Claudia Sheinbaum Pardo, la virtual presidenta electa de México, sorprendió al anunciar solo un nuevo integrante de su gabinete, en lugar de los cuatro esperados. En un evento reciente, Sheinbaum presentó a Lázaro Cárdenas Batel como el nuevo jefe de la Oficina de la Presidencia, generando expectativa al dejar pendientes los nombramientos de las secretarías de Cultura, Turismo y Trabajo y Previsión Social.

Lázaro Cárdenas Batel, nacido el 2 de abril de 1964 en Jiquilpan, Michoacán, proviene de una prominente familia política mexicana. Es hijo de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y nieto del expresidente Lázaro Cárdenas del Río. Con una destacada trayectoria, Cárdenas Batel ha sido diputado federal, senador y gobernador de Michoacán (2002-2008), donde se enfocó en desarrollo social, infraestructura y seguridad. Posteriormente, ha continuado activo en la política y en proyectos académicos relacionados con el desarrollo en México y América Latina.

Sheinbaum destacó la experiencia y la relación de confianza que tiene con Cárdenas Batel, mencionando que su papel será clave en la coordinación de temas estratégicos y en las relaciones con diversos sectores. “Conozco a Lázaro desde hace muchos años, no solo somos compañeros y amigos, sino que ha ocupado cargos muy importantes que le permitirán coordinar nuestra oficina”, afirmó.

Los nombramientos pendientes para las secretarías de Cultura, Turismo y Trabajo serán revelados el próximo jueves 18 de julio, mientras que los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina se anunciarán a finales de septiembre.

Hasta ahora, los miembros confirmados del gabinete de Sheinbaum incluyen a:

• Secretaría de Gobernación (Segob): Rosa Icela Rodríguez
• Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): Juan Ramón de la Fuente
• Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC): Omar García Harfuch
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): Rogelio Ramírez de la O
• Secretaría del Bienestar: Ariadna Montiel Reyes
• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat): Alicia Bárcena Ibarra
• Secretaría de Energía (Sener): Luz Elena González
• Secretaría de Economía (SE): Marcelo Ebrard Casaubón
• Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader): Julio Berdegué Sacristán
• Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación: Rosaura Ruiz Gutiérrez
• Secretaría de la Función Pública (SFP): Raquel Buenrostro Sánchez
• Secretaría de Educación Pública (SEP): Mario Delgado
• Secretaría de Salud (Ssa): David Kershenobich Stalnikowitz
• Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu): Edna Elena Vega
• Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal: Ernestina Godoy Ramos
• Jefe de la Oficina de la Presidencia: Lázaro Cárdenas Batel

Así se vivió la presentación del gabinete presidencial de Claudia Sheinbaum, con más anuncios por venir en los próximos días.

Amado Avendaño, comunicador y activista, acudió hoy al Instituto Nacional Electoral (INE) para aclarar una acusación relacionada con el supuesto financiamiento de un evento de la “Marea Rosa”, al que asistió la excandidata presidencial de oposición Xóchitl Gálvez en el Zócalo de la Ciudad de México. Avendaño, miembro del Frente Cívico Nacional, calificó la situación como una persecución política.

El INE notificó a Avendaño sobre una queja que lo acusa de haber proporcionado mobiliario y equipo para el evento del 19 de mayo, incluyendo un templete principal, torres de audio, consolas, plantas de luz, camiones de desemboque, personal de instalación, vallas metálicas, carpas blancas, vehículos para el traslado de equipo y un camper con baño.

El 8 de julio, Avendaño compartió el documento en la red social X, afirmando que la acusación se basaba en un video que subió a YouTube. “Este lunes recibí en mi domicilio un requerimiento del INE acusándome de que yo pagué el evento de la Marea Rosa el 19 de mayo”, escribió.

El INE, a través de su cuenta Certeza INE, aclaró que el requerimiento enviado a Avendaño no lo acusa de aportar bienes, sino que simplemente solicita su pronunciamiento sobre la queja. “La Unidad Técnica de Fiscalización no hace afirmación alguna ni acusa a Amado Avendaño de realizar aportaciones para la celebración de un evento público el 19 de mayo pasado”.

En respuesta, Avendaño afirmó que el INE tiene pruebas de que “el evento está comprobado en sus gastos y responsables” y acusó al instituto de parcialidad, señalando que la queja proviene de Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE.

En entrevistas con Ciro Gómez Leyva y Gabriela Warkentin, Avendaño explicó que tenía 48 horas para responder al requerimiento y que, de no hacerlo, podría enfrentar una multa de 54 mil pesos. Añadió que debía demostrar cómo se realizaron las aportaciones y justificó la publicación del video en YouTube diciendo que lo hizo “porque se me dio la gana”.

Esta mañana, Avendaño entregó su respuesta al INE, informando a través de un tuit acompañado de una fotografía suya en la entrada del instituto: “Acabo de entregar en la oficialía de partes del INE la respuesta al requerimiento que me hizo la Unidad Técnica de Fiscalización en la que me hace presunto responsable del financiamiento de cierre de campaña de Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada.

Fuerzas federales arrestaron al jefe de seguridad de Aureliano Guzmán Loera, conocido como “El Guano” y hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán, tras un intenso enfrentamiento en el Triángulo Dorado.

El operativo, realizado el lunes 8 de julio, se centró en la facción “Gente del Guano” en la región fronteriza entre Sinaloa, Durango y Chihuahua. La acción se desplegó luego de un enfrentamiento en Badiraguato, Sinaloa, y contó con apoyo terrestre y aéreo, incluyendo tres helicópteros. Durante el operativo, fueron capturadas cuatro personas, entre ellas Luis N, alias “El R8”.

Las autoridades identifican a “El R8” como miembro clave en la seguridad de los hijos de Guzmán Loera, conocidos como “Los Chapitos”, y líder de “Gente del Guano”. El objetivo principal del operativo era Aureliano Guzmán Loera, líder de una facción del cártel de Sinaloa, también llamado cártel del Pacífico, y uno de los principales generadores de violencia en la región.

El enfrentamiento se extendió por las comunidades de San José del Llano y El Durazno, en Durango, resultando en al menos cuatro muertos y cinco heridos, según reportes locales. Tras la detención, “El R8” y los otros tres miembros capturados fueron trasladados en helicóptero a la Base Aérea Militar 10 y posteriormente a la Ciudad de México para ser presentados ante un juez.

Aureliano Guzmán Loera es buscado por las autoridades de México y Estados Unidos por tráfico de diversas drogas, incluido el fentanilo. Enfrenta cargos en Arizona por producción y transporte de marihuana, heroína, metanfetaminas, cocaína y fentanilo. El Departamento de Estado de EE. UU. ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

La captura de “El Chapo” y su condena a cadena perpetua en Estados Unidos desencadenaron una guerra interna en el cártel de Sinaloa entre “El Guano” y “Los Chapitos”. Esta lucha de poder ha contribuido a la fragmentación del cártel, especialmente tras las declaraciones incriminatorias de Jesús Reynaldo “El Rey” Zambada y Vicente Zambada Niebla durante el juicio contra “El Chapo”.

Un juez en Estados Unidos ha absuelto a Osvaldo Rodríguez Borunda, presidente y director general de El Diario de Juárez y El Diario de Delicias, en una demanda promovida por el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral. La decisión fue tomada por el juez Rubén P. Morales en El Paso, Texas, quien dictaminó que no había suficiente evidencia para proceder con el caso.

El juez Morales concedió una sentencia favorable a Rodríguez Borunda el pasado 28 de junio, según un comunicado de El Diario de Juárez. La sentencia sumaria fue otorgada debido a la evidente falta de pruebas por parte del demandante, Javier Corral Jurado, como parte de su “Operación Justicia”. En el documento oficial, se establece que “se concede la sentencia sumaria a favor del defensor Osvaldo Rodríguez Borunda con respecto a todos los reclamos del demandante”.

Rodríguez Borunda, quien siempre negó las acusaciones, declaró que “la verdad importa”. La demanda, según El Diario de Juárez, formaba parte de un litigio monetario iniciado por el Estado de Chihuahua en febrero de 2020 contra el exgobernador priista César Duarte Jáquez y varios de sus familiares. Rodríguez Borunda fue incluido en el caso un año después, en febrero de 2021, último año del mandato de Corral.

El comunicado de El Diario señala que la inclusión de Rodríguez Borunda en la demanda fue realizada por la firma de abogados Buzbee de Houston, especialistas en casos comerciales por accidente, sin pruebas concretas. Según fuentes oficiales del estado, la inclusión de Borunda se hizo sin el conocimiento o la autorización de ningún funcionario estatal, lo que sugiere que fue un intento de Corral para intimidar y limitar la libertad de expresión de El Diario.

Miembros del Consejo Directivo de El Diario calificaron la inclusión de Rodríguez Borunda como un intento infundado para desprestigiarlo. Afirmaron que Corral es conocido por intimidar y censurar a sus críticos, utilizando las leyes para promover sus intereses personales bajo la apariencia de defensor de la justicia. Durante su gobierno, El Diario se dedicó a exponer la verdad sobre su administración, según el comunicado.

La ex candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, ha presentado un recurso legal contra los resultados de la última elección presidencial ante el Tribunal Electoral federal. Esta mañana, sin la presencia de Gálvez, la Comisión Sustanciadora de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) evaluó y validó las pruebas del expediente, incluyendo enlaces de internet presentados para corroborar su autenticidad y contenido.

La sesión, presidida por los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, avanzó a pesar de la ausencia de la ex candidata. Fuentes Barrera informó que todos los actores del juicio fueron notificados adecuadamente sobre el lugar y la hora de la sesión.

En un comunicado, el TEPJF indicó que los secretarios de estudio y cuenta de la Sala Superior dieron fe de las documentales entregadas por Gálvez, partidos políticos y terceros interesados. Asimismo, los magistrados anunciaron que se ha habilitado un micrositio en la página principal del TEPJF para consultar los documentos relacionados al caso.

Xóchitl Gálvez, a través de su cuenta en X, denunció que no se cumplió con el acuerdo de que el desahogo de pruebas se realizaría 20 días después de habilitar el micrositio. “El @TEPJF_informa viola sus propios acuerdos para calificar la elección presidencial. Fui citada de un día para otro sin que se cumpliera el acuerdo”, expresó Gálvez Ruiz.

La siguiente etapa del proceso incluye los “alegatos de oreja”, que se realizan públicamente y en presencia de los cinco magistrados de la Sala Superior. Posteriormente, se procederá al cierre de instrucción, la formulación del proyecto y su publicidad, “los cuales también serán por primera vez de cara a toda la ciudadanía”, indicó el TEPJF.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) notificó al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, sobre la apertura de un procedimiento en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal. La investigación surge a raíz de dos denuncias interpuestas en 2022 ante la SFP y la Fiscalía General del Estado (FGE).

La primera denuncia, presentada en febrero de 2022 por un diputado local, solicitaba investigar la compra de un terreno por parte de Corral. La segunda, una denuncia penal presentada en mayo de 2022 por un presidente municipal, acusaba al exgobernador de defraudación fiscal y falseamiento en sus declaraciones patrimoniales.

Las acusaciones se centran en que Corral no declaró un inmueble en sus declaraciones patrimoniales de modificación y de conclusión como gobernador, conducta que se considera una falta administrativa grave. Tras concluir la investigación, el expediente fue remitido al área competente para iniciar el procedimiento de responsabilidades administrativas.

Este viernes, Corral fue notificado del procedimiento y, tras la audiencia correspondiente, el expediente será enviado al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) para su resolución final.

Claudia Sheinbaum Pardo, la virtual presidenta electa de México, reveló este jueves a cuatro integrantes de su próximo gabinete, destacando la honestidad y profesionalismo de las dos mujeres y dos hombres seleccionados. De los 17 nombramientos realizados hasta ahora, ocho provienen del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum presentó en el Museo Interactivo de Economía a Rosa Icela Rodríguez como secretaria de Gobernación, Mario Delgado como secretario de Educación, Ariadna Montiel como secretaria del Bienestar y Omar García Harfuch como secretario de Seguridad Pública. Estos nombramientos refuerzan su compromiso con la continuidad y experiencia en su administración.

Rosa Icela Rodríguez, con una destacada trayectoria en seguridad y desarrollo social, expresó su gratitud y compromiso con la política interna del país. Ariadna Montiel reafirmó su dedicación a los programas sociales, enfocándose en apoyar a mujeres mayores de 60 años. Mario Delgado subrayó la importancia de la educación y su meta de otorgar becas a millones de estudiantes. Omar García Harfuch, por su parte, enfatizó la necesidad de fortalecer la seguridad y la colaboración con las fuerzas armadas.

El equipo completo de Sheinbaum incluye a figuras reconocidas como Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía y Alicia Bárcena en Medio Ambiente, consolidando un gabinete con vasta experiencia y preparación para enfrentar los desafíos del país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente reveló los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola y los pagos a colaboradores del medio Latinus durante su conferencia matutina del 3 de julio. Especialistas han señalado que esta acción viola normas de protección de datos personales y de secreto fiscal.

“Pon la lista de a los que les paga Latinus”, instruyó López Obrador después de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, presentara la lista. Gómez aclaró que Loret de Mola no está involucrado en ninguna denuncia presentada por la UIF contra Latinus por presuntos delitos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ya en 2022, López Obrador había divulgado los ingresos anuales de Loret después de que Latinus publicara un reportaje sobre una casa en Houston en la que vivió uno de los hijos del presidente, señalando un posible conflicto de interés.

Según los expertos, difundir los ingresos de un particular contraviene el artículo 16 de la Constitución, que garantiza el derecho a la protección de datos personales. También se vulnera la Ley de Protección de Datos Personales, que protege la privacidad individual salvo por razones de seguridad nacional o para proteger derechos de terceros. Además, esta divulgación infringe el derecho al secreto fiscal establecido en el Código Fiscal de la Federación y viola artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos.

López Obrador solicitó al Instituto Nacional de Transparencia (INAI) que pidiera al SAT y a Hacienda que certificaran los datos de los ingresos de Loret de Mola, aunque este no es funcionario público y el INAI no tiene atribuciones para solicitar esa información.

Diego García Ricci, profesor de derecho de la Universidad Iberoamericana, afirmó que el presidente solo podría haber revelado esa información con el consentimiento de Loret de Mola o si este ya la hubiera hecho pública. Comparar los ingresos del periodista con los suyos, como hizo López Obrador en 2022, es una violación de derechos fundamentales, pues los salarios de servidores públicos son de acceso público por ley, no así los de los particulares.

Javier Martín Reyes, politólogo y académico del CIDE, considera que la divulgación de información personal del periodista es una represalia e intento de intimidación. Añadió que las conferencias matutinas son actos oficiales del presidente, no de un ciudadano, y que usar esa plataforma para difundir información privada es un acto ilegal y una forma de persecución política.

Los especialistas concluyen que es preocupante que un presidente exponga datos de un particular, algo inédito en la historia reciente de México. Para ellos, el mecanismo de protección para periodistas o una denuncia por violación al secreto fiscal son posibles vías de acción ante esta situación.