedad intelectual, libertad religiosa, salud, y libre desarrollo de la personalidad. También abordan derechos económicos, sociales y culturales, beneficiando a niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, migrantes, adultos mayores, pueblos originarios, comunidades afromexicanas y afrodescendientes, y la comunidad LGBTI+, entre otros.

La campaña no solo difunde los argumentos que sustentan cada decisión y el derecho protegido, sino que también relaciona estas sentencias con tesis aisladas y de jurisprudencia, proporcionando enlaces para consultar los expedientes completos.

“100 sentencias de La Corte” busca hacer accesibles estas decisiones tanto para especialistas en derecho como para el público en general, destacando los alcances y repercusiones de las decisiones del Máximo Tribunal del país en su historia reciente.

Claudia Sheinbaum, quien se perfila como la próxima presidenta de México, reveló este jueves los nombres de seis miembros clave de su futuro gabinete, marcando el inicio de la transición con el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.

El equipo anunciado incluye a académicos, activistas y colaboradores cercanos tanto de su tiempo como jefa de Gobierno de la Ciudad de México como de la administración federal actual, todos ellos alineados con la Cuarta Transformación promovida por López Obrador.

Entre los seleccionados destacan:

• Marcelo Ebrard, excompetidor de Sheinbaum por la candidatura presidencial de Morena, será el secretario de Economía.
• Rosaura Ruiz encabezará la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.
• Juan Ramón de la Fuente asumirá el cargo de secretario de Relaciones Exteriores.
• Alicia Bárcena, actual canciller, será la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
• Julio Berdegué se encargará de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
• Ernestina Godoy, reconocida por su labor en defensa de las mujeres, será la Consejera Jurídica.

Sheinbaum manifestó su orgullo por contar con este equipo, calificándolos como “mujeres y hombres de primera”, y adelantó que la próxima semana dará a conocer otros seis integrantes de su gabinete.

Marcelo Ebrard, por su parte, reafirmó su compromiso con la propuesta de prosperidad compartida de Sheinbaum y subrayó la importancia de fortalecer la relación comercial con Estados Unidos y la renovación del tratado con Estados Unidos y Canadá.

Ricardo Monreal, futuro coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, anunció que, tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial, el Legislativo propondrá profesionales para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta reforma, impulsada por Andrés Manuel López Obrador, establece que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial presenten listas de diez candidatos cada uno, de los cuales se seleccionarán los nuevos miembros mediante votación ciudadana.

“El proceso de selección de ministros, magistrados y jueces será un esfuerzo conjunto. Cada poder presentará diez perfiles y será responsable de sus propuestas”, explicó Monreal en una conferencia de prensa. Añadió que la mayoría legislativa analizará minuciosamente los perfiles para garantizar su profesionalismo, ética y honestidad.

Claudia Sheinbaum, quien se convertirá en la primera presidenta de México, aseguró que esta reforma, una de las veinte modificaciones constitucionales promovidas por López Obrador antes de finalizar su mandato, no implicará autoritarismo ni concentración de poder, como sostienen sus críticos. La propuesta de elección popular de los integrantes del Poder Judicial ha sido cuestionada por la oposición, que teme que afecte la democracia y la independencia de los poderes.

El nuevo Congreso, que se instalará en septiembre, tendrá un mes para aprobar esta reforma antes del cambio de presidencia.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha enviado a la Sala Superior del Tribunal Electoral ocho juicios relacionados con la elección presidencial, junto con informes que avalan la constitucionalidad y legalidad del proceso.

Entre los juicios presentados se encuentran cinco para la Protección de los Derechos Político-Electorales (JDC), interpuestos por Xóchitl Gálvez y cuatro ciudadanos adicionales. Además, se incluyen tres juicios de inconformidad: uno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), otro de la Coalición Fuerza y Corazón por México, y uno más de la ciudadana Enriqueta Flores.

Estos recursos, conforme a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, permiten denunciar posibles violaciones a los derechos político-electorales, incluyendo el derecho a votar y ser votado, ya sea por ciudadanos individuales o sus representantes legales.

Los juicios de inconformidad buscan asegurar la validez y legalidad de los resultados electorales para la Presidencia de la República, senadurías y diputaciones. Mediante estos juicios, los partidos políticos pueden cuestionar los resultados por errores aritméticos, nulidades en casillas, falta de instalación de casillas, o inelegibilidad de candidatos.

La Sala Superior del TEPJF tiene la autoridad para resolver, de manera definitiva e inapelable, las disputas que surjan de los juicios de inconformidad contra los cómputos distritales de la elección presidencial.

Hasta la fecha, el Sistema Integral de Medios de Impugnación registra 241 juicios de inconformidad contra los cómputos distritales de la elección presidencial, 517 relacionados con la elección de diputaciones y 405 sobre la elección de senadurías.

Ante las críticas de la oposición sobre una posible sobrerrepresentación de Morena en el poder legislativo, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha reafirmado su compromiso de asegurar el cumplimiento del principio de representación proporcional (RP). Este principio busca que la composición del Congreso de la Unión refleje fielmente la votación obtenida por cada partido político, garantizando así la representación de las minorías y la pluralidad política.

El INE detalló en un comunicado que la asignación de diputaciones por representación proporcional comenzará una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva todas las impugnaciones presentadas por los partidos políticos, lo cual se espera que ocurra a más tardar el 23 de agosto. Las 200 diputaciones de RP se eligen mediante el Sistema de Listas Regionales en cinco circunscripciones plurinominales, zonas integradas por varios estados y organizadas bajo el principio de paridad de género.

Para participar en la asignación de estas diputaciones, los partidos políticos deben obtener al menos el 3% de la votación válida emitida en cada circunscripción. En respuesta a las denuncias de sobrerrepresentación por parte de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), el INE recordó que el artículo 54 de la Constitución estipula límites claros para evitar la sobrerrepresentación. Si un partido excede las 300 diputaciones por ambos principios (mayoría relativa y representación proporcional) o si su porcentaje de curules supera en ocho puntos su votación nacional, se le restarán diputaciones de RP hasta ajustarse a los límites establecidos. Las diputaciones excedentes se asignarán a otros partidos.

Este procedimiento se detalló en el Acuerdo INE CG645/2023, publicado el 16 de enero en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En una entrevista con Aristegui Noticias, Jorge Alcocer acusó a Morena de diseñar una estrategia para eludir los topes constitucionales y alcanzar una mayoría, describiendo esto como un “fraude a la Constitución”. Según Alcocer, Morena transfiere curules a partidos pequeños para aparentar que estos diputados pertenecen a otros partidos, manteniendo una votación vaga para beneficiarse de las plurinominales.

Alcocer criticó al INE por no tomar medidas para impedir estas prácticas, acusándolos de “mirar para otro lado”. Recordó que en 2007 se cambió la ley para tratar a las coaliciones de manera individual, eliminando la transferencia de votos entre partidos, pero lamentó que las estrategias actuales de Morena burlan estos cambios legales.

Expertos en derecho constitucional, justicia y derechos humanos han examinado la propuesta de reforma judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que plantea la elección en urnas de jueces, magistrados y ministros. Aunque algunos apoyan la iniciativa, han solicitado salvaguardias para garantizar la idoneidad de los elegidos, peticiones que no fueron atendidas. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados no incluyó estas sugerencias en el proyecto de dictamen, mientras se prepara un nuevo parlamento abierto para discutir la reforma.

El presidente presentó 20 propuestas de reforma, 18 constitucionales y dos legales, el 5 de febrero, convocando 25 foros estatales y varios regionales y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). La Reforma Judicial se discutió en tres foros: el 18 de marzo en la Jucopo, el 21 de marzo en San Luis Potosí y el 18 de abril en Puebla, aunque en Yucatán el foro convocado no se realizó sin explicaciones.

De los 14 expositores convocados formalmente, cinco apoyaron la propuesta, sugiriendo modificaciones para mejorar el proceso de selección de juzgadores y protegerlos de influencias externas. Nueve expertos, incluyendo académicos y constitucionalistas, rechazaron la propuesta, alertando sobre posibles problemas de acceso a la justicia y la politización del sistema judicial. Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión dictaminadora, admitió que existe riesgo de injerencia de grupos ajenos en las elecciones judiciales, pero el proyecto de dictamen solo sugiere procurar la idoneidad de los perfiles sin establecer medidas concretas para evitar interferencias.

En los foros, académicos y exlegisladores del PRI, como Juan Manuel Crisanto Campos y César Augusto Santiago, destacaron la necesidad de una comisión evaluadora de aspirantes y propusieron la implementación de topes y fiscalización de campañas. Otros expertos, como Jaime Miguel Moreno Garavilla y Eduardo Andrade Sánchez, también expresaron su apoyo con ciertas condiciones, enfatizando la importancia de exámenes transparentes y valores éticos.

La reforma continúa generando debate y controversia, con opiniones divididas sobre su impacto y viabilidad en la mejora del sistema judicial mexicano.