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El número de personas fallecidas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre, aumentó a 14 tras confirmarse la muerte de una pasajera que permanecía hospitalizada desde el día del accidente. La víctima fue identificada como Hilda Alcántara, mujer de 73 años de edad, cuyo deceso se registró la mañana de este jueves 1 de enero, de acuerdo con información confirmada por la Secretaría de Marina y la Secretaría de Gobernación.

Tras el siniestro ferroviario, Hilda Alcántara fue trasladada inicialmente a la Clínica Hospital de Tehuantepec del ISSSTE, donde recibió atención médica especializada debido a la gravedad de las lesiones sufridas. En ese centro hospitalario, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acudió la tarde del lunes para sostener un encuentro con familiares de las víctimas del accidente.

Posteriormente, la paciente fue referida a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional del IMSS-Bienestar, donde fue sometida a diversas intervenciones quirúrgicas de urgencia como consecuencia de las heridas provocadas por el descarrilamiento. Pese a los esfuerzos médicos, su estado de salud se mantuvo crítico hasta que se confirmó su fallecimiento.

En un comunicado oficial, la Secretaría de Marina expresó: “Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a sus familiares y seres queridos. Nos mantenemos en coordinación con las autoridades competentes para la atención integral”. La dependencia reiteró que continúa el trabajo conjunto entre instancias federales para brindar acompañamiento a las personas afectadas por este hecho.

De acuerdo con los reportes oficiales, 13 personas perdieron la vida en el lugar del accidente, mientras que más de 100 resultaron lesionadas. Al 29 de diciembre, se mantenía el registro de 34 personas hospitalizadas, entre ellas Hilda Alcántara, quien se encontraba en estado grave.

Entre las víctimas mortales se encuentran menores de edad y adultos mayores. Las autoridades identificaron a Elena, de seis años; Luisa Camila, de 15; así como al periodista Israel Enrique Gallegos Soto. También figuran en la lista de personas fallecidas María Antonia Rosales Mendoza, de 58 años; Bersain Cruz López, de 65; María Concepción Barbosa Acevedo, de 65; Inés Alvarado Rojas, de 57; Amada Rasgado Lázaro, de 70; Patricia Medina Pérez, de 49; María Luisa Pasaron González, de 66; Raúl López Cruz, de 67; Rogelio Alfonso Luna Luna, de 63, y Honoria Medina Pérez, de 56 años.

En el ámbito de la atención a las víctimas, la presidenta Claudia Sheinbaum informó este lunes que se otorgará un apoyo económico inicial de 30 mil pesos tanto a las familias de las personas fallecidas como a quienes resultaron heridas. Asimismo, precisó que el proceso de reparación del daño se llevará a cabo a través de la aseguradora correspondiente al Tren Interoceánico, conforme a los procedimientos establecidos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó públicamente a la Fiscalía General del Estado de Veracruz explicar con claridad la detención del periodista Rafael León Segovia, así como los motivos por los que se le imputó el delito de terrorismo, una figura penal que, de acuerdo con la mandataria, no cuenta con antecedentes de uso en casos relacionados con el ejercicio periodístico en el país.

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes, Sheinbaum cuestionó de manera directa la decisión de la autoridad estatal de recurrir a ese tipo penal. “No sé por qué la fiscalía usa el delito de terrorismo y en todo caso tendría que explicarlo la fiscalía de Veracruz”, señaló ante medios de comunicación. En ese mismo espacio, reiteró su rechazo al uso de dicho término para acusar a un comunicador, al subrayar que “nunca” se han presentado señalamientos de esa naturaleza en contextos similares.

La presidenta insistió en que corresponde exclusivamente a la fiscalía estatal detallar los fundamentos jurídicos del caso. “Tiene que explicar la fiscalía por qué usa este delito”, expresó, al tiempo que remarcó que la libertad de expresión debe prevalecer como un principio fundamental, especialmente en un entorno donde la labor periodística enfrenta riesgos constantes. México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina y a nivel mundial, lo que ha generado preocupación recurrente entre organizaciones y defensores de derechos humanos.

Sheinbaum también hizo énfasis en la necesidad de diferenciar con precisión cualquier conducta ilícita del trabajo informativo. Señaló que, si existiera un delito comprobado, este debe ser plenamente acreditado y no guardar relación alguna con el ejercicio del periodismo. “Si hay un delito que haya cometido esta persona, aun cuando sea periodista, o sea un delito probado real, pues en todo caso tiene que explicarlo también la fiscalía, que no tenga que ver evidentemente con su trabajo de periodismo”, afirmó.

En su posicionamiento, la mandataria enumeró tres puntos que, a su juicio, deben ser aclarados por la autoridad de Veracruz: primero, el motivo por el cual se recurre a un delito que, dijo, no se ha utilizado previamente en México; segundo, la obligación de garantizar la libertad de expresión por encima de cualquier otra consideración; y tercero, la explicación puntual de los cargos en caso de que el comunicador esté detenido por algún delito ajeno a su labor periodística.

Rafael León Segovia, conocido públicamente como “Lafita León”, fue detenido por agentes de la Policía Ministerial con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado de Veracruz lo imputó como presunto responsable de los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.

La detención generó una reacción inmediata por parte de la organización Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el acceso a la información, la cual condenó enérgicamente el caso. En un pronunciamiento público, la organización advirtió que situaciones como esta producen un efecto inhibidor para el periodismo, sobre todo en contextos marcados por altos niveles de violencia y la presencia de redes de macrocriminalidad. Asimismo, señaló que el uso del sistema penal como represalia por la labor periodística constituye un abuso incompatible con los principios de una democracia.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó públicamente a la Fiscalía General del Estado de Veracruz explicar con claridad la detención del periodista Rafael León Segovia, así como los motivos por los que se le imputó el delito de terrorismo, una figura penal que, de acuerdo con la mandataria, no cuenta con antecedentes de uso en casos relacionados con el ejercicio periodístico en el país.

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes, Sheinbaum cuestionó de manera directa la decisión de la autoridad estatal de recurrir a ese tipo penal. “No sé por qué la fiscalía usa el delito de terrorismo y en todo caso tendría que explicarlo la fiscalía de Veracruz”, señaló ante medios de comunicación. En ese mismo espacio, reiteró su rechazo al uso de dicho término para acusar a un comunicador, al subrayar que “nunca” se han presentado señalamientos de esa naturaleza en contextos similares.

La presidenta insistió en que corresponde exclusivamente a la fiscalía estatal detallar los fundamentos jurídicos del caso. “Tiene que explicar la fiscalía por qué usa este delito”, expresó, al tiempo que remarcó que la libertad de expresión debe prevalecer como un principio fundamental, especialmente en un entorno donde la labor periodística enfrenta riesgos constantes. México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina y a nivel mundial, lo que ha generado preocupación recurrente entre organizaciones y defensores de derechos humanos.

Sheinbaum también hizo énfasis en la necesidad de diferenciar con precisión cualquier conducta ilícita del trabajo informativo. Señaló que, si existiera un delito comprobado, este debe ser plenamente acreditado y no guardar relación alguna con el ejercicio del periodismo. “Si hay un delito que haya cometido esta persona, aun cuando sea periodista, o sea un delito probado real, pues en todo caso tiene que explicarlo también la fiscalía, que no tenga que ver evidentemente con su trabajo de periodismo”, afirmó.

En su posicionamiento, la mandataria enumeró tres puntos que, a su juicio, deben ser aclarados por la autoridad de Veracruz: primero, el motivo por el cual se recurre a un delito que, dijo, no se ha utilizado previamente en México; segundo, la obligación de garantizar la libertad de expresión por encima de cualquier otra consideración; y tercero, la explicación puntual de los cargos en caso de que el comunicador esté detenido por algún delito ajeno a su labor periodística.

Rafael León Segovia, conocido públicamente como “Lafita León”, fue detenido por agentes de la Policía Ministerial con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado de Veracruz lo imputó como presunto responsable de los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.

La detención generó una reacción inmediata por parte de la organización Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el acceso a la información, la cual condenó enérgicamente el caso. En un pronunciamiento público, la organización advirtió que situaciones como esta producen un efecto inhibidor para el periodismo, sobre todo en contextos marcados por altos niveles de violencia y la presencia de redes de macrocriminalidad. Asimismo, señaló que el uso del sistema penal como represalia por la labor periodística constituye un abuso incompatible con los principios de una democracia.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, difundió un mensaje con motivo de la Navidad dirigido al pueblo mexicano, en el que deseó una feliz Nochebuena y una feliz Navidad a las familias del país, además de recordar que no se realizarán conferencias matutinas durante el resto de la semana. El mensaje fue compartido a través de sus redes sociales, previo a la celebración del 24 de diciembre.

Acompañada por su esposo, Jesús María Tarriba, la titular del Ejecutivo federal dirigió palabras en las que destacó valores como la esperanza, el amor y la fraternidad, al señalar que estas cualidades están presentes en cada rincón del país durante esta noche. En su mensaje, Sheinbaum subrayó el significado de las reuniones familiares y las tradiciones que caracterizan a la sociedad mexicana.

“A todas las familias mexicanas les deseamos una feliz Nochebuena y feliz Navidad. Sabemos que esta noche, en cada rincón del país, hay siempre esperanza. Hay amor y esa fraternidad que compartimos como mexicanos”, expresó la mandataria. Añadió que México es un país que sabe reunirse alrededor de la mesa y convertir lo sencillo en celebración, destacando la convivencia, la palabra compartida y los recuerdos familiares.

Durante su mensaje, la presidenta también hizo un reconocimiento a madres, padres, abuelas y abuelos, a quienes agradeció las enseñanzas transmitidas a lo largo de generaciones. Asimismo, dedicó palabras a niñas y niños, a quienes señaló como un recordatorio permanente de las razones para seguir adelante.

Sheinbaum Pardo mencionó de manera específica a las personas que pasarán estas fechas lejos de casa, así como a quienes continúan trabajando para el bienestar de otros, incluyendo a paisanos en el extranjero, integrantes de las Fuerzas Armadas, policías, bomberos, trabajadores del transporte y otros sectores esenciales. En ese contexto, afirmó que en México existe una forma de acompañarse incluso a la distancia.

La mandataria también destacó la riqueza cultural del país y llamó a recordar que lo más importante durante estas fechas no es lo material, sino el amor por la familia, por los demás y por México. Su esposo, Jesús María Tarriba, participó con un breve mensaje en el que deseó a las familias mexicanas una Navidad en paz y unión.

En cuanto a su agenda, se informó que la presidenta tomará unos días de descanso y pasará la Navidad en Acapulco, acompañada de su familia. Posteriormente, regresará a la Ciudad de México durante el fin de semana para retomar las conferencias matutinas en el Salón Tesorería de Palacio Nacional el lunes 29 de diciembre.

Desde días previos, Sheinbaum había confirmado la suspensión de las Mañaneras del Pueblo los días 24 y 25 de diciembre, así como el 1 y 2 de enero, medida que incluye una pausa en el diálogo con medios de comunicación. El anuncio fue realizado el 15 de diciembre, cuando señaló que las fiestas decembrinas las compartiría en familia. Este 2025 marca la segunda Navidad de Claudia Sheinbaum como presidenta de México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la incorporación de volúmenes de agua provenientes de otras cuencas del norte del país, incluido el río San Juan en Nuevo León, para cumplir con los compromisos internacionales de agua con Estados Unidos se realizó bajo un esquema de impacto reducido para el sector agrícola nacional. La mandataria afirmó que las medidas adoptadas generan una afectación mínima para los productores de la franja fronteriza.

Las declaraciones fueron emitidas durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, luego de que el gobierno federal anunciara la aplicación de acciones extraordinarias para atender las entregas de agua del río Bravo a Estados Unidos, conforme a lo establecido en el Tratado de Aguas de 1944. Este anuncio se dio en un contexto de presión por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, quien advirtió sobre un posible incremento de aranceles ante el incumplimiento del acuerdo.

Sheinbaum explicó que el diseño del esquema se realizó en coordinación con los gobernadores de las entidades del norte del país, entre ellas Coahuila, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua y Nuevo León. El objetivo, dijo, fue distribuir los volúmenes necesarios mediante el uso de otras cuencas, de manera que se atendiera la deuda hídrica sin comprometer de forma significativa las actividades productivas.

“Se buscó resarcir con aguas de otras cuencas que permitieran atender el tema de la deuda de agua. Todos estuvieron de acuerdo y eso nos va a permitir que la afectación sea mínima. Prácticamente, no hay afectación a los agricultores del norte de México. Creo que fue un buen acuerdo”, señaló la presidenta.

Un día antes, el gobierno federal informó que las acciones extraordinarias se ajustan a las disposiciones del propio tratado y a sus actas 234 y 331, considerando la disponibilidad actual en la cuenca mexicana del río Bravo. Entre estas medidas se encuentra la entrega de volúmenes del río San Juan, operación que se llevará a cabo tomando en cuenta las limitaciones operativas y priorizando tanto el uso agrícola en México como el consumo humano.

Sheinbaum subrayó que el procedimiento es legal y cuenta con antecedentes en administraciones anteriores. “Nosotros no hacemos nada ilegal (…) En otras épocas también se ha hecho”, indicó, al precisar que el esquema fue presentado a Estados Unidos en una mesa de negociación y que su aplicación será transparente.

Como parte del acuerdo, la presidenta adelantó que se reforzarán las inversiones de la Comisión Nacional del Agua en sistemas de riego eficiente y en estrategias orientadas a reducir el consumo hídrico en el campo, con el objetivo de elevar la productividad, incluyendo la sustitución de cultivos de alto consumo por otros de menor demanda de agua.

Según lo establecido, México deberá liberar un volumen de 249 mil 163 millones de metros cúbicos de agua, con entregas programadas a partir de la semana del 15 de diciembre y la meta de concluir el plan antes del 31 de enero de 2026. El Tratado de Aguas de 1944 contempla que Estados Unidos entregue anualmente a México mil 850 millones de metros cúbicos del río Colorado, mientras que México debe aportar 2 mil 185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que antes de iniciar su gobierno consultó a Manuel Bartlett sobre posibles perfiles femeninos para relevarlo en la dirección general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La revelación se dio durante la inauguración de la central de ciclo combinado “El Sauz II”, ubicada en el municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, ante trabajadores de la empresa productiva del Estado.

Durante su mensaje, la mandataria explicó que, tras ganar la Presidencia, expresó su intención de que la CFE fuera encabezada por una mujer y solicitó a Bartlett propuestas concretas. Señaló que uno de los criterios centrales fue que la persona designada se hubiera formado dentro de la propia Comisión y no proviniera de fuera de la institución. Bartlett, según relató, le presentó varios nombres, los cuales fueron evaluados mediante entrevistas previas a la decisión final.

Sheinbaum detalló que, tras ese proceso, eligió a Emilia Esther Calleja, a quien describió como una mujer honesta, profesionista y trabajadora, con una trayectoria construida desde los niveles iniciales dentro de la CFE. Indicó que, tras conocerla y revisar su perfil, consideró que era la persona adecuada para encabezar la empresa, responsabilidad que asumió formalmente el 12 de agosto de 2024.

Emilia Calleja, presente en el acto, cuenta con más de 21 años de experiencia dentro de la Comisión Federal de Electricidad y se convirtió en la primera mujer en ocupar la dirección general de la paraestatal. Su nombramiento marcó un hecho histórico en la estructura directiva de la empresa eléctrica del Estado.

Al inicio de su intervención, la presidenta destacó su vínculo personal y profesional con la CFE, al señalar que gran parte de su trayectoria académica estuvo ligada a temas de planeación energética. Recordó que durante años fue investigadora y profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde su línea de trabajo estuvo enfocada precisamente en el sector energético.

Sheinbaum también compartió que durante un periodo combinó su labor académica con un empleo en la Comisión Federal de Electricidad. Explicó que, en una etapa en la que los ingresos de los académicos eran limitados y aún no existían estímulos consolidados como el Sistema Nacional de Investigadores, trabajó simultáneamente en la UNAM y en la CFE. En la empresa eléctrica, se desempeñó en la Gerencia de Estudios Económicos, donde realizó análisis sobre los usos finales de la energía eléctrica y estrategias para mejorar la eficiencia de la demanda.

En el mismo evento, la presidenta recordó que la central de ciclo combinado “El Sauz II” fue un proyecto iniciado durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Precisó que el anuncio de su construcción se realizó el 20 de diciembre de 2019, fecha que coincidió con el día de la inauguración, de acuerdo con información proporcionada por la directora general de la CFE.

Cabe señalar que el 30 de septiembre pasado, durante una conferencia matutina, Sheinbaum declaró que Manuel Bartlett debía explicar el fraude electoral de 1988 relacionado con la llamada “caída del sistema”, en perjuicio del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, un episodio histórico que ha marcado la vida política del país.

El empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas, respondió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de que la mandataria solicitara públicamente el pago de adeudos fiscales por 51 mil millones de pesos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El posicionamiento del empresario se dio después de que el tema fuera expuesto durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

En su respuesta, Salinas Pliego afirmó que su intención es concluir el diferendo que mantiene con el gobierno federal. “Nuestro objetivo es cerrar este capítulo y dar por concluidas las diferencias con el gobierno; por nuestra parte siempre ha existido disposición para encontrar una solución”, expresó. Añadió que su postura no ha sido la confrontación, sino la búsqueda de certidumbre jurídica y de un marco de legalidad claro que permita resolver de manera definitiva los asuntos pendientes y sus implicaciones.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum exhortó al empresario a cubrir los adeudos fiscales señalados por la autoridad hacendaria. El llamado se realizó en el contexto de las revisiones fiscales y del cumplimiento de resoluciones judiciales relacionadas con empresas del grupo empresarial.

A través de su cuenta en la red social X, Salinas Pliego reiteró que cumplirá con las obligaciones fiscales que legalmente le correspondan. En ese mismo mensaje, sostuvo que durante el periodo en el que se ha desarrollado la controversia, sus empresas han entregado al fisco más de 285 mil millones de pesos. Precisó que las diferencias se centran en la aplicación de pérdidas fiscales correspondientes a los ejercicios de 2008 a 2013, las cuales, indicó, fueron consideradas improcedentes por jueces.

Este intercambio ocurre en un contexto marcado por recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El pasado 19 de septiembre, el máximo tribunal determinó que Elektra del Milenio, empresa vinculada a Salinas Pliego, debe pagar más de 67 millones de pesos en adeudos fiscales, equivalentes a aproximadamente 3.65 millones de dólares. La decisión se suma a otros fallos adversos para el conglomerado.

Días antes, el Pleno de la SCJN desechó siete amparos promovidos por Elektra y TV Azteca, lo que mantiene vigente la obligación de cubrir alrededor de 48 mil millones de pesos. En ese mismo proceso, con seis votos a favor, los ministros aprobaron el proyecto presentado por la ministra Lenia Batres en el amparo directo en revisión 3842/2024.

En dicha resolución se estableció que el SAT tiene facultades para fiscalizar de manera directa a empresas individuales que forman parte de un grupo que declara de forma consolidada, criterio que refuerza la capacidad de la autoridad fiscal para revisar y determinar adeudos dentro de grandes conglomerados empresariales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que su gobierno mantiene una posición firme en contra de cualquier forma de intervención extranjera y confirmó que el país estará dispuesto a colaborar en lo que esté a su alcance frente al aumento de la tensión entre Venezuela y Estados Unidos. La mandataria subrayó que esta postura se sustenta en los principios constitucionales de política exterior y en el respeto a la soberanía de las naciones.

Durante una conferencia de prensa realizada este viernes, Sheinbaum enfatizó que la actuación de su administración se rige por la Constitución y por una tradición diplomática que privilegia la no injerencia y la solución pacífica de los conflictos. En ese contexto, señaló que México mantiene disposición para contribuir, dentro de sus capacidades, a la búsqueda de salidas que eviten una escalada mayor en la relación entre Washington y Caracas. “Lo que pueda ayudar México, como lo ha hecho siempre, ahí vamos a estar”, expresó.

Las declaraciones se producen en un escenario internacional marcado por mensajes recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en torno a Venezuela. Tres días antes, la presidenta mexicana había hecho un llamado a la Organización de las Naciones Unidas para atender la situación entre ambos países, tras advertencias públicas del mandatario estadounidense sobre un despliegue militar en la región.

En esa ocasión, Sheinbaum planteó la necesidad de recurrir al diálogo como vía para resolver las diferencias y reiteró su desacuerdo con cualquier tipo de intervención externa. La jefa del Ejecutivo mexicano precisó que, independientemente de las valoraciones políticas sobre el gobierno venezolano o sobre la presidencia de Nicolás Maduro, la posición histórica de México se mantiene invariable. “Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la presidencia de —Nicolás— Maduro, más allá de eso, la posición de México siempre debe ser no a la intervención, no a la injerencia extranjera, solución pacífica de los conflictos y diálogo por la paz”, afirmó.

El contexto inmediato de estas declaraciones incluye pronunciamientos realizados por Trump el pasado 16 de diciembre. Ese día, el presidente estadounidense aseguró que Venezuela se encuentra “rodeada” por lo que describió como “la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica”. En el mismo mensaje, advirtió que la presión continuaría hasta que, según sus palabras, se devuelvan a Estados Unidos “todo el petróleo, las tierras y otros activos” que consideró previamente sustraídos.

Posteriormente, en una entrevista con NBC News, Trump indicó que la posibilidad de un conflicto armado con Venezuela sigue sobre la mesa. En esa conversación, también señaló que su administración contempla nuevas incautaciones de petroleros en zonas cercanas a aguas venezolanas, lo que incrementó la atención internacional sobre el rumbo de la relación bilateral.

Frente a este panorama, el gobierno mexicano reiteró su apego a los principios de política exterior que promueven la soberanía, el respeto entre Estados y la búsqueda de soluciones mediante mecanismos pacíficos, en un momento de alta sensibilidad en el ámbito regional e internacional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó formalmente al Senado de la República autorización para permitir el ingreso temporal de personal militar de Estados Unidos con el objetivo de impartir cursos de capacitación a la Secretaría de Marina. La petición contempla la entrada al país de 29 elementos de fuerzas especiales estadounidenses entre el 12 de enero y el 15 de abril de 2026.

De acuerdo con el oficio enviado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la delegación estaría integrada por 19 elementos de los Navy Seal’s y diez integrantes del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de Estados Unidos. El documento precisa que el personal ingresaría a territorio mexicano con armamento, transportado a bordo de una aeronave militar Hércules C-130 de la Fuerza Aérea estadounidense.

La solicitud presidencial señala que la participación del personal extranjero se enmarca en el “evento emergente denominado Mejorar la capacidad de las fuerzas de operaciones especiales”, el cual se desarrollará del 19 de enero al 15 de abril de 2026. El objetivo central del programa es fortalecer las capacidades operativas de las unidades navales especiales de México, además de reforzar la cooperación militar bilateral y promover programas integrales de adiestramiento mediante tareas individuales y colectivas.

El plan de trabajo establece que las actividades de capacitación se realizarán en diversas instalaciones estratégicas de la Marina mexicana. Entre ellas se encuentran el Cuartel General de la Unidad de Operaciones Especiales en Donato Guerra, Estado de México; el Centro de Capacitación Especializado de Infantería de Marina (CENCAEIM), ubicado en Champotón, Campeche, así como el Mando Naval de Ciudad del Carmen, también en Campeche.

El documento destaca que la capacitación representa una oportunidad relevante para homologar criterios operativos y compartir conocimientos derivados de la experiencia práctica de ambas fuerzas. “La capacitación constituye una ocasión de alto valor para alinear criterios operativos e intercambiar conocimientos, consolidando una perspectiva compartida y aptitudes que se complementen ante los retos de seguridad”, se detalla en la solicitud.

El calendario de actividades contempla cuatro fases. La primera se desarrollará del 19 de enero al 11 de febrero de 2026 y estará enfocada en operaciones terrestres. La segunda fase, del 16 de febrero al 6 de marzo, abordará operaciones aeromóviles. Posteriormente, del 9 al 20 de marzo, se retomarán las operaciones terrestres, mientras que la última etapa, del 23 de marzo al 15 de abril, se centrará en operaciones marítimas.

En caso de obtener la autorización legislativa, la aeronave estadounidense aterrizaría el 12 de enero de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Toluca, mismo punto desde el cual la delegación retornaría a su país el 15 de abril del mismo año.

La solicitud subraya que el artículo 76, fracción III, de la Constitución otorga al Senado la facultad exclusiva de autorizar al Ejecutivo federal el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional. El oficio fue turnado a la Cámara de Senadores por la presidenta de la Comisión Permanente, Kenia López.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que hasta el momento no existen elementos que vinculen a Alex Tonatiuh Márquez Hernández, exdirector de Investigación de Aduanas, con el caso conocido como “huachicol” fiscal. La mandataria precisó que, de acuerdo con la información disponible, el exfuncionario colaboró con las autoridades al proporcionar datos relevantes que permitieron detectar movimientos irregulares relacionados con pipas localizadas en el puerto de Tampico, en el estado de Tamaulipas.

Durante su conferencia, Sheinbaum explicó que la participación de Márquez Hernández consistió en aportar información inicial sobre la presencia de un buque y las unidades detectadas en dicho puerto, lo que dio origen a una investigación más amplia encabezada por personal de la Secretaría de Marina. Este proceso de indagatoria, señaló, continúa en curso y se mantiene bajo seguimiento de las autoridades competentes.

“Este entonces funcionario público ayudó a dar información sobre el buque que se encontró en Tampico, de donde viene toda la investigación que derivó en personal de la Secretaría de Marina y que continúa esta investigación”, expresó la presidenta al referirse al contexto en el que surgió el caso.

Sheinbaum detalló que la decisión de separar a Alex Tonatiuh Márquez de su cargo no fue tomada por la Presidencia, sino que correspondió directamente al titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Marín Mollinedo. De acuerdo con lo expuesto, el relevo se realizó conforme a los procedimientos internos y con el conocimiento del propio exdirector.

En este marco, la presidenta subrayó que cualquier posible indagatoria administrativa o señalamiento en contra del exfuncionario deberá ser comunicada y, en su caso, conducida por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, instancia responsable de evaluar la actuación de servidores públicos cuando existen denuncias, quejas o información derivada de notas periodísticas.

“Si hay alguna queja o noticia, siempre se hacen investigaciones, pero finalmente tomó la decisión el director de aduanas de relevarlo de su cargo y él estuvo de acuerdo”, puntualizó Sheinbaum al referirse al proceso seguido.

Al ser consultada sobre el desempeño de Alex Tonatiuh Márquez durante su gestión, la presidenta reiteró que corresponde exclusivamente a las autoridades competentes analizar su actuación, con base en los procedimientos administrativos establecidos y los resultados de las investigaciones que, en su caso, se determinen.

Sheinbaum enfatizó la importancia de que la información relacionada con este caso sea conocida de manera clara y sustentada, y reiteró que cualquier señalamiento deberá estar respaldado por investigaciones formales, conforme a las normas vigentes y a las atribuciones de las instancias responsables.