Empleados del Poder Judicial de la Federación han decidido desconocer al secretario general del Sindicato del PJF, Jesús Gilberto González Pimentel, y han anunciado la creación de una nueva coalición llamada “32 Circuitos Unidos”. Este grupo tiene como objetivo defender la independencia judicial, la división de poderes y los derechos laborales de sus integrantes, en respuesta a la reciente aprobación de la reforma judicial.

La coalición está conformada por empleados de base y de confianza, quienes aseguran tener representación en los 32 circuitos judiciales del país, según se detalla en un documento que ha circulado entre el personal.

En dicho comunicado, los trabajadores disidentes solicitan al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), presidido por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, que dialogue directamente con “32 Circuitos Unidos” en lo referente a sus condiciones laborales y derechos, ignorando a los dirigentes nacionales de los sindicatos oficiales.

El documento enfatiza que cualquier decisión o mesa de trabajo sobre la revisión de sus derechos y condiciones laborales debe incluir a esta nueva coalición y no a los líderes sindicales reconocidos por el oficialismo. Los miembros de “32 Circuitos Unidos” consideran que González Pimentel, al frente del sindicato mayoritario, ha fallado en representar sus intereses, apoyando la Reforma Judicial sin tener en cuenta las preocupaciones de sus agremiados.

Esta inconformidad ha sido expresada a través de múltiples declaraciones públicas y escritos, en los que los trabajadores del Poder Judicial denuncian que González Pimentel ha adoptado una postura cercana al gobierno, lo que ha generado descontento dentro del sindicato.

El presidente Andrés Manuel López Obrador está a punto de realizar su sexto y último Grito de Independencia, un evento que coincidirá con la reciente aprobación de la reforma al Poder Judicial, la cual podría consolidarse como su último gran logro de su mandato.

En esta ocasión, el festejo tendrá un componente especial: la presencia de Claudia Sheinbaum, presidenta electa y sucesora de López Obrador. Será la primera vez que un presidente en funciones comparte este momento histórico con su sucesor, lo que eleva las expectativas al ser un símbolo del cierre de un ciclo gubernamental antes del inicio de una nueva etapa política en México.

Se anticipa un Zócalo repleto de asistentes, quienes disfrutarán además de un espectáculo musical encabezado por la Banda MS, invitada de honor para el evento. López Obrador ha confirmado que este año agregará dos nuevas “vivas” a las tradicionales arengas del Grito de Independencia, lo que ha generado aún más interés en la ceremonia.

El programa de la noche comenzará con la participación de la Banda Mixe de Oaxaca y mariachis, dando paso a la presentación de la Banda MS a las 22:00 horas. Una hora más tarde, en punto de las 23:00, el presidente saldrá al balcón de Palacio Nacional para hacer sonar la histórica campana de Dolores, un momento esperado por miles de personas que se congregarán en la Plaza de la Constitución.

Más de 30 mil personas de diversas religiones se congregaron en la capital de Chiapas para exigir el cese de la violencia provocada por el crimen organizado. “¡Alto al crimen organizado! ¡Alto a los desplazamientos forzados! ¡Alto a los asesinatos!”, fueron algunas de las consignas que resonaron en esta movilización convocada por las tres Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. La marcha-peregrinación reunió a indígenas de la región selva y Altos, así como a mestizos de la costa y el centro del estado, quienes marcharon en unidad para denunciar la violencia creciente.

El objetivo de la manifestación fue visibilizar el impacto del crimen organizado, que ha sembrado el terror en varios municipios de Chiapas debido a la lucha por el control del territorio. “Nuestra peregrinación busca hacer visibles a las víctimas, tanto a quienes han huido de sus comunidades como a quienes han sido asesinados por oponerse a los criminales”, explicaron los organizadores.

Durante la marcha, se recordó a las 11 personas del Ejido Nuevo Morelia, en el municipio de Chicomuselo, quienes fueron asesinadas el 11 de mayo por uno de los grupos criminales que opera en la región, luego de negarse a colaborar y denunciar la explotación ilegal de una mina. Esta masacre no es un caso aislado; en otros municipios como Ocosingo, Monte Ordóñez y Bejucal de Ocampo, también se han reportado ataques similares.

La movilización concluyó en la catedral de la capital, luego de recorrer más de 10 kilómetros. Allí, se rindió homenaje a quienes han abandonado sus hogares para escapar de la violencia y al creciente número de personas desaparecidas. Los participantes denunciaron que el conflicto no solo se debe a la lucha por el control de rutas de drogas, sino también a los intereses de megaproyectos que buscan explotar los recursos naturales de las comunidades, como la minería, el petróleo y la privatización del agua.

El obispo Rodrigo Aguilar Martínez condenó la inacción de las autoridades, señalando que esta situación ha sido promovida por la complicidad y la indiferencia. “Esta realidad es un grito que llega hasta Dios, quien reprocha el silencio cómplice y el probable contubernio de quienes no han actuado”, afirmó.

Los manifestantes exigieron a los gobiernos federal, estatal y municipal que garanticen la seguridad de la población, desarmen a los grupos criminales y restauren el estado de derecho. Además, enfatizaron la urgencia de recuperar los territorios dominados por el crimen para que las familias puedan regresar a sus tierras y vivir en paz.

Finalmente, advirtieron que la historia juzgará a quienes han permitido esta situación: “¡La sangre de los inocentes muertos por su indiferencia los perseguirá!”, sentenció el obispo Aguilar Martínez, llamando a las autoridades a actuar antes de que sea demasiado tarde.

Un Tribunal Colegiado decidió suspender la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF) mientras un juez de Distrito evalúa si concede una suspensión definitiva a una organización civil que impugnó el dictamen aprobado por el Congreso. Esta decisión responde a un recurso de queja interpuesto por dicha organización, que se opone a la entrada en vigor de la reforma.

Los magistrados, en una votación unánime, declararon procedente la queja presentada por la Fundación Iris, organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos. El recurso fue presentado como parte de un amparo que buscaba detener la discusión y aprobación de la reforma en las Cámaras de Diputados y Senadores.

Ante esto, el Tribunal consideró necesario modificar la resolución emitida previamente por el juez de Distrito, otorgando una medida cautelar a la asociación. La razón es que la publicación y aplicación de la reforma judicial podría causar daños irreversibles. Según los magistrados, es indispensable que las autoridades se abstengan de continuar con los procedimientos legislativos relacionados con la reforma, tanto en las cámaras federales como en las legislaturas estatales, especialmente en lo que respecta al Poder Judicial.

Además, en caso de que el proceso de reforma constitucional continúe y sea aprobado, el Tribunal ha ordenado que el decreto correspondiente no sea publicado en el DOF. Los magistrados argumentaron que la intención de la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es eliminar el Poder Judicial de la Federación tal como fue establecido originalmente en la Constitución.

Por otro lado, el Tribunal desestimó la solicitud de la Fundación Iris de pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que interviniera en el caso, ya que consideraron que el asunto debía resolverse dentro del plazo legal de 48 horas y no requería la atracción de la SCJN.

El penalista Juan Velázquez advirtió que el gobierno probablemente publicará la reforma a pesar de la orden de suspensión del Tribunal, lo cual implicaría desobedecer el mandato judicial y acarrearía consecuencias legales, como la posible remoción de funcionarios responsables. Velázquez subrayó que nunca había presenciado una situación similar en sus más de 50 años de carrera.

Desde su perspectiva, el proceso legislativo que culminó en la aprobación de la reforma fue apresurado y careció de análisis. Criticó que los legisladores no leyeron ni revisaron adecuadamente el contenido de la reforma antes de votarla, lo cual pone en riesgo la imparcialidad y profesionalismo del sistema judicial.

Claudia Sheinbaum Pardo anunció la ratificación de Antonio Martínez como titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), continuando con el cargo que le fue asignado en 2018 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando fue nombrado responsable de la Administración General de Grandes Contribuyentes.

Martínez asumió la dirección del SAT en octubre de 2022, por lo que la presidenta electa ha decidido mantenerlo en su puesto, mientras se prepara el nuevo paquete económico para 2024. Este paquete podría incluir nuevos impuestos para los ciudadanos, de acuerdo con las previsiones de la próxima administración.

Antonio Martínez ha tenido una destacada trayectoria dentro del Sistema Financiero Mexicano, donde ha trabajado en áreas clave como la política fiscal y tributaria. Inició su carrera en el sector público bajo la tutela de Margarita Ríos Farjat, actual ministra de la Suprema Corte, y se destacó durante su paso por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), donde se encargó de la supervisión de capital y liquidez de las instituciones financieras.

Martínez llegó al SAT para sustituir a Raquel Buenrostro, quien fue designada como titular de la Secretaría de Economía.

El Congreso de Jalisco, con mayoría de Movimiento Ciudadano, decidió no apoyar la reforma judicial durante una sesión extraordinaria que comenzó a las 21:00 horas del jueves 12 de septiembre y concluyó pasada la medianoche.

Con 26 votos a favor y 10 en contra, los diputados de Movimiento Ciudadano, PAN y PRI respaldaron el dictamen que rechaza las modificaciones propuestas. A pesar de esta decisión, la reforma ya ha sido aprobada por 21 congresos locales, lo que es suficiente para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor.

Los principales argumentos en contra de la reforma judicial giraron en torno a la supuesta violación de la separación de poderes, la metodología en la selección de jueces y la falta de garantías para erradicar el nepotismo y la corrupción, según los legisladores opositores.

Estados que han aprobado la reforma judicial

Hasta ahora, 21 congresos locales han dado su visto bueno a la reforma constitucional, tras sesiones en las que se analizó, discutió y votó la iniciativa. El Congreso de Oaxaca fue el primero en aprobarla, convocando una sesión extraordinaria en la que, por unanimidad, los legisladores de Morena y la oposición votaron a favor de la reforma.

¿Qué plantea la reforma judicial?

Entre las medidas clave de la reforma judicial se encuentra la renovación completa de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del 50% de los jueces, quienes serían elegidos mediante voto popular. La primera elección está programada para el primer domingo de junio de 2025, con una segunda elección ordinaria en 2027, coincidiendo con los comicios federales.

Suspensión de la discusión en Chihuahua

En contraste, el Congreso del Estado de Chihuahua suspendió el debate sobre la reforma judicial después de recibir una orden judicial. El coordinador del PAN, Alfredo Chávez Madrid, informó que el dictamen fue retirado del orden del día para cumplir con la resolución.

Durante una manifestación de trabajadores del Poder Judicial y abogados, Chávez reafirmó que su partido no permitirá que la justicia sea controlada por intereses políticos. Diputados del PRI y Movimiento Ciudadano también apoyaron la postura de no aprobar la reforma en Chihuahua, argumentando que el procedimiento seguido por Morena es irregular y carece de sustento legal.

A pesar de la oposición en Chihuahua, la reforma ha obtenido el respaldo necesario a nivel nacional para ser promulgada.

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, reveló este miércoles la designación de 11 nuevos funcionarios que formarán parte de su equipo de gobierno. A través de su cuenta en X, Sheinbaum presentó a los nombrados que ocuparán diversas dependencias clave de la administración federal.

Entre los anuncios destaca la incorporación de Rommel Pacheco Marrufo como director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Octavio Romero Oropeza al frente del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y César Iván Escalante como titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

A continuación, la lista completa de los nuevos nombramientos:

• Rocío Bárcena Molina será subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos en la Secretaría de Gobernación.
• Mariana Boy Tamborrell estará al frente de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
• Violeta Abreu González asumirá la Dirección General del Servicio Postal Mexicano (Sepomex).
• Renata Turrent Hegewisch será la nueva directora general de Canal Once.
• Rocío Mejía Flores continuará como directora general de la Financiera para el Bienestar (FINABIEN).
• Lyndia Quizroz Zavala seguirá al frente del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
• Octavio Romero Oropeza será el nuevo director general del INFONAVIT.
• César Iván Escalante Ruiz será el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
• Efraín Morales López encabezará la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
• Rommel Pacheco Marrufo será el nuevo director de la CONADE.
• Alonso Millán Zepeda será el director general de Canal 22.

Claudia Sheinbaum, quien tomará posesión como la primera mujer presidenta de México el próximo 1 de octubre, ya ha conformado gran parte de su equipo de trabajo. Entre los nombramientos más destacados se encuentran:

• Marcelo Ebrard como secretario de Economía
• Raquel Buenrostro en la Secretaría de la Función Pública
• Jesús Antonio Esteva como secretario de Comunicaciones y Transportes
• Ernestina Godoy como consejera jurídica
• Julio Berdegué en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
• Rosaura Ruiz como secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación
• David Kershenobich como secretario de Salud
• Alicia Bárcena en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
• Juan Ramón de la Fuente en la Secretaría de Relaciones Exteriores
• Luz Elena González en la Secretaría de Energía
• Rogelio Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
• Edna Elena Vega en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
• Rosa Icela Rodríguez como secretaria de Gobernación
• Ariadna Montiel en la Secretaría del Bienestar
• Mario Delgado como secretario de Educación Pública
• Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
• Lázaro Cárdenas Batel como jefe de Oficina de la Presidencia
• Claudia Curiel como secretaria de Cultura
• Marath Bolaños en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
• Josefina Rodríguez como secretaria de Turismo
• Citlalli Hernández en la Secretaría de las Mujeres
• Víctor Rodríguez Padilla como titular de Pemex