El cierre de campaña de José Alfredo Cabrera Barrientos, candidato de la coalición PRI, PAN y PRD para la alcaldía de Coyuca de Benítez, Guerrero, se convirtió en un escenario de violencia el pasado 30 de mayo de 2024. Cabrera Barrientos fue asesinado a balazos en la comunidad de Las Lomas, de donde era originario. 

El ataque ocurrió en el momento en que Cabrera Barrientos se disponía a subir al templete instalado en una cancha del poblado para dirigirse a sus seguidores. Según testigos, un individuo se acercó al candidato y le disparó a quemarropa. Un escolta del candidato repelió la agresión, abatiendo al atacante.

En el intercambio de disparos, tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a clínicas particulares para recibir atención médica. En el lugar, ciudadanos y autoridades lograron detener a dos presuntos cómplices del agresor.

La desesperación y el caos se apoderaron del evento, que se realizaba alrededor de las 18:00 horas. La rápida respuesta de los escoltas y la intervención de la Guardia Nacional resultaron en la detención de dos sospechosos. Las autoridades locales, junto con elementos de seguridad, aseguraron el área mientras iniciaban las primeras investigaciones.

El asesinato de José Alfredo Cabrera Barrientos no es un incidente aislado en la región. Apenas el 17 de mayo, Aníbal Zúñiga Cortez, candidato a tercer regidor en la planilla de Cabrera, fue asesinado junto a su esposa en Acapulco. Sus cuerpos fueron encontrados en una camioneta abandonada, hecho que llevó a Cabrera Barrientos a reforzar su seguridad con agentes de la Guardia Nacional y escoltas adicionales.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, expresó su condena a través de redes sociales, enfatizando la coordinación con la Fiscalía General del Estado para esclarecer el crimen. En su mensaje, Salgado destacó: “Para esclarecer este cobarde crimen y garantizar la no impunidad, he solicitado a la Fiscalía General del Estado de Guerrero hacer las investigaciones pertinentes”.

Por su parte, Alejandro Moreno, presidente del PRI, también se pronunció condenando el asesinato y subrayando la preocupación por la violencia que afecta el proceso electoral. “La violencia no para en todo el país, la inseguridad sigue empañando el proceso electoral y vulnerando la democracia”, declaró Moreno. Exigió una exhaustiva investigación para asegurar que los responsables enfrenten la justicia y expresó sus condolencias a la familia de Cabrera Barrientos.

El asesinato de José Alfredo Cabrera Barrientos representa un duro golpe para la comunidad de Coyuca de Benítez y el proceso electoral en Guerrero. La violencia política ha cobrado numerosas vidas en los últimos años, poniendo en evidencia la urgente necesidad de medidas de seguridad más efectivas para proteger a los candidatos y garantizar elecciones libres y seguras.

Líderes políticos de diversos partidos han mostrado su solidaridad y exigido justicia. Evelyn Salgado Pineda, en su cuenta oficial de X, reiteró su compromiso con la seguridad y justicia en Guerrero. Alejandro Moreno enfatizó la urgencia de enfrentar la violencia que amenaza la democracia.

Este trágico evento subraya la constante lucha contra la violencia política en México y la necesidad de una respuesta firme y coordinada por parte de las autoridades para proteger a los actores políticos y la integridad del proceso democrático.

En una espiral de violencia que parece no tener fin, los cuerpos desmembrados del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a regidor de Coyuca de Benítez, Aníbal Zúñiga Cortés, y su esposa Rubí Bravo Solís, fueron encontrados ayer en bolsas dentro de la cajuela de una camioneta. El macabro hallazgo tuvo lugar en la avenida Ruiz Cortines, una de las arterias principales del puerto de Acapulco, en inmediaciones de la colonia Alianza Popular.

El descubrimiento se realizó alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando autoridades locales respondieron a un reporte ciudadano que alertaba sobre un vehículo abandonado con un fuerte olor a descomposición. Al inspeccionar el automóvil, encontraron los restos humanos empaquetados en bolsas junto a propaganda electoral de la coalición PRI-PRD, aumentando la sospecha de un crimen con motivaciones políticas.

El dirigente estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca, y la secretaria general María del Pilar Vadillo, emitieron un comunicado confirmando la identidad de las víctimas y condenando enérgicamente el asesinato. “Aníbal Zúñiga y Rubí Bravo fueron cobardemente asesinados y, como miles de mexicanos, fueron víctimas de la violencia que azota nuestro país,” afirmaron los líderes priistas. “Vivimos, lamentablemente, el proceso electoral históricamente más violento de nuestro país; el retroceso que México atraviesa afecta de manera dolorosa a las familias por el clima de violencia exacerbada en los últimos años, y que goza de una impunidad que lastima cada día más.”

En el mismo comunicado, Bravo Abarca y Vadillo exigieron a las autoridades resultados contundentes y, de no ser capaces de proporcionarlos, pidieron su renuncia. Además, expresaron sus condolencias y solidaridad a la familia y amistades del matrimonio asesinado, subrayando la necesidad urgente de justicia y seguridad.

Este asesinato se enmarca en un contexto de creciente violencia política en el país. Solo en el actual proceso electoral, se han registrado numerosos casos de agresiones contra candidatos y sus familias. El hallazgo de los cuerpos de Zúñiga Cortés y Bravo Solís sigue al descubrimiento, el jueves anterior, de otros cuatro cuerpos en Acapulco, tres de hombres y una mujer. La Fiscalía de Justicia no ha proporcionado detalles adicionales sobre estos crímenes, y el gobierno de Evelyn Salgado aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el asesinato del candidato priista.

El incremento de la violencia política ha generado un clima de miedo e incertidumbre entre la población y los actores políticos. Según datos recientes, el actual proceso electoral es uno de los más violentos en la historia reciente de México, con una alarmante cantidad de incidentes que incluyen asesinatos, secuestros y amenazas.

La comunidad de Coyuca de Benítez y los simpatizantes del PRI se encuentran consternados por este brutal asesinato, que simboliza la precariedad de la seguridad en las elecciones y la impunidad que parece prevalecer. La urgencia de medidas efectivas para proteger a los candidatos y garantizar la integridad del proceso democrático se vuelve cada vez más apremiante.

En medio de este clima de violencia, la ciudadanía y las organizaciones políticas claman por una respuesta firme del gobierno y de las autoridades de seguridad. La presión sobre las instituciones encargadas de la justicia es enorme, y el tiempo para ofrecer soluciones y resultados se agota rápidamente.

La muerte de Aníbal Zúñiga Cortés y Rubí Bravo Solís es un doloroso recordatorio de los peligros que enfrentan los candidatos en México y subraya la necesidad urgente de un cambio en la estrategia de seguridad para proteger la democracia y la vida de quienes participan en ella.

El Índice de Paz México 2023 revela un impacto económico alarmante de 4.9 billones de pesos debido a la violencia, subrayando la urgente necesidad de políticas efectivas para abordar el problema.

El impacto de la violencia en la economía de México alcanzó niveles sin precedentes, representando el 19.8% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2023. Según el reciente informe del Índice de Paz México 2023, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), este costo ascendió a 4.9 billones de pesos, reflejando un aumento respecto al año anterior, cuando se reportó un impacto de 4.6 billones de pesos, equivalente al 18.3% del PIB.

El informe destaca que, a pesar de una modesta mejora del 1.4% en la tranquilidad de los mexicanos, el costo económico de la inseguridad sigue siendo exorbitante. Los cinco principales indicadores del índice —homicidio, delitos con violencia, crímenes de la delincuencia organizada, delitos cometidos con armas de fuego y miedo a la violencia— mostraron mejoras en 2023. Sin embargo, subindicadores cruciales como delitos graves, secuestro y tráfico de personas se deterioraron, evidenciando la complejidad del panorama de seguridad en el país.

Ana Paula Hernández, coordinadora del Diálogo Nacional por la Paz, enfatizó la necesidad de abordar los problemas estructurales. “Mientras no trabajemos en los pilares, no vamos a seguir adelante”, declaró, subrayando que la solución requiere un enfoque integral y sostenido.

Carlos Juárez Cruz, director del IEP, expresó su preocupación por la diversificación de las actividades del crimen organizado. “Vamos mejorando, pero no estamos mejorando al ritmo que desearíamos”, afirmó en la conferencia de prensa. Juárez Cruz destacó el aumento de extorsión, narcomenudeo y tráfico de opioides, especialmente fentanilo, como reemplazo de los decrecientes mercados de marihuana y heroína en Estados Unidos. Desde 2019, el volumen de incautaciones de fentanilo en la frontera entre México y Estados Unidos se ha multiplicado por diez, ilustrando la creciente amenaza que representa esta droga.

El informe también revela un aumento en la violencia contra la policía, con más de 2,600 agentes asesinados desde 2018. “Es casi cuatro veces más mortal ser policía que ser civil”, afirmó Juárez Cruz, destacando la peligrosidad de la profesión en el actual contexto de inseguridad.

Asimismo, la violencia contra políticos ha aumentado significativamente en los últimos tres años. Solo en 2023, se registraron más de 170 asesinatos de figuras políticas, reflejando la gravedad de la situación y la amenaza constante para quienes participan en la vida pública del país.

Yucatán se mantuvo como el estado con mayor índice de paz en México por séptimo año consecutivo, seguido de Tlaxcala y Chiapas. Sin embargo, el informe señala que, a pesar de su alta clasificación, Chiapas ha experimentado un aumento en la violencia debido a la creciente infiltración de grupos del crimen organizado.

En el otro extremo del espectro, Colima se ubicó como la entidad más violenta, con una tasa de homicidios de 111 por cada 100,000 personas en 2023, superando su propio récord de 2022. Desde 2015, los homicidios relacionados con el crimen organizado han aumentado drásticamente, pasando de aproximadamente 8,000 a unos 20,000.

El informe también muestra un incremento en el número de migrantes internacionales no autorizados en México, que alcanzó un récord de 800,000 en 2023. Además, las desapariciones registradas también aumentaron, con más de 12,000 personas reportadas como desaparecidas, de las cuales el 29.1% fueron mujeres, el porcentaje más alto registrado hasta la fecha.

A pesar de una reducción del 5.3% en la tasa de homicidios en el último año, los feminicidios han crecido alarmantemente, aumentando del 19.8% en 2015 al 24.7% en 2023. “Es grave, insisto, no es posible que este país no declare una emergencia frente a esto”, lamentó Juárez Cruz, llamando a una respuesta contundente para enfrentar esta crisis.

El Índice de Paz México 2023 subraya la urgente necesidad de implementar políticas efectivas y sostenibles para reducir la violencia y sus devastadores impactos económicos y sociales en el país.

En un clima político marcado por la violencia, Santiago Taboada, candidato de la coalición “Va X La CDMX”, junto con los aspirantes de la alianza a las alcaldías, responsabilizó públicamente al jefe de Gobierno, Martí Batres, de los recientes actos de violencia, incluido el atentado contra Alessandra Rojo de la Vega, candidata a la alcaldía Cuauhtémoc. 

En una conferencia de prensa, Taboada denunció la falta de seguridad para los candidatos de oposición y exigió al gobierno de la ciudad garantizar un proceso electoral seguro. “Los chilangos se merecen elecciones libres, sin amenazas ni intimidaciones. No permitiremos que la ciudad se convierta en un territorio de violencia política”, afirmó.

El candidato hizo un llamado enérgico a Martí Batres para que garantice la seguridad de todos los candidatos y sus equipos de campaña. “Si no puede garantizar la seguridad de la oposición, que pida licencia y se aparte de su cargo. No permitiremos que esta ciudad caiga en manos de la violencia política”, añadió.

Por su parte, Alessandra Rojo de la Vega, víctima del atentado en la colonia Peralvillo, Cuauhtémoc, exigió a las autoridades que encuentren a los responsables y los lleven ante la justicia. “No nos van a callar. Este ataque no es solo contra mí, es contra todos los que luchamos por un futuro mejor para la ciudad”, declaró.

Giovani Gutiérrez, candidato de la alianza a la alcaldía Coyoacán, se sumó al llamado a detener la violencia política y llamó a los ciudadanos a votar con conciencia en las próximas elecciones. “Ya basta de campañas negras y guerra sucia. Este 2 de junio, salgamos a votar pensando en el futuro de nuestra ciudad”, instó.

Las declaraciones de Taboada, Rojo de la Vega y Gutiérrez reflejan la preocupación por el clima de inseguridad y violencia que rodea el proceso electoral en la Ciudad de México. A medida que se acerca la fecha de las elecciones, es crucial que las autoridades tomen medidas para garantizar la seguridad de los candidatos y los ciudadanos, y para asegurar que los comicios se desarrollen de manera libre y justa.

Las autoridades han dado un paso significativo en el esclarecimiento del trágico asesinato del candidato a la alcaldía de El Mante, Tamaulipas, Noé Ramos Ferretiz. Eliud Guadalupe “M” ha sido detenido por presuntamente estar implicado en este crimen que ha conmocionado a la comunidad. 

El fatal incidente ocurrió el pasado 19 de abril en la colonia Azucarera del municipio de El Mante. Según las investigaciones preliminares, el sospechoso se habría acercado al candidato bajo el pretexto de tomarse una fotografía, momento en el que perpetró el mortal ataque con un arma punzo cortante.

Los agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas lograron ejecutar la orden de aprehensión contra Eliud Guadalupe “M” por el delito de homicidio calificado. Esta acción ha sido un paso crucial en el proceso de búsqueda de justicia para Noé Ramos Ferretiz y su familia.

Ramos Ferretiz, quien representaba al Partido Acción Nacional (PAN) en la contienda electoral, había solicitado licencia temporal a su cargo como alcalde para dedicarse de lleno a su campaña política. Con un historial político que incluía una victoria en las elecciones anteriores y una solicitud de licencia reciente, su asesinato ha sacudido a la comunidad política y a la sociedad en general.

El detenido, Eliud Guadalupe “M”, será presentado ante las autoridades judiciales correspondientes, quienes determinarán su situación legal conforme a derecho. Este arresto marca un hito en el proceso de investigación, pero también es un recordatorio de la importancia de la aplicación efectiva de la ley para combatir la violencia y la impunidad en la región.

Noé Ramos Ferretiz no solo era un candidato político, sino también un ser humano que dedicó su vida al servicio público. Su trágica muerte ha generado un llamado a la unidad y a la erradicación de la violencia en el ámbito político, así como a una mayor protección para aquellos que buscan servir a sus comunidades.

El caso de Noé Ramos Ferretiz no solo destaca por su relevancia política, sino también por las circunstancias que rodearon su asesinato. En 2022, el candidato había denunciado amenazas ante el Congreso de Tamaulipas, lo que subraya la necesidad de abordar de manera urgente y efectiva la seguridad de los candidatos y funcionarios públicos.

“Me han amenazado en dos ocasiones, en un mes y medio… Estamos preocupados, es un helicóptero sin matrícula, el día de mañana podría hacer un levantón a cualquier persona”, declaró Ramos Ferretiz en su momento.

Este lamentable incidente pone de manifiesto la vulnerabilidad a la que se enfrentan muchos líderes políticos en el ejercicio de sus funciones y el deber imperante de las autoridades de garantizar su seguridad y protección.

La captura del presunto asesino de Noé Ramos Ferretiz es un paso adelante en la búsqueda de justicia y un recordatorio de la importancia de preservar la paz y la seguridad en nuestra sociedad. Las autoridades continúan trabajando incansablemente para garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia y que casos como este no queden impunes.

La tragedia que enluta a la comunidad de Taxco de Alarcón ha encontrado un primer rayo de esperanza con la detención de José ‘N’, presunto responsable del feminicidio de la pequeña Camila, una niña de tan solo 8 años cuya vida fue arrebatada de manera brutal. Este suceso, que ha conmocionado a todo el país, no solo revela la crueldad de un acto sin sentido, sino también la urgente necesidad de una justicia que proteja a las niñas, adolescentes y mujeres de cualquier forma de violencia.

La Fiscalía General de Justicia de Guerrero (FGE) anunció el viernes el cumplimiento de una orden de aprehensión contra José ‘N’ por el delito de feminicidio de una menor de edad. Esta noticia, aunque llega con un sabor agridulce en medio del dolor por la pérdida de Camila, representa un paso crucial hacia la justicia que su familia y la comunidad exigen.

El suceso desencadenó una ola de indignación que llevó a los pobladores de Taxco de Alarcón a tomar la justicia por mano propia, irrumpiendo en el domicilio de los presuntos responsables para exigir un castigo ejemplar. Este acto de desesperación refleja la profunda herida que dejó el asesinato de Camila en el corazón de la sociedad mexicana.

La tarde del miércoles 27 de marzo, la desaparición de Camila conmocionó a todos. La movilización en redes sociales y el llamado desesperado de sus seres queridos resonaron en cada rincón del país. Sin embargo, la esperanza se desvaneció cuando su cuerpo sin vida fue encontrado horas más tarde, envuelto en una bolsa de basura, una imagen que estremeció a todos los que luchaban por su regreso seguro a casa.

El caso de Camila no es solo una estadística más en la escalofriante realidad del feminicidio en México. Es el rostro de la inocencia robada, la voz de la impotencia y el grito de justicia de toda una nación. Por ello, la detención de José ‘N’ es un mensaje claro: no se tolerará la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres. La Fiscalía General del Estado de Guerrero ha reafirmado su compromiso de combatir este flagelo y asegurar que los culpables rindan cuentas ante la ley.

Mientras el país se prepara para celebrar la Semana Santa, la comunidad de Taxco de Alarcón llora a una de sus hijas más jóvenes, víctima de la barbarie y la indiferencia. Sin embargo, su memoria no será olvidada. Camila se convierte en el símbolo de una lucha que no terminará hasta que cada mujer y niña pueda vivir libre de miedo, violencia y opresión.

La detención de José ‘N’ es un paso hacia esa meta, pero también es un recordatorio de que la justicia no puede ser selectiva ni tardía. Es hora de que cada institución y cada individuo se comprometan a proteger los derechos y la dignidad de todas las personas, sin importar su edad, género o condición social.

La tragedia que envolvió a la pequeña Camila en Taxco ha dado un giro inesperado con la muerte de la presunta secuestradora, quien fue brutalmente agredida por la comunidad durante una protesta exigiendo justicia por el caso. Este suceso ha generado una división de opiniones en las redes sociales, mientras las autoridades luchan por contener la violencia. 

El fatídico destino de Camila, la niña de 8 años secuestrada y posteriormente hallada sin vida en la carretera Taxco-Cuernavaca, conmocionó a la población y desató una ola de indignación que culminó en una protesta masiva en las calles de Taxco.

Durante esta manifestación, la presunta responsable del secuestro fue atacada por la multitud, resultando gravemente herida. A pesar de los esfuerzos de los servicios médicos, finalmente sucumbió a las lesiones, sumando otro trágico capítulo a esta historia marcada por la violencia y el dolor.

En las redes sociales, las opiniones están divididas. Mientras algunos celebran la muerte de la presunta culpable de la tragedia de Camila, otros condenan enérgicamente el acto de violencia perpetrado por la comunidad, argumentando que la justicia no debe ser ejercida por mano propia.

El Gobierno del Estado de Guerrero ha confirmado la detención de los otros dos sospechosos del secuestro y asesinato de la menor, quienes también estuvieron expuestos a intentos de linchamiento por parte de la población indignada.

Los detalles escalofriantes del secuestro de Camila han salido a la luz a través de evidencia recopilada por cámaras de videovigilancia. Según los registros, la niña llegó a la casa de su mejor amiga para jugar, pero nunca salió del domicilio. Momentos después, se observa a los padres de la amiga cargar objetos en un taxi local, presuntamente con el cuerpo de la pequeña dentro de una bolsa negra.

Los secuestradores exigieron un rescate a la familia de Camila, pero al no ceder a la extorsión, la niña fue brutalmente asesinada y abandonada en la maleza a lo largo de la carretera. Este horrendo crimen ha dejado una herida profunda en la comunidad y ha resaltado la urgente necesidad de abordar el problema de la violencia y la inseguridad en la región.

El caso de Camila sigue siendo un recordatorio sombrío de las consecuencias devastadoras de la delincuencia y la falta de justicia en la sociedad.