Categoría: Elecciones

El Instituto Nacional Electoral (INE) no ha recibido una notificación formal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) respecto a las modificaciones en sus estatutos, informó la consejera del INE, Carla Humphrey.

Humphrey precisó que, según la legislación vigente, el PRI tiene un plazo de 10 días naturales para informar al INE sobre los cambios, contados desde el momento en que se realizaron. En este caso, la fecha límite es el 19 de julio. Posteriormente, el INE dispondrá de 30 días para evaluar la constitucionalidad y legalidad de las modificaciones.

“Es necesario que nos notifiquen para revisar varios aspectos: primero, para verificar si los cambios se ajustan a la Constitución y a la ley; segundo, para asegurar que el partido haya seguido las normas establecidas en sus propios estatutos, como la convocatoria en los tiempos adecuados y el respeto a los derechos de todos los militantes,” explicó Humphrey.

Xóchitl Gálvez, ex candidata de Fuerza y Corazón por México (PAN-PRI-PRD), ha presentado una denuncia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei. Gálvez acusa a Taddei de actuar de manera “parcial, constante y reiterada” en perjuicio de la oposición, según documentos obtenidos por Animal Político.

Gálvez, quien perdió las elecciones ante Claudia Sheinbaum de Morena por más de 30 puntos, sostiene que tanto el Gobierno como las instituciones electorales influenciaron significativamente en los resultados. Esta es la primera demanda contra el INE desde las elecciones de 2006.

Entre las acusaciones, Gálvez señala que Taddei realizó “diversas intervenciones y amenazas” contra las fuerzas políticas opositoras y sus simpatizantes. En mayo, Taddei pidió a los partidos no usar el color rosa, asociado con las protestas de la Marea Rosa, argumentando que es el mismo color del INE. Además, Gálvez acusa a Taddei de instar a los manifestantes a “ser prudentes”, supuestamente a petición de Morena, lo cual considera una coacción del derecho de reunión y una actitud negativa hacia la coalición PAN-PRI-PRD.

La denuncia de 1,764 páginas alega que las acciones del INE representaron “una intromisión directa en las elecciones” y un sesgo a favor de Morena. También critica a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE por atender solo el 15% de las quejas presentadas por la coalición opositora, calificando su actuación como deficiente y negligente.

El documento, presentado el 13 de junio, detalla otras acusaciones de Gálvez, como la supuesta intervención del crimen organizado en el proceso electoral, el uso de programas sociales por parte del Gobierno para ganar votos, y la injerencia de sindicatos. También señala que la Sala Superior del TEPJF no funcionaba plenamente debido a la falta de nombramientos de dos magistrados desde octubre de 2023, lo que generó incertidumbre jurídica.

El TEPJF deberá determinar la veracidad de las acusaciones. El tribunal ya había dictaminado el 13 de junio que el presidente López Obrador ejerció violencia política de género contra Gálvez en sus conferencias matutinas de 2023. Aunque Gálvez perdió las elecciones, busca que se reconozca en los tribunales que fue una “elección de Estado” debido a la “intervención” del Gobierno y del INE.

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “mentirosos” y “sin fundamento” a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tras la sanción impuesta por violencia política de género contra la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz.

Durante su conferencia matutina, el mandatario rechazó las acusaciones, afirmando que no existen pruebas en su contra. “No pueden castigarme por violencia de género, porque sencillamente están mintiendo,” declaró López Obrador.

El presidente argumentó que los magistrados actúan con sesgo conservador, señalando que estos organismos estaban anteriormente manejados por conservadores y reaccionarios, o por personas recomendadas. “Seguramente estos magistrados son del bloque conservador, porque así era antes, todos estos organismos estaban manejados por conservadores, reaccionarios o gente que llegaba ahí recomendada,” indicó.

López Obrador cuestionó la base de las acusaciones: “No hay pruebas de nada, tan es así que a ustedes les consta y les consta a todos los que ven la mañanera,” y preguntó retóricamente, “¿qué hice para ofender a la candidata Xóchitl Gálvez? En una ocasión hasta tergiversaron lo que aquí planteé. Se atrevieron a manipular lo que expresé.”

El presidente concluyó su declaración criticando a los magistrados por presuntas manipulaciones y corrupción, y negó haber presionado a la gente para que votaran a favor de la presidenta electa. “Ahora estos magistrados mentirosos, corruptos, sostienen que presionamos, que yo presioné a la gente para que votaran en favor de la presidenta electa, ¿dónde están las pruebas?” dijo López Obrador.

Claudia Sheinbaum Pardo, la virtual presidenta electa de México, sorprendió al anunciar solo un nuevo integrante de su gabinete, en lugar de los cuatro esperados. En un evento reciente, Sheinbaum presentó a Lázaro Cárdenas Batel como el nuevo jefe de la Oficina de la Presidencia, generando expectativa al dejar pendientes los nombramientos de las secretarías de Cultura, Turismo y Trabajo y Previsión Social.

Lázaro Cárdenas Batel, nacido el 2 de abril de 1964 en Jiquilpan, Michoacán, proviene de una prominente familia política mexicana. Es hijo de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y nieto del expresidente Lázaro Cárdenas del Río. Con una destacada trayectoria, Cárdenas Batel ha sido diputado federal, senador y gobernador de Michoacán (2002-2008), donde se enfocó en desarrollo social, infraestructura y seguridad. Posteriormente, ha continuado activo en la política y en proyectos académicos relacionados con el desarrollo en México y América Latina.

Sheinbaum destacó la experiencia y la relación de confianza que tiene con Cárdenas Batel, mencionando que su papel será clave en la coordinación de temas estratégicos y en las relaciones con diversos sectores. “Conozco a Lázaro desde hace muchos años, no solo somos compañeros y amigos, sino que ha ocupado cargos muy importantes que le permitirán coordinar nuestra oficina”, afirmó.

Los nombramientos pendientes para las secretarías de Cultura, Turismo y Trabajo serán revelados el próximo jueves 18 de julio, mientras que los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina se anunciarán a finales de septiembre.

Hasta ahora, los miembros confirmados del gabinete de Sheinbaum incluyen a:

• Secretaría de Gobernación (Segob): Rosa Icela Rodríguez
• Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): Juan Ramón de la Fuente
• Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC): Omar García Harfuch
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): Rogelio Ramírez de la O
• Secretaría del Bienestar: Ariadna Montiel Reyes
• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat): Alicia Bárcena Ibarra
• Secretaría de Energía (Sener): Luz Elena González
• Secretaría de Economía (SE): Marcelo Ebrard Casaubón
• Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader): Julio Berdegué Sacristán
• Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación: Rosaura Ruiz Gutiérrez
• Secretaría de la Función Pública (SFP): Raquel Buenrostro Sánchez
• Secretaría de Educación Pública (SEP): Mario Delgado
• Secretaría de Salud (Ssa): David Kershenobich Stalnikowitz
• Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu): Edna Elena Vega
• Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal: Ernestina Godoy Ramos
• Jefe de la Oficina de la Presidencia: Lázaro Cárdenas Batel

Así se vivió la presentación del gabinete presidencial de Claudia Sheinbaum, con más anuncios por venir en los próximos días.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó hoy que el presidente Andrés Manuel López Obrador coaccionó el voto de los ciudadanos antes del inicio del proceso electoral de 2024. Según el fallo, el presidente violó los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, utilizando indebidamente recursos públicos y programas sociales, promoviendo su imagen y difundiendo propaganda gubernamental en periodos prohibidos.

Xóchitl Gálvez, ex candidata presidencial de la coalición PAN-PRI-PRD, afirmó que esta resolución confirma la existencia de una “elección de Estado”. Las infracciones ocurrieron durante las conferencias matutinas del 9 y 11 de mayo de 2023, donde el presidente mencionó el “Plan C” y la necesidad de obtener una mayoría calificada en el Congreso para continuar con la transformación, comentarios que el Tribunal consideró como intentos de influir en las preferencias electorales a favor de Morena y en contra de otros partidos.

El Tribunal también responsabilizó a Claudia Sheinbaum, entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por apoyar los comentarios del presidente en una conferencia de prensa. Otros funcionarios señalados incluyen a Jesús Ramírez Cuevas, Sigfrido Barjau de la Rosa, Jenaro Villamil, Jessica Ramírez y Pedro Daniel Ramírez Pérez, por el uso indebido de recursos públicos en la difusión de las conferencias matutinas.

Aunque el Tribunal concluyó que Morena, PT y PVEM no obtuvieron beneficios indebidos de estas acciones, ya que no se demostró que tuvieran conocimiento previo y no actuaran para detenerlas, se declaró la responsabilidad del Presidente de la República, quien no puede ser sancionado por infracciones electorales, de acuerdo con los criterios de la Sala Superior del tribunal.

Amado Avendaño, comunicador y activista, acudió hoy al Instituto Nacional Electoral (INE) para aclarar una acusación relacionada con el supuesto financiamiento de un evento de la “Marea Rosa”, al que asistió la excandidata presidencial de oposición Xóchitl Gálvez en el Zócalo de la Ciudad de México. Avendaño, miembro del Frente Cívico Nacional, calificó la situación como una persecución política.

El INE notificó a Avendaño sobre una queja que lo acusa de haber proporcionado mobiliario y equipo para el evento del 19 de mayo, incluyendo un templete principal, torres de audio, consolas, plantas de luz, camiones de desemboque, personal de instalación, vallas metálicas, carpas blancas, vehículos para el traslado de equipo y un camper con baño.

El 8 de julio, Avendaño compartió el documento en la red social X, afirmando que la acusación se basaba en un video que subió a YouTube. “Este lunes recibí en mi domicilio un requerimiento del INE acusándome de que yo pagué el evento de la Marea Rosa el 19 de mayo”, escribió.

El INE, a través de su cuenta Certeza INE, aclaró que el requerimiento enviado a Avendaño no lo acusa de aportar bienes, sino que simplemente solicita su pronunciamiento sobre la queja. “La Unidad Técnica de Fiscalización no hace afirmación alguna ni acusa a Amado Avendaño de realizar aportaciones para la celebración de un evento público el 19 de mayo pasado”.

En respuesta, Avendaño afirmó que el INE tiene pruebas de que “el evento está comprobado en sus gastos y responsables” y acusó al instituto de parcialidad, señalando que la queja proviene de Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE.

En entrevistas con Ciro Gómez Leyva y Gabriela Warkentin, Avendaño explicó que tenía 48 horas para responder al requerimiento y que, de no hacerlo, podría enfrentar una multa de 54 mil pesos. Añadió que debía demostrar cómo se realizaron las aportaciones y justificó la publicación del video en YouTube diciendo que lo hizo “porque se me dio la gana”.

Esta mañana, Avendaño entregó su respuesta al INE, informando a través de un tuit acompañado de una fotografía suya en la entrada del instituto: “Acabo de entregar en la oficialía de partes del INE la respuesta al requerimiento que me hizo la Unidad Técnica de Fiscalización en la que me hace presunto responsable del financiamiento de cierre de campaña de Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada.

 

Hasta el momento, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no han sido invitados a participar en los diálogos sobre la reforma al Poder Judicial, organizados por la Cámara de Diputados desde hace dos semanas. No obstante, Mónica Soto, presidenta de la Sala Superior del TEPJF, confía en que eventualmente serán convocados para expresar sus opiniones.

En el Tercer Foro Nacional: El Abogado y el Legislador, organizado por el Senado, Soto fue cuestionada sobre la posible participación de los magistrados en estos diálogos nacionales, que se han desarrollado en varias entidades del país. “Por el momento no nos han convocado, estamos en línea de espera, supongo que sí estaremos por ahí presentes y esperaremos sobre ese momento para opinar al respecto”, indicó Soto. Al ser preguntada sobre la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular, prefirió no emitir su opinión.

Tribunal Electoral a la expectativa de impugnaciones contra el PRI

Mónica Soto también informó que el TEPJF está en espera de las impugnaciones contra la reforma de los estatutos del PRI, que permitirían a su dirigente, Alejandro Moreno, reelegirse hasta en dos ocasiones más, extendiendo su mandato hasta 2032. Soto subrayó que no pueden pronunciarse sobre casos susceptibles de llegar al tribunal hasta que las impugnaciones sean presentadas. “Hasta ahorita  p lazo máximo para esta tarea es el 6 de septiembre,  no tenemos ninguna impugnación”, aseguró.

En cuanto a la calificación de la elección presidencial, Soto recordó que el plazo máximo para esta tarea es el 6 de septiembre, aunque se está considerando que la resolución se realice antes. Esta decisión está siendo evaluada por una comisión especial encargada de sustanciar el expediente principal y la impugnación madre.

Un juez en Estados Unidos ha absuelto a Osvaldo Rodríguez Borunda, presidente y director general de El Diario de Juárez y El Diario de Delicias, en una demanda promovida por el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral. La decisión fue tomada por el juez Rubén P. Morales en El Paso, Texas, quien dictaminó que no había suficiente evidencia para proceder con el caso.

El juez Morales concedió una sentencia favorable a Rodríguez Borunda el pasado 28 de junio, según un comunicado de El Diario de Juárez. La sentencia sumaria fue otorgada debido a la evidente falta de pruebas por parte del demandante, Javier Corral Jurado, como parte de su “Operación Justicia”. En el documento oficial, se establece que “se concede la sentencia sumaria a favor del defensor Osvaldo Rodríguez Borunda con respecto a todos los reclamos del demandante”.

Rodríguez Borunda, quien siempre negó las acusaciones, declaró que “la verdad importa”. La demanda, según El Diario de Juárez, formaba parte de un litigio monetario iniciado por el Estado de Chihuahua en febrero de 2020 contra el exgobernador priista César Duarte Jáquez y varios de sus familiares. Rodríguez Borunda fue incluido en el caso un año después, en febrero de 2021, último año del mandato de Corral.

El comunicado de El Diario señala que la inclusión de Rodríguez Borunda en la demanda fue realizada por la firma de abogados Buzbee de Houston, especialistas en casos comerciales por accidente, sin pruebas concretas. Según fuentes oficiales del estado, la inclusión de Borunda se hizo sin el conocimiento o la autorización de ningún funcionario estatal, lo que sugiere que fue un intento de Corral para intimidar y limitar la libertad de expresión de El Diario.

Miembros del Consejo Directivo de El Diario calificaron la inclusión de Rodríguez Borunda como un intento infundado para desprestigiarlo. Afirmaron que Corral es conocido por intimidar y censurar a sus críticos, utilizando las leyes para promover sus intereses personales bajo la apariencia de defensor de la justicia. Durante su gobierno, El Diario se dedicó a exponer la verdad sobre su administración, según el comunicado.

Al finalizar el Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para dialogar sobre la reforma al Poder Judicial. Piña enfatizó que es crucial evitar que la búsqueda de justicia se convierta en una “pesadilla”.

En su discurso, Piña, también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), advirtió que la reforma, tal como está planteada, podría llevar a los cargos de ministro, juez o magistrado a personas populares, lo cual contradice el objetivo de la propia reforma y podría perpetuar lo que se busca eliminar. “No podemos optar por soluciones fáciles que pongan en riesgo la continuidad de la impartición de justicia en nuestro país”, subrayó. “Un poder judicial autónomo e independiente es esencial para la defensa de nuestra democracia”.

La ministra destacó la importancia de que tanto López Obrador como Sheinbaum consideren los hallazgos del encuentro para evaluar el impacto de la reforma no solo en la justicia, sino en el futuro del país.

Durante el evento, el diputado morenista Óscar Cantón Zetina, cercano a López Obrador y secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, tuvo un enfrentamiento con algunos participantes al insistir en que el pueblo había mandatado la reforma el 2 de junio. Las protestas de los asistentes manifestaron desacuerdo, a lo que Cantón Zetina respondió pidiendo respeto y defendiendo la exigencia popular para llevar a cabo la reforma propuesta por el presidente.

La reunión contó también con la presencia de Marcela Guerra, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y los ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Loretta Ortiz Ahlf. Asimismo, asistieron Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, y Adrián Alcalá y Blanca Lilia Ibarra, comisionados del INAI.